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    Las máscaras de un golpe de Estado. El caso de los cuatro jueces represaliados en Honduras

    Luis Carlos Nieto - 05-03-2015

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     Digo mar, y olvido, un instante,

                        los agujeros de aquellas máscaras envejecidas por el odio

     Roberto Sosa (poeta hondureño), Máscara suelta

     

     

     

    Crónica de una audiencia

     

    Hechos. La noche del 28 de junio de 2009 en Tegucigalpa un grupo de militares encapuchados asaltó el domicilio del presidente de la República Manuel Zelaya, le secuestró y le expatrió a Costa Rica por la fuerza. Al tiempo se allanaba la casa de la canciller Patricia Rodas, que fue detenida y expulsada a México en un avión privado al que fue conducida por efectivos del ejército. Unidades militares ocuparon distintos medios de comunicación y empezaron a patrullar las calles de la ciudad después de cortar la energía eléctrica.

     

    Es la secuencia inicial de un golpe de Estado y el comienzo de una larga persecución masiva de personas y líderes de sectores sociales que se pusieron en resistencia. La represión que siguió al pronunciamiento fue la continuación de la que ya se desató en los años ochenta bajo la cobertura ideológica de la “doctrina Reagan de la seguridad nacional” y que dejó conmocionada por su violencia y sus prácticas de exterminio la región centroamericana. 

     

    Hasta aquí, los hechos se parecen a los de un golpe de los que pudiéramos llamar clásico. Pero por el tiempo en el que ocurre, comienzos del siglo XXI, presenta una serie de peculiaridades que permiten explicar la importancia que tuvo para los sectores golpistas la expulsión en el mes de mayo de 2010 de cuatro jueces significados de la Asociación Jueces por la Democracia. Estos despidos hay que enmarcarlos en la atmósfera de miedo, violencia y represión que se desencadenó tras el golpe militar de junio de 2009. La inseguridad y la conmoción se podía palpar en las ciudades, pero fueron especialmente intensas entre la población campesina. La crítica contra las autoridades golpistas quedó minimizada no solo por el control y militarización de los medios de comunicación opositores sino por el constante asesinato de periodistas. Hasta 25 periodistas asesinados se incluyen en el informe de la Comisión de Verdad de Honduras, organismo auspiciado por la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, que emitió su informe final en abril de 2013.

     

    También contribuyó a crear este clima de oscuridad el apagón informativo que sobre estos hechos se produjo en la prensa europea, donde las escasas noticias sobre Centroamérica habitualmente obviaban el golpe de Estado de Honduras.

     

    Este manto de silencio se ha roto en pocas ocasiones. Por eso la importancia que tiene la audiencia del juicio que los pasados 2 y 3 de febrero se ha celebrado en la ciudad de San José de Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para resolver sobre la solicitud de restitución en sus cargos judiciales de cuatro jueces de la República de Honduras que fueron despedidos y privados de jurisdicción por oponerse al golpe de Estado de junio de 2009. La demanda contra el Estado de Honduras, en la que se pide la reparación de los derechos violados, fue interpuesta por la Asociación Jueces por la Democracia de Honduras y el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), y reclama la reposición en sus cargos judiciales de la magistrada Tirza Flores Lanza y de los jueces Guillermo López Lone, Luis Chévez y Ramón Barrios.

     

    La importancia del caso radica en que esta reclamación pone ante un tribunal de justicia internacional a los autores y estructuras de poder del primer golpe de Estado del siglo XXI en América Latina y va a permitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciarse y establecer un cuerpo de doctrina sobre el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por jueces independientes e imparciales, que a su vez son titulares de derechos civiles y políticos. La celebración de esta audiencia ha dado visibilidad a aquel acontecimiento. No era admisible un final tan sucio, legitimar un sistema fundado en un golpe de Estado.

     

    Esta no quiere ser una crónica de tribunales de lo que ocurrió en una corte de justicia, sino un análisis de de lo que ha pasado en Honduras después del golpe de Estado del año 2009, cuáles han sido las máscaras que el poder ilegítimo ha construido para intentar adecentar la ruptura constitucional. Una de las claves para explicar cómo los actores del golpe pretendieron dar apariencia de legitimidad al pronunciamiento fue precisamente la expulsión de la carrera de cuatro jueces de profundas convicciones democráticas que, de una u otra forma, manifestaron su oposición al golpe.

     

    El propio desarrollo de la audiencia permitió apreciar el vigor de esta forma de justicia internacional que permite que cuatro jueces que consideran violados sus derechos sienten a todo un Estado ante una Corte de Justicia. También permite reflexionar sobre los mecanismos de hacer justicia en un sistema internacional y las distintas formas de reparar a las víctimas. Los jueces hondureños disfrutaron en esta audiencia de un espacio para reclamar sus derechos, para sentirse reconciliados con esa idea del derecho justo sobre la que tanto debatimos los juristas, a la vez que un lugar donde recibieron grandes muestras de apoyo internacional de organizaciones y compañeros de oficio.

     

    Pero la audiencia también permitió poner sobre la mesa el marco histórico en el que se produjeron los despidos. Un contexto de ruptura constitucional y de temor colectivo, que fue ampliamente descrito por Antonio Maldonado Paredes, perito y asesor de derechos humanos de Naciones Unidas para Honduras, que informó a la Corte sobre el reguero de violaciones de derechos a que dio paso el pronunciamiento militar.

     

    Los patrones de las violaciones de los derechos humanos han sido los mismos que se produjeron en los años ochenta. Se han reconocido pautas de conducta similares, prácticas sistemáticas y reiteradas a la hora de hostigar a personas y sectores sociales que se oponían a la ruptura constitucional. Además de los 25 periodistas asesinados, el informe final de la Comisión de Verdad citada constató que al menos 13 maestros murieron en circunstancias que apuntan a caso de ejecuciones por razones políticas, además de 10 defensores de los derechos humanos y cuatro sindicalistas. Estos datos pudieron constatarse a pesar de las dificultades y amenazas que sufrió la propia Comisión para desarrollar su trabajo en ese contexto de violencia. Y la violencia sigue.

     

     

    Expulsión de jueces incómodos

     

    El golpe de Honduras se produce en un escenario internacional diferente al de los que se desencadenaron en el siglo XX. Los autores necesitaban de unas máscaras jurídicas que les dieran apariencia de legalidad. Era necesario legitimar la acción militar a través de los otros poderes del Estado. Aquí es donde jugó un papel fundamental la jerarquía del poder judicial de Honduras, que viene de una tradición de corresponsabilidad en la creación de las estructuras de impunidad que han impedido hasta ahora el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la década de los ochenta, entre ellos más de cien desapariciones forzadas, documentadas y analizadas por quien fuera defensor del Pueblo, Leo Valladares Lanza, en su libro Los hechos hablan por sí mismos.

     

    En esta estrategia de intentar legitimar la ruptura constitucional, la jerarquía judicial en general y la Corte Suprema en particular promovieron acciones de adhesión de los jueces y funcionarios de justicia a los golpistas a través de manifestaciones públicas y actos de sometimiento. Incluso negaron la existencia del golpe con el argumento de que se había producido una simple “sucesión constitucional”. La Corte Suprema de Honduras se instaló en una especie de adhesión inquebrantable a las autoridades golpistas y llamó a los jueces a manifestarse a su favor. Con esta toma de postura no podía permitir que un sector de la judicatura del país mantuviera posturas críticas de defensa de la institucionalidad democrática.

     

    Esta es la razón por la que la Corte Suprema resolvió descabezar a la Asociación Jueces por la Democracia. Se trataba de propagar el miedo también entre los jueces, que tuvo como hito el día 5 de mayo de 2010, cuando fueron separados de su cargo y despedidos la magistrada Tirza Flores Lanza y a los jueces Guillermo López, Luis Chévez y Enrique Barrios, cuatro jueces independientes, incómodos para el poder. Fueron sancionados por expresar legítimamente sus opiniones, por defender la legalidad y el sistema democrático frente a un poder ilegítimo. Todos ellos eran miembros de la Asociación Jueces por la Democracia de Honduras, caracterizada por la defensa de los valores democráticos. En concreto el juez López Lone era e en ese momento el presidente de la junta directiva de esa Asociación, lo que pone de manifiesto el ánimo de depuración que encerraban los despidos.

     

    Todos los cargos que les imputaron tenían que ver con el ejercicio de derechos humanos básicos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación y el derecho de acción ante los tribunales. A López Lone le imputaron por manifestarse pacíficamente el día 5 de julio de 2009 ante el aeropuerto de Toncontín, donde sufrió una caída con rotura de las mesetas tibiales. A Chévez por participar en una marcha pacífica y a Barrios por pronunciar una conferencia en la que afirmó que lo que había sucedido en el país no era una “sucesión constitucional” sino un golpe de Estado. A la magistrada Flores Lanza se la imputó por haber interpuesto una acción constitucional de amparo contra la expatriación del presidente Zelaya.  

     

    Sobre estas acusaciones se instruyó la expulsión de los cuatro jueces. Los peritos sobre independencia judicial que comparecieron en la Audiencia, Andrés Ibáñez y Leandro Despouy, fueron muy concretos al precisar que la utilización de conceptos vagos, indeterminados –como “decoro y dignidad del cargo”– utilizados por la Corte Suprema de Honduras para justificar los despidos no soportan los parámetros mínimos de legalidad y seguridad jurídica. En realidad sirvieron de instrumento para consumar una auténtica persecución política de un grupo de jueces que defendían el Estado de Derecho y la democracia.

     

    Se trataba de eliminar los mecanismos de control. Es lo que se denomina el efecto desaliento sobre la sociedad en su conjunto y sobre el sistema judicial en particular. El despido tiene un efecto desalentador sobre todos y cada uno de los jueces y desincentiva a estos a aplicar de forma imparcial la ley en los casos en que concurran intereses del poder, pues esto puede suponer la pérdida del empleo y de los medios de subsistencia y convertir el ejercicio de la independencia en un acto heroico.

     

    Represaliando a estos jueces demócratas la Corte Suprema de Honduras culminó el extraño trabajo de dar cobertura y apariencia de legalidad a un acto ilegítimo de ocupación del poder, al tiempo que transmitía temor al resto de los miembros del poder judicial.

     

     

    Reparación para las víctimas

     

    Cuatro años y medio después de la expulsión de los jueces por el Estado de Honduras en la sede costarricense de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se celebró un verdadero acto de justicia. Ejes del debate fueron la independencia del juez como fundamento del Estado de Derecho, la potestad disciplinaria, el juez como titular de derechos y la restitución en el cargo como forma de reparación en la violación de los derechos. En el fondo se trata de decidir si los jueces han de mostrar sumisión a las autoridades ilegítimas en casos de ruptura constitucional, y si es posible la sanción a aquellos que mantengan su lealtad al Estado de Derecho y a la democracia, incluso si, como manifestaron los peritos que fueron llamados a la Audiencia, los jueces tienen la obligación moral de manifestar su oposición ante la ruptura de la legalidad democrática y la violación sistemática de los derechos humanos. En definitiva, si el juez puede o debe expresarse de diferentes formas a favor del orden constitucional y del reconocimiento de los derechos.

     

    Lo primero que sorprende a quienes hemos tenido algún contacto con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la entidad de los casos que ha tratado es la sobriedad de sus instalaciones. Una agradable casa en la barriada de Los Yoses en San José de Costa Rica, no muy grande y bien adaptada para sus funciones. Nada que ver con la vacuidad de muchos edificios institucionales al uso. Y sin embargo se palpa que estamos ante un espacio digno, ajeno al lujo, con mucho vigor, donde víctimas de violaciones a sus derechos inalienables (derechos humanos) pueden sentar a un Estado y reclamar lo que es suyo. Es el lugar donde se ha deliberado sobre violaciones de derechos humanos que han desangrado América Latina y que han conmocionado al mundo. El lugar donde se han fraguado condenas a no pocos Estados por su responsabilidad en estas violaciones. De aquí ha salido la jurisprudencia sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en los casos Barrios Altos y la Cantuta contra Perú, o sobre el derecho a la vida en el caso de la matanza de El Mozote contra El Salvador, donde fueron asesinadas más de mil personas (el 74% de los cuerpos exhumados eran niños, con un promedio de edad de 6 años). Hoy, cuatro jueces destituidos traían por primera vez ante la Corte el golpe de Estado de Honduras de 2009.

     

    La sesión atrajo a un número importante de jueces de diferentes países del mundo, que acudieron a expresar su solidaridad con los compañeros de Honduras. Asistieron jueces europeos de Alemania, Holanda, Francia, Dinamarca y España y por supuesto representantes de organizaciones de jueces de todo el continente americano desde Chile y Argentina hasta Estados Unidos, con especial presencia de jueces centroamericanos. Acudieron muchos jueces hondureños y de la Asociación de Jueces de Costa Rica, país donde se celebra esta fase del juicio.

     

    Se había generado una nutrida solidaridad de organizaciones sociales y de jueces que confluyeron en la audiencia. También de personas comprometidas con los derechos humanos. Allí estaba, sereno y reflexivo como siempre, Walter Antillón, celebrado intelectual costarricense, fundador del Grupo Soberanía y autor de algunos de los artículos más lúcidos sobre las implicaciones internacionales en el golpe de Honduras. También dos mujeres comprometidas con la causa de los derechos humanos en Honduras: Emily Yozell, del National Lawyers Guild de Estados Unidos, que participó en la elaboración del Informe de la Misión Internacional de Observación sobre el golpe de Estado entre el 26 y el 30 de agosto de 2009, y la antigua magistrada de la Corte Suprema de El Salvador, Mirna Perla, que fue secretaria ejecutiva de la Comisión de Verdad de Honduras.

     

    El equipo jurídico de los jueces demandantes lo dirigía la abogada costarricense Marcia Aguiluz. El comisionado José Orozco, al equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por haber planteado el caso ante la Corte. El Estado de Honduras envió una representación de bajo nivel que sorprendentemente no formuló preguntas a ninguno de los peritos que comparecieron.

     

    Comenzó el juicio con una síntesis de la presentación del caso. Pero el momento crucial, el que más te encara a la realidad, con la crueldad de un golpe de Estado, con sus efectos, fue la  declaración de uno de los jueces despedidos, Guillermo López Lone, cuyos apellidos dan nombre a esta causa y que representaba a las cuatro víctimas. El ex presidente de Jueces por la Democracia, sereno y sencillo, relató con coherencia de manera firme cómo sucedieron los hechos, mostró el orgullo de ser presidente de la asociación judicial represaliada y no obvió las preguntas personales sobre la situación devastadora en la que quedaba su economía familiar después de los despidos con tres hijos en edad de estudiar. Tan solo dejó entrever una pequeña mueca de indignación cuando el representante del Estado de Honduras le insistía, no se sabe para qué, sobre la entidad de las lesiones que sufrió en la manifestación en la que participó y que dio lugar a su expulsión como juez. Declaración templada, sostenida, después de varios años de espera.

     

    Las palabras de López Lone silenciaron la sala de audiencias, suscitaron un alto grado de tensión para que no se escapara el matiz de sus palabras, de sus sentimientos. Silencio evocador mientras narraba los hechos. La suya fue una declaración serena, a veces emotiva, pero sin alterar la voz. Poco a poco se fue introduciendo en los entresijos y tragedias del golpe. Con tono templado se convirtió en altavoz certero de las personas que han visto pisoteados sus derechos por un golpe militar. Golpe y tragedia. Dolor y vidas truncadas. Era el momento de la justicia, de enseñar al mundo las vidas rotas por ambiciones perversas, por intereses de una oligarquía insaciable, el momento de reivindicar a Honduras como país libre. Un discurso muy machadiano, muy bien construido, con convencimiento profundo, que fue haciendo aflorar de forma certera las sombras negras del golpe, los recuerdos de sus víctimas. Sí, muchas víctimas, que algunos recordábamos en ese momento de emoción. El joven Isis Obed, que murió en la manifestación del día 5 de julio de 2009 de un disparo en la cabeza; Walter Trochez, activista de los derechos de los homosexuales, asesinado de un disparo el 13 de diciembre de 2009 cuando tenía 26 años; Pedro Magdiel Muñoz, de 24 años, asesinado el 24 de julio de 2099 en el contexto de una manifestación de la Resistencia y cuyo cuerpo apareció con graves muestras de tortura, o la maestra Ilse Velázquez, fallecida por el impacto de una bomba lacrimógena mientras participaba en otra protesta. Y los casos de secuestro y tortura, como el del periodista César Silva Rosales, o la expatriación de la ministra de Exteriores del gobierno legítimo, Patricia Rodas, quien fue víctima de vejaciones machistas por los militares que allanaron su casa y la expatriaron a México. Y tantos más que figuran en el informe de la Comisión de Verdad. Nombres de vidas y proyectos truncados que llenaron el silencio de la sala mientras declaraba ante la Corte la primera víctima de un golpe militar tan ninguneado en Europa. Mientras este buen juez exponía su caso el Estado demandado se empequeñecía, parecía ausente.

     

    Y con su relato, la tragedia de las políticas que han derivado de la doctrina de la seguridad nacional en América Latina: su declaración puede no ser la última ante este espacio de justicia. Guillermo López Lone, en su juventud, fue uno de los más cien desaparecidos de Honduras en la terrible época de los años ochenta. Fue secuestrado, torturado y encerrado en un centro clandestino de detención. Su caso está documentado como la causa de los seis estudiantes desaparecidos y actualmente está planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la inacción de los Tribunales de Justicia de su país.

     

    Días intensos en la Corte que ahora prepara su sentencia. El espacio de la audiencia ha sido reconfortante para las víctimas. No solo para las de este caso, también para las silenciadas. Ha sido el primer caso sobre el golpe de Estado de 2009 que ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el juicio en sí mismo ha sido reparador. La intensa solidaridad que se mostró allí hacia las víctimas ha sido otra forma de justicia. Hemos apoyado a cuatro compañeros que con su compromiso hacen que la Tierra gire en sentido contrario a la infamia y a favor de los derechos. Hemos querido trenzar con ellos un entramado de solidaridad que nos devuelva la confianza en la dignidad del ser humano.

     

     

     

    Luis Carlos Nieto es magistrado, miembro investigador de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). En fronterad ha publicado Lo que aprendí de mi padre entre los cerros, cuando España estaba a oscurasLa justicia universal y las filtraciones de WikiLeaks y Menores y violencia

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