Acabar con las «terapias de conversión», la lucha de un experto en derechos humanos

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En la actualidad, 69 estados de todo el mundo tienen leyes que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos. Esto significa que 2000 millones de personas viven en contextos discriminatorios, un tercio de la población mundial.

“Esta criminalización tiene consecuencias cuantificables en términos de salud pública y acceso a la educación», afirma Víctor Madrigal-Borloz, experto[1], independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género[2].

Creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016, el mandato del experto en la materia está encomendado desde 2017 a este abogado de origen costarricense y profesor de la Harvard Law School, que fue entrevistado para Noticias ONU por Farid Emam, desde Ginebra.

Víctor Madrigal-Borloz aboga por un mundo libre de la criminalización de la orientación sexual y la identidad de género, y en particular por la eliminación de las «terapias de conversión».

Como consecuencia de la criminalización, el experto constató, entre otras cosas, que «los jóvenes LGBT abandonan la escuela tres veces más que los no LGBT, o que las personas trans se infectan de VIH/SIDA 47 veces más que los hombres homosexuales, e incluso 76 veces más que la población general».

La razón de esta enorme brecha, señala Madrigal-Borloz, es que con demasiada frecuencia una persona transgénero enferma no acude a los servicios sanitarios «por miedo a ser ridiculizada» y a no recibir la atención que realmente necesita.

El principio erróneo de las terapias de conversión

En estrecha relación con esta violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, se dan las conocidas como “terapias de conversión», que fueron objeto de un informe de expertos en 2020.

Madrigal-Borloz examinó el problema de estas «terapias» que pretenden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, partiendo de la base de que las personas LGBT y de género diverso están «enfermas».

Según el informe, que se presentó al Consejo de Derechos Humanos, las «terapias de conversión» tienen como objetivo transformar a una persona no heterosexual en una persona heterosexual, y a una persona trans o de género diverso en una persona cisgénero (una persona cuya identidad de género corresponde a su sexo registrado).

Estas terapias se llevan a cabo en al menos 68 países, en todos los continentes. Son “muy frecuentes” en África y “bastante frecuentes” en América Latinay el Caribe y en Asia.

El informe cita otras muchas regiones y países, como China, la República de Corea y los Estados de Europa del Este.

En Estados Unidos, se calcula que unas 700.000 personas lesbianas, gais, trans o de género diverso han sido objeto de estas prácticas en algún momento de su vida.

Prácticas comparables a actos de tortura

En sus visitas de trabajo a varios países, el experto independiente recogió numerosos testimonios de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y de género diverso que fueron víctimas de exorcismos por parte de iglesias o curanderos, violaciones «correctivas», tratamientos psicológicos a la fuerza, entre otras atrocidades.

Las «terapias de conversión» causan profundos traumas físicos y psicológicos a las personas que las sufren. Por ese motivo, los mecanismos de las Naciones Unidas de lucha contra la tortura han concluido que esas terapias pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El papel del experto independiente es también asesorar a los Estados sobre las medidas correctivas. En vista del sufrimiento que causan estos tratamientos, Madrigal-Borloz recomienda explícitamente a los Estados que prohíban estas prácticas, derogando las leyes que las permiten, así como las que penalizan la diversidad de orientación sexual e identidad de género. Asimismo, pide que se tomen medidas urgentes para proteger a los niños y jóvenes.

La lucha contra la terapia de conversión

En los últimos años, se han tomado diversas medidas para acabar con esta práctica. En unos pocos países, como Ecuador y Malta, se consideran delito. En otros, como España y los Estados Unidos, se han introducido prohibiciones en el plano local. Los parlamentos de Canadá y Francia la prohibieron en 2021, tras medidas similares en Alemania y Albania, por ejemplo.

Sin embargo, el experto denuncia también algunos intentos «no solo de no prohibir las terapias de conversión, sino incluso de promoverlas por parte del Estado». Ghana, por ejemplo, está estudiando una ley que castigaría con cinco años de cárcel a cualquier persona sospechosa de ser LGBT+ y permitiría explícitamente la terapia de conversión.

Junto con otros nueve expertos en derechos humanos, Madrigal-Borloz envió una carta al jefe de Estado del país para manifestar que la ley era «una violación fundamental de las obligaciones internacionales del Estado»; además de ofrecerle «ejemplos de los efectos perniciosos que la ley tendría en las personas que viven en Ghana, incluido el sufrimiento inimaginable debido a la terapia de conversión».

Madrigal-Borloz afirma que seguirá trabajando por eliminar estas terapias; entre otras tareas, se impone la de concienciar a las organizaciones religiosas de la necesidad de que condenen inequívocamente estas terapias.

Su labor para erradicar la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género seguirá su curso hasta 2023. Una coalición de 1327 organizaciones de 161 países apoyó la renovación de su mandato en 2021 y solo una minoría de Estados miembros del Consejo se opuso.

«El mandato debe continuar hasta el momento en que se pueda decir, de manera objetiva, que no hay discriminación o violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género. Por supuesto, esto es algo que no sé si lo veré en mi vida. Pero estamos avanzando de forma decisiva», concluye el experto.

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[1] Los expertos y las expertas forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

[2] El mandato del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género busca proteger mejor a las personas que sufren violencia y discriminación por razón de su orientación sexual o identidad de género, por medios tales como los siguientes: omo evaluar si se aplican las normas de derechos humanos, establecer las mejores prácticas y las deficiencias, sensibilizar sobre estas cuestiones, identficar y abordar las causas profundas de la violencia y la discriminación, propiciar el diálogo y la celebración de consultas con los Estados y otras partes interesadas pertinentes para fomentar la protección de las personas LGBT y de género diverso, y facilitar y respaldar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional para combatir la violencia y la discriminación.

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