La pequeña refugiada rohingya Noor Kamis duerme en la madrasa de Tat Kal Pyin junto a su madre y su hermana. Estado de Arakan (Birmania), 4 de noviembre de 2012.

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    Limpieza étnica en la Tierra de la Gran Imagen de Birmania

    Texto y fotografías: Carlos Sardiña Galache - 25-04-2013

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    I

     

    Noor Kamis ya era una desplazada interna antes de nacer, el pasado mes de julio, en el suelo de una vieja madrasa reconvertida en un improvisado campo de refugiados. Su madre aún la llevaba en el vientre cuando huyó con su familia de la brutal oleada de violencia sectaria entre las comunidades budista y musulmana que había asolado el remoto Estado de Arakan, en el noroeste de Birmania, en junio. La niña ha nacido en un mal lugar y en un peor momento, pertenece a lo que la ONU ha calificado como una las minorías más perseguidas del mundo: los rohingya, una etnia musulmana que ha sufrido durante decenios la persecución del Gobierno birmano y, en ocasiones, de sus vecinos budistas.

     

    Se calcula que viven en Arakan unos 800.000 rohingyas, entre una población total de 3,8 millones, la mayoría de ellos arakaneses budistas. Considerados inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh por el Gobierno y una gran parte de la población birmana, los rohingya no pertenecen a ninguna de las 135 “etnias nacionales” reconocidas oficialmente por el Estado y la inmensa mayoría son apátridas, despojados del derecho a ser ciudadanos de un país que consideran tan suyo como cualquiera de sus 55 millones de habitantes.

     

    Noor Kamis nació en Tat Kal Pyin, un pequeño pueblo musulmán situado a pocos kilómetros de Sittwe, la capital del Estado. Cuando visité la zona, a principios de noviembre, la niña dormía en el suelo bajo la angustiada e impotente mirada de su madre. Con la lengua fuera y respirando con dificultad, Noor sufría malnutrición y fiebre. Sólo la había visto un médico una vez. En aquel desvencijado edificio con paredes desconchadas y sin apenas ventilación, se hacinaban unos 1.400 demacrados desplazados internos musulmanes. Aquel día no era uno de los peores: los refugiados habían recibido un reparto de comida por primera vez en cinco días.

     

    El de Noor Kamis no es un caso excepcional en los campos donde viven unos cien mil desplazados. El suministro de comida es totalmente insuficiente, la mayoría de los refugiados no tiene acceso a agua potable y enfermedades como la tuberculosis o la malaria se ceban en una población que apenas recibe atención médica. Decenas de niños como Noor mueren cada semana como consecuencia de las terribles condiciones a las que les ha condenado el odio racial.

     

    Este desastre no está ocurriendo en una región desértica carente de recursos, sino en una tierra fértil, llena de arrozales y dotada de una vegetación exuberante donde no debería faltar el alimento. Pero las autoridades han confinado a decenas de miles de musulmanes en un grupo de pueblos situados en una franja de terreno a lo largo de la costa de la Bahía de Bengala que solo puede proporcionar sustento a una décima parte de ellos.

     

    La superpoblación de la zona se hace patente en el polvoriento camino que conduce a Tat Kal Pyin. A lo largo de la carretera de un solo sentido que separa dos pueblos musulmanes de frágiles casas de madera se aglomeran miles de rohingyas de todas las edades. Algunos compran los escasos productos que ofrecen precarias tiendas de bambú, otros parecen vagar sin dirección, unos pocos contemplan los vehículos que pasan con una mirada que se había transformado en pocos meses: cuando visité la zona en agosto, dos meses después del comienzo de su confinamiento, muchos dedicaban una esperanzada sonrisa a aquel extranjero que pasaba acompañado de una innecesaria escolta policial. Tres meses más tarde, durante mi segunda visita, esta vez sin la policía, las sonrisas eran menos frecuentes y los refugiados se limitaban a contemplar al extranjero con una mirada inescrutable, en la que sólo se adivinaba desesperación.

     

    Mientras tanto, los desplazados internos budistas de etnia arakanesa que perdieron sus casas durante la violencia no sólo son mucho menos numerosos, sino que disfrutan de total libertad de movimientos y reciben atención médica y los alimentos suficientes para sobrevivir. No fui testigo de un solo caso de malnutrición en ninguno de los monasterios que cobijan a los refugiados budistas que visité, tanto en agosto como en noviembre. En noviembre pude ver en un monasterio budista de Kyaukpyu, una de las poblaciones en la isla de Ramree, donde se produjeron algunos de los peores episodios de violencia a finales de octubre, a dos doctores y dos enfermeros del ejército que prestaban atención médica a unos 300 desplazados budistas.

     

    Días antes de viajar a Kyaukpyu, en los campos para musulmanes, varios desplazados internos se habían quejado de que solo iba a visitarles un médico del Gobierno una vez a la semana y la única medicina que les daban era paracetamol, independientemente de la enfermedad que tuvieran. En Tat Kal Pyin, no muy lejos de la madrasa donde agonizaba la pequeña Noor, se había improvisado un hospital en un viejo edificio en el que siete voluntarios enviados desde Rangún por una fundación musulmana tenían que atender con escasos recursos a cientos de refugiados musulmanes cada día.

     

    La única manera de llegar hasta Kyaukpyu era acompañando a varios miembros de una ONG arakanesa local, la Fundación Wan Lark, que viajaban a la isla para repartir ayuda entre los desplazados budistas de la zona. Wan Lark había recolectado dinero, comida y ropa entre los habitantes más adinerados de Sittwe, donde está su sede, y podía repartirlos sin ninguna traba entre los miembros de su propia etnia, algo impensable entre la comunidad musulmana.

     

    La situación en los campos musulmanes se ve agravada por la hostilidad de una gran parte de la población budista hacía los organismos y ONG internacionales que tratan de proporcionar ayuda humanitaria. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras reciben amenazas casi diarias de extremistas budistas, lo cual dificulta enormemente su labor. Un curtido cooperante extranjero que deseaba mantenerse en el anonimato me dijo en septiembre: “En nueve años de experiencia trabajando en varios países en las circunstancias más difíciles, nunca he sentido tanto odio por parte de la población”. En Sittwe y Kyaukpyu, era frecuente ver carteles y pegatinas con mensajes contra la ONU y las ONG internacionales.

     

    Thein Tun Aye, cofundador de la Fundación Wan-Lark y conocido activista local, acusaba a las ONG extranjeras de favorecer a los “musulmanes bengalíes” (como la mayoría de los birmanos llaman a los rohingyas, indicando que los consideran inmigrantes ilegales bangladeshíes). Afirmó que estaba dispuesto a apoyar públicamente a las organizaciones extranjeras, pero con la condición de que renunciaran a la palabra rohingya y la sustituyeran por kalar, término que se emplea para referirse a los extranjeros de procedencia india y que, según él, no tiene ninguna connotación negativa, pese a ser usado en Birmania como un insulto (el equivalente sería nigger en Estados Unidos). El activista fue más lejos en sus críticas e incluso acusó a un rohingya que trabajaba para Médicos Sin Fronteras de tener vínculos con organizaciones terroristas islámicas extranjeras.

     

    El acusado responde al nombre de Kyaw Hla Aung y es un veterano abogado y activista por los derechos de su comunidad. Su casa fue asaltada y parcialmente destruida a principios de junio por una turba de extremistas arakaneses. Poco después, la policía registró su domicilio y le detuvo alegando que había encontrado un documento que demostraba su vinculación con al-Qaeda. Él alega que cualquiera pudo haber colocado allí el documento. Después de que MSF y la ONU pidieran su liberación, fue excarcelado en agosto y ahora es un desplazado interno más que vive en Tat Kal Pyin con su familia. Pero su nombre ha quedado marcado, quizá para siempre, entre la comunidad arakanesa y, junto a él, el de la organización para la que trabajaba.

     

     

    II

     

    El detonante de los enfrentamientos entre ambas comunidades fue la violación y asesinato de una joven budista en la isla de Ramree el pasado 28 de mayo. La policía acusó del crimen a tres musulmanes y los detuvo al día siguiente. Uno de ellos se suicidó días más tarde en comisaría, según la versión oficial, y los otros dos fueron condenados a muerte pocas semanas después.

     

    La historia de la violación es más turbia de lo que parece a simple vista. El politólogo birmano Maung Zarni, de la London School of Economics, sostiene que fuentes sobre el terreno le han informado de que el forense no encontró rastros de violación en el cadáver de la chica, que las autoridades le entregaron un informe ya preparado de antemano y le obligaron a firmarlo. Además, según Zarni, el acusado que supuestamente se suicidó ni siquiera era musulmán, sino budista, y su mujer murió ahogada en un río poco después.

     

    En cualquier caso, aquel suceso puramente criminal fue la chispa que encendería el fuego de la peor violencia sectaria que el país había presenciado en años. Durante los días posteriores, los medios locales publicaron constantemente la fotografía de la joven asesinada e hicieron circular por todo el Estado panfletos denunciando a la comunidad rohingya, lo que reavivó un estado de paranoia y odio antimusulmán que siempre ha estado latente entre una gran parte de la población budista arakanesa.

     

    El 3 de junio, unos trescientos arakaneses decidieron tomarse la justicia por su mano en la población de Taungup, al sur del Estado. La muchedumbre asaltó un autobús en el que viajaban diez musulmanes de Rangún que volvían a sus casas tras un peregrinaje, los arrastraron fuera del vehículo y los mataron a golpes en medio de la calle. Aquello sucedió a la vista de todos y, según algunos testigos, frente a policías que no hicieron nada para detener el linchamiento. Al contrario de los tres presuntos culpables de la violación y asesinato de la joven budista, nadie fue detenido a causa de la matanza.

     

    La violencia no tardó en propagarse por el Estado. A partir de aquel momento resulta difícil determinar quién atacó a quién en cada lugar, ya que prácticamente no había observadores independientes sobre el terreno, pero muchedumbres de ambas comunidades se lanzaron a un baño de sangre que, según los cálculos del Gobierno, dejó al menos 78 muertos, en su mayor parte rohingyas. No obstante, diversas organizaciones de derechos humanos consideran muy probable que la cifra real sea mucho más elevada.

     

    Aunque no siempre está claro quién atacó a quién, diversas investigaciones independientes han establecido más allá de toda duda cuál fue el papel que desempeñaron la policía, el ejército y la Nasaka, una guardia fronteriza local que lleva dos decenios sembrando el terror entre la población rohingya. Según un informe de Human Rights Watch titulado El Gobierno podría haber detenido esto y publicado en agosto, durante los primeros días las fuerzas de seguridad, compuestas en su mayor parte por arakaneses, no por birmanos de otras zonas del país, se limitaron a contemplar los disturbios con los brazos cruzados y después participaron activamente en la violencia contra los rohingyas, abriendo fuego contra ellos.

     

    Algunos de los testimonios que recogí durante mi primer viaje a Arakan en agosto confirman esas acusaciones. Thoung Ngwe, una mujer arakanesa que se había refugiado en el monasterio de Budawmaw, en Sittwe, tras perder su casa durante los enfrentamientos, me contó que cuando un grupo de rohingyas atacó su vecindario los vecinos llamaron inmediatamente a la policía, pero ésta no apareció hasta cinco horas después, cuando todo había terminado y unas 70 casas de su barrio habían sido completamente destruidas.

     

    En el campo de Tat Kal Pyin, un desplazado rohingya del pueblo de Dwa Myaung que pidió conservar el anonimato por miedo a las represalias me dijo: “los arakaneses y los monjes budistas prendieron fuego a las casa de los musulmanes de mi pueblo. La comunidad musulmana intentó apagar las llamas, pero la policía comenzó a disparar contra los musulmanes y les resultó imposible detener el incendio”. Abdurrahim, un hombre de 41 años y padre de cuatro hijos también refugiado en Tat Kal Pyin, vio morir a su primo de un disparo cuando trataban de huir de la violencia en el barrio de Narzi, en Sittwe. Abdurrahim no pudo ver quién efectuó el disparo, pero aseguró que los únicos que llevaban armas en la zona eran los policías y los había visto disparar contra los rohingya algunos minutos antes.

     

    Tras algunos días de enfrentamientos, el Gobierno declaró el estado de emergencia en Arakan y puso el Estado bajo el mando del ejército. Cuando éste puso fin a los disturbios, miles de casas yacían destruidas en Sittwe y otras localidades. Centenares de rohingyas fueron detenidos, acusados de incitar la violencia, y el ejército desalojó a miles de rohingya de la capital y los confinó en los campos, a pocos kilómetros de la capital, en que permanecen hasta ahora. El motivo aducido por el Gobierno era evitar una nueva ronda de violencia sectaria.

     

     

    III

     

    Las autoridades impusieron en junio el toque de queda en todo el Estado y una política de segregación absoluta entre ambas comunidades. En la práctica, eso se traduce en una restricción total de los movimientos de los musulmanes, no sólo de los desplazados internos, sino de los habitantes de pueblos y barrios que se han convertido en cárceles al aire libre de las que nadie puede salir.

     

    Antes de los disturbios, aproximadamente un 40 por ciento de los 200.000 habitantes de Sittwe eran musulmanes, en su mayor parte rohingyas. Tras la evacuación del distrito de Narzi, donde se concentraban la mayor parte de ellos, y la expulsión de los que vivían en vecindarios de mayoría budista, el único barrio del centro urbano de Sittwe en el que quedan rohingyas es Aung Mingalar, situado junto a la antigua universidad.

     

    Todas las entradas de Aung Mingalar están vigiladas por la policía. En sus calles sin asfaltar se acumulan montañas de basura y en sus humildes casas de madera tratan de sobrevivir unos siete mil musulmanes totalmente aislados del resto de la población. Algunos de los que entrevisté en noviembre me dijeron que vivían en un estado de terror permanente, ya que muchas noches, en ocasiones durante el toque de queda impuesto por las autoridades, bandas de jóvenes arakaneses borrachos se reunían en las inmediaciones para tirarles piedras, insultarles y amenazarles a gritos.

     

    No pocos de los residentes actuales de Aung Mingalar son personas llegadas de otros barrios durante los disturbios de junio. Acudieron para alojarse en casas de familiares o amigos y ahora han quedado atrapados allí, lo que ha hecho que el barrio albergue una población mucho más grande de la que puede vivir allí en unas condiciones medianamente salubres. Puesto que, oficialmente, sus habitantes no son considerados desplazados internos, no reciben ninguna ayuda del Gobierno y muy poca de organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos.

     

    Al igual que en los campos de desplazados internos, la población de Aung Mingalar carece de atención médica suficiente. Debido a la dificultad de acceder a la universidad a la que se han enfrentado los rohingya durante años, apenas hay médicos entre ellos y los médicos arakaneses del hospital de Sittwe se niegan a atenderles. En el terreno de la mezquita de Aung Mingalar yacen enterrados los cuerpos de seis personas que han muerto a lo largo de los últimos meses. Según Aung Win, un residente del barrio que suele mostrárselo a los periodistas que visitan la zona, fallecieron como consecuencia de enfermedades que podían haberse curado perfectamente con la atención médica adecuada.

     

    El confinamiento ha reducido cualquier tipo de actividad económica del barrio prácticamente a cero. A menudo, la única forma de conseguir alimentos y productos de primera necesidad como medicinas consiste en comprárselos a los policías que vigilan el perímetro. Según algunos residentes del bario, en ocasiones los agentes les cobran por la mercancías hasta diez veces su precio real en el mercado. Los musulmanes no pueden comprar directamente a vendedores budistas, no sólo debido a la imposibilidad de salir de sus zonas, sino a la presión a la que se ven sometidos los budistas dispuestos a tratar con ellos. En los últimos meses han aparecido fotografías que mostraban a comerciantes arakaneses humillados públicamente por vender sus productos a musulmanes.

     

    Todos los comerciantes musulmanes que tenían negocios desde hacía años en el mercado de Sittwe, junto al puerto, han perdido sus tiendas. Algunas de ellas permanecen cerradas, pero otras están ahora en manos de arakaneses. Los rohingyas temen no volver a recuperar nunca sus comercios y casas, y muchos creen que algunos arakaneses han aprovechado la ocasión para apropiarse de sus propiedades. En agosto fui testigo una escena que parece dar pábulo a esas sospechas: cuando visité el barrio de Narzi pude ver a un grupo de arakaneses y monjes budistas desescombrando una de las zonas musulmanas arrasadas durante los disturbios de junio.

     

    La segregación está afectando económicamente a las dos comunidades, pero es evidente que los más perjudicados son los musulmanes. Pocos arakaneses parecen lamentar el hecho de que ya no sea posible hacer negocios con los rohingyas y aquellos con los que hablé durante mis dos viajes pensaban que la segregación era imprescindible para mantener la paz entre ambas comunidades. Muchos creen que la única solución es expulsar a los rohingyas del país.

     

    La profunda desconfianza, cuando no un odio visceral, hacia los rohingya y los musulmanes en general, que impera entre la población arakanesa, se ve alimentada por toda clase de rumores que los presentan como violadores, terroristas e invasores empeñados en acabar con la población budista e imponer un estado islámico en Arakan y el resto de Birmania.

     

    Algunos influyentes monjes budistas están más que dispuestos difundir esos rumores. U Chuzarthar, el abad de Budawmaw, uno de los principales monasterios de Sittwe, me dijo en agosto que al-Qaeda había penetrado en la comunidad musulmana de Arakan. Cuando le pregunté qué pruebas tenía, me mostró, en presencia de algunos monjes más jóvenes y otros arakaneses, un vídeo en el que se veían imágenes de la violencia de junio y de “extremistas musulmanes” armados hasta los dientes. Era imposible determinar la procedencia de aquellas imágenes y nadie en la habitación sabía quién había montado y distribuido el vídeo. En una de las imágenes podía verse a soldados deteniendo a un grupo de musulmanes, pero los soldados eran tailandeses, no birmanos, y las imágenes probablemente se habían tomado en el sur del país vecino, donde las fuerzas de seguridad combaten una violente insurgencia malayo-musulmana local desde hace años.

     

    En el pasado, se ha vinculado a algunos rohingyas con grupos terroristas, pero nunca ha habido atentados de al-Qaeda o de cualquier otra organización terrorista internacional en Birmania, y el Gobierno birmano ha tratado de exagerar esas vinculaciones para legitimar su control y tratar de situarse bien en la “guerra contra el terrorismo” posterior al 11-S. Son muchos quienes han estado más que dispuestos a creerlo.

     

    No todos los arakaneses comparten ese odio a los musulmanes. En noviembre hablé con un pescador musulmán que huyó en octubre a los campos de desplazados internos de los alrededores de Sittwe y me contó que estaba en contacto telefónico con un anciano arakanés de su pueblo. El hombre le había prometidos avisarle cuando fuera seguro regresar para él y su familia. Pero aquellas eran llamadas furtivas, realizadas en secreto y en voz baja para que no las oyeran los vecinos, ya que cualquier arakanés que contemporice con los musulmanes se arriesga a ser castigado duramente por su propia comunidad.

     

    El odio nace a menudo de la ignorancia, como pude comprobar cuando entrevisté en noviembre a U Baddiya, el abad del monasterio de Than Pyu, en Kyuakpyu. Tras decirme que ya no era posible convivir con los musulmanes le pregunté si había mantenido alguna vez contacto con los líderes religiosos musulmanes de la población. Me respondió que no, que nunca había tratado de hablar con ellos, pero que ellos tampoco se habían acercado a él.

     

    El abad se mostró orgulloso de dar cobijo a los desplazados budistas, algo que ya había hecho en el año 2010, cuando un ciclón azotó la región. Al preguntarle si en aquella ocasión, en que las tensiones sectarias eran mucho menores, había acogido, o habría estado dispuesto a acoger, a desplazados musulmanes, me respondió que no, que se había limitado a proporcionarles comida. De todas formas, añadió, esa situación nunca hubiera podido darse, ya que, según él, los musulmanes tienen prohibido entrar en cualquier recinto religioso que no pertenezca a su propia religión. Sin embargo, según varios musulmanes con los que hablé algunos días después, esa prohibición no existe en el islam, tal y como ellos lo profesan.

     

    Si la ignorancia con respecto al otro propicia el odio, la segregación impuesta por el Gobierno no hace más que aumentar ese tipo de desconocimiento entre ambas comunidades, por lo que cada día que pasa resulta más difícil que puedan aprender a convivir alguna vez.

     

     

    IV

     

    La segregación no cumplió su supuesto objetivo. A finales de octubre, tras unos meses de tensa calma, la violencia volvió a estallar en Arakan. Tras varios días de disturbios, algunos barrios y pueblos musulmanes quedaron totalmente arrasados, tal y como muestra una serie de imágenes tomadas vía satélite hecha pública por Human Rights Watch. Un par de semanas después de aquella segunda oleada visité una de las poblaciones afectadas, la ciudad pesquera de Kyaukpyu, y pude entrar en el barrio musulmán de East Pikesake: lo que encontré fue un sobrecogedor paisaje de cenizas y escombros de poco más de 14 hectáreas en el que no quedaba ni un solo edificio en pie.

     

    No está claro cuál fue el detonante en esta ocasión, pero, según una exhaustiva investigación llevada a cabo por la agencia Reuters, grupos de extremistas budistas arakaneses vinculados al ultranacionalista Partido para el Desarrollo de las Nacionalidades Rakhine (arakanesas), el más poderoso de la región, orquestaron y encabezaron los pogromos anti-musulmanes.

     

    Cuando viajé a Kyaukpyu, uno de los miembros de la ONG local que me facilitó el acceso a aquella zona restringida, la Fundación Wan Lark me mostró un vídeo de canciones patrióticas arakanesas que contenía imágenes de arakaneses de todas las edades entrenando con palos de madera. El joven que me enseñó el vídeo apenas hablaba inglés, por lo que le pregunté por esas imágenes a uno de los fundadores de la organización, Thein Tun Aye. Visiblemente irritado porque su compañero me hubiera permitido ver aquellas escenas, me respondió: “Tenemos que defendernos”. Y después añadió: “De todas formas, no es un entrenamiento de verdad, solo se hizo para el vídeo”.

     

    Los testimonios de los desplazados musulmanes tras esa segunda oleada de violencia que recogí en los alrededores de Sittwe también señalan que la violencia fue organizada por extremistas arakaneses. Algunos me contaron que, en las semanas previas a los ataques, habían recibido un ultimátum: abandonar sus casas y marcharse del Estado antes de finales de octubre. Tras las amenazas, muchedumbres de arakaneses atacaron sus pueblos y barrios, en muchos casos con la complicidad de la policía. Casi todos los testigos entrevistados aseguraban que las turbas estaban compuestas, o al menos lideradas, por personas que no habían visto nunca, no por los vecinos con los que habían convivido durante años.

     

    En esta ocasión la violencia no se limitó a los rohingya, sino que afectó a todos los musulmanes de Estado. Las principales víctimas fueron los kaman, una etnia menos numerosa que, al contrario que la rohingya, sí está reconocida por el Gobierno como una de las nacionalidades indígenas de Birmania y, por tanto, sus miembros son, sobre el papel, ciudadanos de pleno derecho.

     

    La mayoría de los habitantes del barrio musulmán de Kyaukpyu pertenecen a esa etnia. Puesto que el barrio se halla en el extremo norte de la isla de Ramree y está rodeado de barrios arakaneses, durante los disturbios sus habitantes no tenían más vía de escape que el mar. Muchos huyeron en frágiles barcos de madera. Como los musulmanes que huyeron de otros lugares, algunos fueron retenidos por la guardia costera durante días cuando trataban de desembarcar en las inmediaciones de Sittwe. Otros nunca llegaron a su destino y desaparecieron en las aguas de la Bahía de Bengala.

     

    Éste es el caso de Daw Khin Swe, una mujer de 46 años, matemática y la única profesora musulmana de la Universidad de Sittwe. Originaria de la población de Pauk Taw, se hallaba allí durante los disturbios de octubre y, según su hermano, Mohammed, huyó hasta la costa y trató de huir en un transbordador, pero un comandante del ejército le impidió embarcar, aduciendo que no era seguro. Decidió subirse a uno de los barcos en los que huía la población musulmana a la desesperada, pero éste naufragó frente a las costas de Sittwe. Murieron 38 de sus 50 pasajeros, entre ellos Khin Swe.

     

    Khin Maw, una mujer de 42 años que prefiere que su nombre real no sea publicado, sí logró llegar a su destino. Esta mujer menuda y de voz suave llegó el 24 de octubre a la costa a pocos kilómetros al norte de Sittwe tras una travesía de dos días desde Kyuakpyu, la ciudad donde había nacido y vivido toda su vida. Cuando la entrevisté en noviembre vivía en la casa de una prima en Tat Kal Pyin. Su marido no había tenido tanta suerte: había partido un día más tarde que ella y, cuando su barco llegó a una playa junto a Sittwe, las autoridades retuvieron allí a unos 800 desplazados durante varias semanas.

     

    Khin Maw había sido funcionaria del Estado durante varios años hasta que estalló la primera oleada de violencia en junio. Aunque entonces los disturbios apenas afectaron a la población kaman, Khin temía por su seguridad y la de su familia, por lo que decidió pedir una excedencia y se fue con sus hijos a otro Estado. Su situación económica no le permitía estar demasiado tiempo sin trabajar, por lo que a principios de octubre, cuando creyó que las cosas se habían calmado, decidió volver a su hogar. Aquella decisión resultaría fatídica. Khin Maw cuenta su historia con una voz temblorosa y no puede reprimir las lágrimas cuando recuerda la muerte de su hijo Ibrahim. La noche del 23 de octubre comenzaron los ataques y, cuando huía hacia las embarcaciones con sus otros dos hijos, unos vecinos les avisaron de que su hijo había sido abatido a tiros cuando trataba de apagar el fuego de la mezquita del barrio.

     

    Ahmed, un pescador de 31 años procedente del mismo barrio que ahora está refugiado en un pueblo cercano a Tat Kal Pyin, era uno de los hombres que trató de extinguir las llamas de la mezquita aquella noche. Vio cómo su primo recibía un disparo en el cuello mientras lanzaba cubos de agua a las llamas desde el tejado. Otros tres hombres fueron abatidos a tiros, entre ellos el hijo de Khin Maw. Ahmed asegura que los cuatro hombres fueron asesinados por la policía, apostada a unos 50 metros.

     

    La historia que contaban los arakaneses budistas a los que entrevisté en Kyaukpyu no podría ser más diferente. Soe Naing, un hombre de 36 años que se gana la vida conduciendo un rickshaw y vive junto al barrio musulmán, me aseguró que vio morir a un amigo por el disparo de un jinglee (una flecha de hierro) lanzado por los musulmanes. Como otros arakaneses entrevistados en la zona, afirmaba que fueron los musulmanes quienes les atacaron y niega que las fuerzas de seguridad se pusieran del lado de los budistas.

     

    Aye Mya Thanda, una chica de 24 años que da clases en un monasterio budista cercano y vive en el límite de la zona musulmana destruida, me aseguró que tres jóvenes musulmanes que conocía de toda la vida entraron en su propiedad y prendieron fuego a la casa pocos minutos antes de que comenzara la violencia. Su casa, en la que vive con su madre, un ama de casa arakanesa, y su padre, un policía jubilado de etnia bamar (la mayoritaria en el país, aunque no en Arakan), ahora está completamente destruida y ella cree que nunca será posible restablecer la convivencia entre las dos comunidades.

     

    Cuando le pregunté a Aye Mya Thanda y Soe Naing la razón por la cual, si los musulmanes habían sido los atacantes, prácticamente sólo habían quedado destruidas sus casas, me respondieron que los ellos mismos habían destruido su propio barrio antes de huir en los barcos. Esa es una idea muy extendida tanto en Arakan como en el resto de Birmania. Muchos sostienen que los musulmanes habrían destruido sus propiedades para llamar la atención de la comunidad internacional y ser admitidos en los campos de desplazados internos y, de ese modo, recibir comida, agua y cobijo gratis.

     

    No cabe duda de que hay muertos y heridos en ambas comunidades, pero tampoco de que la mayoría son musulmanes. Pero es imposible conciliar los testimonios de la mayoría de testigos de una comunidad con los de la otra, a no ser que una de ellas haya acordado algún tipo de pacto de silencio. En cualquier caso, en localidades como Kyaukpyu resulta evidente quienes fueron los vencedores y prácticamente ya no queda un solo musulmán.

     

    Las zonas sin musulmanes coinciden con los lugares en los que se construirá una serie de proyectos de grandes infraestructuras que, según aseguran las autoridades, llevarán la prosperidad y el desarrollo económico a Arakan, el segundo Estado más pobre de Birmania. Entre esos proyectos figura una zona económica especial en la isla de Ramree vinculada a un gaseoducto que se extenderá a lo largo de todo el país, desde los yacimientos de gas que se hallan frente a la costa arakanesa hasta la provincia china de Yunnan.

     

    Antes de los disturbios de junio, activistas arakaneses como los creadores de la Fundación Wan Lark, organizaban campañas para detener esos proyectos, ya que, según uno de ellos, “sólo beneficiaran a los bamar”. Pero muchos de esos activistas ahora están más ocupados en su objetivo de expulsar a los rohingyas. En cualquier caso, no todos los arakaneses se oponen a esas iniciativas: por ejemplo, el abad budista al que entrevisté en Kyaukpyu me aseguró que contribuirían al desarrollo del Estado.

     

     

    V

     

    En estas circunstancias, no resulta sorprendente que muchos rohingyas traten de huir de Birmania en peligrosos viajes que no pocas veces acaban convirtiéndose en condenas a muerte. Durante la primera oleada de violencia muchos intentaron cruzar el río Naf, que separa Birmania de Bangladesh, pero la guardia fronteriza bangladeshí hizo todo lo que pudo para impedírselo, llegando a abrir fuego sobre quienes intentaban llegar a su lado del río.

     

    Bangladesh nunca ha recibido con los brazos abiertos a los refugiados que huyen del país vecino. El Gobierno no permite al ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) registrarlos como refugiados desde 1992 y unos 200.000 viven en miserables campos en el distrito de Cox’s Bazaar. Considerados inmigrantes ilegales por las autoridades, no reciben comida del Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno les niega el acceso a la educación y la atención médica para evitar un posible “efecto llamada”.

     

    Ya a finales de los años setenta, más de 200.000 rohingya cruzaron la frontera después de que el ejército birmano lanzara la operación militar Rey Dragón con el supuesto propósito de poner fin a la inmigración ilegal procedente de Bangladesh y a los últimos coletazos de una débil insurgencia musulmana. Entonces, los refugiados fueron acogidos en campamentos gestionados por Naciones Unidas, pero el Gobierno bangladeshí, con el silencio cómplice de la ONU, redujo drásticamente las raciones de alimentos de los internos como medida de presión para empujarlos a regresar a Birmania, lo que provocó la muerte de al menos 10.000 personas.

     

    Ante la hostilidad de las autoridades bangladeshíes, muchos se lanzan a una travesía marítima a la desesperada hacia las costas, más lejanas, de Malasia. Eso supone un peligroso viaje en barcos sumamente precarios. El fenómeno no es nuevo: numerosos jóvenes rohingya han emigrado a otros países desde hace años para escapar de la opresión y la falta de oportunidades a las que se ven condenados en Birmania. Pero el número de personas que tratan de escapar de Arakan ha aumentado espectacularmente desde los estallidos de violencia de junio y octubre. Y ya no son solo hombres jóvenes en busca de trabajo. Entre los refugiados también hay mujeres, algunas de ellas embarazadas, y niños. Según la ONU, unas 13.000 personas, la mayoría rohingyas, se han arriesgado a emprender ese viaje en 2012 y al menos 485 han perecido o desparecido en alta mar.

     

    Muchos rohingyas sólo consiguen llegar hasta Tailandia, donde no son mejor recibidos que en Bangladesh. En 2009, un millar de rohingyas que llegaron en barcos a las costas tailandesas fueron abandonados en alta mar por el ejército tailandés tras desmontar los motores de las embarcaciones. Más de la mitad murieron antes de llegar a las costas de Adaman, en India, e Indonesia. Por otro lado, a principios de este año se descubrió que algunos oficiales del ejército llevan años involucrados en el negocio del tráfico humano de rohingyas hacia Malasia, para lo cual han usado a menudo instalaciones y camiones militares.

     

    En enero llegaron a las costas tailandesas unos 1.800 refugiados, además de algunos barcos que fueron bloqueados por la guardia costera tailandesa en el mar. Por el momento, la atención de la comunidad internacional que está recibiendo la crisis en Arakan y la solidaridad de no pocos tailandeses han detenido su repatriación masiva, pero el Gobierno tailandés ya ha anunciado que sólo prevé acogerlos durante seis meses antes de enviarlos de vuelta a Birmania. Pero han vuelto a repetirse sucesos como los de 2009. A finales de febrero, un barco lleno de refugiados rohingyas fue rescatado frente a las costas de Sri Lanka. Según los supervivientes, 97 de las 130 personas que habían embarcado con rumbo a Malasia habían muerto durante una travesía de 25 días. Tras diez días de viaje fueron interceptados por dos barcos de la Marina tailandesa, que desmontaron el motor del barco y lo abandonaron en alta mar, donde estuvo vagando, sin alimentos ni agua, durante dos semanas más. Hay acusaciones aún más graves contra el ejército tailandés: a finales de febrero, soldados de la Marina dispararon contra un grupo de refugiados cuando trataban de llegar a la costa y mató al menos a dos de ellos.

     

     

    VI

     

    Marginados en su tierra y rechazados en el extranjero, los rohingyas no sólo tiene que luchar por su supervivencia física, sino para que su identidad misma sea reconocida. Su sufrimiento y el hecho de que les sea negada su identidad son consecuencias de una historia, la de Birmania y la de Arakan, convulsa y en algunos puntos sumamente confusa, que pesa como una losa sobre el imaginario colectivo de un país que nunca ha logrado asumirla ni superarla.

     

    El Estado de Arakan (o Rakhine, su nombre oficial desde 1989) era conocido en la antigüedad como la Tierra de la Gran Imagen, por la estatua de Mahamuni, probablemente la imagen de Buda más antigua de Birmania. Según la leyenda, sin duda apócrifa, la estatua fue construida en presencia del propio Buda en el siglo VI antes de Cristo. Separado del resto de Birmania por una cordillera casi impracticable, Arakan fue un reino independiente a lo largo de casi toda su historia, hasta que fue conquistado definitivamente por el rey bamar Bodawpaya en 1784, que se llevó la gran imagen del Buda a la capital de su reino, en Ava, muy cerca de la actual Mandalay, donde permanece hasta nuestros días.

     

    La conquista de los bamar y las subsiguientes insurgencias de la población arakanesa local también desencadenaron un flujo de decenas de miles refugiados arakaneses, tanto budistas como musulmanes, a Cox’s Bazaar, entonces parte del Imperio Británico y actualmente en Bangladesh. De hecho, en la actualidad todavía vive en el oeste país vecino una minoría budista compuesta por descendientes de esos desplazados arakaneses.

     

    Antes de que lo conquistaran los bamar, el reino de Arakan estaba más vinculado a su vecino del oeste, la región de Bengala, donde impera el islam desde hace siglos, que con el resto de la actual Birmania, ya que las comunicaciones eran mucho más sencillas. Eso hizo que la influencia musulmana fuera mucho mayor que en otras partes de la actual Birmania, especialmente en Mayu, la región del norte, y entre los siglos XV y XIX. Antes de la llegada de los colonizadores británicos en 1824, las fronteras entre los diferentes reinos de la región eran difusas y el movimiento de personas de uno a otro muy frecuente. En unas épocas, el reino de Arakan llegó a extenderse hacia el oeste mucho más allá de las fronteras actuales del Estado, hasta llegar a Chittagong, en la actualidad una provincia de Bangladesh.

     

    Durante más de 300 años, entre los siglos XIII y XVI, el reino de Arakan estuvo obligado a rendir tributo al sultanato de Bengala y, pese a que los reyes arakaneses eran budistas, tenían títulos musulmanes. Esta costumbre se mantendría durante muchos años después de que el reino arakanés recuperase su independencia en 1531, debido a que su modelo de organización política era el sultanato y que su población musulmana no dejaba de aumentar. La guardia real arakanesa estuvo compuesta durante años, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, por arqueros musulmanes procedentes de Bengala que disfrutaban de un poder político casi absoluto en la corte. Los descendientes de esos soldados son los kaman, la etnia que sufrió la mayor parte de los ataques durante la violencia del pasado mes de octubre.

     

    El origen de los rohingya es incierto y es objeto de un acalorado debate entre diferentes especialistas que no siempre está exento de motivaciones políticas. Algunos historiadores afirman que son los descendientes de comerciantes persas, turcos y árabes que llegaron a las costas de Birmania a partir del siglo VIII. Según los historiadores arakaneses, son inmigrantes llegados de Bangladesh mucho más recientemente, durante el periodo colonial británico e incluso después. Esos historiadores argumentan que el término rohingya nunca se había usado hasta los años cincuenta del pasado siglo, cuando los “musulmanes bengalíes” comenzaron a usarlo con fines políticos. Sin embargo, ya en 1799, un cuarto de siglo antes de que diera comienzo el periodo colonial, el filólogo británico Francis Buchanan mencionaba a los “rooinga” como “los mahometanos que han vivido desde hace tiempo en Arakan” en un artículo sobre las lenguas del “imperio birmano”.

     

    El periodo colonial británico se extendió desde 1824 hasta 1948, cuando el país obtuvo la independencia. La llegada de los británicos supuso un impacto de proporciones sísmicas para los habitantes del espacio geográfico que actualmente conocemos como Birmania, no sólo porque desmantelaron todas las estructuras de poder y alteraron profundamente las relaciones sociales existentes hasta aquel momento, sino porque dotaron de unidad política a un territorio que nunca la había tenido hasta entonces. Hasta entonces, Birmania estaba compuesto de un reino en el centro, controlado por la mayoría étnica bamar, rodeado de otros reinos más pequeños, que unas veces estaban subordinados al reino central y otras no, y tribus que vivían de forma independiente en las montañas.

     

    Gran Bretaña conquistó Birmania en tres guerras sucesivas. Libró la primera en 1824 y en ella conquistó Arakan, algunas zonas de Tenasserim, en el este del país, y Assam y Manipur, que en la actualidad pertenecen a India. En 1852 conquistó el sur de Birmania, y en 1885 todo el territorio, poniendo fin al reino de los bamar en Mandalay. Hasta 1937, Birmania no era más que una provincia del Raj Británico, en lugar de una colonia independiente, con una importancia relativamente menor para la metrópoli.

     

    Los británicos empleaban mayoritariamente a indios en la administración colonial y, en el ejército, tanto a indios como miembros de las minorías étnicas de las regiones montañosas de la periferia del país, las cuales gozaban de mayor autonomía que el centro de Birmania. Además, muchos indios, más de la mitad de ellos musulmanes, emigraron al país durante el periodo, hasta el punto de que menos de la mitad de habitantes de la capital, Rangún, eran birmanos. Muchos de esos inmigrantes eran trabajadores temporales pobres que se dedicaban a hacer tareas que a menudo los birmanos se negaban a realizar, pero otros se hicieron con las tierras que hasta entonces cultivaban los birmanos y la economía estaba controlada en gran medida por los chettiars, prestamistas hindúes procedentes del sur de la India.

     

    Muchos musulmanes procedentes de Chittagong, región, que, como hemos visto, había tenido una estrecha relación histórica con la Tierra de la Gran Imagen, emigraron a Arakan durante la época colonial. Algunos regresaban a su tierra después de trabajar algunos años, pero muchos otros se quedaron y se mezclaron con la población musulmana local, hasta el punto de confundirse con ella.

     

    Todo ello provocó un resentimiento cada vez mayor de la población birmana hacia los indios y los musulmanes, que se agudizó especialmente tras la I Guerra Mundial y durante la Gran Depresión y ha sobrevivido hasta nuestros días. Esas tensiones estallaron en diferentes disturbios en los que la población birmana arremetía contra las comunidades india y musulmana, como en 1930 o 1938 en Rangún. Algunos monjes budistas, muy activos políticamente en los movimientos nacionalistas de la época, desempeñaron un papel fundamental en instigar aquellos episodios de violencia.

     

    Los británicos también contribuyeron a solidificar las identidades étnicas de los numerosos grupos étnicos que habitan Birmania. El antropólogo estadounidense James C. Scott explica en su libro The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia que, antes de la llegada del Imperio Británico, las diferentes etnias experimentaban modificaciones constantes y que una persona podía pertenecer a grupos distintos a lo largo de su vida dependiendo de la lengua que hablara o las costumbres que adoptase. Al igual que las fronteras geográficas, las diferencias entre un grupo u otro eran sumamente difusas. Pero el Gobierno colonial estableció una estricta clasificación antropológica que aplicó con fines administrativos y solidificó unas identidades que hasta entonces habían sido mucho más fluidas.

     

    La clasificación oficial de 135 “etnias nacionales” reconocidas en la actualidad por el Gobierno birmano, e introducida por el régimen militar que ha gobernado el país desde 1962 hasta 2011, se basa en gran medida en las que fijó la administración colonial británica, lo cual no deja de resultar irónico, ya que la lucha contra la potencia colonial británica es uno de los pilares ideológicos del nacionalismo birmano, tanto para el ejército como para la oposición democrática. Los rohingya no forman parte de esa clasificación ni aparecían como tales en los censos realizados por los británicos, que preferían el término “musulmanes arakaneses”, en ocasiones los incluían entre los “musulmanes birmanos” y en otras los denominaban “chittagonianos”, lo que ha servido al Gobierno actual como justificación para no considerarlos una etnia nacional por derecho propio.

     

    Durante la mayor parte de la II Guerra Mundial, cuando los japoneses invadieron Birmania y los británicos se batieron en retirada o se replegaron en la India, los arakaneses budistas tomaron partido por los japoneses, como hicieron los nacionalistas birmanos liderados por Aung San, padre de Aung San Suu Kyi y artífice de la independencia birmana. Mientras tanto, la mayoría de rohingyas luchó en el bando de los aliados, e incluso el Gobierno británico llegó a prometerles una zona nacional musulmana autónoma. El historiador israelí Moshe Yegar cuenta en su libro The Muslims of Burma: A Study of a Minority Group, publicado en 1973 y aún hoy el estudio más completo sobre las comunidades musulmanes en Birmania, cómo bandas de budistas atacaron pueblos musulmanes en el sur de Arakan en el momento en que el dominio británico comenzaba a derrumbarse. Ese fue el inicio de un ciclo de represalias y violencia que se prolongaría a lo largo de toda la guerra y durante algunos años después.

     

    Cuando Birmania obtuvo la independencia en 1948 algunos rohingya demandaron que el norte de Arakan, donde se halla la mayor parte de la población musulmana del Estado, pasara a formar parte de Pakistán Oriental, la actual Bangladesh. Algunos grupos emprendieron una insurgencia muyahidín, que al principio colaboró brevemente con grupos armados separatistas arakaneses. Sin embargo, no toda la comunidad rohingya apoyaba a los muyahidines y muchos de sus líderes pidieron ayuda al Gobierno para sofocarla.

     

    Pese a que la revuelta muyahidín fue derrotada a principios de los años sesenta, aún en la actualidad muchos arkaneses la citan como la prueba de que los rohingya quieren conquistar el Estado. Aung Kyaw Zan, un influyente historiador arakanés de Sittwe, me decía en noviembre que los rohingya primero quisieron tomar su tierra mediante las armas, pero después, cuando eso fracasó, recurrieron a la “presión demográfica” para hacerse con el Estado, es decir, a la inmigración ilegal y a tener muchos más hijos que los arakaneses.

     

    Mientras Arakan se hallaba prácticamente en un estado de guerra civil durante los primeros años de la independencia, los políticos de ambas comunidades tenían objetivos muy diferentes en Rangún, entonces capital del país. Mientras los arakaneses demandaban la autonomía del estado, los rohingyas temían acabar sometidos al poder de sus enemigos y pedían que la zona del norte en la que eran mayoría pasara a control directo del Gobierno central.

     

    Esa divergencia de objetivos continúa existiendo en la actualidad: la principal formación política arakanesa, el Partido para el Desarrollo de las Nacionalidades Rakhine, tiene como objetivo clave la autonomía y muchos arakaneses son independentistas, ya que no se consideran birmanos (Aung Kyaw Zan, el historiador arakanés, me decía: “estamos atrapados entre dos imperios: el birmano al este, y el islámico al oeste”). Mientras tanto, los rohingya niegan rotundamente tener cualquier aspiración independentista. Abu Tahay, uno de los líderes del principal y único partido pro-rohingya que existe en Birmania, el Partido Nacional Democrático por el Desarrollo, me aseguraba en julio del año pasado en Rangún: “No existe ninguna organización que trate de crear un Estado rohingya, sólo aspiramos a que se nos conceda la ciudadanía y a que se nos reconozca como una etnia birmana”. Ésa es quizá la mayor y más trágica ironía del conflicto de Arakan: debido sobre todo a su religión común, los birmanos consideran que los arakaneses son sus compatriotas, pese a que muchos arakaneses no desean serlo, pero no los rohingya, que sí quieren formar parte de Birmania.

     

    En los primeros años de la independencia, el Gobierno democrático de U Nu reconocía a los rohingya como ciudadanos birmanos. El presidente usaba la palabra rohingya en sus discursos e incluso había emisoras de radio, periódicos o asociaciones estudiantiles rohingyas en Rangún. Eso cambiaría totalmente con el golpe de Estado del general Ne Win, que en 1962 dio comienzo a casi cinco decenios de dictadura militar.

     

    Los gobiernos de Ne Win y el de la Junta militar que gobernó el país a partir de 1988 fomentaron el odio a los rohingyas durante decenios, negaron su existencia como grupo étnico y los tildaron de inmigrantes ilegales que cruzaban constantemente la frontera con Bangladesh. Para detener ese supuesto flujo migratorio, los militares emprendieron diversas operaciones contra los “musulmanes bengalíes”. La más violenta de ellas fue lanzada en 1978, e hizo que un cuarto de millón de rohingyas tuviera que cruzar la frontera hacia Bangladesh. En numerosas ocasiones, el Gobierno utilizaba a los rohingyas como chivos expiatorios o para desviar la atención de problemas políticos o económicos acuciantes y canalizar la ira de los birmanos hacia un blanco fácil al que una gran mayoría de la población desprecia.

     

    En 1982, el Gobierno de Ne Win aprobó la ley de ciudadanía que sigue vigente hasta hoy. La ley establece tres tipos diferentes de ciudadanos y solo concede la ciudadanía de pleno derecho a los miembros de las etnias que ya estuvieran establecidas en el país en 1823, un año antes del comienzo del periodo colonial británico. Puesto que las autoridades birmanas no incluyen a los rohingyas en esa categoría, sólo pueden solicitar, en el mejor de los casos, la “ciudadanía asociada” o ser ciudadanos “por naturalización”, para lo cual deben demostrar que ellos o sus ancestros residían en el país antes de la independencia del país, en 1948. Puesto que la mayoría de rohingyas carecen de documentos, bien porque han sido destruidos, porque los han perdido en cualquiera de las operaciones militares del Gobierno o porque, al igual que muchos otros birmanos de otras etnias, nunca los han tenido, la ley de 1982 los convirtió en apátridas prácticamente de la noche a la mañana.

     

    Por su condición de apátridas, los rohingyas no pueden acceder a la universidad, raramente a la educación secundaria, y, de hecho, muchos ni siquiera pueden matricularse en escuelas primarias. El Gobierno ha restringido durante décadas su libertad de movimientos y para viajar de un pueblo a otro les exige un salvoconducto de las autoridades locales. La inmensa mayoría de ellos nunca ha salido de Arakan. Además, han de pedir permiso para casarse, una autorización que puede demorarse años en llegar, y sólo pueden tener un número limitado de hijos. Debido a ello, los rohingyas han sido el colectivo más oprimido por uno de los regímenes más dictatoriales y brutales del mundo.

     

     

    VII

     

    Los prejuicios contra los rohingyas y los musulmanes en general no se limitan al Estado de Arakan y están muy extendidos entre una gran parte de la población birmana. En esta nación de mayoría budista la religión no sólo desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana de los birmanos, sino que es un elemento central de su concepción de la identidad nacional. Esto ha generado un extremismo budista alentado por el Gobierno que a menudo se convierte en el caldo de cultivo de ocasionales ataques contra la población musulmana, no sólo en Arakan, sino en cualquier otro punto del territorio nacional.

     

    Los últimos pogromos anti musulmanes estallaron en marzo de este año en la región central del país, lejos de Arakan, y tuvieron como blanco a ciudadanos birmanos de pleno derecho, no a los apátridas rohingyas. En la ciudad de Meiktila, una pelea aparentemente banal entre los dueños musulmanes de una joyería y dos clientes budistas por un broche de oro para el cabello se convirtió en el detonante de un enfrentamiento brutal que se prologó durante dos días. Según las cifras oficiales, 43 personas fueron asesinadas y más de sesenta resultaron heridas, aunque la cifra real de víctimas probablemente sea mucho más elevada.

     

    Un par de semanas después del brote de violencia pude visitar Meiktila y ver sus devastadoras consecuencias: los barrios de mayoría musulmana se habían convertido en otro desolador paisaje de cenizas y escombros no muy diferente a los que había visitado algunos meses antes en Kyaupyu y Sittwe. Como en aquellas ciudades, Meiktila se había vaciado casi totalmente de musulmanes, atrapados en cinco campos de refugiados oficiales y un campo extraoficial y semiclandestino no lejos de la ciudad. Los refugiados están confinados en los campos oficiales “por su propia seguridad”, según las autoridades. El acceso a los mismos está severamente restringido, pero a principios de abril pude visitar el campo extraoficial, donde viven 3.400 musulmanes de Meiktila.

     

    En el campo, una mujer que no quiso revelar su nombre me contó cómo había visto desde su escondite en unos arbustos a una turba de extremistas budistas matar a golpes a su marido la mañana del 21 de marzo. El marido, un carnicero halal, formaba parte de un grupo de musulmanes que se hallaba en una madrasa local. Según la mujer, la policía había llegado a las ocho de la mañana, había pedido a los musulmanes que entregaran las armas caseras con las que se habían equipado para defenderse y les habían asegurado que los llevarían en camiones a un lugar seguro. Cuando se disponían a subir a los camiones un grupo de hombres se acercó a ellos y mataron a varios, entre ellos el carnicero halal, ante la mirada de los policías, que no hicieron nada para detener a los atacantes.

     

    Al menos 32 musulmanes fueron asesinados aquella mañana en la madrasa. Win Htein, el diputado local de la Liga Nacional para la Democria, el partido de la célebre líder de la oposición pro-democrática birmana Aung San Suu Kyi, también presenció la matanza de la madrasa. En la decrépita sede del partido me contó que vio a cinco personas morir a golpes, ante la mirada impasible de los policías. Win Htein trató de defender a los musulmanes, pero las turbas le amenazaron y finalmente tuvo que abandonar la escena “asqueado”.

     

    La mañana del 21, Win Htein llamó desde la madrasa al gobernador local y le pidió que hiciera algo para evitarlo. El gobernador le dijo que ya había dado órdenes a la policía para que adoptara medidas para detener los pogromos. Las autoridades no tomaron ninguna iniciativa para contener la violencia hasta el día siguiente, cuando enviaron a los soldados destacados en un acantonamiento cercano y pusieron la ciudad bajo control militar.

     

    Una joven periodista budista birmana que había estado en la ciudad aquellos días me contaba un par de semanas después en Mandalay que había grabado en vídeo cómo seis hombres budistas cortaban el cuello y quemaban a un musulmán en la calle. Después la amenazaron a ella y tuvo que huir corriendo del lugar, no sin antes recibir algunos golpes en la espalda.

     

    La periodista me aseguró que durante los dos días que estuvo en aquella ciudad en ebullición no vio a un solo musulmán atacar a los budistas y que la violencia fue totalmente unilateral, a menudo liderada por monjes budistas (o, al menos, hombres vestidos como tales). La tarde de la matanza en la madrasa se encontró con una pila de cadáveres amontonados no muy lejos del edificio. Horas más tarde volvió a pasar por el lugar y los cadáveres estaba en llamas. Varios vecinos budistas rodeaban aquella siniestra pira. Muchos de ellos lloraban. Algunos testigos afirman que los atacantes eran personas llegadas de fuera de la ciudad a las que nunca habían visto antes, y que los ataques estaban claramente organizados. El relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Birmania, Tomás Ojea Quintana, visitó la zona y declaró poco después que había recibido informes de que algunos “elementos el Estado” se hallan detrás de la violencia.

     

    La violencia pronto se extendió hacia el sur. En la división de Bago, a pocos kilómetros de Rangún, la antigua capital y principal ciudad del país, las turbas de extremistas budistas atacaron a los musulmanes y destruyeron sus casas en varias localidades. No hubo víctimas mortales, pero cientos de personas se vieron obligadas a huir de sus pueblos y barrios. Unos 80 musulmanes de Minhla, un pueblo de Bago, se refugiaron en una mezquita de Rangún. Algunos de ellos me contaron cómo el ataque había llegado de improviso y, en este caso, habían sido sus propios vecinos budistas los que habían tomado la iniciativa.

     

    Según una mujer que regentaba una tienda en el mercado local las relaciones entre ambas comunidades habían sido pacíficas hasta un mes antes, cuando varios monjes budistas visitaron la ciudad y pronunciaron una serie de discursos anti-musulmanes en los que pedían a los budistas que no compraran en tiendas de musulmanes y evitaran todo contacto con ellos. Según la mujer, que también pidió mantenerse en el anonimato, perdió numerosos clientes budistas a partir de aquel momento y las relaciones entre budistas y musulmanes empeoraron considerablemente. No obstante, no todos compartían la misma actitud: ella y su familia se salvaron gracias a una vecina budista que los escondió en su casa.

     

    La oleada de pogromos anti-musulmanes amenazó con llegar hasta Rangún. En Mingalar Taungnyunt, el principal barrio de mayoría musulmana de la capital comercial del país, los vecinos organizan patrullas ciudadanas y colocan barricadas en las calles todas las noches para defenderse de posibles ataques. Según varios de ellos a los que entrevisté a principios de mes, muchas noches reciben amenazas de personas que recorren las avenidas del barrio gritando e insultándoles. “No sabemos quién es esa gente, pero no tenemos miedo. Si nos atacan, nos defenderemos”, me decía una noche un joven llamado Mahmood ante una taza de té junto a una de las barricadas.

     

    Algunos días después, el imam de una de las principales mezquitas de la ciudad me decía que todos los viernes pide a los jóvenes en sus sermones que mantengan la calma y no respondan a las provocaciones de los extremistas budistas. Como en tantos otros casos, el imam sólo accedió a hablar conmigo si le garantizaba que no iba a publicar su nombre.

     

     

    VIII

     

    Tanto en Arakan como en otras regiones del país, muchos monjes budistas han contribuido a avivar los prejuicios contra los musulmanes, ya sean rohingyas o no. Se calcula que en Birmania hay medio millón de monjes y la sangha (la comunidad monástica) es probablemente la institución más poderosa del país junto al ejército. Y si este dispone de la fuerza de las armas, aquella cuenta con una fuerza moral sin rival entre una población budista (el 90 por ciento de los birmanos) profundamente religiosa. Antes de la colonización británica la educación de los birmanos corría a cargo de los monjes budistas y en muchos casos sigue siendo así. De todas formas, los monjes continúan siendo para muchos budistas birmanos los depositarios últimos del conocimiento y la sabiduría.

     

    Como me comentaba una periodista local en Rangún hace algunas semanas, en el pasado los monjes se han opuesto activamente al ejército, como en la famosa revolución del azafrán de 2007, pero en los últimos meses parecen estar de acuerdo en lo que respecta a los musulmanes. En septiembre, centenares de monjes budistas encabezaron una manifestación en Mandalay, la segunda ciudad más grande y capital religiosa del país, pidiendo que fueran expulsados del país. Aquella fue la mayor protesta encabezada por la comunidad monástica budista birmana desde 2007.

     

    En octubre nació en un monasterio de la localidad de Moulmein, capital del Estado Mon, al este del país, la campaña 969 para promocionar el budismo ante una posible islamización del país. El movimiento recibe su nombre de los atributos de las “tres joyas del budismo”: el Buda, sus enseñanzas y la sangha, la comunidad monástica. Según sus creadores se trata de una campaña para defender el budismo, pero no ha tardado en adquirir un significado más siniestro: sus pegatinas pueden verse en tiendas y taxis en muchas ciudades del país para marcar los establecimientos en los que los budistas deben comprar y los servicios que deben usar para no financiar con su dinero a los musulmanes. Algunos afirman que la campaña es una respuesta al número 786 que muchos musulmanes exponen en sus negocios. Este número se usa en algunos países de Asia para denotar la frase “en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso”. Pero muchos budistas birmanos le han conferido un significado más siniestro: la suma de las tres cifras que lo componen es 21 y, según ellos, indica la voluntad de los musulmanes de conquistar el mundo en este siglo.

     

    El monje que más ha alzado su voz contra los rohingya y los musulmanes en general, así como la cara más visible del movimiento 969, es el influyente U Wirathu. Este monje de 45 años ha llegado a describirse a sí mismo como “el Bin Laden birmano” por su lucha contra lo que considera “la agresiva invasión de los musulmanes”. Wirathu fue encarcelado en 2003 por provocar la oleada de pogromos anti-musulmanes de 2002, pero se benefició de una amnistía en 2012. Desde entonces ha viajado por toda Birmania libremente pronunciando sus incendiarios discursos. De hecho su mensaje goza de una amplia difusión: Win Htein me dijo en Meiktila que sus vídeos se mostraban en compañías de autobuses propiedad del ejército.

     

    Sus incendiarias soflamas contra los musulmanes provocaron que una turba de birmanos budistas atacara a mediados de febrero una escuela islámica en Rangún, que, según él, era la tapadera de una mezquita conectada con otras a través de una red subterránea. Wirathu no sólo ha visitado recientemente el Estado de Arakan para apoyar a sus correligionarios arakaneses en su lucha contra la “invasión islámica”, sino que había visitado Meiktila, donde pronunció uno de sus discursos antimusulmanes cuatro meses antes de los pogromos, y habló de los musulmanes de la ciudad poco antes de los mismos en un discurso difundido en YouTube y en discos compactos distribuidos por todo el país.

     

    A principios de este mes entrevisté a Wirathu en Masoeyein, un monasterio de Mandalay conocido por el activismo político de sus monjes. Sentado bajo media docena de enormes retratos de sí mismo, Wirathu me explicó cómo en 1996 había descubierto una carta secreta que circulaba entre la comunidad musulmana exponiendo sus planes de conquistar Birmania e instando a los hombres a casarse con mujeres budistas para obligarlas a convertirse a su religión. Según él, “el cien por cien de las violaciones en Birmania son cometidas por musulmanes”. Como en otras ocasiones, Wirathu negó cualquier responsabilidad en la violencia y aseguró: “mientras yo esté en Madalay, los budistas no atacarán a nadie”. No obstante advirtió que “si los budistas no toman medidas, en el año 2100 Birmania se habrá convertido en un país totalmente musulmán”. Finalmente, me explicó su solución para el “problema musulmán”: “los budistas pueden hablar con musulmanes, pero no casarse con ellos; pueden trabar amistad con los musulmanes, pero no deben comerciar con ellos”.

     

    Son muchos los que sospechan que detrás de Wirathu y la campaña 969 se hallan elementos del Gobierno o fuertemente vinculadas a él. Ashin Pum Na Wontha, el abad de un monasterio de Rangún y miembro de la organización dedicada al diálogo interreligioso Peace Cultivation Network, me contaba en abril en su oficina que Wirathu cuenta con el respaldo de los llamados cronies, un grupo de unos treinta millonarios con estrechos lazos con el ejército que prácticamente controlan toda la economía nacional. Según él, su objetivo es adueñarse de las propiedades de los musulmanes, entre los cuales hay una floreciente comunidad de hombres de negocios. Además, según él, cuentan con la ayuda de elementos del ejército, que desea mantener su poder desestabilizando el país sembrando el odio interreligioso y presentándose después como la única institución capaz de mantener el orden.

     

    En estas circunstancias, se precisan ciertas dosis de valor para defender a los rohingya y a los musulmanes en general en Birmania. Uno de los pocos que lo han hecho es el exmonje U Gambira, líder de la revolución de azafrán, que escribió una carta abierta en la que se distanciaba de las manifestaciones contra los rohingya e hizo un llamamiento a la convivencia pacífica y a que se respeten sus derechos. Otro defensor de la convivencia pacífica entre musulmanes y budistas es Htuu Lou Rae, un joven budista de Rangún que ha iniciado una campaña llamada Coexist Myanmar con camisetas en las que une los símbolos de las religiones budista y musulmana.

     

    Quienes discrepan de la opinión mayoritaria se enfrentan a la acusación de ser marionetas de los “invasores bengalíes musulmanes” y corren el riesgo de caer en el ostracismo entre sus conciudadanos. Wirathu ha lanzado esa acusación contra la mismísima Aung San Suu Kyi y la Liga Nacional por la Democracia. Ante ese tipo de acusaciones, el diputado de la LND Wein Htein confesó que había aconsejado a Suu Kyi no acudir a Meiktila tras los pogromos: “porque la gente ya me estaba acusando a mí de defender a los musulmanes”. Tras lo cual añadió: “Ella no sería capaz de ofrecer una respuesta razonable a este conflicto, esa es la razón por la que le dije que no viniera”.

     

     

    IX

     

    Lo que más ha desconcertado a muchos observadores de Birmania y activistas internacionales por los derechos humanos con respecto a esta crisis ha sido el silencio de Aung San Suu Kyi, auténtico icono de la oposición democrática birmana y premio Nobel de la Paz en 1991. Suu Kyi, objeto de una intensa adoración entre la población birmana (sobre todo la bamar), ha estado encerrada bajo arresto domiciliario 14 años de los dos últimos decenios como consecuencia de su lucha contra la dictadura militar y la democracia en su país, pero se ha negado a defender a los rohingyas y a los musulmanes.

     

    Desde que Suu Kyi fuera liberada en noviembre de 2010 ha ocurrido lo impensable: el Gobierno ha legalizado su partido, e incluso permitió que concurriera a unas elecciones parciales en abril del año pasado en las que obtuvo 43 de los 44 escaños disputados y ahora La Dama, como se conoce a Suu Kyi, hasta hace bien poco la bestia negra del régimen militar, es una diputada del Parlamento birmano. De hecho, la LND podría ganar las próximas elecciones, que se convocarán en 2015 y, aunque en principio la Constitución impide que ella pueda ser nombrada presidenta, por primera vez existe una posibilidad real de que alcance el poder.

     

    La primera oleada de violencia sectaria en Arakan coincidió con la primera visita de Suu Kyi a Europa desde que abandonara su hogar en el Reino Unido en 1988. En Europa, muchos periodistas le preguntaron sobre los sucesos en Arakan, pero evitó en todo el momento pronunciarse sobre el asunto, respondiendo únicamente que la solución se hallaba en el “imperio de la ley”, un mantra que no ha dejado de repetir desde entonces. De hecho, el Gobierno la nombró en agosto presidenta del recién creado Comité para el imperio de la ley, la paz y la estabilidad.

     

    El silencio de Suu Kyi ante lo que muchos han calificado de limpieza étnica en Arakan ha suscitado las críticas más contundentes contra ella desde que comenzara a liderar la LND hace 25 años. Ella ha respondido que no desea avivar las llamas del conflicto tomando partido por una comunidad u otra. En general se ha atribuido su aparente indiferencia al sufrimiento de los rohingya a una estrategia política para evitar perder apoyos populares de cara a las elecciones de 2015, ya que si hiciera declaraciones públicas rotundas a favor de ellos recibiría alabanzas de los activistas por los derechos humanos extranjeros, pero podría sufrir el rechazo de una gran mayoría de la población birmana.

     

    Por otro lado, Suu Kyi parece haber renunciado a actuar como la líder de la oposición frente al Gobierno, quizá para evitar una confrontación con el ejército. También se ha negado a condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército birmano en la guerra que libra en el Estado Kachín, en el norte del país, contra la guerrilla autonomista del Ejército para la Independencia Kachín (KIA), lo cual ya le está pasando factura y está minando la confianza que ésta y otras minorías étnicas habían depositado en ella.

     

    No son pocos los musulmanes birmanos que se han sentido profundamente decepcionados ante su falta de una defensa clara por parte de Aung San Suu Kyi tras los pogromos en el centro del país de marzo. A principios de mes se reunió con algunos líderes musulmanes para tratar de mitigar las críticas, pero se limitó a decirles que es necesario instaurar el “imperio de la ley” para evitar que dichos episodios vuelvan a repetirse. Algunos días antes, en Meiktila, el diputado Win Htein me había dicho que el partido estaba “dispuesto a aceptar la culpa por no haber tomado las medidas necesarias para defender a los musulmanes” y reconoció que su pasividad en el asunto se debía a una forma de cálculo político. Después añadió: “Repararemos el daño más adelante, participando en ceremonias religiosas y organizando algunos comités, pero no va a resultar fácil”.

     

    Sin embargo, la postura de Suu Kyi y la LND sobre los rohingya podría deberse a algo más que un mero cálculo político. En este caso, parece estar de acuerdo con la opinión predominante entre sus compatriotas de que los rohingya son inmigrantes ilegales. En una entrevista concedida en noviembre al diario indio The Hindu declaró que ella y los miembros de su partido creen que el problema es consecuencia de que frontera con el país vecino es demasiado “porosa”. Además, ha sentido la necesidad de recalcar que le corresponde sólo a Birmania la decisión de cambiar la controvertida ley de ciudadanía de 1982 que convirtió en apátridas a los rohingyas, aunque recientemente ha declarado que sería necesario revisarla.

     

    Si las declaraciones públicas de Aung San Suu Kyi han sido ambiguas, otros importantes miembros de su partido han expresado sus ideas con más contundencia. Uno de ellos es U Win Tin, uno de los fundadores de la LND y probablemente la persona más influyente dentro del mismo después de La Dama.

     

    U Win Tin es un hombre de 83 años con una voluntad de hierro que trabajó durante años como periodista antes de situarse a la vanguardia del movimiento por la democracia en Birmania durante las revueltas de 1988 que derrocaron al general Ne Win. En 1989 fue detenido por la Junta militar que sucedió a New Win y durante los siguientes 19 años estuvo encerrado en la cárcel por sus actividades políticas. Hasta el día de hoy viste la camisa que llevan los presos en Birmania en solidaridad con los prisioneros de conciencia. A finales de julio tuve la oportunidad de entrevistarle en su casa de Rangún. Había mantenido una larga entrevista con él a finales de 2010 y aquella era la tercera vez que nos reuníamos. Nuestra relación siempre había sido cordial e incluso afectuosa. Pero en aquella ocasión la entrevista terminó con una nota amarga tras preguntarle sobre la crisis en el Estado de Arakan y mantener una tensa conversación sobre los rohingya. “El problema ha sido creado por extranjeros, por los bengalíes”, me dijo cuando saqué a colación el asunto, “quieren reclamar la tierra, quieren reivindicar que son una raza [birmana], que son nativos de este país y eso no está bien”.

     

    Después propuso una posible solución: “Así que el problema son esos extranjeros rohingya y tenemos que contenerlos de un modo u otro, algo parecido a lo que sucedió en Estados Unidos durante la II Guerra Mundial con los japoneses. El Gobierno estadounidense los confinó en campos y tras la guerra los envió a Japón o les dio la oportunidad de solicitar la nacionalidad. Podemos solucionar el problema de esa manera”.

     

    La mayoría de los miembros de la LND parece estar de acuerdo con U Win Tin. Ante la postura de esos “luchadores por la democracia” ante una crisis humanitaria como la de los rohingya, muchos observadores extranjeros de la política birmana han sentido una conmoción parecida a la que sentí yo al descubrir que un activista por los derechos humanos que había hecho grandes sacrificios en aras de su causa estaba dispuesto a confinar a cientos de miles de personas en campos de internamiento. Pero los birmanos ya sabían cómo piensan él y otros líderes de la oposición prodemocrática. Un grupo de jóvenes musulmanes con los que hablé en Rangún en agosto era perfectamente consciente de lo que piensa U Win Tin y no mostraron ninguna sorpresa cuando les hablé de nuestra conversación.

     

    Uno de los líderes de la oposición democrática que ha mostrado con mayor contundencia su rechazo a los rohingyas es Ko Ko Gyi, prominente líder estudiantil en 1988, antiguo preso político y dirigente del Grupo de Estudiantes de la Generación del 88. Durante una acalorada y tensa entrevista que mantuvimos en agosto, negó vehementemente que los rohingya pertenecieran a Birmania y los tildó de “mentirosos”, ya que, según él, “fingen demasiado que sufren”. Y lanzó una advertencia a los activistas por los derechos humanos y mandatarios extranjeros que presionan al Gobierno birmano para que los acepte como ciudadanos: “Tiene que darse cuenta de que esta no es una cuestión del Gobierno militar, para nosotros es una cuestión nacional. Antes, la comunidad y los medios internaciones siempre se fijaron en el Gobierno militar o las violaciones de los derechos humanos. Pero esta no es una cuestión que ataña al Gobierno militar. Es algo que preocupa a todos los arakaneses, a todo nuestro pueblo. Por tanto, si la comunidad internacional ejerce su fuerza o presiona sobre el tema de los rohingya, tendrá que enfrentarse no solo al Gobierno militar, sino a la mayoría de nuestro pueblo”.

     

    Lo cierto es que los prejuicios contra los rohingya entre los opositores al régimen no son nuevos en absoluto. El veterano periodista sueco especializado en Birmania Bertil Lintner cuenta ya en su libro Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948, publicado en 1999, que a finales de los setenta, cuando el ejército lanzó la operación militar Rey Dragón, lo apoyaron incluso quienes se oponían a la dictadura del general Ne Win. Quizá Myo Yan Naung Thein, otro prominente activista con varios años de cárcel a sus espaldas, fundador y creador del Intituto Bayda de educación política para jóvenes, diera en el clavo cuando me dijo a finales de julio: “El ejército, Aung San Suu Kyi, los estudiantes de la generación del 88, todos nosotros compartimos una misma opinión sobre la identidad nacional”.

     

     

    X

     

    La crisis en el Estado de Arakan estalló un año después de que el país se embarcara en una transición democrática totalmente controlada por las mismas personas que han detentado el poder durante varios decenios de dictadura militar. El presidente actual, Thein Sein, es un hombre del régimen que fue elegido en unas elecciones celebradas en noviembre de 2010, que fueron tachadas en su momento de fraude por la mayor parte de la comunidad internacional. Casi todos los dirigentes del nuevo Gobierno son antiguos militares y la nueva constitución, aprobada en 2008, está diseñada para legitimar y cimentar el poder de los militares, proporcionándoles un 25 por ciento de los escaños del Parlamento y la potestad de asumir plenos poderes en caso de “emergencia nacional”.

     

    No obstante, a pesar de que la vida de la empobrecida población ha cambiado poco en estos dos últimos años, Birmania ha logrado romper su aislamiento internacional. El Gobierno birmano se ha ganado la confianza de países que hasta hace poco habían impuesto todo tipo de sanciones introduciendo algunas medidas sin precedentes en la historia reciente del país. Ha liberado a centenares de presos políticos, ha abolido la censura previa de los medios de comunicación o ha legalizado el principal partido de la oposición y le ha permitido acceder al Parlamento. Y, por supuesto, las nuevas leyes de inversiones extranjeras también han allanado el camino para que la “comunidad internacional” considere aceptable el nuevo régimen.

     

    En junio, durante la primera oleada de violencia en Arakan, el presidente Thein Sein advirtió que el conflicto podría extenderse al resto el país y, si eso ocurría, podía “afectar gravemente la paz y la tranquilidad, nuestras incipientes reformas democráticas y el desarrollo del país”. Manteniendo ese discurso, ha logrado desvincular a su Gobierno del conflicto. Numerosos medios internacionales (entre ellos la BBC o el New Yorker, por citar sólo dos ejemplos) han afirmado que la violencia sectaria es un resultado de las nuevas libertades que disfrutan los birmanos y que el férreo control ejercido por el régimen militar había conseguido mantener las tensiones entre ambas comunidades bajo control. Esos medios parecen olvidar las brutales campañas emprendidas por el ejército contra los rohingya en el pasado, que los militares han promovido activamente el odio sectario durante las últimas cinco décadas y que no fue otro que el Gobierno del general Ne Win el que aprobó en 1982 la ley que les niega la ciudadanía. Sin contar con las más que fundadas sospechas de que elementos del Gobierno podrían haber incitado a la violencia.

     

    En cualquier caso, el nuevo Gobierno se ha mostrado mucho más comprensivo con las manifestaciones de odio anti-musulmán que con otras demandas del pueblo. Tras una serie de protestas en Mandalay y otros lugares, el presidente Thein Sein decidió cancelar a mediados de octubre la apertura de una oficina de la Organización de Cooperación Islámica. Para justificar su decisión, el presidente alegó que la apertura de la oficina “no concordaba con los deseos del pueblo”.

     

    Thein Sein ha accedido a respetar “los deseos del pueblo” sólo en otra ocasión, cuando en septiembre de 2011 suspendió temporalmente, hasta el final de su mandato en 2015, la construcción de la presa de Myitsone, en el Estado Kachín. La presa, en la confluencia de los dos ríos que forman el Irrawaddy, principal arteria fluvial del país, inundaría una superficie del tamaño de Singapur y el 90 por ciento de la electricidad que produjera iría a parar a China, cuando el 75 por ciento de los birmanos carecen de acceso regular a electricidad. Thein Sein decretó la suspensión de las obras después de una oleada de protestas en todo el país, pero es probable que sus motivos estuvieran más relacionados con su deseo de distanciarse de China, el principal aliado del régimen militar, y acercarse a los países occidentales.

     

    Mientras tanto, a finales de septiembre, la policía disolvió una protesta pacífica pidiendo la paz en el Estado Kachín y detuvo a trece de sus organizadores. Y, en noviembre, la policía reprimió duramente una protesta liderada por monjes budistas contra la ampliación de una mina de cobre gestionada por una empresa china en la División de Sagaing. En aquella ocasión, la policía empleó fósforo blanco contra los manifestantes e hirió gravemente a 67 monjes y otras seis personas.

     

    A lo largo de la crisis, el Gobierno ha tratado de presentarse como un “árbitro imparcial” entre las comunidades arakanesa y rohingya. En agosto, creó una comisión para investigar las causas de los disturbios de junio en la que se incluyeron miembros de varias creencias religiosas, incluyendo musulmanes, pero también figuras famosas por su postura anti-rohingya, entre ellos Aye Maung, líder del Partido para el Desarrollo de las Nacionalidades Rakhine, y ni un solo rohingya. Sin embargo, la comisión no ha recibido ninguna ayuda local para realizar su labor y sus dos miembros musulmanes fueron expulsados en noviembre. La publicación de sus conclusiones ha sufrido sucesivos aplazamientos. Estaba previsto que presentase su informe en marzo, pero ha vuelto a aplazarlo.

     

    El presidente Thein Sein declaró en julio que el Gobierno birmano no podía aceptar a los rohingyas y propuso confinarlos en campos de desplazados gestionados por el ACNUR hasta poder enviarlos a todos a terceros países. El ACNUR rechazó la propuesta y la presión internacional ha hecho que el presidente cambie su discurso, e incluso ha asegurado que su Gobierno está dispuesto a revisar la ley de ciudadanía.

     

    Las autoridades han emprendido una campaña para registrar a los musulmanes de Arakan. Funcionarios de inmigración acompañados del ejército están recorriendo los pueblos del norte de Arakan para elaborar el registro. Pero los funcionarios no reconocen la denominación rohingya y obligan a los encuestados, a menudo con amenazas e incluso agrediéndoles físicamente, a escribir “musulmanes bengalíes”, algo a lo que estos se niegan, ya que no están claras las consecuencias legales que puede tener esa denominación. Mientras tanto, el Gobierno continúa negando la existencia de los rohingya: el viceministro de Inmigración birmano declaró recientemente en el Parlamento que ese grupo étnico no pertenece a Birmania.

     

    Dados los prejuicios generalizados contra los rohingyas entre la población birmana, declaraciones como las de Thein Sein o el viceministro de Inmigración no han hecho más que aumentar la popularidad del Gobierno. U Hla Min, un veterano miembro de la LND, me dijo en agosto que Thein Sein había hecho dos cosas bien: la suspensión de la construcción de la presa de Myitsone y su gestión de la crisis del Estado de Arakan. Cuando visité Arakan no era infrecuente ver camisetas con el retrato de Thein Sein y la frase, escrita en inglés: “Apoyamos a nuestro presidente U Thein Sein”.

     

    Mientras tanto, las potencias occidentales continúan haciendo la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos de un régimen al que habían estado condenando rotundamente hasta hace muy poco. El momento álgido del reconocimiento internacional al nuevo Gobierno y al proceso de transición llegó en noviembre, con la visita de unas pocas horas a Rangún de Barack Obama, el primer presidente estadounidense que ha viajado oficialmente al país. En la Universidad de Rangún, centro histórico de protestas anticoloniales y prodemocráticas, Obama pronunció un discurso en el que reivindicó la dignidad y los derechos humanos de los rohingya. Sin embargo, exoneró de toda culpa al Gobierno e incluso alabó “su compromiso de ocuparse de las cuestiones de la injusticia, la determinación de responsabilidades y el acceso humanitario y la ciudadanía”, pese a que, ni entonces ni hasta ahora, el Gobierno birmano ha hecho nada para resolver ninguna de esas cuestiones.

     

    Otros países se han mostrado aún más comprensivos con el régimen bimano que Estados Unidos, algunos hasta el punto de apoyar su posición sobre el estatus legal de los rohingyas. Durante una reciente visita del presidente birmano a Noruega, hasta hace poco tiempo una de las naciones más críticas con la dictadura birmana, el ministro de Asuntos Exteriores del país escandinavo declaró que una nación “no está obligada a conceder la ciudadanía a todas las personas que viven en ella”. Con respecto a las peticiones al Gobierno birmano de cambiar la ley de ciudadanía de 1982, declaró: “No es algo que vayamos a exigir. Algunas voces críticas hablan como si todas las naciones hubieran recibido a gente de sus países vecinos y les hubieran hecho ciudadanos”, reconociendo implícitamente que los rohingya son inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.

     

    En los últimos dos años, Birmania ha pasado de ser un paria dentro de la comunidad internacional occidental a la nación a la que todos quieren ir: políticos, inversores u organizaciones no gubernamentales. En realidad, esa aceptación del nuevo régimen birmano tiene menos que ver con las nuevas libertades, sumamente limitadas, que está concediendo al pueblo birmano, que con intereses geoestratégicos (encontrar un nuevo aliado en la región para contener el imparable avance del gigante chino) y económicos (Birmania es un mercado virgen y un país rico en recursos naturales aún por explotar). Y no parece que los nuevos aliados del régimen birmano estén dispuestos a que el destino de un pueblo marginal y sin poder se interponga en sus planes.

     

    Los turistas también están llegando a Birmania en número sin precedentes. En noviembre, la última vez que visité Arakan, al volver de Sittwe a Rangún, tras varios días presenciando el sufrimiento de todo un pueblo, en mi vuelo viajaba un grupo de unos 30 turistas alemanes que hacía un viaje organizado. Conversé brevemente con una mujer de edad avanzada que dijo haber disfrutado enormemente de la hospitalidad de los arakaneses y de los templos budistas de la antigua capital, Mrauk-U. Pensé en la pequeña Noor Kamis dormida en el suelo de la madrasa de Tat Kal Pyin, en monjes budistas que justificaban y apoyaban la limpieza étnica de todo un pueblo. No pude continuar la conversación y pasé el resto del viaje mirando por la ventana las montañas boscosas que puntean la costa de Arakan. Desconozco si aquella mujer y los demás turistas eran conscientes de lo que estaba ocurriendo allí, pero todos parecían estar encantados tras su viaje a aquella tierra tan hermosa como terrible.

     

     

     

    Carlos Sardiña Galache es un periodista independiente radicado en Bangkok. En FronteraD ha publicado los reportajes Ley del silencio en Tailandia, El galerista de Rangún y El laberinto tailandés.

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