¿Qué deberían hacer las universidades (públicas) con sus parásitos?

Juan Antonio García Amado

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Hay cuestiones que se las traen, y quiero con brevedad y rigor plantear una de ellas. Pero primero importa resaltar el significado de ciertas preguntas sobre las preguntas, una metacuestión, si así puede decirse. Es ésta: ¿por qué hay ciertas cuestiones, de importancia muy evidente, que casi nunca se plantean?

 

Pongamos una comparación. Durante mucho tiempo hubo bastantes mujeres maltratadas de obra por sus esposos, pero de eso apenas se hablaba y casi no se sacaba a la palestra como asunto merecedor de atención y debate. Pues creo que, salvando las distancias que haya que salvar, lo mismo pasa con muchos temas, por ejemplo el que quiero tocar enseguida. Resultan sumamente significativos los silencios, pues revelan un oscuro mundo de intereses y dominaciones, complicidades múltiples y ganancias colaterales.

 

 

1. De qué y de quiénes hablamos

 

Vamos al tema. En las universidades públicas españolas hay siempre algunos profesores que no hacen absolutamente nada más que dar sus clases. Se me dirá que si no es bastante. Me refiero a profesores funcionarios que no investigan ni desempeñan otra labor que justifique su sueldo. No publican ninguna cosa, ni buena ni mala, no ejercen tareas de gestión presentables, no se encargan de la limpieza de los departamentos ni cuidan las bibliotecas, por ejemplo, nada de nada. Reciben, eso sí, su sueldo íntegro, prácticamente igual, o casi, que si hicieran de todo y todo bien.

 

¿No bastan las clases para justificar su remuneración? Veamos. Actualmente, y desde que entró en vigor hace poco una nueva norma sobre dedicación docente del profesorado universitario, dichos profesores han de impartir treinta y dos créditos de docencia. Treinta y dos créditos vienen a ser trescientas veinte horas y eso suele considerarse mucho. Así que analicemos.

 

Con una jornada laboral de cinco horas diarias, las trescientas veinte horas equivalen a sesenta y cuatro días de trabajo. Si pensamos en una semana laboral de cinco días, de lunes a viernes, tenemos que, en un año, esos sesenta y cuatro días equivalen a trece semanas, en números redondos; o sea, se cumplirían en menos de tres meses. Quiere esto decir que si esa carga laboral de treinta y dos créditos la calculamos a cinco horas diarias, se consuma en un trimestre. Para que los meses de labor sean más, hay que bajar la jornada diaria. A dos horas de clases al día, de lunes a viernes, el tope de obligación docente se alcanza en ciento sesenta días, que son treinta y dos semanas. A dos horas diarias cinco días a la semana, salen diez horas semanales. El año natural tiene cincuenta y dos semanas. Por tanto, trabajando en las clases dos horas al día o, lo que es lo mismo, diez horas a la semana, tenemos que a ese profesor le sobra la diferencia entre cincuenta y dos y treinta y dos: veinte semanas. Veinte semanas son cuatro meses y pico. En resumen, un profesor que no haga más cosa que explicar lo que es la carga docente máxima posible y que la reparta a dos horas al día, no trabaja nada durante aproximadamente un tercio del año. Estupendo.

 

¿Cuántos profesores hay en tal situación? Para plantear el problema teórico que me interesa bastaría con que hubiera uno en cada universidad. Pero son más, y todos lo sabemos. La casuística es variadísima. No pretendo referirme a todos los profesores que a día de hoy están obligados a impartir treinta y dos créditos, pues sin duda algunos pueden ser buenos trabajadores e investigadores que han tenido mala suerte o que han pasado una crisis concreta o que han padecido una injusticia en el reconocimiento de sexenios, etcétera, etcétera. No, estoy pensando en los casos extremos y muy claros.

 

Los supuestos de los que hablo podemos delimitarlos así, para que no haya dudas ni atenuantes de ningún género, con estas características sumadas: a) hace más de diez años que no publican una sola línea; b) tampoco participan de ninguna forma en labores investigadoras de algún equipo o grupo ni se dedican individualmente a buscar resultados a medio o largo plazo; o sea, no están embarcados en lecturas o experimentos propios de su disciplina y que vayan a brindar alguna vez algún fruto; c) no hacen otras cosas que puedan justificar su dedicación y su salario, como gestión seria en algún órgano de gobierno, asesoría o auxilio de compañeros o investigadores noveles, cuidado de instalaciones, etcétera.

 

Resta una posible justificación si pensamos en personas que nada más que dan sus clases, pero que las preparan con mucho esmero y resultan unos extraordinarios docentes, muy ricos y útiles para sus estudiantes. Así que descartemos de nuestra cuestión también a esos docentes que se mantienen al día, estudian sus clases con gran rigor y multiplican por cinco o diez las horas de su dedicación a enseñar. Bien sé que es muy difícil medir la calidad de la docencia de un profesor, pero en cada centro eso se sabe muy bien en el fondo. Tanto compañeros como estudiantes distinguen perfectamente al buen docente y al docente zángano y descuidado.

 

En suma, el problema que traigo a colación es el del profesorado que: a) no investiga de ninguna de las maneras posibles; b) no hace otra labor aparte de dictar las clases a las que está obligado; c) da unas pésimas clases y, seguramente, incumple bastante sus obligaciones docentes (se salta horas con cualquier pretexto, gasta en bobadas su tiempo en las aulas, no se esfuerza en evaluar en serio a sus estudiantes…).

 

¿Son muchos los que son así? No, no son muchos. Pero haberlos, haylos. Yo he conocido y conozco algunos. No hay facultad universitaria que no tenga. Todos los del gremio sabemos de unos cuantos. ¿Cuál es su situación? Veamos. Cobran igual o muy poco menos que si trabajaran con el mayor celo e hicieran de todo y todo bien. Nadie les pide cuentas. No hay forma legal, a día de hoy, ni de echarlos, ni de bajarles el sueldo ni de obligarlos a más misión o mayor trabajo. Ah, y a la hora de votar para lo que sea, desde elegir rector hasta escoger director de departamento o decano, su voto vale lo mismo que el de cualquier compañero honrado.

 

Al lector que no esté familiarizado con lo que se cuece de puertas adentro de cualquier campus universitario, o de la mayoría de ellos, le puede resultar muy chocante que haya casos así y que en todas las plantillas universitarias tengamos un cierto porcentaje de tales personajes. Conviene, pues, ampliar un tanto la explicación del modelo y del contexto.

 

El profesorado de las universidades públicas tiene un horario bien flexible. Quiere esto decir que su presencia controlable en sus centros de trabajo viene normalmente marcada por las horas de clases y de tutorías con los estudiantes. El horario de tutorías es aquel en el que el profesor debe estar disponible y en su sitio para atender consultas de los alumnos. Varían los criterios para la organización de tales tutorías, pero lo más común es que no se pidan más que dos o tres horas a la semana para tal función, a veces nada más que durante los meses en que el profesor tiene concentrada su docencia.

 

En cuanto a los controles de cumplimiento de dichos horarios, hay universidades que supervisan que el profesor imparta efectivamente su docencia a sus horas y existen algunas en las que también se organiza algún tipo de inspección de la presencia del docente en su despacho durante el tiempo correspondiente a las tutorías. Otras, como la mía, no vigilan ni lo uno ni lo otro. Sé de muchos que serían incapaces ahora mismo de decirnos qué días y en qué momento están programadas sus tutorías. Verdad es que también influye decisivamente otro factor, como es que los estudiantes no suelen acudir casi nunca a consultar nada y jamás reclaman o protestan si el docente no está en tales ocasiones en su puesto ni aparece en días y días.

 

La responsabilidad del estudiantado es verdaderamente notable y las disfunciones resultan muy llamativas. El alumno apoquina sus tasas y se supone que se hace acreedor a la prestación de un servicio y merecedor de cierta calidad y algo de esfuerzo en su formación. Cuando alguien paga y es cliente de una empresa o una institución pública prestadora de cualquier servicio, lo normal es que exija debida atención y calidad del servicio o producto correspondiente. En las universidades no, o muy raramente. Hay murmuraciones en los pasillos, pero no protestas formales, individuales o colectivas. Si alguien va al cine, compra su entrada y la película no se exhibe o se cambia por un bodrio cualquiera, se exige con toda naturalidad la devolución de la entrada. Si acudimos a la sanidad pública aquejados de alguna dolencia y el médico no da pie con bola o no se desempeña según los requisitos de la lex artis, si no se atiene a unos mínimos de seriedad y competencia profesional, no será raro que se haga una reclamación por daños y hasta que se acabe en un pleito de responsabilidad civil. En las universidades no suceden tales cosas.

 

Un grupo de estudiantes de Derecho se matricula, pongamos, de Derecho Civil, asignatura de Obligaciones y Contratos. Les cae en suerte, y por mala suerte, un docente de éstos a los que me estoy refiriendo. Ese profesor gasta las horas en comentar tonterías o en estúpidos diálogos con los discentes, sin explicar apenas nada que venga al caso. En las pocas ocasiones en que parece que va a tratar de lo que debe, se comprueba que no está al día, que menciona normas derogadas o que, simplemente, no tiene ni lejana idea de lo que se trae entre manos. De propina, se salta un buen número de clases con variadísimas excusas y, para colmo, da por concluido su curso unas semanas antes de lo marcado en el calendario oficial y no vuelve por el aula. A la hora de calificar, hace un amago de examen para dummies o se saca de la manga un aprobado amplísimo o general, supuestamente basado en evaluación continua. El resultado es evidente, indiscutible: a) los que hayan superado la asignatura, se van con su nota positiva, pero con una enorme laguna en su formación, sin haber aprendido absolutamente nada de tan capital tema, esencial para cualquier ejercicio futuro de profesión jurídica; b) si alguno suspende, sabrá que es el profesor mismo el primero que no saldría bien parado ni del más elemental control de conocimientos de esas cuestiones. ¿Habría base jurídica para una reclamación por incumplimiento y daños y para solicitar tanto la devolución de la parte correspondiente de las tasas de matrícula como una indemnización por los perjuicios? Sin duda, sí. ¿Alguien reclama alguna vez? No. ¿Por qué?

 

Uno ya ha visto de todo y podría ser largo el cuento. En una ocasión y en cierta universidad había un profesor veterano y funcionario que se gastaba las horas en tales memeces y con tal desfachatez que los estudiantes fueron dejando de acudir a sus clases. Cuando consiguió que quedaran poquísimos, indignado, dio por concluido el curso y se despidió hasta el día del simulacro de examen, examen en el que, por cierto, permitía sin reparos el más vil copieteo. Fueron unos pocos alumnos a protestar ante otros profesores de la misma disciplina, quienes los remitieron a la dirección del departamento correspondiente. De aquí los mandaron al decanato y, al fin, alguien fue con la queja al vicerrectorado oportuno. En el vicerrectorado se rogó paciencia y se invitó a no crear problemas, con el argumento magnífico de que no le faltaban a aquel profesor deshonesto muchos años para la jubilación y que mejor sería, por tanto, dejarlo correr y no remover más el asunto. Y así murió el problema.

 

El caso es que esas cosas ocurren, y no de Pascuas a Ramos. Hasta pueden juntarse varios en la misma. Las razones son sencillas, la situación obedece a la conjunción de tres causas: malas prácticas en la selección del profesorado, un espíritu gremial y corporativo mal entendido y que se rige por el principio de vive y deja vivir y por un dañino sistema de lealtades personales y académicas muy mal entendidas, y la ausencia o escasez de controles sobre el rendimiento efectivo del profesorado. Se han ido instaurando algunos incentivos para la productividad y el buen hacer, pero brillan por su ausencia la vigilancia real y las sanciones y la impunidad es enorme para quien le eche caradura a su vida profesional. Rige la ley del silencio y están muy mal vistas las críticas de los compañeros y cualquier forma de denuncia. Se piensa que una mayor disciplina laboral acabará por aplicarse burocráticamente y perderemos todos, pagarán justos por pecadores y se complicará la vida también a los laboriosos, sin que a la hora de la verdad se solucione gran cosa con los poco decentes. Por eso hace debemos matizar.

 

Si alguien propone que los profesores tengan controlado el cumplimiento de su jornada laboral veremos dos reacciones. Cualquier trabajador ajeno a la universidad se echará las manos a la cabeza y se preguntará cómo es posible y qué mundo es ése. No sólo se extrañarán el obrero de la construcción o el empleado de cualquier compañía de trasporte, pongamos por caso, sino también el profesor de instituto o el maestro de primaria. Y entonces les explicamos algo que tiene ciertamente su buen sentido, pero tomado en serio y sin cinismo. El profesor universitario tiene una carga de docencia que, como hemos visto, no cubre ni con mucho las horas de una jornada de trabajo al uso. Ello obedece a que la enseñanza a los estudiantes no es nuestro único cometido, pues somos o debemos ser tanto docentes como investigadores. Nos formamos, estudiamos y nos mantenemos al día en nuestras especialidades con el doble objetivo de enseñar apropiadamente a nuestros estudiantes, de contribuir a la ciencia con trabajos de investigación y hasta de divulgación, si es el caso, y de transferir a la sociedad esos resultados investigadores bajo la forma de variadas actividades y colaboraciones con empresas, instituciones y organizaciones sociales. Hasta ahí la teoría, a la que la mayoría del profesorado se atiene dignamente en su práctica habitual. 

 

Puesto que en la investigación lo que importa es el rendimiento, los resultados, no es de extrañar que dispongamos de amplia libertad para organizar nuestros horarios y para decidir dónde investigamos. Cierto que las universidades nos ofrecen despachos individuales, medios informáticos y técnicos, bibliotecas y salas de reuniones, laboratorios y variadas instalaciones. Y cierto también que a la investigación poco le aportará el profesor obligado nada más que a aguantar en su despacho de nueve a tres o de tres a nueve, si es que allí se va a dedicar a hojear periódicos o a enredar en internet o a llamar a mamá o a comentar con los colegas las últimas hazañas del equipo local de fútbol. Podemos, además, aducir que uno en su casa se concentra mejor y está a salvo de las interrupciones, hasta libre de los compañeros ociosos que insisten para tomarse el segundo café de la mañana o que se meten a conspirar un rato sobre las próximas elecciones de rector o decano. A lo mejor al dedicado a alguna ciencia experimental lo ata el laboratorio, pero, desde luego, el que trabaja en ciencias sociales y humanidades puede contar con bastante razón que en su vivienda dispone de cuanto necesita para sus investigaciones y sus escritos.

 

Parece, pues, que puede estar justificado que, fuera del tiempo de clases y tutorías, cada cual se organice como le plazca, siempre que lo que le plazca no sea il dolce far niente. La casuística es compleja y se dan todos los supuestos que podamos imaginar. Están los que investigan o seriamente lo intentan, con mejores o peores resultados, ya trabajen en su hogar, en sus despachos o hasta en las mesas de algún bar, si así es su costumbre. Y están los que emplean todo ese tiempo como tiempo libre, como tiempo estrictamente suyo y para sus actividades estrictamente privadas. A algunos los topamos en sus despachos enfrascados en sus particulares aficiones extraacadémicas y otros sencillamente desaparecen del campus. Hay quien, en pleno curso académico, pasa semanas y meses sin aparecer ni una sola vez, ni un solo día. Sí, he dicho meses. Concentran su docencia de septiembre a enero o febrero, por ejemplo, y adiós muy buenas, no se les vuelve a ver el pelo hasta que se terminó el verano y retornan morenos y contrariados.

 

Como no hay conciencia de estar haciendo nada ilegal ni indigno, como no se ve atentado contra ética profesional ninguna y como la institución tolera y los compañeros callan y transigen, no es preciso inventar excusas ni buscar justificaciones. Simplemente Fulano no vuelve hasta dentro de unos meses porque esta temporada no tiene clases. Como falta la mala conciencia, esos mismos profesores salen con historias chuscas a modo de justificación para su absentismo. Unos te hacen ver lo ocupadísimos que están con sus hijos, que si llévalos al colegio, que si recógelos a la salida, que si atiende al pequeñín en casa para que no tenga que ir a la guardería o quedarse con otra persona que lo cuide, que si lava la ropa, que si limpia el polvo y ordena los enseres. Con ésos, lo de la conciliación de la vida laboral y familiar se invierte y con la mayor naturalidad dan cuenta de que no pueden apenas acudir a su centro de trabajo porque sus obligaciones hogareñas son abundantes y muy exigentes. Y no digamos cuando tocan obras en el piso o llega el momento de comprar un sofá nuevo y cambiar los visillos. Una cajera de Carrefour o un reponedor de Mercadona no lo entenderán muy bien, pero ésas tenemos y así somos los que nos lo podemos permitir.

 

Otros desgranan con lujo de detalles sus aficiones y pasatiempos durante lo que para el común de los mortales y la mayoría de sus colegas es horario de labor. Lunes, miércoles y viernes, cursillo de natación, de diez a once. Después, masaje o un curso de macramé. Martes y jueves, ayuda en la administración de una academia de baile que tiene un cuñado, o paseos a la orilla del río y por lo de la vida sana. A la una de cada día, un vinito en la cafetería del barrio y luego a comprar el pan y para casa. Tras el almuerzo, siesta, y después a departir con la familia o a llevar a los hijos a ballet o esgrima. Y van cayendo los días plácidamente y las nóminas llegan intactas cada fin de mes. Del mismo modo, los hay que dedican las jornadas y los meses a la atención del negocio familiar, a dirigir un club deportivo o a actividades benéficas. La plaza en la universidad es nada más que la razón para cobrar un sueldo y el molesto motivo por el que cada tanto hay que comparecer e impartir unas clases o corregir unos exámenes. No es mucho, pero acaba resultando un verdadero incordio y no son raros los lamentos. Como decía un viejo profesor en mi tierra asturiana, qué buen oficio el nuestro, si no fuera por esa horita de clase.

 

Insisto una vez más, ni están todos los que son ni son todos los que están. Muchos investigan y producen abundante y bueno, aunque no se les vea con frecuencia en los recintos universitarios, y están otros todo el día en los despachos sin dar palo al agua y pensando en las musarañas. Todos cobramos poco más o menos igual, según escalafón y categoría, hagamos más o hagamos menos y andemos por donde andemos. La escala es variadísima y requeriría soluciones complejas, pero aquí nada más que pretendo plantear el caso radical, el del profesorado que no tiene ninguna producción científica, enseña poco y mal, y para colmo, no pisa apenas su facultad. ¿Qué hacemos con ésos?

 

 

2. ¿Soluciones?

 

¿Qué se debería (poder) hacer? Para empezar, habría que (poder) echarles en cara la inmoralidad de su conducta profesional y el modo en que, cual parásitos, viven del erario público. Pero nadie le pone el cascabel a ese gato, al menos públicamente, pues está lozano y bien vigente el sacrosanto principio de que todo el mundo es bueno y la idea de que son idénticos los derechos de todos. Esto tiene unos efectos absolutamente destructivos sobre la moral del resto del personal, ya que es inevitable sacar la conclusión de que es medio idiota el que se esfuerza y rinde. Si el aprovechado no sufre ni sanción ni reproche ni desventaja de ningún tipo efectivo y tangible, y puesto que trabajar bien es cansado y lleva a más sacrificada vida, la conclusión sale sola: en realidad trabaja y responde nada más que el que quiere, y para querer hace falta ser medio lelo o algo rarito. Porque las bien visibles comparaciones son tan claras como odiosas: mientras que unos andan atareados y con fatigas, otros, que cobran lo mismo y no se encuentran objeción ni pero, disfrutan de los placeres de la vida y se dan con fruición a la pereza, cultivan de lunes a viernes cualesquiera aficiones, se recrean en su casa, duermen la mañana, se toman sus cafelitos a toda hora, se van de compras o frecuentan día tras día el gimnasio en horas de labor, pulen sus cuberterías o construyen primorosos barquitos con palillos. Y nadie les tose. Sí, ya sé, algunos los despreciamos para nuestros adentros, pero o no se enteran o se ríen de nosotros, tan dignos nosotros en lo profesional, tan estirados y tan puros.

 

¿Qué habría que hacer con esa gente? Vuelvo a lo del inicio de esta entrada. Lo más llamativo es que tal cuestión ni se plantee. No se la plantea la autoridad académica, empezando por los rectores. La consigna general es la de dejarlos vivir a su aire y que ya les llegará a su tiempo el retiro.

 

No conviene, de todos modos, cargar las tintas nada más que sobre las personas. Hay que dar lo suyo a las instituciones, pues las culpas andan repartidas. Cuando la institución que paga no exige ni pide cuentas, se fía todo a la moral del empleado y quizá se espera que sea muy escrupulosa su conciencia, pero no es fácil cultivar una conciencia de ese calibre. La tentación es la tentación y a ver quién no sucumbiría. Imaginemos el albañil al que se indicara que como obligación estricta tiene nada más que la de levantar cada semana un pequeño tabique de cinco metros cuadrados y que, aun así, no va a venir el capataz o el aparejador a comprobar si colocó bien los ladrillos. Sabe ese obrero que nadie se va a preocupar de si hace algo más o no, o de si acude al tajo cinco días a la semana o solamente uno. Lo normal y comprensible es que no comparezca en la obra más que un ratito y busque otras ocupaciones o entretenimientos fuera de allí. No se le podría hacer mucho reproche si no lo mueve una gran afición al tajo. Pero todos estaríamos bien de acuerdo en que esa empresa es una casa de locos y que va directa a la quiebra con semejante gestión de personal. Pues ése es el caso de las universidades, pura locura y alevoso despropósito. Falla la autoridad y la mayor decencia les falta a los que gobiernan. Pues no hablamos de lo que puede ser una sabia política de horarios flexibles para el cumplimiento de las tareas, sino de la tolerancia con el absentismo injustificado y de complicidad con la inoperancia.

 

Trátese de instituciones públicas o de empresas privadas, los medios para incitar al personal a hacer su trabajo son de dos tipos: los incentivos y las sanciones. En las universidades todo acaba desincentivando… a los mejores y mejor dispuestos. Desanima la impunidad de los desvergonzados y faltan incentivos positivos o se aplican mal los existentes. Comencemos por esto último.

 

El primer acicate de cualquier profesional, y más en un oficio como el universitario, es la vocación. Pero la vocación también necesita refuerzos para no tornarse hastío y decepción. La satisfacción mejor para el trabajador vocacional seguramente se halla en los frutos del trabajo bien hecho. Pero para que los frutos animen también hace falta distinguir, conviene mucho que quede constancia clara de la diferencia entre el productivo y el maula. Más allá de la satisfacción estrictamente personal de cada cual por lo que enseña o investiga, los incentivos que la institución universitaria ofrece son principalmente dos. En primer lugar, el sistema de ascensos profesionales, la carrera profesional del personal académico, y, en segundo lugar, los reconocimientos oficiales de buenos resultados.

 

La carrera profesional se relaciona estrechamente con el sistema de selección del profesorado. En este punto vamos de fracaso en fracaso. Hasta hace bien poco los concursos para promocionar a profesor titular o catedrático estaban sumamente condicionados por las mil y un perversiones tan arraigadas en nuestra tradición académica: escuelas y banderías, lealtades personales y grupales, intercambio de favores y mercedes, cuotas de poder y de influencia, mandamases omnipotentes que imponían a los suyos para mayor gloria de su propia persona y para aumento incesante de su misma capacidad de mangoneo. Se quiso acabar con eso y ciertamente se han reducido un tanto esas lacras, pero a cambio de la extrema burocratización y de una opacidad que casa mal con lo que se espera de un Estado de Derecho donde no haya que ocultarse para calibrar el mérito y la capacidad de los funcionarios o de los que aspiren a serlo. Evaluadores anónimos y comisiones sometidas al mandato de estricta confidencialidad valoran currículos al peso y con arreglo a unos baremos que acaban induciendo a la degeneración de los currículos. Importa más la cantidad que la calidad, la obra de cada aspirante no se juzga por sus contenidos, sino por indicios externos, los que deciden no leen los trabajos de cada aspirante ni lo oyen exponer ninguna cosa. La lección se aprende pronto y se va sabiendo que para subir de categoría no se requiere trabajo de calidad, solamente un currículum lucido y resultón en el que no falte de nada de lo que hoy se estila, aunque en el conjunto todo sea morralla. El investigador serio, responsable, pausado y de fondo se arriesga a llegar a viejo sin haber pasado uno solo de esos filtros y a ver como los más pillos lo van adelantando sin remisión.

 

Luego están los llamados tramos de docencia e investigación. Por cada uno, un pequeño complemento económico. ¿Será eso lo que nos anime a trabajar con rigor? Los llamados tramos de docencia van por quinquenios y en la mayoría de las universidades se conceden de manera poco menos que automática, basta solicitarlos y hacer valer que se ha sido docente durante ese periodo. Cuando no se otorgan con tal automatismo suele ser peor, pues los controles de calidad de la docencia muchas veces constituyen auténticas invitaciones a recrearse en estúpidos indicadores y en oscuras picarescas. El buen profesor y el profesor horrible no se van a diferenciar por este lado y, por tanto, el reconocimiento será idéntico para ambos. ¿Y la investigación? Ahí tenemos los sexenios o tramos de investigación. Por cada uno, un pequeño complemento económico y, además, habilitan para ciertos cargos y encargos. Pero también ese sistema va estando cada vez más viciado por causa de los viejos hábitos y de las nuevas pautas burocráticas: otra vez  a juzgar por signos externos y sin valoración real de los resultados que supuestamente se enjuician. Con todo, y a pesar de tantos pesares, es el único elemento que ahora mismo distingue y, además, hay aumento de la carga de clases para el profesorado que no tiene tal reconocimiento investigador o no lleva al día sus sexenios.

 

Tenemos, así, que los incentivos positivos son escasos y mal administrados, incentivan bien poco. Porque, para más inri, aun con todos los parabienes formales y con los mejores resultados reales, un profesor nunca va a ser, por razón de su calidad y su buen hacer, llamado de otra universidad para un puesto mejor y con más sueldo o mayores ventajas. No, las universidades están cerradas sobre sí mismas y no compiten entre sí, para nada, por el personal más cualificado. Mejor lo malo conocido, antes los de casa, por supuesto. Cada uno en el feudo correspondiente y bajo el señor que administra el cortijo.

 

Bien, ya sabemos que la productividad no se cotiza demasiado. Veamos ahora si al menos sí tiene algo que temer el que no da golpe. Respuesta: no tiene absolutamente nada que temer, puede hacer de su capa un sayo y vivir a sus anchas, sin merma notoria de sus emolumentos. ¿Despidos por falta de rendimiento? Entre funcionarios propiamente no caben y para contratados nunca los he visto por ese motivo. ¿Expedientes que acaben en sanción de alguna clase? Por dar malísimas clases no me constan y, desde luego, por llevar veinte o treinta años sin leer un libro ni pisar un laboratorio y sin escribir una línea no son imaginables en este mundo académico de nuestros pecados. Así que aquella obligación de investigar, que explica al menos una parte de nuestro sueldo y que es razón de que no se nos tenga todo el día en las aulas o de que no se nos obligue a fichar en nuestro centro de trabajo como vulgares empleados, es una obligación puramente nominal, meramente teórica. Al que se echa a la bartola no le pasa nada malo, su impunidad está garantizada y es proporcional a su goce cotidiano y su calidad de vida. Viene a ser como jubilarse a medias mientras se sigue en activo o como tener dedicación (muy) parcial mientras se cobra como si fuera completa. A vivir, que son dos días.

 

Me pregunto si en verdad no hay recurso legal para sancionar a los gravemente propensos a la indolencia y el parasitismo. Parece que no. Por eso habría que empezar por redefinir con seriedad el estatuto del personal docente e investigador y sus obligaciones. Porque la mejor solución que demanda la más elemental justicia es la de ponerlos de patitas en la calle. En su defecto, obligarlos a fregar las escaleras o a limpiar los aseos.

 

Mientras problemas de ese calibre ni se solucionen ni se comenten siquiera seguirá quedando en evidencia que ni quienes mandan en ella se toman en serio la universidad ni nosotros, los profesores normales que vemos y callamos, nos respetamos a nosotros mismos ni consideramos la institución que nos alimenta. Quienes podríamos quejarnos y alzar la voz achantamos, estudiantes incluidos, y los que tienen la autoridad legal e institucional miran para otro lado y consienten. Y puesto que donde se permite lo peor es normal reclamar tolerancia para lo menos malo, la lección es inapelable: cualquiera puede hacer lo que le apetezca y como le dé la gana, sin riesgo para su estatuto y sin reducción de su nómina. Que es lo que de hecho ocurre. Porque si, pongamos, a nuestros niños les permitimos apuñalar al abuelo o romper los cristales de las ventanas, a ver con qué cara les decimos luego que deben comer la carne con cuchillo y tenedor.

 

Lo más gracioso de los últimos tiempos ha sido ver la consternación y el enfado con que esos elementos (me refiero a ésos, repito, no a otro tipo de profesionales que hayan visto aumentar su carga docente por variadas circunstancias) han acogido la reforma que les obliga a impartir sus trescientas veinte horas por curso. Claro, hasta ahora la carga docente se dividía a partes iguales y solían librar con unas ciento ochenta horas, las mismas que tenía el profesor que más y mejor producía. Están ofendidísimos los vagos irredentos y se dicen víctimas del abuso y la discriminación feroz. Razón por la que más de uno aplica descuentos a su aire y se anima a declarar explicado el programa cuando falta un mes para que termine el curso, o a inventarse enfermedades y compromisos ineludibles para no acudir a las aulas un día sí y otro también.

 

Y conste un último detalle. Obligar precisamente a esos a impartir más horas de clase es una manera horrible de faltar al respeto a los estudiantes y de despreciar la buena docencia. Porque ellos, precisamente ellos, suelen ser unos profesores pésimos, por obvias razones de su ignorancia y su pereza.

 

Habría que expulsarlos o sancionarlos, naturalmente que sí. Pero no hay cuidado, ni ocurre ni va a ocurrir. Seguirán calentitos y felices, riéndose de todos, dándoselas de importantes ante los incautos y viviendo del cuento y del erario público, de los impuestos de la gente. Y no pasa nada; al menos, nada que importe a casi nadie.

 

 

 

 

Juan Antonio García Amado es doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo. Natural de Ruedes (Gijón-Asturias), fue becario en Múnich y Berlín y es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León desde 1994. Ha sido profesor y conferenciante en diversas universidades e instituciones europeas (Alemania, Francia, Bélgica, Italia) y latinoamericanas. Escribe el blog Dura lex

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