Algunos mitos acerca de la crisis de los niños migrantes

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Todos quienes hemos escrito sobre los distintos aspectos de la famosa cuestión migratoria somos responsables, en mayor o menor grado, de no haber afinado la vista ni, peor aún, salirnos del guión que ya se venía repitiendo a la hora de abordar el espinoso tema. De alguna manera, normalizamos la tragedia cotidiana. Como sostiene el escritor Antonio Ortuño en su novela La fila india, la sociedad mexicana le ha dado la espalda a los migrantes centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos, convirtiéndonos en una especie de patéticos banalizadores del mal.

 

Años de estudio y sesuda investigación dedicados a “la cuestión migratoria”, como si el homo sapiens no fuera, desde siempre, también un homo migrantis; ejércitos enteros de académicos y profesores encerrados en sus gabinetes meditando con absoluta gravedad acerca de temas tan trascendentales para los propios migrantes como el concepto de “transnacionalismo”, la pertinencia de las nociones de “asimilación” versus la “integración”, los bizantinos debates acerca de las más duchas estrategias para no caer en la temible trampa del “nacionalismo metodológico” a la hora de, por ejemplo, “teorizar la migración transnacional: del migrante al transmigrante”; cerebros post-doctorales trabajando a tope con la ilusión de encontrar la hipótesis como mina de oro que explique por qué las remesas —el dinero que los migrantes envían a casa— se utilizan para construir casas que replican la arquitectura del búngalo californiano en plena sierra de Oaxaca, o bien qué nos dicen a los seres comunes y corrientes que apenas salimos de casa,  las múltiples identidades que aloja el “imaginario transnacional” de quien sí salió de su casa con apenas una mochila al hombro sin saber que en una universidad de élite es estudiado como un espécimen llegado del futuro.

 

Todo para nada, o casi nada.

 

Lo mismo aplica para cierto periodismo que ha encontrado en la migración una mina de historias que devino en lucrativa industria. A la manera de Ted Conover, el temerario cronista que se mimetiza con el entorno para revelarle al lector los entresijos de la vida como guardia en una prisión o bien como polizón a bordo de los trenes que incluyen en su carga a los últimos vagabundos de América, más de un reportero ha acompañado el drama de cruzar las montañas y pesadillas de quienes viajan durante días interminables y noches de miedo en el ominoso ferrocarril llamado la Bestia. En los últimos años, han pasado como cola de cometas libros que cuentan de muchas maneras la misma historia. Lo cual sería genial si no fuera porque no han faltado entre ellos los reporteros que, presentándose como los nuevos Kapuścińskis que demanda la época, jamás repararon en un pequeño detalle: arriba de la Bestia, escondidos entre los arbustos, sentados en cuclillas, congregados alrededor de una más entre las inacabables fogatas que arrojan  sus sombras al borde de la ruta, se hallaban miles, muchos miles de niños y niñas viajando sin lo que se presume es, dice el eufemismo en medios políticos y de comunicación, “la compañía de un adulto” para significar en realidad menores de edad traficados por redes criminales con alcance global.

 

Todos quienes hemos escrito sobre los distintos aspectos de la famosa cuestión migratoria somos responsables, en mayor o menor grado, de no haber afinado la vista ni, peor aún, salirnos del guión que ya se venía repitiendo a la hora de abordar el espinoso tema. De alguna manera, normalizamos la tragedia cotidiana. Como sostiene el escritor Antonio Ortuño en su novela La fila india, la sociedad mexicana le ha dado la espalda a los migrantes centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos, convirtiéndonos en una especie de patéticos banalizadores del mal.

 

¿Por qué aparece, como de la nada, así de repente, el drama de los niños migrantes? ¿Qué pasó para que explotara, de la noche a la mañana, un problema que es más que un problema cuando se habla de la llegada de más 50 mil niños provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México hasta la frontera de Estados Unidos en menos de cinco años? Peor aún: pasaron varios días antes de que los 84 mil 966 niños y niñas mexicanos que llegaron traficados o “sin acompañante” hasta Estados Unidos entre 2009 y el 15 de junio de 2014 recuperaran su nacionalidad, ya que por simple mayoría númerica representan la auténtica crisis si tomamos en cuenta que los menores provenientes de Centroamérica no suman la mitad de esa cifra. Sin embargo, en los medios de comunicación y en el discurso de la administración del presidente Obama la mentada crisis fue, es y al parecer seguirá siendo cien por ciento centroamericana.

 

Si bien es cierto que en el último año escaló de manera exponencial el número de niños centroamericanos traficados hasta Texas, en particular los nacidos en Honduras (de 6 mil 747 a 15 mil), no deja de llamar la atención que hasta antes de la explosiva irrupción de la crisis en la escena mediática y política, a nadie o a casi nadie —empezando por los periodistas aspirantes al duro oficio del detective salvaje y no se diga ya por los académicos que viven del tema— le llamó la atención lo mismo la dimensión del problema, su tendencia creciente y, por encima de todo, la invisibilidad de un contingente tan visible como son los grupos de mayor vulnerabilidad en la frontera sur de México, según las propias definiciones académicas: mujeres y niños.

 

En cambio, durante algunos años una minoría de analistas y organizaciones se han enfocado en el tema, sin duda menos sexy, de las políticas de deportación por parte de Estados Unidos, así como el tráfico de personas, especialmente en la vertiente vinculada al tráfico de mujeres y niños destinados a la explotación sexual, originado en la frontera sur de México. El joven historiador Adam Goodman se ha dedicado a estudiar los distintos regímenes de deportación del gobierno estadounidense a lo largo de más de un siglo. En un artículo que publicó en la revista Dissent, Goodman refiere el giro punitivo de las políticas de deportación desde mediados de los años noventa y especialmente durante la segunda administración de Obama.  Por todos lados ha circulado otra versión, parcialmente cierta: gracias a una ley del presidente George W. Bush, desde 2002 los menores de edad detenidos al cruzar la frontera, prevenientes de países no contiguos (es decir México) son remitidos, a más tardar después de 72 horas, al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pasado un mes, más o menos, son liberados, usualmente recibidos por familiares y puestos en una larga lista de espera para ver a un juez. En efecto, esto ocurre así, y explica parcialmente el llamado “surge” o crecimiento desmedido en los arribos de niños migrantes a Estados Unidos. El asunto, sin embargo, tiene raíces más profundas que se hunden en el sistema legal y resurgen en políticas migratorias más restrictivas que terminan por saturar las capacidades del sistema, tal como expone Goodman en su ensayo para Dissent al referirse a la “Ley para la Reforma de la Migración Ilegal y Responsabilidad Migrante” y la “Ley Anti-terrorista y Eficiencia en la Pena de Muerte”. Uno de los efectos inmediatos de ambas leyes consistió en minimizar el peso de los jueces y hacer más expeditas las deportaciones. Además, desde octubre de 2008, los condados de todo el país comenzaron a adoptar una medida federal, “Comunidades Seguras”, con lo cual se avanzó en la criminalización de los migrantes indocumentados, permitiendo la cooperación —la mayoría de las veces desinformada— entre las policías locales y la autoridad migratoria federal.

 

Al volverse masivas las deportaciones en los últimos años, el presupuesto programado pronto se secó. Parte de la actual crisis de los niños tiene que ver con la falta de recursos; no por nada el presidente Obama está solicitando al Congreso 3.7 mil millones de dólares pero, ojo, no para resolver la situación migratoria de las decenas de miles de niños que se hallan hacinados en los centros de detención, sino para comenzar a deportarlos y comenzar a desplegar las medidas de fuerza a lo largo de la frontera con México para evitar la llegada de otros 42 mil niños más para el próximo mes de septiembre, según los cálculos de la Patrulla Fronteriza.

 

Al final del día, la crisis de los niños migrantes es, en buena medida, resultado de una serie de respuestas coyunturales presentadas como políticas de migración destinadas a solucionar un problema que vende electoralmente pero que, en realidad, no tiene solución.

 

Enfocar el origen del problema en los países expulsores no deja de ser otra maniobra política de la administración Obama, misma que le generará costos al verse obligado a tomar medidas restrictivas y punitivas en la línea del partido Republicano, como por ejemplo incorporar a “FEMA”, la agencia federal de desastres, así como a la Guardia Nacional en los estados fronterizos de Arizona y Texas.

 

No sin cierto candor, Jorge G. Castañeda se preguntaba en un artículo reciente  “qué desató hoy el flujo masivo de menores de edad indocumentados y no acompañados procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y México a Estados Unidos.” Castañeda, profesor universitario, pundit y ex-secretario de Relaciones de México, suele ser un analista acucioso e informado. Sorprende que no vea —si lo hizo no dio cuenta de ello— en el gran negocio que hacen los traficantes, una de las causas más importantes que explican el flujo masivo de niños cruzando el territorio mexicano. Ahora bien: las centenas de periodistas que dicen conocer de cerca y de lejos a los Zetas, los dueños del tráfico de personas, entre otros negocios, difícilmente podrán apuntar hacia el temido grupo criminal, a menos que encuentren una especie de comando especial de la niñez. Ninguno de estos valientes que han encontrado en los Zetas y otros grupos criminales su cantera de historias, la mayoría de las veces la misma historia contada de veinte maneras distintas, tampoco repararon —nadie lo hicimos a tiempo— en un dato esencial en el drama de los niños migrantes: entre el 1 y el 31 de mayo pasados, es decir al menos dos semanas antes de que irrumpiera en los medios de todo el mundo la actual crisis, la Patrulla Fronteriza y la división de investigaciones del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) pusieron en marcha la operación “Southern Crossing”, en las ciudades de Houston, El Paso, San Antonio y San Diego, misma que dio como resultado la detención de 168 traficantes de personas, incautando veintinueve vehículos y más de 35 mil dólares en efectivo. Las autoridades estadounidenses se cuidan de vincular a los 168 detenidos con una mafia o grupo delictivo en particular y los grandes diarios apenas señalan lo evidente: el vínculo entre las altas tasas de homicidio en ciudades como San Pedro Sula (Honduras) y la explosión en el número de niños emigrando hacia Estados Unidos.

 

Si bien entre las actividades criminales de los Zetas el tráfico de personas ocupa un lugar importante, además del narcotráfico, la extorsión, el contrabando, el robo de combustible, el tráfico de órganos, el lavado de dinero, la prostitución, entre otros, su actividad en Centroamérica ha estado vinculada, sobre todo, con el tráfico de armas y drogas. Hacia el norte, hacia Estados Unidos, según el FBI su actividad se concentra en apoyar a cárteles mexicanos a expandir sus operaciones de narcotráfico en las regiones sureste y medio oeste del país. Es posible conjeturar que su participación en el tráfico de menores es limitada, en tanto existen grupos mafiosos dedicados específicamente al tráfico de mujeres y niños, generalmente para fines de explotación sexual que habrían reorientado parte de su operación hacia el tráfico de los niños y las niñas migrantes. Creer que decenas de miles de menores de edad viajan efectivamente solos, “no acompañados”, pensar para el caso que uno solo entre ellos puede alcanzar la frontera sin morir o desviarse en el intento —destino común de miles de migrantes adultos—,  sin el apoyo de una red criminal organizada es no ver el problema, o verlo desde la óptica al gusto de las autoridades. Existen suficientes indicios de la existencia de mafias  especializadas en la trata de mujeres y niños, mismas que poseen, por así llamarlo, el expertise y capacidad operativa. Según un informe elaborado por la American Bar Association en 2009, operan en distintos estados de México, en Centroamérica y Estados Unidos, alrededor de 47 grupos criminales vinculados al tráfico de mujeres y niños. Sus operaciones tienen alcance internacional y están relacionadas con las mafias rusa, cubana y argentina.

 

¿Alguien quiere seguir creyendo que más de cuarenta mil niños, mexicanos o centroamericanos, llegaron “no acompañados” hasta las manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos?

 

Llegar tarde a la crisis, mejor sería llamarla una explosión en el corazón del maltrecho sistema de políticas migratorias, no exime a nadie de abandonar los manidos clichés acerca de “la cuestión migratoria” y comenzar a ver el problema con una mirada renovada y más penetrante. Quizás haya que comenzar por aceptar que, como sugiere Nikos Papastergiadis en su notable libro The turbulence of migration, históricamente ningún Estado ha declarado la apertura de sus fronteras, libre de controles y medidas restrictivas análogas a operaciones militares. Al contrario, las políticas migratorias responden a la noción de una “comunidad nacional” que, semejante a un “cuerpo”,  requiere protección y resguardo ante el arribo de supuestos elementos virales que no pertenecen a dicha comunidad: “Las fronteras nacionales se convierten en la piel de la comunidad. Los principios de exclusión e inclusión —quién puede ingresar a un territorio o espacio dado, quién puede ser asimilado a efecto de permanecer en él, quiénes necesitan ser excluidos— fueron influenciados por una serie de metáforas organicistas basadas en ideologías nacionales que han sido crecientemente erosionadas. […] En la era del Estado-nación, la migración fue entendida como el proceso de movimiento humano a través de fronteras nacionales. Ciudadanía y exilio son, así, las categorías duales que determinan ya sea la inclusión o la exclusión respecto a un Estado-nación.” Ciertamente, en la construcción de los Estados nacionales y el desarrollo del liberalismo quedan sentadas las bases para que, contra lo que suele pensarse acerca del Estado del laissez-faire de los siglos XIX y XX, la intervención estatal en el ámbito migratorio responda al interés nacional y el casi sagrado y bastante hipócrita respeto por el sistema de libre mercado.

 

El ultraliberalismo del siglo XXI hace más patentes aún estas contradicciones. En su breve pero sustancioso libro, El fenómeno migratorio en el siglo XXI, Catherine Wihtol de Wenden es más que explícita, casi instructiva: “la mundialización de las migraciones ha desatado la paradoja del liberalismo: las grandes democracias ya no pueden controlar los flujos migratorios y con frecuencia violan los derechos humanos.” 

 

Ante semejante escenario, no resultan sorprendentes las coincidencias de quienes se dedican, en verdad, a pensar estos asuntos y quienes los viven en carne propia. Entre los primeros me refiero, principalmente a Giorgio Agambem, quien nos invita a quitarnos la venda de los ojos y comenzar a pensarnos y vernos a nosotros mismos de distinta manera. Afirma en Medios sin fin. Notas sobre la política: “La supervivencia política de los hombres sólo es pensable hoy en una tierra donde los Estados hayan sido perforados y topológicamente deformados y en que el ciudadano haya sabido reconocer al refugiado que él mismo es.” Entre los segundos, es decir quienes viven el drama día con día tratando de brindar la más mínima pero preciada ayuda a quienes ya se hallan en la condición a la que se refiere Agamben, está un personaje inclasificable: el padre Flor María Rigoni, perteneciente a la orden Scalabrini y actual director del albergue La Casa del Migrante en Tapachula, en el sureño estado de Chiapas. Recuerdo hace un par de años haberme encontrado, desatendido y sepultado bajo toneladas de reportajes sobre el narco y la migración en una librería de la ciudad de México, sus Reflexiones en el camino del Migrante, un libro extrañísimo en el que los géneros de la crónica, el ensayo antropológico, la meditación religiosa y la fotografía se entremezclan sin dejar otro zurcido aparente que el de la experiencia directa pasada por la más profunda y detenida reflexión acerca del mal, de la desigualdad y del oprobio que sufren sus —nuestros— semejantes, aquellos que se nos han adelantado en asumir la condición del refugiado universal. Se trata, sin duda, de un libro poco atractivo por quienes buscan el sensacionalismo en las multiformes historias y relatos de migrantes. Rigoni sabe recogerlas con la humanidad poco frecuente entre quienes hacen carrera a partir de ellas. “El refugiado —escribe— es el último de los pobres: no goza de derecho alguno, ya sea en su propia tierra, con los de su patria; ya sea a lo largo de su peregrinación que hace de su éxodo desierto y calvario al mismo tiempo.” No le pasará desapercibido al lector, tal como me ocurrió a mí, su tono religioso. Y sin embargo, hay ahí una idea, semejante a la que, desde el pensamiento secular propone Agamben, de necesaria comunión: “Como por el pueblo de Israel las aguas de Mará se vuelven amargura, así para muchos refugiados y migrantes la aventura del éxodo se transforma en derrota, decepción, opresión más y más honda e irreversible.”

 

Recuerdo que poco después de leer estas líneas, contacté al padre Rigoni. Estaba dispuesto a recibirme en Tapachula, antes de partir a un retiro en los altos de Chiapas. No soy practicante, pero la idea de acompañarlo al retiro me seducía.

 

Lo dejé para después.

 

Y después vino la que quizás sea la más grave crisis humanitaria en el territorio comprendido entre Centro y Norteamérica.

 

Esa que, para mi pesar y desazón, también dejé para después.

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Bruno Piché es ensayista y narrador. Ha sido editor, periodista, diplomático y promotor cultural. Realizó estudios en la Concordia University de Montreal, El Colegio de México, King’s College de Londres, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM Es autor de los libros Robinson ante el abismo, Noviembre y El taller de no ficción. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México desde 2012. Su novela más reciente, 'La mala costumbre de la esperanza', (2018), apareció bajo el sello editorial de Random House Literatura. En 2015 publicó la novela 'Los hechos', acerca de la cual Juan Villoro escribió: “Bruno H. Piché entiende la historia del mundo como una diáspora: datos en fuga que al articularse conectan la vida pública con la esfera privada. Podemos escapar de nosotros mismos pero no de Los hechos, es decir, del flujo incontenible de la historia.”   Vivir en Comala City es un blog sin fronteras temáticas y en la que las sombras y presencias fantasmales remiten al escurridizo entrecruce entre los géneros literarios. En Comala todo es literatura y nada es lo que parece.