No legalizar las drogas es hipocresía

Luis Carlos Muñoz Sarmiento

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A Thomas Szasz (1920-2012), uno de los que más supo sobre el asunto de las drogas. A Álvaro Camacho (1939-2011), por lo mismo... A mis hijos, Santiago & Valentina, por no tener nada que ver con drogas salvo para legalizarlas, sin hipocresía

 

 

 

 

La adopción por parte de la ONU, en 2009, de una nueva Declaración Política sobre las Drogas puso sobre el tapete, por enésima vez, el tema de una posible legalización que, cosa curiosa, respaldan los políticos no activos, los ex presidentes (los que siempre opinan de lo divino, sobre todo, y de lo humano, poco) y a la que se oponen los que están en ejercicio, cosa más rara aún, es decir, lo que siempre ha pasado. Reza el saber popular que a los ex presidentes se les ocurren las mejores ideas cuando se bajan de su trono. Lo que, para el caso de la legalización de las drogas, no podría ser más cierto. Como cierto es que no legalizar la droga o prohibirla es sólo una prueba de la hipocresía con la que históricamente se ha manejado dicho proceso. Proceso en el que, como dice Amira Armenta, experta en el asunto de las drogas: “Fiscalización y castigo es la norma y cualquier consideración que represente una relajación de esta normativa es peligrosa porque, temen, podría terminar incrementando la producción, tráfico y consumo”. Y para nadie es un secreto que detrás de la producción y el comercio están los grupos que al legalizar la marihuana o la cocaína, por ejemplo, perderían el control del negocio. Control que por estar en manos de unos pocos, lo cual significa que es muy buen negocio, permite inferir por qué no hay voluntad política de los Gobiernos, en ejercicio, para legalizar las drogas. No se olvide, además, lo que dice el profesor Thomas Szasz: “El Gobierno es habitualmente fuente de mentiras” (El Espectador, 5 de abril de 2009: p. 21).

 

El 5 de mayo de 2009, Arnold Schwarzenegger, entonces gobernador del considerado estado más progresista de la Unión, California (2003-11; el actual es el demócrata Jerry Brown), habló por televisión para referirse a la necesidad de abrir el debate sobre la legalización de la marihuana. Pero, como buen político activo, de quien siempre hay que dudar, lanzó al aire una suerte de tautología: “No creo que sea tiempo de legalizar, pero sí es buena hora para empezar el debate sobre legalización de la marihuana”. Esto es, no pero sí… sí, pero no. Palabras que podrían equivaler a las del secretario de Salud de México (2006-11), José Ángel Córdova V., quien luego de participar en el foro México ante la crisis señaló que “en el país es inviable legalizar la marihuana porque se incrementaría el número de consumidores”; pero, acotó que el Gobierno Federal “no tiene ningún tema tabú” y podría conducir un debate sobre el asunto: “Todos los temas pueden ser discutidos”. De nuevo, no pero sí… Conste, es la opinión de dos políticos activos, aunque puede decirse que el segundo representa a la salud pública, lo que lo inhabilita para dar opiniones políticas. Claro, él puede defenderse diciendo que si al clero le permiten opiniones políticas, por qué a él no: aunque, ni él ni el clero tengan razón al emitirlas, como tampoco las Fuerzas Militares, o a veces digan disparates.

 

El profesor húngaro Thomas Szasz, profesor de la Universidad del Estado de Nueva York en Syracuse y un referente mundial en la corriente de anti-psiquiatría, al preguntarse por qué prohibir la droga señala que la respuesta está en la historia y no nace por una prohibición de la medicina ni de la salud, sino por la religión y muestra que las primeras prohibiciones originales en la historia se hicieron por la comida: un caso, ni judíos ni musulmanes comen carne de cerdo. Decisión que, según él, corresponde a una expresión simbólica de sumisión a Dios. Para demostrar que se ama a Dios hay que sacrificar algo, les inculca la Iglesia a los creyentes. Hoy, decía Szasz, se hace lo mismo para demostrar que se ama al Estado: “No hay racionalidad en estas prohibiciones”, puntualizaba (El Espectador, ibíd.: p. 20).

 

En tal sentido, para el caso colombiano, la posición del ex presidente Uribe (2002-2010) sirve para ilustrar lo dicho por el profesor Szasz, respecto a un supuesto amor al Estado, y, lo dicho al comienzo, sobre el rechazo a la legalización por políticos en ejercicio. Durante la instalación de la XV Cumbre de Jefes Antinarcóticos de América Latina y del Caribe (17 de octubre de 2005) que se celebró en Santa Marta, Colombia, Uribe sostuvo: “Sospecho que hay muchísimas personas amigas de la legalización que están en silencio, agazapadas, esperando que no triunfen nuestras políticas de erradicación, para decir: ‘se ha perdido la guerra contra la droga, hay que legalizarla’”. Pese a tan clara perspectiva, en apariencia, y a tan radical postura, hay que decir que sus palabras se cumplieron al pie de la letra… contra su voluntad. En efecto, la guerra contra las drogas, al menos desde la perspectiva del Plan Colombia, fracasó, así que, de paso, hay que legalizar aquellas. Eso si se consideran las declaraciones de Adam Isacson, director del Programa para Colombia y Centroamérica del Centro de Política Internacional de Washington, fundación privada independiente que promueve políticas exteriores de cooperación, desmilitarización y respeto por los derechos humanos.

 

Isacson, uno de los analistas estadounidenses que más conoce la política interna de Colombia y que elaboró un estudio sobre las variaciones de orientación social que ha tenido el antiguo Plan Colombia y sus efectos reales en el campo de acción, declara: “El Plan Colombia ha fracasado. No hay otra manera de expresarlo si se mide en hectáreas de cultivos, toneladas de cocaína, precios de la pasta básica, precios de la droga en Colombia y en Estados Unidos y porcentaje de la población estadounidense que consume cocaína, porque no ha habido ningún cambio importante desde 2000, año en que se inició el Plan” (El Espectador, 31 de mayo de 2009: p. 20). Opinión que no propiamente expresa una presunta falta de amor al Estado colombiano de parte de un extranjero ni, mucho menos, de los colombianos que piensan como Isacson tras comprobar los resultados del antiguo y del reciente Plan Colombia.

 

Ahora bien, a las personas “agazapadas, esperando que no triunfen nuestras políticas de erradicación” se les puede decir que también dichas políticas han fracasado. Como no pudo mantener la caña por más tiempo, Uribe dijo en Santa Marta que “Colombia ha perdido [un] millón 700 mil hectáreas de selva tropical, por cuenta de los cultivos de droga”. Esto, porque la cifra le servía para respaldar un supuesto daño ecológico. Pero, eso sí, se cuidó muy bien de hablar del daño que desde hace más de tres décadas se le viene haciendo a la población civil, a los cultivos lícitos (los de pancoger) y al medio ambiente, con las fumigaciones, primero, de paraquat, y, luego, de glifosato (hoy, el más usado), declarados, respectivamente, “tóxico” (grado II) y “no tóxico” (IV), por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) según datos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) del 2002 (Citado en El Uso de Glifosato en Colombia – Una Visón desde la Academia, por María Consuelo Días Báez, profesor [sic] especial Universidad Nacional de Colombia, dentro del XVI Congreso Argentino de Toxicología celebrado en Puerto Madryn, Patagonia, 24 al 27 de junio de 2009).

 

Al respecto, cabe citar al economista y columnista Salomón Kalmanovitz: “La defoliación ha logrado que los cultivos se dispersen e invadan nuevas áreas de bosque primario con descomunal daño ambiental. No ha sido posible reducir las 80.000 hectáreas sembradas por año en Colombia; incluso, las variedades han sido mejoradas genéticamente para obtener rendimientos mayores. También la aspersión de glifosato ha perjudicado los cultivos de pancoger de los cultivadores y la salud de la población aledaña, que es una de las más pobres del país”. En efecto, según informe del periodista gringo Joshua Davis (revista Gatopardo, número 62) ya desde el 2005 se conoce una variedad de coca, la Boliviana negra, que tiene el CP4, un gen responsable de la resistencia al glifosato: por lo cual se puede decir que los millones de dólares que se invierten en fumigaciones de la selva colombiana “sólo sirven para despoblar de maleza los cultivos de los barones de la droga”. Barones de la droga que no son, como se piensa, únicamente guerrilleros ni paramilitares, sino también los políticos que con ella se han lucrado y que han hecho de sus países campos de violencia y de muerte.

 

O los que, una vez retirados, se dedican a pontificar o a disentir según les convenga: como ahora hacen los ex presidentes Zedillo, Gaviria y Cardoso. Y, siempre hay que repetir lo obvio, como antes no lo hacían. Con motivo del encuentro de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que se celebró en abril de 2009 en Brasil, los tres personajes de México, Colombia y Brasil coincidieron en que ante el fracaso de las políticas contra la producción y el tráfico de drogas es necesario despenalizar el consumo de marihuana. Urgieron “un cambio de paradigmas” en materia de políticas públicas, propusieron la despenalización de la tenencia y consumo de la marihuana y estuvieron de acuerdo en que, por el contrario, otro tipo de sustancias como la cocaína y las drogas sintéticas deben continuar siendo combatidas. En otras palabras, no dijeron nada nuevo y, como sostuvo el columnista Álvaro Camacho, “la importancia del mensaje es su origen”, o sea, lo que en calidad de ex mandatarios hicieron, huelga decir, equivocarse en sus políticas, incrementar la violencia, no hacer nada: “…estos ex presidentes experimentaron en carne propia los dramas de unas políticas equivocadas y conducentes a incrementar los niveles de violencia que se asocian con las drogas ilícitas, y, responder, como lo hace el presidente Uribe, que poco derecho tienen a hablar cuando en su momento no hicieron nada para combatir lo que se llama ‘flagelo’, es poco democrático, por decir lo menos” (El Espectador, 1 de marzo de 2009: p. 46).

 

Claro que Uribe (pese al adefesio de History Channel de elegirlo en 2013 como el “Gran Colombiano”) no es justamente un ejemplo de demócrata ni tampoco tiene ninguna autoridad para criticar a sus homólogos: en lo único que tiene razón es en lo que él mismo ha pecado: no hizo nunca nada para combatir el flagelo. Luego Uribe trató de combatir la legalización no desde su posición de presidente sino de “padre de familia”, o sea, de forma hipócrita, para considerar tres puntos: “… que al dejar de criminalizar el negocio, así se reduzcan los precios, no se asegura que por esa vía se reduzca la oferta; que por más que llegasen a reducirse los precios, no cesará la producción de narcóticos; que los cultivos de droga pueden constituirse en el gran enemigo de la biodiversidad”. Aquí puede respondérsele: al no criminalizar el negocio, no sólo se reduce la oferta sino que al reducirse tienen que bajar los precios; al bajar estos, dice Perogrullo, baja la producción de narcóticos; el enemigo número uno de la biodiversidad, antes que los cultivos de drogas, es la fumigación. Más específicamente, los insecticidas y herbicidas ya en desuso en la mayor parte del mundo, salvo en Colombia y otros países productores de drogas, como el metil-paratión y el glifosato. El gran enemigo de la biodiversidad es la fumigación. Ya lo dijo Szasz, “el Gobierno es habitualmente una fuente de mentiras” y no se refería en particular a Colombia, pero…

 

Un editorial del periódico The Washington Post (29 de mayo de 2009), en vísperas de su segunda (y fallida) reelección, señaló: “Si Uribe intenta permanecer en la Presidencia arriesgará sus propios triunfos. Algunos de sus más fuertes partidarios le darían la espalda y sus buenas relaciones con Estados Unidos quedarían sometidas a mucha presión”. Editorial que Isacson pareció respaldar cuando, respecto a si cambió la imagen de Uribe en Estados Unidos, dijo (de forma que hoy resulta humorística): “Su imagen siempre ha sido muy positiva en Estados Unidos por sus logros en materia de seguridad, especialmente por la Operación Jaque. También porque se le ha visto como el bastión antichavista de la región. Pero ahora, debido a los últimos escándalos [crímenes de Estado, ChuzaDAS, AIS, DMG, negocios turbios de sus hijos Tomás y Jerónimo] y al tema de la reelección, la opinión de Washington sobre el presidente Uribe está en su punto más bajo. Si él dijera que se va en 2010, su prestigio se recuperaría muchísimo” (El Espectador, 31 de mayo de 2009: p. 20). Pero, Uribe no dijo nada al respecto y, sin embargo, se fue. Sobre el prestigio hay que decir que, por contraste, no lo recuperará jamás mientras siga teniendo opiniones frente a las drogas como las precitadas y que muestran a todas luces la hipocresía de los gobernantes de turno que se alinean con la Iglesia y con las Fuerzas Militares para, por encima de todo, preservar el statu quo, no precisamente para defender los intereses de la sociedad ni, en particular, el derecho al libre ejercicio de la personalidad, como lo consagra la Constitución del 91. Consumir o no una droga es decisión autónoma del individuo, como consumir o no cerdo, pollo o carne (con lo caros que están) y por eso no se le puede disuadir de hacerlo; igual, no se le puede obligar a hospitalizarse contra su voluntad (como sí recluirlo cuando está de acuerdo, aunque carezca de dinero): nadie puede ser privado de su libertad, a menos que haya sido encontrado culpable de un delito. Y consumir droga per se no es un delito, como no lo es comer o dejar de hacerlo, ir a la Iglesia o decidir que no: “Privar a una persona de su libertad, supuestamente para su bien, es algo inmoral”, advierte Thomas Szasz.

 

Aparte de que se prohíbe la droga para tener control sobre la gente, la respuesta lógica final, respecto a la falta de voluntad de los gobiernos para legalizar las drogas, podría ser: no hay voluntad política porque la producción, el tráfico y la comercialización sólo es buen negocio en manos de unos pocos. Así se cierra el círculo vicioso que sólo se romperá cuando, despojándose del velo conservador, decidan legalizar para siempre las drogas, blandas o duras, para acabar de ese modo con más de un siglo de hipocresía política y social. Szasz: “Hace 100 años, regular qué podían ingerir los ciudadanos, hubiera sido rechazado por inconstitucional”. La prohibición de las drogas en sí misma es irracional porque “la gente debería hacer lo que quiera con su cuerpo”. Y eso incluye decidir lo que quiera consumir, decía Szasz, “siempre y cuando no le haga daño a nadie con su determinación personal”. Con no hacer daño a otro quiere decir que la gente que usa drogas debería ser tratada igual que la que no o que la que toma alcohol o cafeína: “Si uno hiere o corrompe a alguien, es claro que está cometiendo un delito. Pero no se le juzga por haber consumido drogas sino por el crimen que cometió”.

 

Para Szasz fue siempre claro que el tráfico de drogas es generador de violencia y que son innegables las ventajas de terminar con la prohibición: “Daría enormes cantidades en impuestos y, sobre todo, traería paz. La gente no se estaría peleando ni matando por las drogas ilegales porque serían legítimas”. Sin querer, ofrece una solución, indirecta, para el problema colombiano de las aspersiones con glifosato: “Por ejemplo, no tendríamos aviones fumigando plantaciones de coca”. Y para quienes aún piensan que un drogadicto es un problema penal antes que de salud, Szasz les lanza un mentís pugnando por la abolición de la hospitalización involuntaria. Señala que el Estado no debe intervenir en la decisión de quien consume o no drogas: “Nunca, es como decidir si la gente debe ir o no a la iglesia. Es una decisión autónoma del individuo. No debería ser forzado jamás a tomar o no las drogas”. En cuanto a si el drogadicto es un enfermo: “Un drogadicto es alguien que crónicamente se hace dependiente de una droga. Es totalmente su culpa y su responsabilidad. Si quiere ser tratado o retirarse de la droga es asunto suyo”. A la pregunta acerca de la reforma constitucional que se discutió, antes de expirar la era Uribe, para sancionar a quienes usaban drogas, Szasz puso de ejemplo la dependencia externa, no precisamente la autonomía o la autodeterminación de los pueblos, al señalar, con ironía: “No sé qué tanto depende Colombia de Estados Unidos, pero me parece que lo hace para satisfacer sus leyes. Ustedes lo saben más que yo”.

 

Otra cosa que podrían saber los colombianos, más que Szasz, si no fuera éste quien lo sabe, sería que si la prohibición se terminara disuadiría a la gente de consumir droga: y no como conjeturaba Uribe que “al dejar de criminalizar el negocio, así se reduzcan los precios, no se asegura que por esa vía se reduzca la oferta”; al contrario, decae la demanda, aseveraba Szasz: “Por supuesto, sospecho que menos gente tomaría drogas. Recuerde el dicho: ‘La fruta prohibida es siempre más dulce’”. Lo que equivale a la sentencia de Buñuel, respecto al sexo, tan cercano al orbe de las drogas: “La noción del pecado multiplica las posibilidades del deseo”. Por lo que, luego de preguntársele si advertía mucha hipocresía con respecto al tema, respondió categóricamente, con el conocimiento que da la experiencia, no la politiquería: “Es 100% absoluta hipocresía, sin duda alguna. Emborracharse no justifica pegarles a los amigos o matar a la esposa. ¿Entonces por qué consumir droga lo justificaría? Eso es ridículo. Hace 500 años, nadie habría pensado que estar borracho o drogado justificara un crimen. Además las drogas no son nuevas, han tenido un uso milenario”. Y su diferencia, en el uso, con la comida es una diferencia política, sostenía Szasz: “La marihuana es una planta, masticar la coca es comerse una planta. Los políticos la llaman droga, pero es completamente arbitrario, no tiene nada que ver con un criterio científico”.

 

Finalmente, Thomas Szasz les sirve en bandeja a los políticos lo que éstos tanto se cuidan de citar, cada vez que se llenan la boca recordándole a la gente que leyeron la novela 1984, aunque no la leyeran o la leyeran mal u ocultaran deliberadamente lo esencial. A la pregunta, en El Espectador, del periodista Will Caiger-Smith, sobre si se puede vencer en la lucha contra las drogas, Szasz respondió: “Nunca. Es una guerra contra la naturaleza humana. Por eso es tan atractiva para los políticos, precisamente porque no se puede ganar. Es como [dice] Orwell: una guerra perpetua. La guerra es maravillosa para los políticos. Sólo es mala para las víctimas”.

 

Como la política, que es maravillosa para los políticos y sólo es mala para los votantes. De ahí que no haya voluntad de los políticos para legalizar la droga. Les sirve infinitamente más seguir incrementando la producción, el tráfico, el consumo, es decir, la violencia que unos pocos generan sobre millones de personas en el mundo, lo que en (no buenos) términos parroquiales es nada más que hipocresía: 100%, sin duda alguna.

 

 

 

Nota: Este ensayo recoge las opiniones de Amira Armenta, Thomas Szasz, Álvaro Uribe, Adam Isacson, Ernesto Zedillo, César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso, Salomón Kalmanovitz, Manuel Drezner, Álvaro Camacho Guizado, quienes, en su mayoría, con excepción, obvio, de Uribe, coinciden en la necesidad inaplazable de legalizar la marihuana, de acabar con su prohibición: la mayoría, por altruismo; otros, por vanidad, por intereses personales, por el prurito de seguir fungiendo de líderes, así ya no lo sean y ellos lo sepan. Recuérdese, la política es el engaño detrás de la apariencia y los políticos la mejor (¿?) expresión de dicha idea… hipocresía pura. 

 

 

 

Luis Carlos Muñoz Sarmiento (Bogotá, Colombia, 1957) es padre de Santiago & Valentina. Escritor, periodista, crítico de cine y de jazz, catedrático, conferencista, corrector de estilo y, por encima de todo, lector. Realizador y locutor de Una mirada al jazz y La Fábrica de Sueños: Radiodifusora Nacional, Javeriana Estéreo y U. N. Radio (1990-2004). Fundador y director del Cine Club Andrés Caicedo (1984). Colaborador de ‘El Magazín’ de El Espectador. Hoy, director del Cine-Club & Tertulias Culturales de la Universidad Los Libertadores. E-mail: [email protected]

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