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¿Justicia y Paz en Colombia?

Por Lino González Veiguela

 

Si existiera la voluntad política, se podría saber cuántos muertos ha causado la guerra civil en Colombia. Se podría establecer también la cifra de todos los desaparecidos y contar su historia para rendirles homenaje procediendo a la restauración de su nombre, apellidos y circunstancias, los primeros atributos que la muerte arrebata en un conflicto civil.

 

Mucho más difícil, sin embargo, sería cuantificar la impunidad de los crímenes cometidos por unos y otros. La impunidad es un laberinto en el que cuanto más nos adentramos, más perdidos nos sentimos. En España lo sabemos muy bien por las particulares características de nuestra transición.

 

En Colombia, el ejército, los paramilitares y las guerrillas llevan décadas operando con una impunidad sobrecogedora. El laberinto resulta cada día más confuso. Tal vez sólo esté claro para los que han ganado y siguen ganando dinero y poder: los mercaderes de armas y de drogas y las viejas castas políticas y económicas de intocables.

 

A la confusión han contribuido también los discursos sustitutivos de la realidad: resulta estremecedor comprobar cómo en los discursos se ha ido difuminado la importancia de las razones que motivaron el origen de la guerra civil que vive el país desde hace más seis décadas. El tráfico de drogas y sus incuestionables efectos de desestabilización institucional  han conseguido imponerse como el Gran Tema, la Gran Causa. Sus soluciones más sensatas -sobre todo, la legalización de este comercio- no se abordan con tanto brío. Y será difícil que se aborden mientras el tráfico ilegal siga produciendo tantos réditos económicos y políticos (aunque también es cierto que, como se ha encargado de recordar recientemente el presidente colombiano José Manuel Santos al manifestar su -tímida- voluntad de participar en un debate sobre la legalización de “algunas” drogas, la legalización no es un medida que se pueda imponer unilateralmente desde Colombia).

 

Ciertas dimensiones de la realidad colombiana, sin embargo, no resultan fáciles de obviar por muchos discursos que se les opongan: las desigualdades sociales, la vulneración masiva del derecho a la propiedad de la tierra, los miles de desplazados internos y exiliados políticos, la falta de respeto hacia los derechos de la mayoría de los ciudadanos por parte de los poderes fácticos -y por parte del Estado colombiano, en demasiadas ocasiones cómplice de esos poderes- están ahí, no han desparecido por mucho que los discursos hayan tratado de situarlos fuera de foco.

 

En el bando contrario, unas guerrillas enredadas en sus propias estrategias de supervivencia han gestionado mal, muy mal, su caudal de legitimidad originario y son, a día de hoy, una parodia de sí mismas: sólo sus comandantes parecen tener la capacidad visual para reconocerse en la imagen de quienes dicen ser.

 

 

El documental Impunity, de Juan José Lozano y Hollman Morris, ofrece en su hora y media de duración una buena oportunidad para conocer un poco mejor un conflicto que, como suele ocurrir en estos casos, ha sido secuestrado por los titulares informativos sectarios y los discursos políticos desconectados de la realidad. Un conflicto que, debido a ese secuestro, sufre de un agudo síndrome de Estocolmo al identificarse, en la mente de una gran parte de la opinión pública, con los mensajes propagandísticos de los secuestradores. Unos y otros.

 

En Impunity se analiza la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005 y que facilitó la desmovilización de miles de paramilitares y su posterior integración en la sociedad a través del reconocimiento de las atrocidades cometidas. En su momento dicha ley se aireó como un hito en los procesos de justicia transicional. Sin embargo, y aunque es cierto que miles de paramilitares se desmovilizaron y dejaron de participar en la comisión de crímenes -un hecho no despreciable-, también es cierto que otros muchos paramilitares se reciclaron integrándose en bandas criminales que llevan a cabo los mismos crímenes que cometían cuando formaban parte de los grupos paramilitares: desplazamiento de campesinos, tráfico de drogas y asesinatos. A pesar de lo cual, el Gobierno colombiano y los poderes fácticos del país llevan años esgrimiendo frente a la opinión pública el argumento de que los únicos actores que perpetúan el conflicto son los grupos guerrilleros.

 

El nacimiento de esas nuevas bandas de criminales, sin embargo, obliga a preguntarse si no se ha producido un simple cambio de uniformes y siglas, puesto que su labor coincide, casi punto por punto, con la que llevaban a cabo los paramilitares. Con la ventaja añadida de que están fuera de foco, como un fenómeno independiente que no tiene nada que ver con la historia reciente del país.

 

Esta despolitización de los conflictos, que favorece las políticas de control y represión sin solucionar las raíces de los problemas que los originaron se ha extendido en las últimas dos décadas por gran parte de la geografía latinoamericana en distintos momentos y por vías históricas diversas: en la propia Colombia, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México...

 

En este nuevo escenario de insurgencia criminal -real o criminalizada por las autoridades de turno- y contrainsurgencia militar, policial y paramilitar nada es lo que parece. Se repiten, eso sí, ciertos patrones endémicos de la realidad latinoamericana: fuerte militarización alentada y legitimada por el actor internacional más relevante en la región, Estados Unidos -el Plan Colombia y el Plan Mérida son dos ejemplos significativos–, y una densa neblina dialéctica en los discursos políticos e informativos que complica mucho la labor de los analistas para determinar ante qué tipo de conflictos nos encontramos.

 

Según algunos analistas -y por continuar con los dos ejemplos más destacados- los Estados de Colombia y México hacen cuanto pueden, teniendo en cuenta la debilidad de sus instituciones, para controlar el poder desestabilizador de simples bandas de criminales. Bandas criminales que, en sus versiones más politizadas -léase las FARC-, se han pasado a denominar grupos terroristas. Según otros analistas, los Estados colombiano y mexicano emplean todos los estamentos estatales represivos -y también todos los solícitos órganos de propaganda periodística a su alcance, incluidas empresas multinacionales con importantes intereses en dichos países, como la española PRISA- para asegurar a sus élites el monopolio de los tráficos lícitos e ilícitos y el control social que tanto interesa desde el punto de vista de la política interior y del contexto geopolítico. Un control social que, sin embargo, podría conseguirse con más eficacia y a más largo plazo a través de la consolidación y ampliación de la  clase media, de sus derechos y de su bienestar : la estrategia que han seguido todas las democracias para consolidarse. Al menos, así ha sido hasta la fecha: ya se sabe que vivimos tiempos de retrocesos en este sentido.

 

A falta de una consolidación real de estados de derecho eficientes y efectivos, los procesos electorales democráticos y pseudo democráticos (no han faltado los magnicidios -Galán, en Colombia; Colosio, en México-, cuando se han considerado oportunos e indispensables, ni tampoco los pucherazos) han permitido a muchos estados latinoamericanos obtener el visto bueno internacional y algo parecido a la legitimidad interna. Una legitimidad formal que se esgrime ampulosamente -en este sentido, el enaltecimiento de símbolos y conmemoraciones nacionalistas es frecuente- para evitar someterse a un escrutinio en cuanto a contenidos.

 

Lo cierto es que nos encontramos ante unos procesos de desarrollo político y económico con más incertidumbres que certezas: sólidos y vigorosos si nos atenemos a los indicadores macroeconómicos y a los ritos formales de la democracia, pero débiles si en nuestro análisis incluimos también indicadores de equididad y justicia social, y más débiles aún si a la democracia le pedimos una legitimidad institucional que, hasta la fecha, ni está ni se la espera.

 

Viendo el documental Impunity se entenderá mejor el caso de Colombia. Un modelo en muchos sentidos, junto con México, de lo que ya está ocurriendo o está por ocurrir en gran parte de la geografía latinoamericana. 

 

En palabras del escritor y periodista mexicano Sergio González Rodríguez: Bienvenidos al futuro.

 

 

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Pinchando aquí se podrá ver un amplio resumen de Impunity. A continuación un vídeo que recoge una entrevista con uno de los autores del documental, Juan José Lozano:

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