Entre   |  Regístrese

Escritos esquinados el blog de Mikel Arteta


Tamaño de texto: A | A | A

12 de enero, 2019

Falacias y excesos del peor feminismo

 

En su nada desdeñable cruzada a favor de la natalidad, a pesar de los tintes casposos que seguro acabarán cubriéndola, VOX podría plantearse homenajear a las menos de 100 brujas asesinadas en España entre 1300 y 1800. Ellas sí debían ser fértiles atendiendo a buena parte de ese feminismo que, desde la trinchera guerraculturalista opuesta, declara componerse de las “nietas de la brujas que nunca pudisteis matar”, parafraseando así otro conocido estribillo de La Polla Records que Podemos, ese dialéctico amante/odiador de lo fálico, convirtió en eslogan: “somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar; somos los nietos de los que perdieron la guerra civil”. Eso incluye a hijos de las black.

 

Así, quienes buscan hurgar a toda costa en las heridas de la historia de España para erigir un proyecto resentido desde las cenizas de un “régimen” deslegitimado (arrasado con críticas destructivas, con argumentos tantas veces infundados y estadísticamente sesgados), van aireando las leyendas negras que otros -recurrentemente más violentos que nosotros-, nos endilgan para tapar sus vergüenzas. Como esa Inglaterra donde murieron unas 1000 brujas. O Escocia, que dobla esa cifra o, por supuesto, Alemania, donde asesinaron a 35.000 brujas.

 

 

 

 

Pero este es el menor de los asuntos que, para calibrar el nuevo empuje feminista, debería importarnos. Sólo permite enmarcar la cuestión: buena parte del actual movimiento continúa la lógica política incendiaria de quienes buscan fragmentar la sociedad entre un “nosotros” (o “nosotras” o “nosotres”) y un “ellos”, deslegitimando por el camino la Constitución, deformándola hasta que acoja formalmente en su seno el principio identitario frente al paradigma individualista e igualitario de los derechos, el que nos brinda libertades frente a las tiranías grupales. Es un camino abierto hace ya tiempo, seguramente antes de 2004, cuando se dio a luz a la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la de Violencia de Género (LIVG).

 

Lejos de romper una lanza por VOX, de quien por razones diversas me desmarco todavía más que del fundamentalismo feminista, es necesario afinar varios dislates que están señoreando nuestra esfera pública. La peor parte del movimiento feminista, la que amenaza con descarrilarlo, sostiene algunas inconsistencias, falacias e incluso tesis injustas tan palmarias que sólo pueden alimentar irresponsablemente a VOX, de tan fácil que les resulta denunciar públicamente que la reina va desnuda.

 

 

Y buena parte de la prensa y del mundo intelectual guarda atronador silencio; cuando no cierra filas con la jauría por más que, evidentemente, sepa de las inconsistencias. Supongo que es entonces cuando los verdaderos intelectuales alzan la voz, prestándose a que les partan la cara por hacer de avanzadilla y de paraguas para la reacción de un sentido común acobardado. Hemos leído estos días a unos pocos de los que se toman en serio eso de argumentar y aportar datos. Y se agradece. En ellos me baso para mucho de lo que sigue.

 

Sin vitola de experto, retomo algunos puntos calientes en torno a las “políticas de género” que convendría ir desactivando. Recordemos que todo se salió de madre con el caso de La Manada. Parece que hay quien piensa que haber mantenido dudas acerca de las pruebas de cargo para fundar la más grave calificación jurídica de agresión sexual implicaba necesariamente compadreo con esa chusma (chusma, digo, por las cosas que fuimos sabiendo, que no venían necesariamente al caso que se juzgaba) e incluso voluntad de despenalizar la violación o violaciones en grupo (como la de la manada de Alicante), que son obviamente más sangrantes por la mayor intimidación y humillación que suponen. Lo de atenerse al caso concreto, atender a las pruebas, respetar la presunción de inocencia, seguir un razonamiento... todo eso fue lo de menos. La palabra de la víctima era ya verdad: “yo te creo”. Pero sostener eso implicaba darle la vuelta a los fundamentos del derecho penal: el acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario; y, a falta de pruebas suficientes, en caso de duda, debería prevalecer la interpretación más favorable al reo. La víctima deberá ser siempre escuchada y atendida (incluso, si quieren, preventivamente atendida: digamos que, en materia de ayudas, podría darse la vuelta al adagio penal de que es mejor un culpable en la calle que un inocente en prisión y sostener que es mejor una no víctima atendida que una víctima sin atender) pero no directamente creída, como si la mujer, a diferencia del hombre, fuera un ser puro, incapaz de mentir y acusar en falso por interés o por simple voluntad de hacer daño.

 

Un poquito de honestidad no le vendría mal a un momento tan ideologizado como el que nos impregna. A veces un paso atrás descubre toda una senda hacia delante. Y se transitaría con buena compañía.

 

1. Acabar con el patriarcado y reducir las muertes a cero.

 

Lo primero es asumir que existe algo así como una ‘tasa de inevitabilidad’ (por retomar una expresión, quizás no demasiado científica, que ha circulado) en todo suceso trágico. Existe en las caídas o en los accidentes de tráfico; y existe, allí donde hay libertad y convivencia, en los crímenes, como los homicidios o los malos tratos. Seguramente no lo pretendan en serio, pero intentar reducir a cero el número de violaciones, malos tratos o asesinatos de mujeres por sus parejas es simplemente imposible fuera de un escenario totalitario y distópico. (Huelga decir que, de no ser esto cierto, sería bastante indignante que la consigna sea “ni una más” y no, simplemente “ni uno más”. Mundo Feliz y a otra cosa). Vaya, que donde hay libertad (y circunstancias sociales y genéticas) habrá crimen. Encerrar preventivamente a quienes sean genéticamente propensos a la violencia (si tal cosa fuera posible…) suena peligroso. Con ello, además, estaríamos negando la libertad, la capacidad de un carácter impulsivo o violento de retener sus impulsos, y en buena lógica también su responsabilidad; y, puestos a negar la libertad, quizás deberíamos compadecer a quien nace con tal predisposición y ofrecerle el más apacible y satisfactorio de los confinamientos. Otra solución, poner una cámara en cada esquina, no reconforta mucho más: tras arrebatarnos la libertad y favorecer el control social en detrimento del control democrático del poder, no eliminará el delito de quien sólo después del crimen irá a la cárcel.

 

Soluciones peregrinas al margen, más propias de la ultraderecha que de quien se tiene por progresista, cabría reconocer, por una parte, que, en el mejor de los casos, la tasa de muertes de mujeres a manos de sus parejas se ha mantenido a pesar de la LIVG. Lo que no implica que muchas mujeres no se hayan visto beneficiadas por las atenciones previstas, que denuncien más, que escapen del calvario. Y, por otra parte, también es un hecho que la ratio en España, en comparación con otros países, es razonablemente baja. Según El País, en Suecia se denunciaron 56,8 violaciones por cada 100.000 habitantes en 2015; y esto sería 20 veces más que en España, donde se registraron 2,65.

 

 

Debemos asumir que la libertad, la convivencia social, entraña necesariamente crimen. ¿Estamos rozando entonces esa ‘tasa de inevitabilidad’? No me atrevería a decir tanto ya que no hablamos de accidentes de tráfico. Además, hay quien recuerda que estos datos de Eurostat no recogen las agresiones no denunciadas y quien sostiene, como la jefa de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que entre el 70% y el 80% de los casos no se denuncian y que esto se debe al miedo a no ser creídas. Desconozco de dónde saca el dato, pero seguramente habrá mucho maltrato sin denunciar teniendo en cuenta que en 2016, según estadísticas del CGPJ, sólo el 69% de las denuncias fueron interpuestas directamente por las víctimas. El 30% provienen de la policía. Las familias apenas interponen un 1% de las denuncias.

 

2. Denuncias falsas.

 

Dice RTVE, en su web, que:

 

 

“La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2017 señala que las denuncias falsas por violencia de género solo representan el 0,01% de las totales. [Ver capítulo III Violencia de género, punto 1.5 sobre "Acusación y denuncia falsa"].

De las más de 1,2 millones de denuncias presentadas desde 2009 a 2017, solo 96 mujeres han sido condenadas por denuncia falsa, un 0,0078%. Si se suman los causas que están en tramitación todavía la cifra sube a 131 (el 0,01%).

Desde Vox asimilan las absoluciones a denuncias falsas para afirmar que estas últimas son muchas más. Durante el tercer trimestre de 2018, los órganos judiciales dictaron 10.741 sentencias, de las que el 72,16% (7.751) fueron condenatorias. Eso no quiere decir que 27,84% fueran denuncias falsas, según aclararon fuentes del Consejo General del Poder Judical a RTVE.es el día que se publicaron los datos el pasado mes de diciembre.

Casi siempre que hay una absolución, señalaban, es por falta de pruebas o porque la propia víctima no declara durante el juicio contra su agresor y no hay otro testigo o prueba contra el presunto maltratador”.

 


Por supuesto, las absoluciones, en un Estado de derecho que garantiza los derechos del acusado, no equivalen en absoluto a una denuncia falsa. Sólo a una falta de prueba en casos donde, desgraciada y trágicamente, la violencia ocurre en el oscuro interior del hogar, por decirlo con Arendt. Es decir, es un ámbito donde contar con testigos no resulta nada fácil.

 

Dicho lo cual, circulan otros datos que permiten contextualizar la interpretación de los de RTVE. Lo primero que conviene reconocer para no avivar el resentimiento en quienes han sufrido en sus carnes denuncias falsas (y en quienes han sufrido junto a sus familiares) es que donde hay incentivos perversos suele haber un gran número de denuncias falsas.

 

Por ejemplo, en septiembre de 2018 El País se hacía eco de un sistema informático, de inteligencia artificial, usado por la Policía para detectar denuncias falsas en casos de robo con violencia.

 

 

“Las palabras delatoras surgieron del análisis de los textos de 1.122 denuncias de 2015: 534 verdaderas y 588 falsas. Las denuncias estudiadas son solo de casos de robo con violencia en la calle o tirones. Para evitar cualquier error, los investigadores seleccionaron casos ya cerrados: porque había habido una detención o porque los denunciantes habían admitido su mentira.

El modelo analiza las combinaciones de palabras más comunes cuando se miente ante un policía

El sistema está explicado en un artículo científico publicado en marzo en la revista Knowledge-Based Systems: ‘Aplicando detección automática de lenguaje engañoso basado en texto a los informes policiales’.

(…) Según la investigación, no hay datos generales sobre el porcentaje de denuncias falsas, pero alguna comisaría lo cifra en un 57% del total, según cuenta la investigación. Una denuncia falsa es un delito que la policía traslada a un juez y puede suponer antecedentes para el denunciante. Si además se le une un delito de estafa a, por ejemplo, una compañía de seguros, puede haber responsabilidad penal. VeriPol puede disuadir a algunos de mentir en sus denuncias. Pero siempre habrá alguien que se crea capaz de ganar a la máquina porque conoce el truco. De hecho, Veripol no pilla alrededor de un 10% de denuncias falsas, pero es solo una herramienta más en manos de la policía, no la única.”

 

 

El incentivo de denunciar falsamente un robo parece claro: cobrar una indemnización por parte de un desconocido o de un seguro. Los incentivos de denunciar en falso a tu pareja se corresponden con las ventajas contempladas en la ley: según la abogada Yobana Carril (en un vídeo de Un Tío Blanco Hetero que enlazo más adelante), hablamos de ayudas de 426 euros durante a un año prorrogable a dos, abandonar el trabajo y cobrar desempleo, subvenciones para pisos de alquiler, puntos en oposiciones locales o la custodia de los hijos en el piso familiar.

 

Bien, no sólo considero que muchas de estas ayudas son fundamentales sino que varias de ellas (ayudas económicas, directas o indirectas, para lograr un piso) deberían darse de entrada en caso de duda razonable (análoga a la que –más tarde, ya en el juicio- excluye la culpa jurídica del hipotético maltratador). Y esto es algo que ya ocurre, atendiendo al porcentaje de medidas penales acordadas por CCAA (77,26%) y al porcentaje final de condenas (algo más del 54%, como ahora veremos).

 

 

 

Por otra parte, como incentivo, sacar beneficio a costa de alguien a quien hemos querido es bastante más delicado que beneficiarse de una denuncia a un tercero a quien no conocemos o a quien no concretamos. Sin duda, del amor al odio hay un paso cuando todo se pudre; pero los incentivos no son comparables. Es prudente, por lo tanto, suponer que la cifra de denuncias falsas será bastante más baja que ese 57%.

 

Por lo demás, según parece, en otros delitos las cifras de denuncias falsas (que jamás se pueden concretar del todo, lógicamente) oscilan entre el 20 y el 30%. Esto seguiría a años luz de los datos que la prensa, asociaciones y partidos hacen circular a partir de informes de la Fiscalía: cifras que nos hablan de un 0,014% de denuncias falsas relacionadas con violencia de género. ¿Acaso con este tipo de denuncias las personas (mujeres en este caso, si quieren) somos inconmensurablemente más íntegras que en las que se dan en cualquier otro ámbito? Cabe dudarlo.

 

En realidad, el extracto de RTVE aclara el malentendido: “De las más de 1,2 millones de denuncias presentadas desde 2009 a 2017, solo 96 mujeres han sido condenadas por denuncia falsa, un 0,0078%. Si se suman los causas que están en tramitación todavía la cifra sube a 131 (el 0,01%).” Es decir, las cifras y porcentajes de denuncias falsas que se hacen públicos corresponden a los casos en los que la Fiscalía ha actuado de oficio (que no es práctica sistemática), cuando la sospecha sobre la denunciante es flagrante y se obtiene sentencia condenatoria contra la denunciante. En consecuencia, del mismo modo que jamás debería afirmarse que la existencia de un 27,84% de absoluciones significa que en el 27,84% de los casos las mujeres mintió (lo que agravaría la indefensión y el estigma de la mujer que no logró probar su maltrato o, peor, de aquella que, atemorizada, finalmente no declaró), concederemos que nadie debería decir que el año pasado sólo 2 denuncias fueron falsas porque sólo dos se investigaron y llegaron a condenar a la denunciante.

 

Dicho esto, si el 72,16% de las denuncias son condenatorias, como dice RTVE, cabría concluir, tras descontar la dificultad de la prueba en muchos casos, que no es en absoluto creíble que las denuncias falsas por maltrato alcancen un 20% y mucho menos un 30%.

 

En este punto, el diario Público, haciéndose eco del “Análisis de datos estadísticos del CGPJ sobre violencia de género” elaborado para Feminicidio.net por María del Mar Daza Bonachela y editado y coordinado por Graciela Atencio, nos  aclara algo: en 2016 se archivaron 58.716 denuncias (casi 41%), con tasas muy dispares (entre el 79,14% de denuncias archivadas en Pontevedra y el 27,01% de Ceuta).

 

 

 

De las denuncias que acabaron en sentencia en Juzgados de lo penal (28.514, de las cuales, según nos dicen, el 97% de los juzgados eran hombres y el 3% mujeres), el 54,87% acabaron en condena, 5,67 puntos porcentuales más que el año anterior. De lo que se deduce que el 45,13% fueron absoluciones.

 

 

 

De ahí que Público titulara (dando por hecho que toda denuncia archivada se debe a una negligencia judicial y no al arrepentimiento de la denunciante o a la falta de credibilidad flagrante de la denuncia, por ejemplo) que “de cada 10 denuncias de violencia machista, sólo dos terminaron en condena en 2016”, un 21,69% en realidad.