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El mundo no se acaba el blog de Lino González Veiguela


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23 de julio, 2012

Últimas luchas de una guerra perdida: Cándido y Morala

 

Hace cinco años, en los primeros días de julio de 2007, Cándido y Morala, trabajadores de los astilleros Naval Gijón, salían de la prisión asturiana de Villabona. Habían sido detenidos diecinueve días antes en presencia de sus familiares y amigos, como si fueran delincuentes en busca y captura, acusados de destrozar en 2005 una cámara de vigilancia de tráfico en el transcurso de una de las tantas manifestaciones que los trabajadores de Naval Gijón llevaron a cabo para tratar de defender sus puestos de trabajo. Acusados de causar unos daños por un valor de cinco mil euros, fueron condenados a 3 años de cárcel. Desde un principio, se negaron a pedir el indulto.

 

Les entrevisté al día siguiente de su puesta en libertad –motivada en gran medida por la presión popular-, en la sede del sindicato CSI (Corriente Sindical de Izquierdas), al que pertenecían y de cuya dirección formaban parte. Durante la entrevista, explicaron los detalles del proceso en su contra con la tranquilidad de quien se sabe acusado injustamente por unas autoridades –ayuntamiento, delegación del gobierno, sistema judicial- que, cabe suponer, son incapaces de reconocerse en el espejo de la palabra prevaricación. Las pruebas en contra de los sindicalistas eran, por decirlo de un modo educado, endebles. El futuro -incluida la realidad inmobiliaria que se construiría en los viejos terrenos de los astilleros- se empeñó en darles la razón, en muchos aspectos, acerca de sus críticas a la gestión política y patronal que se hizo de la empresa.

 

El proceso contra Cándido y Morala –cuya biografía ayudó a Fernando León de Aranoa a terminar de perfilar a los personajes protagonistas de Los lunes al sol- fue uno de los episodios más oscuros de la democracia asturiana.

 

¿Y qué fue de las autoridades que en 2007 se vieron implicadas en el proceso contra Cándido y Morala?

 

El delegado del Gobierno en aquellos días infames de 2007, Antonio Trevín, ex presidente del Principado de Asturias, ejerce en la actualidad como parlamentario socialista. Otro cargo que sumar a su curriculum por los servicios prestados a…dejémoslo en eso: por los servicios prestados. Un verdadero cráneo privilegiado de la Cámara Baja, como el mismo confesaba a la Agencia EFE hace tan sólo unos días: “Según ha relatado Trevín, el diario de sesiones recoge que cuando Rajoy anunció una elevación de la imposición indirecta con un aumento del IVA "se oyó una voz: '¿Y el de las chuches?'", que la dactilógrafa no identificó de qué diputado provenía. "Ese pecado, si lo es, sí deben adjudicármelo", ha añadido Trevín para confesar que fue el autor de ese grito”.

 

La alcaldesa de Gijón entre 1999 y 2011, Paz Fernández Felgueroso –que en 2007, por cierto, permanecía en el consistorio gracias a los votos de Izquierda Unida, sobre la que nunca he tenido claro si es un partido político o un animal de compañía-, fue nombrada en junio de este año presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Parece ser que entre sus funciones principales estará la de promover la cultura tradicional asturiana (¿incluidos la emigración y el retraso económico?) en los Centros Asturianos repartidos por el mundo: son muchos, y políticos de la estirpe de Trevín y Felgueroso se han encargado de que sus socios potenciales no dejen de aumentar en los próximos años. Nada nuevo. Desde hace siglos, la definición de político asturiano incluye la preposición: hacedor de emigrantes.

 

Respecto a Gerardo Herrero, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2007, sigue ocupando ese puesto, situado además en el centro de curiosas polémicas como la que le enfrentó hace unos meses con el juez a cargo de un proceso anticorrupción que implica, entre otros muchos, a un ex consejero -socialista- del Principado. ¿Hace falta recordar que al Fiscal General de una Comunidad Autónoma lo nombra oficialmente el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia, que a su vez recibe la propuesta del Fiscal General del Estado, nombrado a su vez por el Consejo de Ministros?

 

¿Alguien explicará algún día a qué carajo se dedicaron las fiscalías del país, y las unidades anticorrupción de la policía, durante los plácidos años de expansiva prosperidad inmobiliaria y recalificadora? A seguir órdenes, supongo, y seguramente con la imparcialidad propia de sus cargos.

 

Entre los principios del Ministerio Fiscal recogidos en la Constitución Española se encuentra el de imparcialidad. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, en su artículo 7, describe en qué consiste este principio de imparcialidad que ha de observar el Ministerio Fiscal: “Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados”. ¿Quién lo redactó y quiénes lo refrendaron eran conscientes de que resulta realmente complicado imaginar siquiera que alguien pueda defender los intereses que “le estén encomendados” siendo al mismo tiempo objetivo, independiente e imparcial? Menos mal que tuvimos la Transición española y a sus prohombres: ¿qué sería de nosotros, ahora, de no haber tenido esa suerte histórica?

 

El sistema, como puede comprobarse apenas se analiza ligeramente, está bastante bien organizado. En ese sentido, ni la misma Alemania -tan orgullosa de su burocrático pasado prusiano- puede reprochar falta de organización a la caótica y levantina España.

 

Revisando estos días el documental sobre la historia de Naval Gijón producido en 2007 por Piraván –productora fundada por el fotógrafo Javier Bauluz- y dirigido por Alejandro Zapico me ha resultado difícil no pensar en la situación de los trabajadores españoles en la actualidad y en las opciones de contestación social -y de una consiguiente respuesta política- que parecen posibles, útiles o, al menos, esperanzadoras. Resultado de la reflexión: un abrupto fundido en negro.

 

El caso es que resulta difícil pensar con un mínimo optimismo en el futuro de España mientras los políticos -y los jueces, banqueros, catedráticos de economía y profesores de escuelas de negocios, fiscales, y altos cargos policiales, por poner sólo unos ejemplos- que guiaron el timón del país en los años 90 y primeros años de este siglo sigan ocupando cargos de distinto pelaje –y, por descontado, siempre bien retribuidos, tanto en dinero A como en B-.

 

Como sociedad consumista, venimos afrontando desde hace décadas –más mal que bien, todo hay que decirlo- el grave problema de la ingente cantidad de deshechos que producimos. Las soluciones más frecuentes –vertederos o plantas incineradoras- son problemáticas por distintas razones: sociales, económicas y medioambientales. A nivel político, sin embargo, el sistema parece haber encontrado la solución desde hace ya bastantes años para su escoria: se han convertido las listas electorales -incluidas las de las elecciones europeas- en vertederos para desechos políticos, y los cargos de libre designación en incineradoras eficaces para cualquier esperanza sobre una renovación política nacional.

 

¿Lo más alentador y lo más triste del ejemplo asturiano? Para los que no son asturianos -«por suerte para ellos, la mayoría de los españoles», en palabras de un ilustrado borrachín de Oviedo-, tal vez lo más alentador sea que Asturias es una región, por población y peso económico, poco relevante para el conjunto del país. ¿Y lo más triste?: que Asturias no deja de ser un reflejo desdibujado y disminuido de comunidades autónomas como Andalucía, Valencia, Cataluña o Madrid: las grandes charcas de aguas políticas y económicas estancadas sobre las que se han asentado los cimientos de un país ahora a la deriva.

 

Los especuladores, Merkel, Cristina Fernández de Kirchner, el monstruo de las galletas, los gribaltareños...: de acuerdo, el mundo está lleno de malos malísimos. Pero seamos serios: ¿resulta admisible un mayoría Parlamentaria que, no contenta con el ejercicio apasionado y zafio del Decreto Ley, impide además todo debate y aplaude -aplausos y sonrisas, para ser más exactos- un drástico recorte del Estado social que, hasta nuevo aviso, proclama la Constitución Española nada menos que en su artículo primero? Tal vez con la Constitución pase como el Ulises de Joyce: muchos hablan de ella sin haber leído siquiera su primera línea.

 

Naval Gijón cerró definitivamente en 2009 por cierre patronal.

 

 

 

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