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Escritos esquinados el blog de Mikel Arteta


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9 de junio, 2019

Cronología del golpe catalán. Una cocción a fuego lento

 

 

Sin duda los jueces deben juzgar hechos concretos: si se dieran efectivamente unos hechos o acciones para las que el legislador ha previsto la atribución de una sanción, quienes las hubieran cometido deberán ser consecuentemente sancionados. Hasta aquí la cosa parece impepinable.

 

No obstante, puede que no sea fácil demostrar la concurrencia de unos hechos (o al menos atribuirlos penalmente a alguien) cuando resultan de que un gran número de personas ha concertado sus acciones de forma más o menos intencionada hasta lograr que, todas juntas, como miembros de una organización (en este caso política), conformen una acción (casi cabría decir orgánica) perfectamente identificable con los hechos que llevan aparejada la sanción de turno. Pues algo así ha sucedido en Cataluña. Además, aunque se pudiera probar en tanto "acción orgánica", atribuir hechos a organizaciones y no a personas, salvo en casos tasados, suele casar mal con un Derecho como el penal. Pero puede que la distancia se recorte cuando los individuos ostentan cargos representativos, se suceden en lo más alto de la jerarquía de un mismo partido y asumen, por su puesto, responsabilidad por las acciones de otros muchos sujetos.

 

Muchos de los hechos recogidos a continuación (que, sin exhaustividad y sin vocación alguna de jurista, quizás sirvan a un lego para hacerse idea de cómo las élites catalanistas pergeñaron el golpe) vulneran abiertamente el ordenamiento jurídico español. Seguramente sean incluso suficientes para atribuir delito de rebelión a los acusados. Pero lo que más me interesa es mostrar cómo, todos juntos, buscaban lograr algo que en buena medida consiguieron: atentar contra el reconocimiento social del ordenamiento jurídico en Cataluña.

 

No hay derecho válido/legítimo que valga si no es eficaz, es decir, si la gente no lo acata. Por eso podemos decir sin miedo a equivocarnos que el proceso más corrosivo que ha sufrido Cataluña no es, ni remotamente, el de un Parlamento que desatiende a sus letrados y aprueba dos leyes que derogan la Constitución en Cataluña. Eso sólo es la punta del iceberg. Lo grave es que la mayoría del Parlamento catalán fuera elegida para hacer eso, que la administración y la policía autonómica les ayudaran, que el Consell de garantías estatutarias no se inmutara, que la sociedad catalana no rodeara ese Parlamento pidiendo libertad contra el secuestro al que le acababa de condenar el nacionalismo, que internacionalmente los golpistas tuvieran algún apoyo, que la televisión pública catalana nos lo contara todo, minuto a minuto, atribuyendo a los delincuentes el papel de  héroes románticos, etc. Que todo se hiciera con nuestro dinero y ante nuestro silencio, durante décadas. Que el Rey tardara días en salir, incluso después del 1-O, porque el Gobierno seguía prefiriendo contemporizar.

 

En fin, el atentado contra nuestra Constitución, el golpe de Estado en Cataluña, ha sido un proceso que empezó hace más de 30 años y que perdura hoy. Por eso considero que conviene ampliar el foco sobre los hechos juzgados. Si acaso no pudiera hacerlo un tribunal (y creo que es un error porque entonces se pierde de vista la sustancia del golpe: atentar, mediante un plan minucioso, contra los fundamentos de legitimación del ordenamiento jurídico y, por tanto, de la democracia, es decir, contra lo que Kelsen denominó “norma fundamental” –Grundnorm-), deberían hacerlo al menos los ciudadanos si de verdad queremos juzgar políticamente qué está pasando en Cataluña.

 

Pues lo dicho, sin exhaustividad (justo ahora podemos leer un resumen más prolijo gracias a las conclusiones de la fiscalía), aquí la concatenación de hechos que, ampliando algo el foco, dan lugar al golpe. Quien busque soluciones de verdad, que no cuente solamente con hacer cumplir la ley. El Estado, su administración, deberá desembarcar definitivamente en Cataluña. Mejor que se escandalicen antes que después. Al fin y al cabo, llevamos demasiados años en el ‘después’ y nunca han dejado de escandalizarse.

 

I. Antecedentes (1990-2010): la construcción nacional iliberal que sirvió para no rendir cuentas por la crisis y para tapar una corrupción sistémica

 

En 2012, CIU, el partido que más años ha gobernado Cataluña, casi ininterrumpidamente desde que recuperamos la democracia, empezó a ser asediado por diversas investigaciones en una vasta trama de corrupción (cobraba comisiones de 3 y 4% a cambio de concesiones públicas)[1]. Esto le llevó a cambiar su nombre en 2016 (PDeCAT) y en 2018 (la Crida). Resulta que fue condenado. Y si la corrupción no fue juzgada mucho antes es porque las élites nacionalistas no dudaron, desde el principio, en envolverse en la bandera y levantar a sus votantes contra el sistema que los investigaba: España era la mala y Cataluña (con la que se identifican, aunque sólo debían representarla), la buena. Así ocurrió en 1984, cuando Pujol, para defenderse del escándalo de Banca Catalana, exclamó desde el balcón institucional que “el Gobierno de Madrid, el Gobierno central concretamente, ha cometido una jugada indigna. Y a partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, no ellos”. Y añadió: “somos una nación, somos un pueblo, y con un pueblo no se juega”[2].

 

Esa moralización de la política, basada en el supremacismo o racismo catalanista, siempre estuvo presente en su discurso político.

 

Basta ver alguna de las escandalosas citas del ex Presidente Jordi Pujol (el “pal de paller”, una metáfora –palo del pajar- que viene a hablarnos del padre de la patria):

 

“Hemos de vigilar (el mestizaje), porque hay gente en Cataluña que lo quiere, y ello será el final de Cataluña”. [Raclama por ello las competencias sobre inmigración] “que es un tema muy serio para mucha gente, para Cataluña es además una cuestión de ser o no ser”. “Podría llegar un momento en que podríamos no estar en condiciones de [convivir con los inmigrantes], que se nos rompiera el país”. “A un vaso se le tira sal y la disuelve; se le tira un poco más, y también la disuelve”, pero llega un momento en que “no la disuelve” (Conferencia en la Universitat Catalana d'Estiu, 23 de agosto de 2004) [3].


“El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido [...], es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes: es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir su falta de mentalidad”[4].

 

La sociedad española siempre tuvo miedo a enfrentarse al nacionalismo catalán porque el nacionalismo siempre acusó de franquista a quien criticara sus políticas iliberales de construcción nacional.

 

Así, el gobierno nacionalista de Cataluña se ha pasado 30 años construyendo nación catalana, como muestra un documento interno de CIU, que la prensa filtró en 1990[5]. En ese documento se sostenía que Cataluña es una “nación europea emergente”, una “nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico”. Además:

 

Se afirmaba que la búsqueda de la soberanía hace imprescindible la “sensibilización ciudadana hacia el reforzamiento del alma social”: “solo avanzan los pueblos jóvenes. Es necesario concienciar a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos para garantizar nuestra personalidad colectiva”. Se abogaba por una sociedad en la que se fomenten las “fiestas populares, tradiciones, costumbres y trasfondo mítico”.

 

Se proponía controlar a los educadores para que cumplieran lo estipulado en la doctrina nacionalista: “vigilar la composición de los tribunales de oposición” para todo el profesorado; “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza”; “incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas”; estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores de la universidad, etc.

 

Abogaba por introducir a gente nacionalista de elevada profesionalidad en todos los lugares claves de los medios de comunicación: hay que “introducir gente nacionalista (...) en todos los puestos claves de los medios de comunicación”; “incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana”.

 

Fomentó la catalanización de la Administración y de la sociedad: “incidir sobre la administración de justicia y orden público con criterios nacionales”, y revisar los mecanismos de acceso y promoción del funcionariado.

 

Dejada así constancia de que el caldo de cultivo viene preparándolo el nacionalismo desde mucho antes (la inmersión lingüística expulsó en los años 80 a miles de profesores que no se sometieron al “reciclaje forzado”, como se detalla paso a paso en este hilo[6]), nos ceñiremos ya a actos de violación del Estado de derecho que van desde 2012 hasta hoy. Fue entonces cuando el nacional-populismo mostró más claramente su peor rostro.

 

II. 2010-2014. De las mentiras para desviar la atención de la crisis y la corrupción al referéndum del 9N: el primer gran ataque contra la democracia española.

 

Comencemos aclarando que el PIB per cápita de Cataluña en 2015 fue de 27.663€ mientras que el de España era de 23.200€. Difícilmente habrá una variable donde Cataluña no sea una de las Comunidades mejor situadas. En el Índice de Competitividad Europeo de 2016, que analizaba la competitividad de 263 regiones europeas con variables como infraestructuras, con 4 factores (acceso a autopistas, acceso a ferrocarriles, número de vuelos de pasajeros e intensidad de ferrocarriles de alta velocidad), Cataluña tiene mejores infraestructuras que la media española y europea[7].

 

Conviene dejar claro que España puede presumir de ser una de las 19 democracias plenas del mundo según el índice de democracia anual de The Economist Intelligence Unit (EIU). Si acaso, hay regiones donde los derechos democráticos se han visto afectados por ataques externos al sistema democrático. El ejemplo más claro ha sido la falta de democracia efectiva en Navarra y País Vasco por culpa del terrorismo de ETA, que dificultó muchísimo el ejercicio de los derechos políticos debido al miedo. En grado menor, en Cataluña se habían dejado de cumplir las sentencias del TC (STC 31/2010) y la del Tribunal Supremo, de 12 de junio de 2012. Esta última reinterpreta el decreto que ordena el segundo ciclo de enseñanza infantil en Cataluña, aclarando que, para ser constitucional, debe reconocer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano, sin condicionarlo “a que se solicite por quien lo posea a título individual”. “O lo que es lo mismo, la norma reglamentaria, último producto normativo, debe explícitamente asumir esa doctrina constitucional y declarar el carácter docente y vehicular del castellano, junto con el catalán, de modo que si esa es la lengua habitual del alumno ese derecho se le ha de reconocer sin necesidad de que se inste”[8].

 

La Generalitat lleva décadas de adoctrinamiento en las aulas a base de abandonar inconstitucionalmente la lectoescritura en castellano y de ocultar cualquier referencia a España, sus símbolos y sus instituciones en los libros de texto (claramente manipulados según informes de sindicatos de profesores e incluso uno reciente solicitado por el Gobierno a la Alta Inspección del Estado[9]). El PE debería tomar cartas, como tomó, por ejemplo, el pasado 28 de noviembre en la Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance transfronterizo (2018/2856(RSP)). Por ejemplo, con el § 12: “[El PE] está firmemente convencido de que, en los casos de visitas supervisadas de los progenitores, las autoridades alemanas deben permitir todas las lenguas de los progenitores durante las conversaciones entre estos y sus hijos; pide que se establezcan mecanismos para garantizar que los progenitores no alemanes y sus hijos puedan comunicarse en su lengua común, ya que el uso de esta lengua desempeña un papel crucial en el mantenimiento de unos vínculos emocionales sólidos entre los progenitores y sus hijos y garantiza una protección eficaz del patrimonio y del bienestar culturales de los niños”.

 

Ante el silencio de las instancias políticas superiores, nacionales y comunitarias, el Gobierno catalán de CIU se vio fuerte para cerrar en 2012 con ERC un “acuerdo de transición nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria del Govern de Catalunya[10].

 

Se pusieron las bases para iniciar una brutal campaña de deslegitimación institucional de España. Para ello usarían las instituciones y recursos autonómicos a su disposición, sobre todo una red de asociaciones (destacan sobre todo dos: ANC y Omnium) que haría de tentáculos civiles del poder institucional que las ha financiado[11] y con el cual han mantenido hasta hoy estrechos lazos y puertas giratorias (destaca la Presidenta de la ANC, Carme Forcadell, que acabó de Presidenta del Parlament).

 

Con esta operación lograron desarticular un movimiento social y espontáneo de protesta por la crisis económica y por la corrupción gubernamental, que llevó a los jueces a imputar al ex Presidente de CIU (Jordi Pujol), a su mujer y a sus 7 hijos[12]; y lo encauzaron mediante un movimiento soberanista que permitía culpar de todos los males que ocurrieran en Cataluña a Madrid. El delfín de Pujol, Artur Mas, dijo entonces desde el Gobierno catalán que la investigación judicial era “un ataque del Estado contra Cataluña”. “No lo consentiremos. El presidente Pujol es un símbolo con el que mucha gente se ha identificado y lo quieren desgastar. Buscan introducir dudas sobre este símbolo y eso resquebraja la sociedad catalana[13]. Pusieron en marcha todos sus recursos.

 

 

Una de sus tretas más efectivas fue intentar convencer a la opinión pública española e internacional de que todo el “Procés” comenzó en realidad dos años antes (en 2010), cuando el TC reinterpretó una serie de artículos del Estatut de Autonomía catalán que el Parlament y las Cortes habían aprobado pero que no tenían encaje constitucional. Esto fue un relato construido posteriormente. Y la prueba es que en 2003, tres años antes de que comenzara la reforma del Estatut (2006), sólo el 4% de los catalanes estaban interesados en él. Según una encuesta del CIS de 2010, el autogobierno preocupaba “bastante” sólo al 2,9% de los catalanes y la financiación autonómica al 3,4%[14]. Y, lo que es más claro, una vez redactado el Estatut, el 70% de los catalanes aceptaba cambios por parte de la Cortes[15].

 

No es cierto que los catalanes saltasen a la calle por los recortes que el TC aplicó al Estatut. Más cierto es que usaron la sentencia del Estatut, nuevamente, para ocultarse tras la bandera catalana y desviar la atención de su gestión. Usaron su gran poder clientelar, ya desde noviembre de 2009, para preparar el camino: lograron que toda la prensa catalana firmase un editorial conjunto criticando que el TC recortara los artículos inconstitucionales (por rebasar su ámbito competencial, sobre todo en materia de justicia, o en materia tributaria) del Estatut[16]. Años después, el informe de Societat Civil Catalana “Déficits de calidad democrática en Cataluña: la vulneración de los derechos fundamentales (2015-2017)” (pp. 133-162) demuestra con solvencia la falta de pluralismo en los medios de comunicación catalanes.

 

Esta estrategia nacional-populista, al contar con muchos medios afines pudo lanzar a su vez muchas estrategias subsidiarias plagadas de mentiras o ‘fake news’. Si la Liga Norte puso de moda el eslogan “Roma ladrona”, desde Cataluña se empezó a decir que “España nos roba”. Así, una campaña que afirmaba que Cataluña tenía un déficit anual de 16.000 millones mintió impúdicamente, puesto que el déficit apenas alcanza los 2.400 millones[17].

 

 

Ahondando en esa estrategia de constantes mentiras (algunas, promovidas por el Institut Nova Història, tan burdas como que Cristóbal Colón, Santa Teresa de Jesús o incluso Cervantes eran catalanes o incluso que El Quijote fue escrito en catalán, antes de ser traducido[18]; incluso Halloween sería una fiesta catalana como dijo algún tertuliano en la televisión pública[19]), intentaron convencer a la población de que existe un “conflicto” secular de “España contra Cataluña”. Querían mostrar que Cataluña fue colonizada; y, por si no colara, dijeron a la comunidad internacional que sus derechos como pueblo están siendo violados por España. Pero lo cierto es que una de las regiones más ricas y con mayor autogobierno de Europa (disponen de Parlamento propio, Tribunales, Gobierno autonómico, Estatuto, competencias en materia fiscal, educativa, etc. e incluso de Policía autonómica) difícilmente podía convencer a nadie de que “el pueblo catalán sufre opresión directa”[20].

 

Organizaron incluso simposios, duramente criticados por los historiadores[21], con la intención de convencer a los catalanes de que, en 1137, Cataluña logró la soberanía respecto del reino de Aragón[22], que el “rey de Cataluña” Jaime I el Conquistador creó los “Países Catalanes” y de que, consecuentemente, Cataluña era un Estado independiente hace 3 siglos. Finalmente, afirman que la guerra internacional de Sucesión (1701-1713) entre dinastías regias fue en realidad una guerra de Secesión en la que España acabó sometiendo a Cataluña. Un cúmulo de declaraciones, eventos, vídeos y manifestaciones públicas se fueron orquestando para, como si de un tricentenario se tratara, preparar el terreno desde el que conquistar en 2014 una soberanía que nunca tuvieron pero que, al parecer, la Historia les debía.

 

Tampoco dudaron en afirmar que, en caso de independencia, “Catalunya no quedará fuera de Europa”. “Europa es pragmática y nunca dejará fuera a siete millones de personas”. El entonces presidente Artur Mas añadió que la posible expulsión de Catalunya “no está prevista en ninguno de los tratados de la Unión Europea” por lo que esta hipótesis sería una “especulación”[23]. Estas y muchas declaraciones posteriores similares han obligado a distintos representantes europeos a desmentirlos, a explicar que se quedarían fuera de la UE y a respaldar al Gobierno del Estado.

 

Con éstas y otras muchas mentiras con las que polarizaron a la sociedad catalana (entre unionistas y separatistas), llegamos al primer gran intento de atacar la democracia española. Como es práctica habitual del nacional-populismo, usaron la supuesta “voluntad de un pueblo”, representada por unas élites o por manifestantes en la calle, para evitar someterse a las reglas del procedimiento democrático, que no se entienden fuera del estado de derecho y la Constitución.

 

El 23 de enero de 2013, los partidos independentistas aprobaron, con 85 diputados de los 135 totales, una declaración de soberanía del Parlament catalán[24]. Esto, que lógicamente arrebataría, de hacerse efectiva, la soberanía española de forma unilateral e ilegal, no fue políticamente combatido por el Gobierno nacional. En lugar de haber prohibido dicha votación, se les permitió llegar hasta el final y luego hubo que esperar hasta marzo de 2014 a que el TC considerara inconstitucional que Cataluña se declare como “sujeto político y jurídico soberano”.

 

La táctica nacional-populista ya estaba clara. Cruzar todas las líneas rojas posibles, provocar la reacción democrática de los órganos contramayoritarios que salvaguardan el Estado de derecho y así señalar enseguida que en España no se respeta la democracia ni “el derecho a decidir del pueblo catalán”. Lo que no dicen es que ni existe “un solo pueblo catalán” (sino que han dividido y roto a la ciudadanía de Cataluña); que no existe en ninguna constitución un “derecho a decidir” o un “derecho a la independencia”; y que sin Estado de derecho no hay democracia. En esa época, disimulado por el ruido político que ellos mismos estaban generando, el Gobierno de Artur Mas no dudó en malversar millones de euros, en promover campañas (“Declara’t a Catalunya”) para que los catalanes hicieran su declaración fiscal en instituciones catalanas y no en la correspondiente oficina nacional o en montar una 'app' para robar datos del IRPF y así poder organizar el futuro sistema fiscal de una Cataluña independiente[25].

 

Y así, con la inercia de desacato, se descerrajó el golpe a la democracia que supuso el primer referéndum ilegal organizado el 9 de noviembre de 2014. Se trataba de un referéndum sin censo, sin participación de los no nacionalistas y sin garantías de ningún tipo. Pese a la prohibición explícita, porque la soberanía es “indivisible” según la Constitución española y porque las CCAA no tienen competencias para convocar referéndums de ese tipo, convocaron a votar a los mayores de 16 años, planteando dos preguntas confusas (“¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y, en caso afirmativo, “¿Quiere que este Estado sea independiente?”), con las que poder generar una mayoría suficiente (de “síes” por lo menos a la primera) con la que presionar al Estado y obtener un status político privilegiado mediante chantaje. Teniendo en cuenta que hay fotos que prueban que hubo gente que votó en hasta 6 colegios distintos, poco importa que votaran 1,8 millones de personas y que el 80% votara que sí a las dos preguntas. La mayoría de catalanes no le dio ninguna validez.

 

El 13 de marzo de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió, por unanimidad, inhabilitar al ex Presidente Artur Mas durante 2 años por continuar, pese a una orden de suspensión del Tribunal Constitucional, con la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014[26].

 

III. 2015-2018. Hacia el 1-O: el segundo gran ataque a la democracia española

 

Necesitado de una mayoría más grande para legitimar un proceso unilateral de ruptura y buscando capitalizar el descontento por el frustrado referéndum, el Gobierno del Presidente Mas planteó una suerte de elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre de 2015. Los dos principales partidos separatistas (PdeCat y ERC) concurrieron a las elecciones autonómicas en una plataforma independentista (Junts pel sí).

 

Los soberanistas no ganaron las elecciones en votos (47%), pero sí en escaños (72 de 135). Esto contando con los escaños de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un partido asambleario antieuropeísta y antisistema de extrema izquierda que forzó, como condición para darles el apoyo electoral, la salida de Artur Mas. Les sustituiría Carles Puigdemont, un hombre de confianza. A pesar de perder 15 escaños, de las señales de rechazo y de la creciente y peligrosa polarización de la sociedad catalana, todos los independentistas volvieron a remar juntos, redoblando sus esfuerzos para debilitar la democracia española. Puesto que el Derecho internacional tampoco reconoce el derecho a la independencia en los países donde hay autogobierno democrático[27], y como no tenían una mayoría parlamentaria para cambiar la Constitución, decidieron emprender lo que llaman “la vía unilateral” hacia la independencia.

 

Durante estos años, la presión se siguió produciendo de arriba a abajo (gracias al documento citado de 1990 y a muchos nuevos órganos que se fueron creando, como el Consejo Asesor para la Transición Nacional –CATN-, el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir –PNDaD- o el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña). Pero, como sabemos, gracias a esa presión pudo también generarse otra presión artificial de abajo a arriba, liderada por las citadas ANC y Omnium.

 

Así continuó el conocido “Procés”, ahora volcado en la “estrategia de la desconexión”, es decir, en una rebelión desde las instituciones que manejan.

 

El 9 de noviembre de 2015, la mayoría parlamentaria independentista aprobó una nueva declaración sonada: “Se declara solemnemente el inicio de creación del estado catalán independiente en forma de república[28]. Se instaba al futuro gobierno catalán a que, en el plazo de 30 días, iniciara la tramitación de tres leyes fundamentales para la “desconexión” de España: la del proceso constituyente, la de la seguridad social y la de la hacienda pública. Además, el Parlament quedaba sujeto a la acción golpista, puesto que no se supeditaría ya a las instituciones españolas ni, sobre todo, a las decisiones del Tribunal Constitucional.

 

Como señaló entonces la catedrática Teresa Freixes, el soberanismo parecía ya estar adoptando la estrategia expuesta por Curzio Malaparte en su obra Técnicas de un golpe de Estado (1931). Lo que constituiría una acción de golpe de Estado (“posmoderno”, cabría decir) sería una “operación ilícita, ejecutada desde instituciones de poder, contra el poder legítimo, dirigida a alterar o modificar la estructura del Estado. No se necesita mucha gente para ello. Según Malaparte basta con que unos mil técnicos bloqueen las capacidades del Estado y hagan creer a la mayoría de la población que ello es lo adecuado y que deben mantenerse neutrales”.

 

En el marco de la desobediencia institucional del Gobierno catalán de “Junts pel sí”, el ex juez (suspendido 3 años por el Tribunal Supremo por participar en la redacción de un borrador de Constitución para Cataluña[29]) y senador de ERC, Santi Vidal, dio cuatro conferencias diciendo cosas como las que siguen:

 

“La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal”.


Hemos determinado “de los 801 jueces españoles en Cataluña, cuáles comparten nuestros sueños e ideales”. “Sabemos perfectamente cuáles se quedarán y cuáles se irán; sabemos con qué jueces podemos contar”.


Y ha confesado que hay 400 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat de 2017 para organizar el referéndum y construir las estructuras de Estado. “No os diré en qué epígrafes de los presupuestos están incluidos, porque están debidamente camuflados, porque si no nos los impugnarían inmediatamente”[30].

 

Tras el escándalo, su partido le obligó a dimitir y negó lo dicho. No obstante, sus palabras son creíbles porque fueron ratificadas por los hechos posteriores.

 

En la escalada de acciones institucionales nacionalistas, reacciones democráticas desde instituciones nacionales (principalmente de los tribunales) y contra-reacciones sociales tuteladas por instituciones nacionalistas clientelizadas, fueron tomando protagonismo los 197 métodos de acción no violenta ideados por el politólogo Gene Sharp. Se trataba, en principio, de emprender una “guerra abierta” con la que derrocar dictaduras. Pero, tratándose de deslegitimar el ordenamiento jurídico en su conjunto (nótese que la desobediencia civil busca deslegitimar sólo alguna norma precisamente por contraponerse al espíritu democrático del ordenamiento: el menosprecio público de una mujer negra en un autobús atenta contra la igualdad y la no discriminación), resulta evidente que con tales métodos y gran empeño se pueden derrocar tanto dictaduras como buenas democracias. Quim Torra, ex presidente de Òmnium Cultural, una de las dos asociaciones cuyos presidentes se encuentran hoy preventivamente presos por delito de sedición, lo confesaba así en una entrevista:

 

"Llavors hem d’anar a escenaris gandhians de no cooperació. L’esquema que explico l’ha teoritzat el professor Gene Sharp, màxima autoritat en acció política no violenta: primer protestes, després no cooperes i, finalment, suplantes unes institucions per unes altres. Això és la llei de règim jurídic català." 

 

Entre los muchos métodos seguidos destaca “establecer la doble soberanía y gobiernos paralelos” (método 197). En Cataluña se han establecido “dos legitimidades”: la de las leyes vigentes y la de las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). En este marco se comprenden el resto de medidas, como la ostentación de banderas (separatistas) en lugares públicos y oficiales, excluyendo por tanto del proyecto común a los no independentistas (18), ruidos simbólicos, como las caceroladas (28), la (infértil) retirada de efectivo para desestabilizar el sistema bancario (método 86), abrumar y molestar a funcionarios (31 y 32), como se verá más abajo, las listas negras de comerciantes (93)  e incluso de malos catalanes, presión psicológica al adversario, llegando al punto de “realizar juicios al revés: acusando al acusador” (159), obstrucciones no violentas para que sea físicamente imposible continuar su trabajo o llegar a su destino (171), junto con ataques o invasiones no violentas (167 o 170), donde no se duda en hacer uso de niños, o incluso buscar encarcelamientos: sobrecargar cárceles por solidaridad (194).

 

Entre las estructuras de Estado, muchas bajo el amparo de la Ley 3/2015 de medidas fiscales, financieras y administrativas (declarada inconstitucional por STC 128/2016 de 7 julio), además del propio proyecto constitucional, destacó el intento de controlar las aduanas y levantar una Hacienda propia para poder recaudar impuestos y mantener un país viable desde el primer día[31]. De hecho, como descubrimos más tarde, gracias a la detención (en septiembre de 2017) del secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep Maria Jové, existía un documento (incautado en su domicilio) que constituía la ‘hoja de ruta’ independentista (documento ENFOCATS): “la Declaración Unilateral de Independencia constituiría un conflicto que llevará al Estado propio”. Tras forzar la reacción del Estado, esperaban que la comunidad internacional forzara el auténtico referéndum que confirmaría la ruptura. El plan, que preveía cómo presionar a distintos grupos de personas para que votaran por la independencia (p.11), reconocía que hay que partir de las actuales estructuras (Mossos d´Esquadra, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació etc.) y de las nuevas (Hacienda propia, agencia de protección social, poder judicial, etc.), pero aclarando que a todas ellas había que dotarlas de financiación y personal[32].

 

“Hemos de asegurar el funcionamiento mínimo imprescindible de todas las estructuras del Estado para gestionar la desconexión y el nacimiento del estado propio”.

 

Con un informe titulado La seguridad de la República catalana; primeros planteamientos, incautado por la Guardia Civil, los dirigentes separatistas disponían de un estudio de sistemas de Defensa tan dispares como los de Austria, Dinamarca, Suiza, Costa Rica y Panamá. A juzgar por el contenido parece que podrían haber hablado con Estados Miembros de la UE para garantizar transitoriamente su seguridad.

 

“El debate [sobre la seguridad de la nueva República catalana] es urgente porque las amenazas no sólo no pararán con la independencia de Cataluña sino que podrían agravarse; y no es recomendable confiar en la colaboración del Estado español”.


“Si Cataluña se independiza y se traspasan las competencias de seguridad antes de que se tenga un cuerpo de defensa en funcionamiento, se necesitará que otro estado dé protección de manera temporal. El desarrollo de un cuerpo de defensa puede tardar entre 5 y 10 años. Algunos estados europeos pueden estar dispuestos a aceptar agentes de las futuras fuerzas de defensa catalanas y garantizar la protección para evitar que Cataluña se convierta en un agujero negro a las puertas de Europa, pero es poco probable que acepten esta carga a perpetuidad”[34].

 

Preveían, por eso, de acuerdo con un estudio propio sobre Austria, Dinamarca y Suiza, tener un ejército compuesto por entre 18.000 y 22.000 soldados para afrontar ataques armados contra Cataluña al día siguiente de la ruptura.

 

“Son poco probables, pero nunca son completamente descartables, como lo demuestra el incremento repentino de la actividad bélica en una región pacífica desde el año 45 como la frontera entre Rusia y Ucrania”[35].

 

Sabemos, por un informe de la Guardia Civil, que por aquella época, Cataluña negoció con China un préstamo de hasta 11.000 millones de euros para crear el futuro banco central catalán, alegando que fue "ocupada militarmente en 1714"[36].

 

El 11 de abril de 2017 presumía en Twitter el ex Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont (hoy prófugo de la justicia, en Waterloo), de haber desobedecido hasta en 5 ocasiones requerimientos del Tribunal Constitucional.

 

 

De cara al 1 de Octubre, día en el que finalmente se convocó el referéndum, la Generalitat fue el habitual clima de tensión, hasta hacerlo irrespirable para los no nacionalistas. Jueces, policías autonómicos, políticos, profesores de Universidad o sociedad civil, tenían difícil cumplir con su función si no eran nacionalistas:

 

Luis Rodríguez Vega, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, explicaba que “hay una sensación de fortaleza del Estado que es falsa, porque España se ha ido retirando y ya es casi imperceptible en muchos lugares. Y ahora nos toca a nosotros. Nos quieren dar a elegir entre la Constitución y la nueva legalidad. Es terrible, pero no tendremos más remedio que elegir entre la traición y el exilio”[37].

 

Como explicamos en otro informe, la Policía autonómica (Mossos d’Esquadra) se convirtió en una policía política. En abril de 2017 Gobierno se aseguró un mando leal para poder contar con los 17.000 hombres armados al servicio de la nueva República[38]. Los usó para investigar a empresarios, sociedad civil no nacionalista y a políticos de la oposición. Creó un “servicio ilegal de espionaje” y, a punto de entrar en vigor el artículo 155, intentaron quemar los documentos. Este uso político de la policía acabó provocando una gran división. Así lo relata un Mosso d’Esquadra: “Empezó a ser incómodo. Traté de mantener mi ideología escondida, pero el compañero, de tanto insistir, al final me la detectó. Empezaron a mirarnos mal a los que nos sentíamos más españoles, se nos fiscalizaba más que al resto, y lo curioso es que los más independentistas eran compañeros que a lo mejor habían nacido en Cuenca o en Aragón. Los mejores servicios se los llevaban ellos y a nosotros se nos decía que ni nos presentásemos al ascenso, que nunca nos iban a promocionar. Hubo algún jefe que nos prohibió hablar entre nosotros en castellano o llevar banderas de España en nuestras mochilas. El Cuerpo comenzó a fracturarse y es algo que empezaba a verse también en la sociedad catalana, porque los mossos somos un reflejo de la misma. La situación se tensó más en los días previos al referéndum”[39].


El día 26 de octubre, una decena de efectivos de la Policía Nacional intentó impedir que los Mossos quemaran documentos con información sensible en una incineradora de Sant Adrià de Besòs, en Barcelona. En diciembre supimos que intentaron quemar pruebas de seguimientos a políticos del PP[33].

 

También se dieron casos de presión sobre profesores de Universidad. Como denunciaron decenas de profesores de Universidad en una carta pública, desde la Universidad se estigmatiza al no nacionalista. Las pruebas cotidianas serían inabarcables, pero en la carta se denunciaba concretamente que “el sindicato de estudiantes soberanista SEPC ha pedido ‘la dimisión’ de Albert Reig, catedrático de ciencia política de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Por otro, algún medio de comunicación (directe.cat) ha publicado el nombre de los docentes, con su fotografía y adscripción universitaria, atribuyendo a los firmantes una ideología de extrema derecha y acusándoles de estar en contra de la democracia.[40]

 

Incluso la sociedad civil se encontró con problemas insuperables para llevar a cabo tareas de información. Simpatizantes de partidos, miembros de la sociedad civil no nacionalista u organizaciones de estudiantes favorables a la permanencia en España han tenido que sufrir actos violentos por defender sus ideas en el espacio público. Y, desgraciadamente, esto incluye la Universidad, cuando organizan actos con todos los permisos pedidos[41].

 

Como se explicó en una carta enviada en aquellos días aciagos a cientos de profesores universitarios internacionales[42], los días 6 y 7 de septiembre el Gobierno catalán rebasó todos los límites. Prescindiendo de las mayorías que exige su propio Estatuto de autonomía (dicha reforma requeriría 2 tercios de la cámara pero para aprobar leyes que suponían romper el orden constitucional les bastó una simple mayoría), de las garantías procesales (cambiaron el orden del día justo antes del Pleno ordinario convocado), de los informes preceptivos de sus instituciones (los letrados del Parlament advirtieron de que se estaban contraviniendo al TC) y, consecuentemente, prescindiendo de las formas y tiempos del debate parlamentario, abonaron el terreno legislativo para la ruptura[43]. Violando el procedimiento parlamentario, y con la consecuente ausencia de los principales partidos de la oposición, la mitad independentista del Parlament aprobó dos leyes para la “desconexión” con España: la Ley para el referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Ambas debían entrar en vigor a los pocos días de romper la soberanía. Con una mayoría simple aprobaron, por ejemplo, el artículo 3 de la Ley de Transitoriedad, que declara esa ley como “norma suprema” del ordenamiento jurídico catalán, o el artículo 13, que declara que las leyes orgánicas, el Estatuto de Autonomía y la Constitución española pasan a formar parte del ordenamiento de la nueva República Catalana mientras no se hayan declarado inaplicables y sólo con el estatus de leyes ordinarias. El punto de partida lo daría la respuesta del “Pueblo” al referéndum de secesión. Y, lógicamente, ya sabían que, como en 2014, los no nacionalistas no votarían en ese acto ilegal.

 

Fake news’ e injerencia rusa. Durante esos meses de septiembre y octubre de 2017 se detectaron bastantes casos de intoxicación informativa en contra de España, replicando información falsa y exageraciones sobre violaciones de derechos y agresiones a independentistas y sobre brutales cargas policiales[44].