San Pedro Sula, Honduras. Los vecinos de la colonia Planeta cargan un cadáver para llevarlo al Servicio Médico Forense. En muchas ocasiones, los familiares de los asesinados se niegan a entregar el cadáver a las autoridades y lo entierran en cementerios clandestinos. Foto: Alejandra S. Inzunza.

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    A contravía por la ruta de la droga

    Texto: Pablo Ferri y José Luis Pardo - 31-01-2013

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    Kimbiri, Perú. Una madre y sus cinco niños se afanan un sábado en secar varias arrobas de hoja de coca en la orilla de la carretera, en las proximidades de Kepashiato. La señora nos hace señas para que paremos. Su hija pequeña, de dos años, tiene problemas para respirar y tose insistentemente, así que la llevamos junto con sus cuatro hermanos al poblado más próximo, a una hora de distancia, para que la atienda el doctor. Los niños nos cuentan que cada fin de semana ayudan en la chacra a su madre y que es más rentable cultivar coca que cacao.

     

    Es el tercer día que circulamos por la pista que une Cuzco con el VRAE (Valle del río Apurímac y Ene), un camino de tierra aplanada y piedras. Cada pocos kilómetros lo cruza el agua de cascadas que baja de las exuberantes montañas. La nueva carretera permite hacer el trayecto en quince horas (doce en una 4x4), lo que ha facilitado la conexión con el centro energético del Perú. A la vez es la principal salida de droga hacia Bolivia y los asaltos son frecuentes. El Ejército ha impuesto un toque de queda para que a partir de las diez de la noche nadie circule por aquí. Sin embargo, solo nos hemos encontrado con dos controles militares y solo uno, a pesar de ir en un carro con matrícula mexicana, nos hizo un somero registro de cinco minutos. En la semana que pasaremos en el VRAE serán mucho más comunes las escenas que representen que la vida gira en torno a la coca de manera natural –un preso de Lurigancho, nacido en la selva, nos contaría después que de niño le daban mate de coca en vez de leche– que las que muestren una guerra por el control del territorio entre Ejército, narcotraficantes y Sendero Luminoso.

     

    La sensación generalizada entre los vecinos es que la guerra atroz de los 80 y 90 nunca volverá. Tanto los colonos como una comunidad de ashaninkas que visitamos coincidían en que los senderistas habían “aprendido la lección”. “Con los civiles ya no se meten. Ya los derrotamos una vez. Ahora piden comida y se van”, contaba Julián, un cocalero que vio cuando era un adolescente cómo se multiplicaban los muertos en la región. Para ellos el conflicto es ahora algo periférico, un problema entre senderistas y los cuerpos de seguridad.

     

    El único que nos habló de “guerra” fue un coronel del Ejército que nos recibió en el cuartel de Pichari. “Dentro de estos muros tienen que entender que estamos en guerra”, afirmaba. Después de responder con evasivas sobre la labor de los militares en la zona nos despidió con un obsequio: una baraja de póker. Cada una de las cartas tenía una foto de un senderista y debajo la recompensa que se ofrece por información valiosa para su captura.

     

    Fuera de esos muros, sin embargo, la población pasea por las calles de los pueblos sin temor y los agricultores trabajan en su chacra ajenos a los asesinatos que de vez en cuando se pueden leer en los periódicos de Lima. Quizás por la organización que llevaron a cabo a través de los Comités de Autodefensa, parecen tener plena consciencia de que el territorio les pertenece. A diferencia de otras latitudes no son solo la pieza menos valiosa del engranaje del narcotráfico. Aquí no da la sensación de que ya nadie les vaya a decir lo que tienen que hacer.

     

    La situación que se percibe es la contraria a la de Colombia, con quien el Perú se turna en los diferentes estudios como el mayor productor de cocaína del mundo. Allí los habitantes de las zonas cocaleras, por ejemplo el Valle del Cauca, viven indefensos en medio de un fuego cruzado entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), los exparamilitares y los narcotraficantes –y a su vez los dos primeros son también lo tercero–. Muchas casas lucen sus fachadas salpicadas de balas y por la noche nos dormimos entre los disparos que se escuchaban desde la sierra. En el VRAE el tráfico de drogas se intuye en los detalles, como la desproporción entre el número de surtidores de gasolina y los vehículos motorizados o algunas personas con las manos quemadas producto de trabajar como poceros. Tampoco se ven grandes lujos. A lo sumo un carro, una moto del año o una lap-top contrastan con la normalidad de estos pueblos modestos.

     

    Las dos regiones forman parte del primer eslabón de la cadena de la cocaína –aunque Colombia siga siendo tras la caída de los grandes cárteles el epicentro del tráfico internacional–. Ambas comparten, como todas las zonas afectadas por el fenómeno, la dejadez y corrupción políticas y la dejadez y complicidad de las fuerzas de seguridad. Pero en cada uno de los países tocados por la cocaína las consecuencias son diferentes. Durante ocho meses hemos recorrido a la inversa gran parte de la ruta más tradicional, la que nace en los países andinos y tiene como destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína per cápita del mundo. Empezamos en Guatemala, el final del corredor centroamericano. Como en el caso del Perú y Colombia, el narcotráfico ha dejado en estos seis países una huella diferenciada. En algunos casos devastadora.

     

     

    En la capital mundial de homicidios

     

    La primera vez que sentimos el poder intimidatorio del narcotráfico fue en San Pedro Sula, el motor económico de Honduras. El supermercado de la esquina, a cuatro cuadras del parque central, cerraba a las seis de la tarde. Caía la noche y solo una pareja cenando en un destartalado balcón y algún vagabundo borracho rompían el silencio. En 24 horas habían muerto seis personas asesinadas. El último mes, 143.

     

    Honduras es el país más violento del mundo, según la ONU (excluyendo las naciones en guerra). Y San Pedro Sula la ciudad más violenta del país más violento del mundo. En esta urbe de 700.000 habitantes se han cruzado el conflicto entre la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, las dos grandes pandillas de Centroamérica, y la ruta del narcotráfico (el 79% de la droga que circula a Estados Unidos pasa por las fronteras hondureñas).

     

    En medio de esta encrucijada, pareciera que la vida ha perdido mucho de valor. Vimos a una madre que no se inmutaba delante del cadáver de su hijo de 17 años. Dos policías nos ofrecieron disparar sus fusiles en un barrio controlado por las maras, en lo que decían era un cementerio donde botaban cuerpos. Unos periodistas se carcajeaban al lado de un cadáver putrefacto atado de pies y manos. El doctor Orlando Merino, subdirector del Instituto de Medicina Forense de San Pedro, nos contaría más tarde que en los últimos meses había recibido varios cadáveres en este estado. “Son ajustes de cuentas”, explicaba.

     

    Uno de los días acompañamos al equipo integrado de levantamiento de cadáveres. Compartimos el almuerzo con los agentes en el comedor de la central. El menú costaba un par de dólares, pero nos habíamos quedado sin efectivo por la mañana. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que ellos pagaban y que luego se lo devolvíamos. Por la tarde, vimos al agente que nos había prestado el dinero y nos acercamos a saldar la deuda. Nos dijo que no. Pensamos que trataba de ser amable e insistimos: “Nosotros pagamos”. Él explicó entonces que no quería que nadie viese que recibía dinero de nadie en la calle.

     

    Honduras comparte con sus vecinos corrupción, violencia epidémica y la brutalidad de las pandillas y el crimen organizado. Visitar este país es como ver todos los problemas de la región bajo el aumento de una lupa.

     

     

    Las maras, el hermano Juan y la frontera con los Zetas

     

    En El Salvador, el segundo país más violento del planeta (salvo las naciones en guerra), aún sin ser una ruta tan transitada, se repite el esquema de barrios enteros controlados por las pandillas, que desde hace años manejan el microtráfico y la extorsión. Cuando visitamos el país por segunda vez, la MS-13 y el Barrio 18 acababan de sellar una tregua. Los asesinatos descendieron de quince a cinco diarios. Pero en las zonas donde el asfalto da paso a la terracería y el paisaje lo dominan casas de techos de zinc, las maras siguen siendo la autoridad. En barrios como Majucla, a las afueras de la capital, donde nos reunimos con media docena de expandilleros, la señora con un puesto de verduras en la esquina paga en especies; el hombre que reparte el gas contribuye con 100 dólares. Y a todas las rutas de autobuses les exigen una cuota.

     

    Pulgarcito esta lleno de historias en las que adolescentes con poco que perder, muchos de ellos huérfanos o exiliados por la guerra que devastó el país en los 80, dieron el paso a las pandillas. Fueron los precursores del gran poder que han acumulado las maras. Buscaban ser alguien, tener una identidad y una familia. Un poco de dinero que echarse a los bolsillos. Para ello, se envolvieron en la macabra lógica de eliminar al rival para ganarse el respeto.

     

    La extorsión siempre ha sido su principal fuente de ingresos. Se han dado algunos casos, sin embargo, en los que pandilleros se han convertido en narcotraficantes. Incluso un informe policial desvela cómo en 2009 cuarenta integrantes de la MS-13 viajaron a Guatemala para recibir adiestramiento del cartel mexicano de Los Zetas.

     

    La expansión del ex brazo armado del cártel del Golfo era lo que estaba en boca de todo el que hablaba de narcotráfico en Guatemala. Las matanzas que había perpetrado en los últimos años, como la de 2011, en la que mataron a 27 campesinos en el Petén, el departamento más grande y desolado del país, habían creado una especie de psicosis.

     

    Nosotros visitamos San Marcos, último bastión del negocio tradicional. En este departamento fronterizo con México todavía existe la figura del padrino, un hombre querido y temido a la vez que llega a donde no llega el Estado. Él cubre necesidades básicas como el empleo y la sanidad. En sus fincas trabajan muchos de los vecinos, las señoras acuden a él en busca de un consejo o una donación para subsistir. Hasta el año pasado ese hombre era Juan Ortiz Chamalé. Autoproclamado pastor evangélico, al hermano Juanito se le han dedicado narcocorridos al más puro estilo de los grandes traficantes mexicanos.

     

    Por el hermano Juanito marcharon los vecinos un año después de su detención para que liberaran al tipo “noble en quien se encontraba siempre un amigo y una sonrisa franca”, como lo describía una de las canciones en su honor. Era la encarnación de un estado paralelo. Con todo, cada vez que alguien era asesinado, que se encontraba un laboratorio, el rumor apuntaba a Los Zetas.

     

    En la ruta del triángulo norte, San Marcos fue esa rara excepción en la que en tierra de narcos uno podía salir al atardecer a disfrutar un ceviche en el parque o a tomar una copa por la noche. Eso sí, la gente circulaba en vehículos con las lunas tintadas y casi nadie, ni un periodista secuestrado por narcotraficantes ni siquiera un sargento del Ejército, quería hablar de tráfico de drogas. Para los habitantes de San Marcos parecía que la situación no estaba tan mal. Resulta comprensible en una región –Guatemala, El Salvador y Honduras– en la que, según la ONU, si la violencia continúa en parecidos términos, en los próximos años morirá asesinado uno de cada 50 hombres antes de los 31 años.

     

     

    Lo que trae el Atlántico en Nicaragua

     

    Conocimos a Kerlin en la comunidad misquita de Sandy Bay, un pequeño poblado indígena en la costa norte de Nicaragua. Honduras aparece unos kilómetros más arriba, al otro lado de Río Coco. Una enorme y tupida selva cubre la frontera entre ambos países. Del lado hondureño, los narcos la han convertido en una enorme red de pistas de aterrizaje clandestinas; en Nicaragua, en cambio, la coca sube en lanchas rápidas cerca de la costa.

     

    Notamos las consecuencias de este trasiego en Sandy Bay. Kerlin nos contaba que en la comunidad “se vuelven locos cuando llega la droga”. Los narcos que costean el litoral echan los fardos por la borda cuando se ven sorprendidos por la Fuerza Naval. Los lugareños van entonces a buscarlos y esperan a que los traficantes vuelvan y se los compren. La vida entonces cambia, el dinero fluye. “La cerveza sube a 50 córdobas, más de dos dólares”, calcula Kerlin.

     

    Sandy Bay es un poblado mayormente aislado. El mar funciona de carretera a Puerto Cabezas, la capital del Caribe norte; una lancha y varios veleros salen cada mañana, eso es todo. Por lo demás, Sandy Bay consiste en una pradera, vacas pastando, casas demasiado lujosas para estar allí y motos demasiado potentes para que circulen por sus estrechos senderos de concreto. Es el dinero de la droga. Los narcos compran su propia mercancía a los misquitos para evitar conflictos y usan además sus comunidades como estaciones de servicio. Compran su combustible para las lanchas, su vigilancia para descansar y sus víveres para continuar la travesía.

     

    El tráfico de drogas ha dejado contados episodios de violencia en la zona. Un par de balaceras en comunidades indígenas del norte y el sur pusieron en alerta a investigadores y autoridades, pero la situación no ha ido a más.

     

    Nicaragua, nos comentaron varias fuentes, es un país mejor vertebrado socialmente que sus vecinos, producto de un trabajo policial con las comunidades y de la herencia de la Revolución Sandinista. Eso se ha traducido en una tasa de homicidios siete veces menor que la de Honduras.

     

    En todo caso, los nicaragüenses sufren el auge de los mercados locales. Los narcos pagan parte de los salarios en mercancía y generan así demanda interna, además de comprometer a sus socios locales. La tasa de homicidios de las ciudades caribeñas ha aumentado en los últimos años. Al sur, en Bluefields, los números evocan al violento triángulo norte –en torno a 30 asesinatos cada 100.000 habitantes, casi triplicando la tasa nacional–. Al norte, Puerto Cabezas sigue la misma senda.  

     

    En Managua, un investigador de un prestigioso centro de estudios nos explicaba que tanto al norte como al sur están apareciendo grupos dispuestos a todo por controlar la plaza.

     

     

    El golpe de la piedra en Costa Rica

     

    El problema de los mercados locales descose también las costuras de Costa Rica. El país evitó los conflictos bélicos que tumbaron a sus hermanos del norte en los años ochenta y actualmente es el único de la zona que carece de ejército. La Suiza centroamericana confía en sus instituciones civiles, aunque ahora anda algo revuelta por el repunte de una delincuencia a la que no se acostumbra.

     

    De hecho, el último Latinobarómetro, divulgado en mayo del año pasado, mostraba que el 66% de los costarricenses cree que vivir en su país es cada día más inseguro –mientras que solo el 62% de los hondureños opina lo mismo del suyo, siendo Honduras el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios nueve veces mayor que la del país vecino–.

     

    Mauricio Boraschi, zar antidrogas de Costa Rica, nos explicaba el fenómeno una tarde lluviosa en su despacho de San José. La piedra, decía, te vuelve violento,“yo he visto vender  a una madre por la piedra”. Boraschi se refería a la piedra de crack, un derivado barato de la cocaína que genera una gran dependencia y actitudes agresivas.

     

    En las calles de la capital, el precio de una piedra de crack varía de los 500 a los mil colones (uno o dos dólares). Se trata, como decía Boraschi, de una droga barata y letal: “Ocho segundos para subir y bajar; luego quieres más”.

     

    Boraschi y otros funcionarios del Gobierno insistieron, sin embargo, en que el crack es solo el último nudo de una maraña compleja. Costa Rica, decían, se está convirtiendo en un enorme refrigerador. Grupos mexicanos vinculados a los cárteles de Sinaloa y el Golfo “enfrían” grandes cantidades de coca en el país y preparan desde allí sus envíos al norte. De igual manera, montañas de dinero en efectivo esperaban su blanqueo y repartición en bodegas por todo el país.

     

    Incluso el mercado financiero de Centroamérica sufre el acoso de los grupos criminales. Llegamos a Panamá pensando en blanqueo de activos. Nos habían hablado de los edificios lavadora, inmuebles cuya utilidad principal radica en disimular la procedencia ilícita de grandes cantidades de dinero.

     

    Pasamos la primera noche mirando decenas de torres enormes en Ciudad de Panamá. Señalábamos las que tenían demasiadas luces apagadas –“seguro que esa es una lavadora”–. Los expertos con los que hablamos posteriormente nos dijeron que sí, que había mucho lavado disfrazado en la construcción, pero que las cosas habían cambiado. Ni Miguel Rodríguez Orejuela (preso en Estados Unidos) ni ningún otro narco, aclaró una de nuestras fuentes, volaba ya a Panamá cargado de dólares que blanquear –aunque entrevistamos a un preso colombiano que cumplía condena por haber comprado una isla con dinero ilícito–. Lo que ignorábamos al principio es que en los bajos de esas enormes torres se libraba una guerra fría entre bandas criminales.

     

    El inspector de policía Gilberto Glenn nos explicó un día el enorme problema que habían tenido en Panamá con los tumbadores (tumbar es robar droga en el argot criminal). Hacía seis años, contaba, un tipo llamado Viteri declaraba ante el juez que tumbar no era un delito, que no estaba tipificado en el código penal y que por tanto nadie podía decirle nada –salvo los narcos perjudicados–. Lo peor, decía Glenn, es que tenía razón.

     

    Bandas de tumbadores como la de Viteri guerreaban entre sí apoyándose en pandillas juveniles. La lógica de las pandillas en Panamá difiere totalmente de la que manejan las del triángulo norte. Los tumbadores emplean a los pandilleros de sicarios y su objetivo, desde un principio, ha sido puramente mercantil: nada de letras ni de barrios, solo dinero. Glenn insistía en que ahora, al menos, la policía sabe cómo actuar y que han logrado apaciguar los ánimos un tanto; el tumbe igual no era delito –como decía Viteri–, pero sí cualquiera de sus consecuencias –posesión o tráfico–.

     

    Claro que la situación puede tensarse de nuevo. No en vano, la Policía estimaba en 2011 la existencia de 350 bandas de tumbadores en el país.

     

     

    Epílogo en Kimbiri

     

    Durante nuestra última noche en el VRAE compartimos unas cervezas con un vecino de Kimbiri. Mientras le contábamos esta historia, el hombre se sorprendía de la violencia que había desatado el narcotráfico en otras latitudes. Él, aseguraba, vivía muy tranquilo siempre y cuando no se metiera en los asuntos de otros.

     

    La misma impresión compartía un cocalero que nos había llevado a visitar las dos hectáreas de su chacra esa mañana. Decía que él vendía su producción y que no hacía preguntas. En lo alto del cerro, le preguntamos por los cocineros, los poceros, por quienes convierten la coca en cocaína. Nos señaló un punto lejano entre las montañas:

     

    —Esos están allá arriba– nos dijo como si aquello fuera una realidad desconocida para él.

     

    También le contamos esto al vecino de Kimbiri.

     

    —¡Noo!–, exclamó, –si aquí todos pocean.

     

     

     

    Este reportaje se publicó inicialmente en IDL-Reporteros, de Perú.  

     

     

     

    José Luis Pardo, Alejandra Sánchez y Pablo Ferri son periodistas en ruta. Hace un año compraron un coche en México DF y empezaron a viajar continente abajo. Desde entonces han escuchado cientos de historias que han  trasladado al papel y la pantalla. Dicen que todo empezó en febrero pasado, cuando un incendio en una cárcel hondureña acabó con la vida de más de 300 presos, que una historia llevó a otra y luego a otra y que de repente, sin darse cuenta, estaban haciendo lo que querían: contar historias. Esta es su web, Dromómanos

     

     

     

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