Ilustración: Gaby Futch

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    La escurridiza red de los cuerpos ocupados en Guatemala. Víctimas del crimen, 1

    Alejandra Gutiérrez Valdizán - 20-12-2012

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    Sobra una rocola y hace falta un ataúd. En la cantina sin nombre todo es un poco lúgubre, un poco sucio, un poco triste. Un poco como un funeral. Uno de los hombres aprieta a una mujer por la cintura y se tambalean lentamente frente al aparato lleno de luces del que sale la música. No se miran uno al otro. En una silla pegada a la pared, otra mujer está sentada junto a un hombre mayor, los separa una mesa atestada de litros vacíos de cerveza. Ella hace esfuerzos por no dormirse, sus párpados se cierran por largo tiempo hasta que frunce la cara y vuelve a servir más cerveza. Sólo en el rincón hay un ambiente festivo, más botellas sobre la mesa, mientras un individuo fornido, con chaleco de guardaespaldas, se sienta junto la mujer del güipil más lujoso.

     

    Es posible detectar a quién le va mejor en la vida por el güipil, mejor económicamente. Los bordados de estas blusas de las indígenas mayas son más ricos, más cuidados, la tela más fina. La luz aquí es escasa y las paredes sucias, descascaradas, amarillentas, están cubiertas por afiches con mujeres rubias, tetonas, altas y en bikini que promocionan cerveza. Contrastan las modelos de las fotos con las q’eqchíes que atienden el local.

     

    La mujer que bailaba apretada al hombre desaparece de escena. Eso sucederá toda la noche: de pronto una de las cuatro se esfuma por la única salida que da a la calle y vuelve media hora después, con uno de los hombres. Vuelven de los hoteluchos de la vuelta de la calle.

     

    Es la Novena avenida del centro de la Ciudad de Guatemala. Los muros sucios, rejas en las ventanas, las camionetas lanzan chorros de humo y las farolas iluminan menos.

     

    A sólo tres calles está la remozada, iluminada y peatonal Sexta avenida, con cafés recién inaugurados, a los que las mujeres venidas de las Verapaces, en el abandonado norte del país, probablemente no vayan nunca. A tres cuadras está también el Palacio Nacional de la Cultura, la sede de Gobierno.

     

    A la Novena avenida algunos le llaman la Tijuanita.

     

    Ellas desconfían al principio, intentan disimular la sorpresa de que dos mujeres incursionen en  ese espacio tácitamente dedicado a los hombres. Son ellos, los hombres, los que pagan el doble por una cerveza. Y son ellas, las mujeres, las ficheras, las que se quedan con una parte de ese precio. Las ficheras, ese nombre que reciben las camareras que ganan comisión por emborrachar a los clientes y cuya tarea implica, casi siempre, emborracharse a su lado. Llegan a tomarse hasta 24 cervezas en una noche, confesarán después. La mujer que está a punto de dormirse, desde su lugar hace un gesto de salud, entre parpadeo y parpadeo, arruga la cara y ríe a carcajadas. El hombre que está junto a ella sigue bebiendo en silencio. Y la que bailaba antes, ahora pasa junto nosotras. Preguntamos: “¿Quién es el dueño aquí?”.

     

    Ella con disimulo señala a los que parecen más contentos y dice: “La señora”.

     

    El hombre del chaleco, el que está junto a la dueña del güipil lujoso, se acerca a la mesa de las extrañas, a nuestra mesa, y eleva la voz y finge una especie de acento foráneo, para que según él le entendamos.

     

    —Buenas noches, señoritas. Bienvenidas a mi local–, y acto seguido su conversación intenta averiguar qué diablos hacemos allí. 

     

    Le hablamos de un paseo –mentira–, de una afición a las rocolas –verdad–, de una decepción amorosa –media verdad–, de las ganas de emborracharnos –por motivos profesionales–. El hombre se convence. Se infla y asegura que éste es su negocio, ella sólo es la encargada de cuidarlo. Se sienta a nuestra mesa. Dice que tiene un BMW y que fue a la universidad, confunde el nombre y es incapaz de decir lo que estudió, criminalística, o algo así. Dice ser kaibil –la fuerza del ejército de elite, admirada por muchos y temida por muchos más–.

     

    —¿No tiene problemas de seguridad aquí? –preguntamos con el tono con que en otros países se pregunta por el clima.

    —No. ¿Y saben por qué?  –dice bajando la voz– ¡A mí me pela la verga! Porque yo trabajo en la Presidencia.

     

    Cuelga de su cuello, escondido bajo la camisa, un gafete. Lo muestra con orgullo. En él su fotografía y el logo del Gobierno. Alcanzamos a registrar su nombre. Pero lo vuelve a guardar rápidamente, lo que impide ver en qué institución.

     

    —Una vez vino la policía y estaban tratando de extorsionarme. Entonces llamé a la ORP (la oficina de responsabilidad policial). Tengo un mi cuate con ellos. “Mirá, vos, fijate…”. Y a los diez minutos ya estaban aquí.

     

    Es imposible, por el momento, saber cuánto es alarde y cuánto es cierto.

     

    —Yo vengo aquí con el carro del Estado. No entro. Sólo paso a recoger el dinero.

    —¿No han tenido problemas las chicas? ¿Que algún cliente se ponga violento o que haga problemas?

    —Ese es problema de ellas –responde sin pensarlo–. A mí me vale vergas. Que ellas vean cómo se salvan. Su cuerpo es su cuerpo.

     

    Su cuerpo es su cuerpo. Sus cuerpos siguen embriagándose. Sus cuerpos se esfuman entre las cortinas para reaparecer en el cuarto de un hotel con un desconocido, por menos de cien quetzales (doce dólares). Hoteles en donde no es tan raro hallar cuerpos de mujeres asesinadas sin identificar. Su cuerpo es su cuerpo.

     

    Él sigue hablando. También es propietario de una empresa de seguridad privada.

     

    De pronto, recibe una llamada, se levanta con prisas y se despide serio y con mucha menos amabilidad que con la que se presentó.

     

    Quedan sólo las mujeres, una mesa con unos jóvenes que hacen malabares entre la mayoría de edad y la adolescencia, un hombre solitario de pelo cortado a ras, y otra mesa con un joven de gorra de beisbol que insiste con agresividad en sacar a bailar a todas.

     

    Invitamos a la mujer somnolienta a acercarse a nuestra mesa. Es pequeñita, casi enana. Pone en la rocola Calle 13, que rompe con varias horas de rancheras, baladas y bachata y ahora parece más despierta. Explica que llegó aquí porque una de sus compañeras la llamó. Ella trabajaba antes en servicio doméstico, pero apenas le alcanzaba para vivir y tiene tres hijos en su pueblo, tiene que enviar dinero. Ella asegura que sólo “ficherea”, no se va con los clientes. Es madre soltera. Pero no le gusta este lugar. La tratan mal, admite, mirando de reojo a la compañera más maquillada, la que bailaba más, la que desaparece con más frecuencia y que aparenta ser la mano derecha de la encargada. Aquí no le dan comida. En otro lugar en el que estuvo sí le daban.

     

    Duerme en la trastienda, escondida tras la barra por una cortina. (Alguien explicará después que probablemente es un espacio con colchones y petates en el suelo donde duermen todas hacinadas –quien nos lo explica, una trabajadora sexual que lidera una organización, asegura que en la zona de Tijuanita, de la Novena, funciona igual en todos los locales. También nos dirá que los 1.100 quetzales que afirman ganar de salario base son mentira, que rondan los 800 (cien dólares al mes), menos que el salario mínimo legal de 2.040 quetzales (260 dólares) –. El redondeo del salario es a base de las fichas y sí, por ocuparse con los clientes. En El Salvador le dicen ocupar a utilizar. El diccionario dice: “ocupar: Tomar posesión o apoderarse de un territorio. Llenar un espacio o lugar”.

     

    Se sientan tres a nuestra mesa, incluida la administradora o la dueña. Sólo la más joven, que apenas habrá cumplido la mayoría de edad, se queda tras el mueble que hace de barra y custodia las refrigeradoras con cerveza. Ahora los clientes beben solos, aunque les siguen comprando cervezas a las chicas e invitándolas a botellas que ellas traen a nuestro puesto. Intercambiamos cigarros, reunimos monedas para la música. Reímos y brindamos.

     

    Varios litros después, se ponen serias y cuentan: todas vienen de pequeñas aldeas, todas tienen hijos allá, todas son madres solteras, no vislumbran otra posibilidad que trabajar en la cantina sin nombre, o en otro lugar similar en algún punto de la ciudad –El Trébol, La Terminal, El Cerrito, Zona 6–.

     

    La del güipil caro se vanagloria de ser la propietaria del lugar. “La patente está a mi nombre”, dice orgullosa. Si en algún momento llega a haber un allanamiento, un problema legal, o finalmente las autoridades decidieran entrar a Tijuanita, e investigar si allí hay explotación sexual, ella sería la que iría a prisión. El que dice ser el dueño, el que recoge el dinero en carro del Estado, según él, estaría tranquilo, su nombre no tiene rastro allí.

     

    ¿Qué pasa si toca ocuparse con un tipo violento, con un patán que no respete? Sonríe. “¡Es que no hay que ser tontas! ¡No hay que pensar! Se piensa en el pisto: el pisto es el pisto”. El dinero es el dinero. No hay que pensar.

     

    Llega la policía a la Novena. Esas supervisiones que se realizan de rutina los fines de semana. Un convoy de unas doce patrullas, con las luces iluminando los herrumbrados carteles. Los policías descienden armados de la parte trasera de los picops bajo una llovizna liviana. Recorren los antros. “Ya se fueron los que venden droga”, dicen las mujeres sobre los que se dedican al narcomenudeo en las esquinas y, susurra una, también en algunas cantinas. “Aquí no pasa nada”, dice otra, “mi primo es policía”. Y en efecto, entran dos agentes a la cantina sin nombre, dan un vistazo y se van.  Y no pasa nada.

     

    Uno de los clientes, el de pelo corto confiesa: “Yo soy policía, pero a ellos no les digo nada”, y muestra una fotografía uniformado. Ellas murmuran que hay que tener cuidado, junto a la mesa del policía, el que invita agresivo a bailar es el asaltante de la cuadra, todos saben que es el que se encarga, pistola en mano, de robar celulares por la zona.

     

    La pequeñita asegura tener novio y nos informa que a él no le gusta que trabaje allí. Para que no la oiga la jefa, baja la voz y adelanta que se irá al día siguiente, se va a otra cantina por El Trébol, donde sí les dan comida. La encargada que hace unos minutos era altiva y decía que no hay que ser tontas y que no hay que pensar, ahora también se quiebra: llora, su esposo está preso, ella tiene que trabajar por sus hijos, que están al cuidado de su madre en Verapaz. “Mañana lo voy a ver a la cárcel”, solloza, e intenta secarse las lágrimas. La pequeñita asegura que el jefe porta pistola –nada extraño en Guatemala, un país de 14 millones de habitantes, donde se calcula que circulan más de un millón de armas de fuego, 800.000 sin registro–.

     

    Sigue lloviendo. Nos vamos. Dejamos tras las cortinas a las mujeres, recordar a sus hijos las ha puesto tristes. Se quedan alrededor de la mesa. Los autos y la lluvia acallan la música de los otros negocios, entran parejas a los hoteluchos. El semáforo parpadea. En la cantina sin nombre ya no suena la rocola.

     

     

    A ciegas en el laberinto

     

    Parece una escena inofensiva y de tan cotidiana, normal. Las mujeres no están atadas y parecieran no estar forzadas a estar allí. No hay despliegues espectaculares de hombres armados y fuerza. El dueño de la cantina sin nombre es un solo hombre, al menos es lo que dice, y cuesta relacionarlo con redes o con el delito. Pero este individuo es uno de los nudos de micro redes del crimen. Primero, en Guatemala está penada la explotación sexual –incluido el proxenetismo–. Segundo, a partir de locales como éste se ha ido tejiendo una red de captación de mujeres que son enganchadas y retenidas –por fuerza o por la necesidad de ellas– para beneficio de terceros.

     

    La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, también llamada la Convención de Palermo define que como “grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos…”. En negocios repartidos por la ciudad capital y en zonas urbanas de toda Guatemala, se replica el sistema: captadores que buscan a las mujeres en poblaciones pequeñas –utilizan engaños, en algunos casos pagan por ellas a sus familiares y en otros, poco documentados, las llevan por la fuerza–; los encargados del transporte, en donde se pierde el hilo con el primer captador, hasta llevarlas a estos locales en donde viven en precarias condiciones, en donde se encuentran con los cuidadores, casi siempre mujeres que se encargan de la administración. En otros casos el sistema es más expedito, las mismas mujeres se acercan a los locales, provenientes de las zonas rurales, empujadas por la necesidad; luego es probable que ellas mismas hagan de captadoras con las vecinas de sus poblados.

     

    Días después de la visita a la cantina sin nombre se investigó si el supuesto propietario trabajaba en la entidad estatal que él afirmaba. Hay tres homónimos en los departamentos de la Presidencia. Sin embargo, las posibilidades de que el dueño de un solapado burdel sea el mismo que el de un funcionario público son altas. Uno de los nombres encaja con su lugar de procedencia. La empresa de seguridad privada no aparece registrada, pero eso no implica que no exista: hay 300 compañías de seguridad funcionando sin licencia del Estado.

     

    Decenas, cientos de cantinas con el apelativo de cevichería, chicharronería, comedor, funcionan de formas similares en toda Guatemala. En otras zonas de la ciudad, con instalaciones más lujosas, funcionan como night clubs, aunque para fines legales son lo mismo. Con diferentes modalidades, todos están cometiendo un delito: explotación sexual. Los métodos de coerción son variados.

     

    Y es que las redes de trata y de explotación sexual están tejidas con hilos invisibles. El delito es difícil de detectar, lo dicen los expertos, los fiscales, los libros, lo dice la observación, las mismas víctimas a veces no saben que lo son. Encontrar las dimensiones del crimen es también complicado, imposible quizás. Han surgido alertas mundiales en los últimos años, abanderadas por Naciones Unidas, en las que se asegura que el fenómeno es gigantesco, una red de traficantes de esclavos se globaliza y miles ¿millones? de personas caen en ella. La mayoría, mujeres y menores, son transportadas entre países o en su mismo territorio, con engaños, por la fuerza, manipuladas.

     

    Kevin Bales, autor de La nueva esclavitud en la economía global, señala como características fundamentales de la esclavitud moderna la ausencia de propiedad legal sobre el esclavo, el coste de adquisición bajo, la alta rentabilidad que obtiene el explotador, y el carácter temporal del abuso, pues renueva las víctimas en lugar de obtener provecho de las mismas durante décadas. Se afirma que después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas es la actividad ilegal más lucrativa del mundo.

     

    La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) declaró que 32.000 mil millones de dólares (250.000 millones de quetzales) se generan por el negocio cada año. Bales afirma que son 27 millones de esclavos en el mundo –la mitad de ellos en la India–. Pero todo son proyecciones. El dinero tiene esa habilidad para mimetizarse con otros billetes más limpios, en sistemas bancarios sin demasiado control, especialmente si para buscar el rastro se ve de reojo y se busca sin querer encontrar. Guatemala, por ejemplo, es uno de los nueve países en el mundo en el que Hacienda no puede verificar si lo que los ciudadanos declaran que ganan es lo mismo que ingresan en su cuenta bancaria.

     

    Esas esclavitudes tienen diferentes rostros y máscaras. No es necesario tener encadenadas a las víctimas para que éstas no puedan liberarse. Hay grilletes más pesados y perversos: la pobreza, la necesidad, la falta de oportunidades, el engaño, la violencia, el chantaje e incluso la manipulación emocional. ¿Cómo detectar y detener un delito que es como un pez bañado en mantequilla en una laguna de aceite turbio?

     

    Lugares como la cantina sin nombre o los night clubs, en todos hay delitos; alguien está obteniendo beneficios económicos por la utilización del cuerpo de otra persona. Está penado por la ley. Es decir, el delito de trata incluye al de explotación sexual y es allí donde se esconden todos esos lugares que hasta hace muy poco no eran considerados ilegales. La propia normalidad con que siguen funcionando, la complicación de conseguir que las víctimas se reconozcan como tales y asuman que el patrón que las contrata y el cliente que paga por tener relaciones sexuales con ellas están delinquiendo; que la propia sociedad no entienda el por qué es ilegal que alguien utilice el cuerpo del otro para su propio beneficio complican mucho más la persecución y las redes se fortalecen. Sí, en estos lugares ellas pueden salir y entrar, parecería que están por propia voluntad, pero se desconoce el hecho de que esa voluntad probablemente ha sido doblegada por otras circunstancias ajenas a estos espacios de rocolas y espejos.

     

    En Guatemala, en 2009, la Comisión Nacional de la Adolescencia y la Niñez (institución coordinada por entes estatales en las que participan oenegés) calculaba que unos 15.000 niños, adolescentes y jóvenes eran víctimas de trata en el país. Pero es una cifra cuyo sustento estadístico no está claro –dados los datos del Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP)–. Activistas que se encargan de dar resguardo a víctimas dicen que el asunto es más grave y que las instituciones de seguridad y justicia no tienen una panorámica correcta.

     

    Leonel Dubón, director de la ONG Casa Alianza y fundador del hogar Refugio de la Niñez –que se especializan en dar acogida a víctimas de violencia sexual y trata–, tiene registrados 120 casos de trata en el año y asegura que hay regiones del país –las Verapaces, en especial– en que se detectan casos de mujeres desaparecidas con mucha más frecuencia que las que las autoridades registran.

     

    Alexander Colop, el abogado que dirige la fiscalía de trata del Ministerio Público (MP), no se arriesga a dar datos. El sistema que hasta ahora se utiliza en el MP no diferencia las diversas modalidades de trata –adopción irregular, explotación sexual o laboral–. Colop evita hacer proyecciones del fenómeno, se rige por las denuncias e investigaciones que ingresan al MP. “Se escucha, se habla de historias, (pero) el no tener estudios puede generar información que no sea real”, dice el fiscal. En lo que va del 2012 –hasta agosto–, el MP ha registrado 446 denuncias por este delito, mientras que el Ministerio de Gobernación tenía contabilizados a julio de este año 80. Colop reconoce la deficiencia del control de estadísticas y asegura que el MP está implantando un nuevo sistema que permita llevar un registro certero.

     

    El MP, el Mingob y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentan informes dispares. En 2009 con la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, se instituyó la Secretaría contra la Violencia, Explotación Sexual y Trata de personas (Svet) –ente de la vicepresidencia-–.  Sin embargo, fue hasta agosto de este año –tres años después de su formación– con la visita de Najat Maalla M’jid, la relatora de Naciones Unidas ONU sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, que la Svet entregó un informe y firmó un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones para hacer monitoreos –tarea incumplida desde 2009–. Una de las conclusiones de la relatora fue la imposibilidad de tener un diagnóstico adecuado –en referencia a la trata infantil– “debido a los contrastantes que le resultan los datos de las distintas instituciones”. M’jid encontró que las instituciones gubernamentales no tienen definidos sus funciones en cuanto a la trata infantil y que eso impide una fiscalización de sus obligaciones. Su conclusión se puede extrapolar a la trata de adultos.

     

    La ley penaliza la “promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución”, es decir, prohíbe el proxenetismo a extremos tan rigurosos como el de Suecia. No obstante, hay una especie de acuerdo tácito entre instituciones –la policía y las municipalidades, por ejemplo–, en el que si no hay denuncias la explotación sexual sigue funcionando sin que haya demasiadas acciones que persigan de oficio el delito.

     

    Hay muchas instituciones estatales, secretarías, departamentos de los ministerios, involucrados en la prevención, en la protección y en la persecución, pero da la impresión de que funcionan de forma aislada unas de otras y que más bien se encargan de apagar fuegos, sin que se descubran las cabezas y las raíces.

     

    Hasta hace unos meses, a pesar de la ley, las trabajadoras sexuales estaban obligadas a portar una tarjeta de salud que las etiquetaba como tales y que garantizaba que no padecían de alguna enfermedad de transmisión sexual. Por un lado se daba alguna protección sanitaria a las mujeres, pero implicaba que el Ministerio de Salud indirectamente certificaba a las mujeres para tranquilidad de un cliente o un patrón que, si se cumpliera la ley, serían delincuentes.

     

    Un doble rasero en el que el Estado por un lado criminaliza, pero por otro deja estar. Y que, también, abandona en una calle oscura y desolada, en total vulnerabilidad, a las mujeres que por opción personal deciden prestar servicios sexuales.

     

    Las cifras no coinciden entre instituciones cuyas responsabilidades se entrecruzan con  funcionarios desinformados. Esfuerzos evidentes en otros espacios –la Fiscalía, el Ministerio de Gobernación– al final son acciones asiladas. Con tareas pendientes en todos los aspectos de los Derechos Humanos, a ciegas, con contradicciones, el Estado intenta proteger a las mujeres. Pero el esfuerzo no alcanza y las continuas zancadillas que el Estado se da a sí mismo y que le da el crimen organizado siguen ensañándose contra las más vulnerables.

     

     

    La vida no tan alegre

     

    Carolina está cansada. A Carolina le faltan dientes. Tiene la piel manchada y el pelo revuelto en un moño. Tiene los ojos color caramelo. Trae un bebé sujeto a la espalda. Estuvo haciendo cola en el centro de salud durante varias horas. Hoy encuentra refugio en esta casa iluminada con techos altos y paredes blancas.

     

    En un salón amplio, las trabajadoras sexuales aprenden a hacer artesanías y bisutería. Reciben cursos de salud sexual y hacen terapias psicológicas y de autoestima. Se escucha  en uno de los salones a la capacitadora: “Su cuerpo es su cuerpo”. Les plantean el trabajo sexual como una opción que deben tomar ellas y que han de ser conscientes de que nadie tiene derecho a explotarlas. Les hacen ver que tienen otras elecciones y que ellas deben decidir. Por la Organización de Mujeres en Superación (OMES) pasan decenas de mujeres, muchas de ellas mayores de cincuenta y sesenta años. Yanira Tobar, la directora de OMES, explica que de vez en cuando llega una anciana de 84 años que se sigue prostituyendo en La Terminal.

     

    Tobar es trabajadora sexual. La clave para ella es “la dignidad”, la decisión propia. Pero, ella misma lo reconoce: es complicado dilucidar cuándo es una decisión propia y cuándo son las circunstancias, la pobreza, los tratantes manipuladores, o el mismo sistema el que las obliga a ejercer el oficio. 

     

    Carolina acepta hablar y dar la cara para las fotos. Prefiere que se publique su nombre de rol. Su verdadero nombre es un juego de palabras hermoso, pero muy poca gente lo conoce: Ha pasado demasiado tiempo siendo Carolina.

     

    Ella nació en San Vicente, en El Salvador. A su padre nunca lo conoció, su madre murió cuando ella tenía nueve años. Se crió con sus abuelos hasta que ellos murieron y se fue a vivir con su tía. A los 14 años la tía la trajo a Guatemala. Le dijo que trabajaría como empleada doméstica en una casa.

     

    “Yo llegué allí y la noche que mi tía me llevó, la señora de la casa me puso a lavar una pila llena de trastes. Que lavara, me dijo, y después me fuera a un cuartito y que allí estaba la ropa que iba a usar. Le dije: ¿para dormir? Y ella me dijo: No, ¿tu tía no te comentó algo de lo que ibas a hacer aquí? Esto es un prostíbulo. Yo, gracias a Dios, estudié a tercero básico y entendía el significado de las palabras. Yo no he trabajado así. No lo has hecho, pero aquí lo vas a comenzar a hacer. Yo tengo miedo, no sé nada de eso. Vas a empezar y después ya vas a ver cómo de repente hasta te va a gustar. Me bañé y me dio una toalla. En el ropero está un par de zapatos que te vas a poner, me había dicho. Cuando abrí el ropero estaba un hombre allí, era un hombre ya grande, yo me asusté. Vine a sacar unos zapatos. No vas a encontrar zapatos, me dijo. Quitate la toalla yo voy a ser tu primer cliente. Pero si el consumismo está allá afuera. Vos aquí venís a putear, me dijo. Empecé a temblar. Ya estaba bajo efectos del licor, se le sentía el aliento. Si no lo querés por las buenas lo vas a tener por las malas. Acostate, me dijo, me acosté con miedo siempre. Nunca has tenido marido. No he tenido, le dije yo. Se sacó su pene erepto y se empezó a echar vaselina, empezó a manipularme, me agarraba duro de la espalda, me socaba con los dedos, no hagás más movimiento porque aquí nadie te va a defender. Por miedo a que me hiciera algo peor no hice nada. Sangré bastante, tenía 14 años, pasé con mucho dolor de cintura, me dolía la cabeza, tal vez era emocional, con fiebre, tengo síntomas como de gripe o algo, le decía yo a la señora, ya se te va a quitar, me decía, y me tiraba unas pastillas”.

     

    Carolina estuvo tres años encerrada en esa casa. La dueña la ataba de pies y manos y la golpeaba. Su única salida era, muy de vez en cuando, ir al mercado con alguna otra compañera. La llevaban vestida de chico. Había otras dos menores en la casa, pero “a ellas se las llevaron unos hombres, pagaron por ellas y se las llevaron saber para qué”. La mujer que sostiene ahora un bebé sano y tranquilo, también tuvo un bebé en el encierro. ¿Quién era el papá?: “Saber”, uno de los clientes.

     

    La dueña de la casa no le pagaba, se evadía diciendo que el trato era con su tía y que le debía dinero por su ropa, sus zapatos y el maquillaje que utilizaba para el trabajo. Carolina sospecha que la señora tenía pactos con la policía, les daba dinero y venían también los agentes a recibir servicios sexuales, incluso, dice Carolina, había una policía lesbiana que llegaba allí.

     

    A los 17 años ella tomó a su hijo y convenció al encargado de seguridad de aquella casa en la zona 6 para que la dejara salir. Le dijo que iba a comprar tortillas. Se lanzó temerosa a una ciudad que desconocía. Carolina siguió trabajando en la calle, de “ambulante”.

     

    —Lo seguí haciendo en la calle, en la calle es diferente el trato, pero al final es igual porque uno sigue de víctima de los clientes, de las amistades, de los vecinos que dicen cosas de la gente de la vida alegre. Abusan sexualmente de uno y no pagan, lo golpeaban a uno. Yo siento que esta vida no tiene nada de alegre.

     

    Carolina continúa con una rocambolesca biografía que incluye el trabajo en otro local donde las que la maltrataban eran las compañeras de trabajo. Sigue la convivencia con un hombre, con quien tuvo siete hijos, que fue alcohólico y la golpeaba. “Me dio una vida digna”, dice ella. El primer hijo, el que nació de un padre desconocido mientras ella estaba encerrada, fue asesinado en Mazatenango hace unos años. Había sido pandillero, se había retirado de la pandilla, pero lo encontraron y lo mataron. “Dicen que fue una equivocación, pero yo estoy segura que era a él a quien iban a buscar”.

     

    Otra pequeña murió a los cinco meses. Abandonó a su marido por los malos tratos y volvió a las calles, en donde se volvió adicta al alcohol y a las drogas, se enamoró de un hombre que vivía en la calle y allí tuvo otro hijo con él, el bebé que ahora sostiene en brazos. Ahora se refugia con Yanira Tobar, huyendo de más maltratos. Una tragedia que se definió el día que fue llevada a aquella casa, esclavizada en zona 6, una de las áreas en las que 20 años después siguen escondidas casas clandestinas y donde también se encuentran una serie de night clubs, con los papeles en regla, en los que las autoridades han hallado a decenas de mujeres centroamericanas encerradas.

     

    La historia de Carolina, cuando fue vendida y fue violada por un tipo que se escondía en un armario, sucedió hace 27 años. Cuando no había legislación, cuando no se hablaba del tema, cuando no había un relator de Naciones Unidas. Cuando se cometía un delito, pero nadie lo veía, o no se consideraba delito. Carolina, de hecho, pensaba que estaba pagando una deuda de su tía, no se sabía víctima. “Hasta ahora lo estoy pensando”, dice.

     

    Rodolfo Kepfer es psiquiatra y ha dedicado su carrera a investigar el tema de la violencia. Kepfer ve con recelo la “nueva moda” de la trata y la explotación sexual. “Desde siempre ha existido”, asegura, lamentando que nunca se hayan combatido las raíces del problema –de la explotación y la violencia–. Recuerda que en los 70 en los prostíbulos trabajaban muchas mujeres salvadoreñas –las rocoleras, le llamaban algunos– y en los levantes –en la calle– se podía observar a cantidad de mujeres indígenas recién llegadas del área rural. En las cantinas las propietarias ofrecían a las recién llegadas con toda tranquilidad.

     

    Kepfer habla de los setentas, lo de Carolina fue en el 85. Trata, explotación y trasiego de personas, al menos en territorio centroamericano por décadas. ¿Cuántos casos, cuántas mujeres pueden haber sido explotadas? ¿Cuántas mujeres como Carolina quedaron marcadas, continúan en encierro o en las calles después de haber sido desechadas? ¿Cuántas redes se han ido tejiendo, fortaleciendo, perfeccionando?

     

     

    La historia común, repetida

     

    Alexander Colop, reconocido por varias fuentes como un acucioso y honesto fiscal, no teoriza, no hace elucubraciones de género o de la doctrina legal. El hombre que ha dirigido la fiscalía y que ha desarticulado varias redes y llevado a juicio a tratantes, prefiere poner ejemplos. Uno de los casos que ilustran a la perfección es “el de la nicaragüense”.

     

    Dinora es de León, Nicaragua, madre soltera, víctima de violencia intrafamiliar y de violación por parte de su padrastro. No había salido de sexto primaria. Tiene un empleo que no le alcanza para vivir, cuando llega una persona que vive cerca de ella y con quien “tuvo algún tipo de relación no sé si fue sentimental, pero una relación bastante fuerte”, dice Colop. El hombre le dice que le conseguirá un trabajo como mesera o limpiando casas.

     

    Dinora viaja a la Ciudad de Guatemala y es llevada a el Cow Boys III, en zona 6, la misma zona donde se ubicaba veinte años atrás la casa donde Carolina estuvo encerrada. El Cow Boys se sitúa en la Calle Martí, vía muy transitada por donde circula todo el transporte que viene del Atlántico al centro de la ciudad. El Cow Boys III funciona dando la cara al público como un “club nocturno”, con los papeles en regla –para que funcione como expendio de bebidas alcohólicas–. Es en este sitio donde le quitan la identificación a Dinora y la obligan a prostituirse. La fiscalía en Guatemala llevaba un tiempo investigando el local, pues había recibido denuncias desde Nicaragua. Se hace un allanamiento, pero Dinora calla y no declara, dice que está por su voluntad. Las otras muchachas hacen lo mismo, callan. La captadora –la figura de la persona que hace contrataciones o cuida a las mujeres– se hace pasar por una de las trabajadoras sexuales. Llega migración y al no haber denuncia no las consideran víctimas y las expulsan del país. Víctimas y tratantes en un mismo viaje.

     

    Pasan la frontera y allí las espera un taxi. Víctimas y tratantes regresan juntas a Guatemala. Entonces las llevan a una casa en zona 5, las mantienen encerradas y nuevamente las explotan. Después de unos meses Dinora logra escapar, se acerca a la policía y les pide que la regresen a su país de origen, la trasladan a Migración y allí dicen que ella debe pagar una multa porque se excedió en el tiempo de su residencia en Guatemala –a pesar de que los cuatro países que forman el CA4 permite a los centroamericanos circular libremente por Guatemala y permanecer en el país por seis meses; y la Constitución reza que pueden recibir la nacionalidad con sólo pedirla–.

     

    Ella se comunica con un cliente y éste le da dinero para el taxi y le recomienda ir a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Allí se encuentra con Sandra Gularte, jefa de la Unidad para la Prevención de Trata, quien detecta que Dinora es una víctima –pasó por la policía y migración sin que nadie hubiera dicho nada–. Sandra Gularte la recuerda como “una chica morena, sin pelo, llevaba como una gorra, nunca le pregunté por qué no tenía pelo, pero en esto no hay que preguntar más de lo que se tiene que saber”. Entonces Gularte traslada el caso al Ministerio Público, donde inician las pesquisas. Hacen el enlace entre la casa clandestina y el Cow Boys III que funcionaba abiertamente.

     

    La nicaragüense dejó como prueba anticipada una declaración, se hicieron estudios periciales psicológicos y fue retornada a Nicaragua, en donde se protege su identidad. Colop construyó un caso que parecía sólido, con declaraciones de otra víctima, con documentos encontrados en el primer local en donde había estado Dinora, con pruebas que entregaron las autoridades en Nicaragua. Pero en un primer debate los acusados fueron absueltos, pues dijeron que ella había venido voluntariamente a Guatemala. Generó suspicacia que alguien declarara que Dinora era conviviente del hombre que la trajo al país.

     

    Se cuestionó que en la casa de zona 5 no hubiera indicios de explotación sexual. Y no se dio valor probatorio a la declaración de Dinora. El debate se reinició y se puso en duda la acusación de la fiscalía por el informe de la psicóloga del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el que la especialista explicaba que la de Dinora era una declaración “plana” en la que no había una carga emocional o muestras de trauma en la víctima –esto lo decía el reporte, aunque en su declaración oral la psicóloga ampliara que es posible que el shock de la víctima le haga reaccionar con estoicismo–.

     

    Ahora, el fiscal prepara otro debate en el que expondrá “la esencia doctrinaria de la ley”. Sagastume y Colop están seguros de que ella es una víctima. Probarlo es lo complicado.  Así como la víctima debe convencerse de que es víctima, los fiscales deben buscar hasta el detalle mínimo para probarlo, los jueces se enfrentan a casos en los que la ambigüedad es una de las principales armas de los delincuentes y, a veces, no saben reconocerlo. Y cuando el crimen organizado trasciende fronteras es aún más complicado de asir.

     

    *     *     *

     

    Guatemala es país de tránsito, de estadía y de migración de personas: Circulan mujeres, unas se quedan y otras se van. ¿Cuántos de esos migrantes internos, cuántas de las migrantes centroamericanas rumbo al norte, resultan siendo víctimas?

     

    La tierra de Guatemala, Centroamérica en general, está fusionada con pólvora. Cerillos de diferentes formas –guerras civiles, catástrofes naturales, violencia en las calles, más violencia en las casas– que encienden explosiones y empujan a sus habitantes a huir. En la huida pocos dejan aviso de su lugar de destino, las huellas son borradas por el que viene corriendo detrás.

     

    La guerra interna de 36 años, el terremoto de 1976, la violencia provocada por un monstruo de decenas de cabezas, un Estado pequeño y macrocefálico que se olvida del interior del país y una capital que atrae como imán a los campesinos de las áreas rurales, genera movilizaciones dentro del país y hacia afuera. Guatemala es un puente minado por el que pasan muchos y en el que puede pasar todo.

     

    Como México. El Instituto Nacional de Migración de México, estimaba en 2010, 140.000 eventos de tránsito irregular por México. Estos eventos podían ser el mismo migrante intentándolo varias veces. La mayoría de esos migrantes son centroamericanos que tuvieron que cruzar o salieron de Guatemala. Uno de cada diez guatemaltecos vive en Estados Unidos, uno de cada cinco hondureños, uno de cada tres salvadoreños.

     

    Claudia López, de la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig), explica que “en realidad nadie puede saberlo (cuántas personas salen de Guatemala anualmente) porque justamente lo que hacen las personas que migran indocumentadamente es buscar la forma de salir sin ser vistas –por ende, contabilizadas–. Además, entre quienes salen del territorio no se puede distinguir a ciencia cierta cuáles son sus destinos, si van a México temporalmente (trabajadores temporales) si van a Estados Unidos y cuántos logran llegar”. No hay datos de cuántos centroamericanos permanecen en Guatemala o en México sin documentos. Tampoco hay información sobre cuántos podrían ser víctimas de trata o explotación.

     

    En el caso de la migración interna tampoco hay demasiados registros, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (Idíes), de la Universidad Rafael Landívar, el 57 por ciento de la migración interna de Guatemala es de mujeres, en la mayoría de casos hacia la capital o las zonas urbanas. Muchas mujeres llegan para trabajar en servicios domésticos. Una cuestión de la que apenas se habla, pero que hay certezas de que existen altos niveles de explotación laboral. Mujeres que trabajan en las casas a cambio de comida, se les prohíbe salir y que incluso son víctimas de violencia física y sexual.

     

    Hay otro dato que impediría hacer proyecciones, si se intentara calcular el número de víctimas de trata en base a los informes de desapariciones: en algunos casos es la propia familia, su papá, su tío, quienes venden a estas mujeres a alguien más. Permanecen en su propio hogar o en el de alguien cercano siendo explotadas laboral o sexualmente.

     

    El drama de Dinora se montó en la frontera sur. Pero la frontera norte no se salva de ser escenario de historias similares, peores quizás, porque la ruta hacia al norte va adquiriendo niveles de dificultad conforme pasan los kilómetros.

     

     

    El río revuelto

     

    El río Suchiate es un duty free líquido. No huele a perfume, huele a mierda. La mercancía, los migrantes, los trabajadores temporales se trasladan sobre dos neumáticos de tractor sujetos por una estructura de tablones de madera, conducido por un balsero que empuja el artilugio con una pértiga.

     

    El Suchiate es barrera y es paso, es el camino y es el tropiezo. El río es la línea fronteriza entre México y Guatemala. En invierno muere gente. Dicen los de las balsas que les ha tocado recorrer 20 kilómetros río abajo para buscar los cadáveres en el mar, que “a veces aparecen, a veces no”.

     

    En algún momento los vecinos se alarmaron porque del lado mexicano se empezó a construir un muro. Es un dique, dicen ahora, siempre que sube el río en invierno, Ciudad Hidalgo, el pueblo de la ribera mexicana se inunda. Eso pasó cuando la tormenta Stan, en 2005, arrasó en Centroamérica y llegó hasta las vías del tren que se detenían en Ciudad Hidalgo. El tren ya no llega al poblado, cambiaron las rutas.

     

    Jabones, papel higiénico, doble-litros de soda, tuberías, galletas y dulces mexicanos; ropa de segunda mano, frutas y verduras, de Guatemala, cruzan en las balsas a menos de un kilómetro de donde está el puente, el puesto migratorio y donde se cobraría impuestos por los productos. Del lado guatemalteco hay un picop de la policía, del lado mexicano también. Como hormigas los hombres hacen cola para ayudar a descargar los productos. Ni en el borde guatemalteco, ni en el borde mexicano hay algún tipo de control de los que cruzan.

     

    A veces, cuando se llega al Suchiate ya no es posible seguir, se acaba el dinero. Dicen que muchas mujeres se quedan en uno de los extremos de la frontera. El Suchiate se convierte en el limbo donde los migrantes permanecen a la espera de un trabajo, a la espera de un golpe de suerte, a la espera de un tipo que pague algo a cambio de sexo.

     

    —Pasa mucho. Las mujeres vienen y se quedan sin dinero, entonces buscan trabajo en estos lugares. De allí, ya como que le agarran el gusto y se van quedando –dice el hombre sudoroso que pedalea un tricitaxi por las calles de tierra de Tecún Umán, el poblado guatemalteco–.

     

    El tricitaxista hace un gesto con la cabeza señalando las cervecerías con paredes de madera, pintadas con publicidad de cerveza. Es mediodía y ellas ya están allí. A la espera.

     

    Al otro lado del río, en el extremo mexicano, a mediodía, las cantinas tienen prohibido abrir. Ellas sólo pueden trabajar cuando cae el sol –es por las escuelas dirá alguien, validando la hipocresía–. Sólo están abiertas las cervecerías –en donde, en teoría no se negocia con sexo– y deben cerrar a las 8 de la noche, cuando las otras empiezan a abrir. “No se aceptan drogados ni hombres uniformados ni armados”, se lee en las fachadas. (Ellas prefieren trabajar en México. “En Guatemala todos van armados”, dirán después). En Ciudad Hidalgo los prostíbulos y las cervecerías están junto a la línea de tren abandonada.

     

    En el bar de Charlie hay tres mujeres. Una alta, fuerte y morena, hondureña. Una de mediana estatura, coqueta y avispada, mexicana; y otra bajita y silenciosa, guatemalteca. Allí están las tres chicas de Charlie. Mariana, la hondureña es la administradora; ellas sólo ficherean. No se ocupan. Si ella quisiera, dice Mariana señalando a la guatemalteca, podría hacer buen dinero ocupándose, especialmente porque los clientes siempre buscan a la nueva y “ésta está regular”, dice refiriéndose a la apariencia y juventud de la chica que cruza todos los días el Suchiate para ganar comisiones en el otro borde del río.

     

    Ya lo ha comentado Yanira Tobar en Ciudad de Guatemala: Las trabajadoras sexuales van perdiendo su valor conforme pasan los años, a los 30 o 35 son ya viejas y no sirven. “Somos como los zapatos”, dijo Tobar, “nos vamos gastando”.

     

    Mariana, la hondureña, dobla servilletas con el ruido del ventilador de fondo. Le interesa distinguir que el local que ella administra –el propietario es también el dueño de una abarrotería en la esquina– no es como los que están calle arriba, vía arriba. En esos lugares hay habitaciones escondidas a la vuelta de la calle o en los traspatios y sí, asegura “tienen muchas centroamericanas menores de edad”.

     

    Dicen que allí, en Tecún Umán, en la frontera, pasa algo. Pero, así a simple vista todo parece tranquilo. En la estación de la Policía Nacional Civil hay una pizarra con los eventos positivos y negativos del año (positivos, las capturas; negativos, los delitos o crímenes). En las ordenadas columnas predominan los accidentes viales y las riñas, y tres o cuatro asesinatos en el año. En la pizarra no se contempla el delito de trata o de explotación sexual. La agente policial, sentada frente a una computadora no sabe contestar el por qué. Sí, hacen recorridos por el pueblo, sí los fines de semana hacen rondas por la calle de las cantinas, pero básicamente para supervisar que no haya peleas entre los parroquianos.

     

    *     *     *

     

    La Casa del Migrante en Tecún Umán es una edificación sólida, ordenada, pintada de azul, con árboles y un mural que narra la travesía del migrante: un árbol con las raíces arrancadas.

     

    El sacerdote brasileño Ademar Barilli es el director. Barilli es crítico con la prensa, con los académicos que después de un par de días de encuestas hacen un libro exponiendo el fenómeno de la migración. Crítico, ante todo, con los políticos y los gobiernos que dan la espalda descaradamente a la situación de los migrantes, a lo que sucede en el país para que ellos se vean obligados a huir. Desconfía de la foritis y reunionitis del Gobierno y de las organizaciones que gastan millonarios recursos y tiempo en discutir las problemáticas que él intenta aplacar desde la casona que fundó hace quince años en Tecún Umán.

     

    —De cierta forma siempre ha habido trata. Ahora la situación es más dramática con el crimen organizado, los grupos, no pongo a los Zetas, no son parte todos de los Zetas. Ahora es la moda de los Zetas y los Alfa y los mareros. Siempre hubo delincuencia común, de que tengan mayor organización, puede ser, han ganado experiencia. Yo también he ganado experiencia, es lógico, como cualquier profesión. Pero todo esto se ha posibilitado porque se ha criminalizado la migración. Si México da una visa, todos van en avión y se termina la violencia. No necesitarían de coyotes, de traficantes. Las mismas políticas de Estados Unidos han creado y fomentado y enriquecido el tráfico de personas, no dejan de ser culpables de toda la violencia que se genera.

     

    Barilli afirma que casi todas las centroamericanas cuando llegan a Nuevo Laredo han tenido que “hacer trabajos”, porque se han quedado sin dinero.

     

    —Al decir trabajo ya sabe usted qué significa. Bailes, prostituirse, atender a todos, porque no es sólo a narcos, es a todo el mundo que busca esos lugares, [y las mujeres] necesitan dinero. Son víctimas, pero el mismo sistema que criminaliza al migrante les impide denunciar. La mayoría de ellas tienen hijos y van para sostener a sus familias. Pero mientras no se combata de otra forma…

     

    La clave para Barilli es la prevención. “Sabemos que todo migrante es posible víctima de trata y que las mujeres son más vulnerables por su condición de mujer. El asunto es evitar que caigan. ¿Por qué tenemos que esperar que los maten para ayudarlos? ¡Hasta que uno no tiene el problema adentro no se preocupa!”.

     

    Barilli habla desde la frontera, desde su encuentro con el drama de los migrantes. Desde la casona azul ve pasar a seres humanos que quizás, a pesar de las charlas de prevención, lleguen a caer en una red.

     

    Y es que no hay mejor símil para esas organizaciones que el de red, ese tejido que cruza fronteras, ríos, que lleva a sus víctimas en avión, en camioneta o picop. Que atrae a las mujeres pobres de los pueblos de las Verapaces a una cantina destartalada en la capital, o a las que buscan llegar al norte, o a las colombianas o rusas a quienes les ofrecen trabajo de modelo en un país de Centroamérica. Redes que funcionan a través de la red de internet –con pornografía y promocionando lugares de explotación–.

     

    Es complicado detectar a las víctimas, están en las sombras. Pero es más complicado definir a los victimarios: Son la sombra.

     

     

    Las manos que tejen las redes

     

    El territorio de la trata y la explotación es amplio y líquido. La penumbra entre la legalidad y la ilegalidad hace a las redes más inasibles. Desde las pequeñas cantinas que funcionan bajo la inocente fachada de un expendio de licor –cuyo señuelo es a través de captadores locales o de las mismas víctimas que sin saberlo se convierten en tratantes al recomendar a una vecina del pueblo su lugar de trabajo–. Hasta los night clubs con mujeres extranjeras que en la mayoría de los casos llegan con la promesa de un contrato como modelos y edecanes y se ven obligadas a estar allí por deudas pendientes –el boleto de avión, las cirugías plásticas, el hospedaje, las amenazas–. Hasta los lugares más subterráneos: Las casas clandestinas que prohíben la salida de las víctimas. Hay diversidad de nichos de mercado y éstos son aprovechados por diversidad de organizaciones. 

     

    Sandra Gularte, de la PDH, define tres tipos de tratantes: Una es la del tratante único que es una persona muy conocida o el papá, o algún pariente, que trata a su hija, la vende o la tienen en su propia casa, la explotan laboral o sexualmente. Sin relación con el crimen organizado, pero con similares consecuencias para la víctima.

     

    Las redes pequeñas, de tres o cuatro personas que compran o coaccionan a las mujeres –incluso fingen relaciones amorosas para convencerlas–. Las engañan con el ofrecimiento de trabajo de empleadas domésticas o meseras y las venden en los bares. Estas redes “medianas”, como las define Gularte, suministran mujeres a negocios con un “mercado para clases media y baja”, con víctimas guatemaltecas, llevadas de una región pobre a una menos pobre. Como las mujeres q’eqchíes de la cantina sin nombre.

     

    Mientras que las grandes redes, según la clasificación que hace la representante de la Procuraduría, se coordinan con redes de otros países y de forma más especializada y con mayores niveles de influencia –tanto dentro del crimen organizado, como en los aparatos del Estado–. “Mafiosos, políticos, militares, empresarios, industriales, líderes religiosos, banqueros, policías, jueces, sicarios y hombres comunes conforman una enorme cadena en el mapa internacional del crimen organizado que ha existido durante siglos”, afirma la periodista Lydia Cacho en la investigación Esclavas del poder. Para que funcione la maquinaria, los engranajes tienen que estar aceitados. Y uno de los principales aceites, sin duda, resulta ser el de los funcionarios que ignoran el problema y, peor aún, forman parte de éste.

     

    Gularte de la PDH asegura: “A los que se agarra, normalmente, son a los tratantes únicos y a los tratantes de las redes pequeñas, pero no llega la justicia a todos los tratantes de las redes grandes. A ellos no se les toca, se supone que hay funcionarios de Gobierno relacionados con las redes”. Una fuente que pertenece a una organización civil pro justicia afirma: “Se conoce con nombre y apellidos quiénes están detrás”. Pero no se atreve a dar nombres, aunque asegura conocerlos.

     

    Al cuestionar a Alexander Colop, de la Fiscalía, sobre la posibilidad de la participación de funcionarios en el negocio, dice no tener ningún caso. Sólo recuerda un proceso en que se rumoraba que el propietario de un prostíbulo había sido comisario de policía, pero no se comprobó. Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom (2010-2012), afirma que es muy complicado llegar a los verdaderos propietarios de las redes, pues el sistema protege por medio de sociedades anónimas y testaferros.

     

    Para tener una versión oficial de los actuales encargados de la seguridad y prevención del Gobierno, se solicitó una entrevista con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pero ésta no fue concedida.

     

    Lo que deducen quienes trabajan en contra de la trata es que los niveles de impunidad con que han funcionado los negocios, los controles migratorios laxos, los allanamientos en locales en donde sólo se alcanza a los cuidadores y no a los propietarios, podrían tener varias explicaciones: La capacidad –técnica, profesional y financiera– del sistema de prevención y justicia no se da abasto. Las autoridades no reconocen las dimensiones del delito. O, peor aún, las redes están blindadas por poderes económicos y políticos que superan sus esfuerzos. Pero, además de las autoridades, hay un constante señalado como principal responsable de los grandes negocios de la trata y la explotación sexual: El narcotráfico.

     

     

    Las grandes sombras dela trata

     

    Hay que marcar con rojo en el calendario de 2011 la hoja de julio. Dos hechos aislados entre sí, pero que revelarían a las autoridades el funcionamiento de dos estructuras del crimen organizado: El sábado 11, el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral, y el domingo 12, fue allanada una finca de Ixcán, Quiché, en el noroeste de Guatemala fronterizo con México, donde se organizaba una concurrida fiesta de supuestos narcotraficantes.

     

    Cabral fue asesinado cuando iba al aeropuerto con el organizador de sus conciertos en Guatemala, Henry Fariñas. En un principio se sospechó que había sido un ataque directo al cantautor –Fariñas resultó herido–, pero las investigaciones que se realizaron con una celeridad poco normal en Guatemala revelaron que el ataque fue en realidad contra el que en ese momento se consideraba un empresario organizador de eventos. Pero Fariñas no sólo organizaba conciertos, sino que utilizaba el Club Elite, denominado club nocturno –pero conocido como un exclusivo centro de prostitución– para lavar dinero producto del narcotráfico. La trágica casualidad permitió a las autoridades descubrir una red internacional en que relacionaba a los propietarios de una franquicia de negocios de “diversión para adultos” con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

     

    En un inicio se relacionó a Fariñas con el cartel de Sinaloa. Lydia Cacho escribió, el 14 de julio de 2011, en el medio SinEmbargo: “Si la DEA decide participar directamente con la CICIG, la muerte del cantante habría servido para evidenciar una de las redes de esclavitud de mujeres más poderosas de la región, cuyas ganancias multimillonarias terminan en bancos mexicanos y norteamericanos”.

     

    El caso Fariñas, víctima convertida en victimario, se trasladó a Nicaragua en donde fue juzgado por narcotráfico, lavado de dinero, falsificación de identidad y relación con el crimen internacional. A pesar de la afirmación de la periodista mexicana, hasta ahora la fiscalía lo relaciona con un cartel denominado Los Charros y no se menciona alguna relación con el cartel de Sinaloa.

     

    David Martínez Amador, politólogo y columnista experto en crimen organizado, ve con suspicacia el hecho de que no se haya encontrado hasta el momento la relación de la red de Fariñas y los clubes Elite con la hipótesis que lo ligaba al cartel de Sinaloa. “Hay una tentación, un error de los medios, de que toda patología social se culpe a los narcos”, dice Martínez. Aunque reconoce que “todos los intentos del narcotráfico apuntan a legitimar capitales. Y por el volumen de dinero que produce el narco, de grupos tradicionales, para lavar capitales no van a ponen una casa de putas, ponen una franquicia de clubs”.

     

    El investigador asegura que solo los grandes carteles tienen la posibilidad de marcar precios y tarifas, son ellos los que organizan un macro negocio. Es probable que Los Charros sea un grupo organizado para distribución local, pero cuyo poderío no alcanzaría a ser clasificado como cartel. Quizás Los Charros, con quienes se relacionaba Fariñas, esté dedicado a Centroamérica y al lavado de dinero, relacionado sí con algún cartel. Según la fiscalía nicaragüense los negocios de Fariñas han lavado tres millones de dólares desde 2005. Mientras tanto, Alejandro Jiménez alias el Palidejo, acusado como autor intelectual del asesinato de Cabral y del atentado contra Fariñas, es llevado a juicio en Guatemala por asesinato y asesinato en grado de tentativa. A Jiménez no se le acusa de ninguno de los cargos que maneja la fiscalía nicaragüense y costarricense para él: Narcotráfico y lavado.

     

    El asesinato de Cabral reveló información sobre el trasiego centroamericano y el sistema de lavado a través de negocios lícitos. Pero al mismo tiempo deja una gran pregunta abierta: ¿Por qué no se juzga a ninguno de los dos, Fariñas y Jiménez, por trata o explotación sexual?

     

    *     *     *

     

    Aquella fiesta del siguiente día al asesinato de Cabral en julio de 2011, con carreras de caballos, licor, muchachas y música, no terminó como los organizadores lo esperaban. El MP y el Mingob venían pisando los talones de los movimientos inusuales en el pequeño poblado. La fiesta apenas empezaba. Una filtración dio aviso a los asistentes, que huyeron como pudieron –en vehículos y a pie, montaña adentro– dejando tras de sí en la finca que resultó siendo, según la fiscalía, propiedad de la municipalidad de Chinique, las evidencias: Un vídeo casero, armas y dinero en efectivo que permitirían posteriormente una serie de capturas y allanamientos que brindaron valiosa información a las autoridades sobre la organización de los Zetas.

     

    Es posible que la juerga que sólo prometía una gran resaca haya dejado heridas que aún no se dimensionan en la estructura de los Zetas en Guatemala. Una fuente cercana a la organización asegura que los invitados mexicanos corrieron por su libertad e impidieron que los guatemaltecos pudieran salvarse de las autoridades. El informante asegura que, en determinado momento, los que huían debían cruzar un río, por medio de un funicular artesanal, que los llevaría en la ruta para cruzar del lado mexicano. Pero la facción mexicana, armas en mano, impidió que los guatemaltecos subieran a la cesta que los alejara de los agentes guatemaltecos. Ese día y en los siguientes apresaron a 21 personas, entre ellas cuatro mujeres mexicanas.

     

    Carlos Menocal era el ministro de Gobernación en aquel convulso julio de 2011. El caso Cabral fue un evento inesperado, pero en el otro caso llevaba tiempo, junto al Ministerio Público, siguiendo los preparativos de la fiesta. Después de las capturas y los allanamientos, el ex ministro está convencido de la relación entre el narcotráfico y las redes de trata de personas.

     

    “El capo, además de trasegar droga, trasiega jovencitas, para prostituirlas e introducirlas en redes clandestinas de prostitución”, asegura Menocal. La narcofiesta de la finca de Ixcán es el ejemplo más claro: “Las jovencitas [mexicanas] confiesan ante la autoridad de investigación que fueron victimas de reclutamiento forzado; casi todas eran de Tamaulipas, vinieron en traslados clandestinos y en muchos casos en colaboración con la policía, incluso las trasladaron en patrullas”, afirma Menocal.

     

    El exministro explica que las muchachas, que fueron liberadas y repatriadas a México, no colaboraron en la identificación de posibles miembros de la organización, pero si “contribuyeron a marcar claramente que el tema de trata es un tema que no sólo va de sur a norte, sino que el propio narco trae muchachas de México a Guatemala”. De las ocho plazas que el exministro asegura fueron desarticuladas en Guatemala se evidenció casos de trata en Cobán, Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché: “Hay evidencia documentada del pago de planillas a las jóvenes”, afirma.

     

    Pero incluso en estos hechos, con evidencias, hay contradicciones en cómo podrían funcionar las redes.

     

    —Yo estaba encargada de contratar a las prepago –dice Mariela, es el nombre ficticio para esta mujer que trabajó para un ala administrativa de los Zetas–. Las prepago son las trabajadoras sexuales que acuerdan por adelantado el lugar de reunión y el precio para ofrecer sus servicios.

     

    Mariela explica que uno de sus encargos era hacer el contacto con agencias para contratar a mujeres, en especial colombianas, que eran llevadas para las fiestas privadas que se organizaban. Ella no menciona que hubiese algún tipo de negocio directamente relacionado con la trata o la explotación dentro de “la empresa”, como llama esta mujer a la organización.

     

    Es posible que la estructura jerárquica de Los Zetas –con un ala administrativa–, que según Mariela y otras fuentes estuvo bajo el mando de William de Jesús Torres Solórzano, alias Comandante W y que fue detenido en México en julio de este año, y el ala operativa, la más violenta organizada para ganar territorios, supuestamente bajo el mando de Z200 –cuya identidad no ha quedado plenamente establecida– promueva la diversificación de determinados negocios sin que otras ramas de la comandancia estén informadas.

     

    Menocal advierte que son varias las ramificaciones dentro de la organización de los Zetas, en diversos niveles de dirección: Unos se relacionan con el trasiego de armas, el de drogas y otras ramas el de trata. Es posible que un ala administrativa contrate esporádicamente a muchachas prepago y no se haga servir de las propias redes de la organización. Es decir, es propietario, pero usuario de negocios alternos de redes especializadas.

     

    Hay redes especializadas y muy profesionales dedicadas únicamente a la trata, explica Martínez Amador. De hecho, el investigador duda que las redes de trata guatemaltecas estén directamente relacionadas con los grupos de narcotraficantes tradicionales (familias como los Mendoza, o los Lorenzana). Considera que en determinado momento pueden relacionarse por cuestión de negocios, pero no necesariamente son parte del de la trata.

     

    Hay dos casos que ilustran cómo funcionan las redes especializadas. La que creó una aceitada estructura que traía con engaños a mujeres de Colombia y las mantenía en Guatemala por la fuerza y con amenazas de que si huían asesinarían a sus familias en su país. Un trabajo de espionaje entre los dos países, y un trozo de papel que una de las mujeres logró tirar a la vecindad pidiendo ayuda, permitió rescatar a las víctimas y detener a tratantes guatemaltecos y colombianos. Y la red jordana, que como explica Menocal no sólo llevaban mujeres guatemaltecas a Jordania –con falsas promesas de trabajo doméstico, para luego prostituirlas en condiciones infrahumanas-, sino también hacían trabajo de trata en Guatemala. La red jordana reveló cómo una misma organización puede trabajar con diferentes modalidades y en diversos territorios. Mientras llevaban mujeres a Jordania, también explotaba a mujeres en exclusivos burdeles de la zona 9 y 10, y regentaban algunos decadentes negocios de la calle Martí y del Cementerio General.

     

    Otra forma de trabajar entre las redes y que posibilita mayor agilidad para evadir la ley, es el de redes dedicadas exclusivamente a la captación de víctimas y luego distribuirlas en diversos negocios. Seguir las pistas resulta más complejo.

     

    Y es así como se rebelan poco a poco las víctimas –porque logran escapar, porque encuentran un espacio de apoyo, porque algunas investigaciones prosperan, porque algún allanamiento tiene éxito o por algún golpe de suerte–. Apenas se esbozan y definen quiénes podrían ser los dueños de las redes, apenas se empiezan a dar breves linternazos del contubernio entre otras redes del crimen organizado y la posibilidad de que haya funcionarios, empresarios legales y narcotráfico implicados. Pero queda otro personaje pendiente de retratar: Aquellos que, conscientes o no, resultan siendo los verdugos de la historia: Los clientes.

     

    *     *     *

     

    Y así, termina todo siendo un acto de trapecistas en un sórdido circo.

     

    El público: Ebrio, macho, aplaude histérico viendo el show. Con los ojos vidriosos y los bolsillos llenos de monedas, de fichas, de tarjetas de crédito. Expectantes.

     

    Las redes: Grandes, medianas, pequeñas, violentas o manipuladoras. Tensas, bien hiladas. A la espera.

     

    Las trapecistas: Se sujetan con las manos sudorosas a una barra endeble. Se balancean, cada una con una historia diferente, pero con capítulos en sus biografías que parecen calcados unos de otros. Con los leotardos de las posibilidades remendados. El invisible y letal revólver de la necesidad, de los hijos por mantener, de los padres ausentes, de la violencia intrafamiliar, de la falta de educación las apunta.

     

    Ellas saltan. Y caen.

     

     

     

     

    Este reportaje (la segunda parte la publicaremos el viernes, 28 de diciembre) forma parte del proyecto coordinado por Insight Crime, A la sombra del crimen en las Américas, en la que participaron cuatro medios digitales latinoamericanos: Animal Político (México), El Faro (El Salvador), Verdad Abierta (Colombia) y Plaza Pública (Guatemala).

     

     

     

    Alejandra Gutiérrez Valdizán es periodista, editora de Plaza Pública. @alegutierrezv

     

     

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