Con la complicidad de transnacionales y de algunos países (Francia y Estados Unidos) ha surgido en Angola una élite política, la nomenklatura petrolera. En la cúspide del sistema está el Futungo de Belas
Angola formó parte del antiguo imperio colonial de Portugal en África desde 1620, convirtiéndose en uno de los mayores centros de trata de esclavos hasta que esta práctica fue prohibida a finales del siglo XIX, cuando se fijaron las fronteras del país en la Conferencia de Berlín de 1884-1885. A partir del siglo pasado, la dominación portuguesa se orientó a la explotación de los recursos agrícolas y mineros, al tiempo que la presencia europea, hasta entonces concentrada en la costa, se extendía hacia el interior, para lo que se diseñaron programas de desarrollo integral de la colonia, como la construcción de tres ejes de ferrocarril (Luanda-Malanje, Lobito-Benguela-Luau y Namibe-Lubango-Menongue), la promoción de una agricultura para la exportación y el fomento de la minería.
Pero la colonización portuguesa no empezó realmente hasta el fin de la Primera Guerra Mundial (y sobre todo a partir de la Segunda), con la llegada de 200.000 inmigrantes portugueses. En 1951 la colonia se convirtió en provincia portuguesa y en 1956 hicieron su aparición las primeras organizaciones independentistas, iniciándose en 1961 la lucha armada en torno a tres partidos: el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), de carácter marxista-leninista, apoyado por la antigua Unión Soviética y liderado por Agostinho Neto hasta su muerte en 1978, y desde entonces por José Eduardo dos Santos, que cuenta con una base social urbana y kimbunda; el Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA), liderado por Holden Roberto y con base social bakonga; y, posteriormente, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), liderado por Jonás Savimbi y con base social ovimbunda y referencias a las raíces tradicionales. En 1962, y con el apoyo de Estados Unidos, la Unión de los Pueblos de Angola (UPA) formó un Gobierno en el exilio. La Revolución de los Claveles en Portugal y la toma del poder por el general Spinola, en 1974, aceleraron el proceso de descolonización de Angola.
Se inició así un periodo de cuatro décadas de conflicto armado casi ininterrumpido, con cuatro guerras consecutivas: a) la guerra de la independencia (1957-1975), finalizada al alcanzarse esta; b) la guerra del mato (bosque) (1975-1991), finalizada con los Acuerdos de Bicesse; c) la guerra de las ciudades (1992-1994), finalizada con el Protocolo de Paz de Lusaka; y d) la última guerra (1998-2002), finalizada con el Memorando de Entendimiento de Luena.
El 11 de noviembre de 1975 Angola alcanzó la independencia tras los Acuerdos de Alvor, firmados entre el Gobierno de la metrópoli y las tres organizaciones independentistas angoleñas. Pero Portugal no reconoció como legítimo a ninguno de los grupos políticos en litigio, por lo que no se llevó a cabo el traspaso formal del poder. Ante esta situación, el MPLA anunció la creación de su Gobierno en Luanda y bautizó el país como la República Popular de Angola, siendo su primer presidente Agostinho Neto. Por su parte el FNLA y la UNITA anunciaron la formación de un Gobierno separatista con sede en Huambo, en la provincia del mismo nombre, y llamaron a su territorio República Democrática Popular de Angola. Las divergencias entre el FNLA y la UNITA no permitieron la creación de un Gobierno hasta diciembre de 1975 y, además, esta alianza de partidos no recibió ningún reconocimiento formal por parte de otros países, debido al apoyo sudafricano. En consecuencia, las tres organizaciones emprendieron una guerra civil entre sí.
El apoyo de Sudáfrica a estas dos organizaciones legitimaba el apoyo soviético y cubano al MPLA. En enero de 1976 quedaba claro que el MPLA era la potencia militar dominante. En febrero, las tropas del FNLA habían sido derrotadas en el norte de Angola y las tropas sudafricanas, ante las presiones internacionales, tuvieron que retroceder hasta Namibia. El MPLA tenía ahora el control de Cabinda. Con respecto a Estados Unidos, el Senado decidió prohibir todo tipo de asistencia militar o paramilitar a cualquier facción enfrentada en Angola. La Unión Africana reconoció finalmente el Gobierno del MPLA como el Gobierno oficial de Angola y lo mismo hicieron Portugal, las Naciones Unidas y otros 10 países.
Desde la fecha en que se obtuvo la independencia, Angola ha sido gobernada por el MPLA: entre 1975 y 1991 a través de un régimen de partido único de inspiración marxista-leninista, y desde entonces, por un régimen democrático multipartidista, aunque la situación de guerra civil impidió la convocatoria periódica de elecciones, que tuvieron lugar en 1992 y en 2008; las elecciones presidenciales anunciadas para 2009 fueron suspendidas a raíz de lo dispuesto en la nueva Constitución del país, que otorga el nombramiento de presidente al cabeza de la lista más votada.
La historia reciente de Angola está marcada por la guerra civil y la intervención extranjera. Desde el primer momento se produjeron choques armados entre los partidos históricos, apoyados desde el exterior en un conflicto típico de la guerra fría. El FNLA se retiró pronto de la guerra, quedando como principales contendientes el partido en el poder y la UNITA, respaldada por Estados Unidos y la República de Sudáfrica. Durante la larga guerra civil, el MPLA ha tenido un mayor control en las capitales de provincia, mientras que la UNITA ha tenido una mayor presencia en el medio rural.
En octubre de 1990 el MPLA anunció el abandono del marxismo-leninismo y en noviembre iniciaba el proceso de democratización del partido, adhiriéndose formalmente a la socialdemocracia. La UNITA, presionada por Estados Unidos, no aceptó el fin de la lucha armada hasta marzo de 1991; se transformó en partido político y firmó con el Gobierno del MPLA un acuerdo para convertir el país en un Estado multipartidista. Al término de la guerra fría, se sucedieron varios intentos de lograr una paz negociada. Los Acuerdos de Bicesse, en mayo de 1991, introdujeron el multipartidismo, permitieron que salieran del país las tropas de Cuba y Sudáfrica, la convocatoria de elecciones en septiembre de 1992 y la presencia de una misión de las Naciones Unidas, la UNAVEM I.
En mayo de 1992 se aprobó una nueva Constitución que ratificaba formalmente los acuerdos políticos alcanzados entre los partidos contendientes, cambiando incluso la denominación del país, que pasó a llamarse República de Angola. En septiembre de ese año se celebraron elecciones generales, supervisadas por observadores internacionales, en las que resultó vencedor en primera vuelta el MPLA. Pero la UNITA impugnó sus resultados, proclamando que hubo fraude (algo que nunca confirmaron los observadores), y recrudeció sus ataques, continuando la guerra civil. En mayo de 1993 Estados Unidos reconoció oficialmente el Gobierno y la República de Angola y la ONU lanzó un ultimátum a los rebeldes para el cese de las hostilidades. Aunque las Naciones Unidas ratificaran el resultado de las elecciones, la UNITA no estuvo de acuerdo y se reanudó la guerra civil.
En las elecciones de septiembre de 1992, el MPLA obtuvo 129 escaños y la UNITA, 70 de un total de 220. Los 21 escaños restantes se distribuyen entre 10 partidos menores. Al mismo tiempo, se celebró la primera ronda de unas elecciones presidenciales en las que José Eduardo dos Santos obtuvo el 49,6 por ciento de los votos y Jonás Savimbi, el 40 por ciento. El retorno a las armas por parte de la UNITA impidió que se celebrara la segunda vuelta.
En 1994, el Protocolo de Lusaka detuvo momentáneamente la guerra y permitió la presencia de una segunda misión de Naciones Unidas (la UNAVEM II), así como la creación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GURN) en 1997 y la participación de los diputados de la UNITA en la Asamblea Nacional. Pero la participación de este grupo en el proceso de pacificación se consideró insatisfactoria, lo que dio lugar a diversas sanciones y resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por otra parte, la financiación de la UNITA a través de los llamados “diamantes de sangre” determinó la creación de un mecanismo internacional de control.
En 1998, el IV Congreso del MPLA optó por la solución militar del conflicto. Al año siguiente el Gobierno solicitó la salida del país de la misión de las Naciones Unidas, suspendió el funcionamiento regular de las instituciones democráticas debido al conflicto y lanzó una gran ofensiva contra las fuerzas convencionales de la UNITA. Ante esta situación, la UNITA anunció una vuelta a la guerra de guerrillas.
Progresivamente, las Fuerzas Armadas de Angola se fueron haciendo con el control de las principales ciudades y de la mayor parte del territorio, y en febrero de 2002 moría Jonás Savimbi en una emboscada en la provincia de Moxico. En abril de 2002 el Memorando de Entendimiento de Luena pone fin a la guerra civil; entre otros extremos, se acordó la convocatoria de elecciones generales en un plazo máximo de dos años, la integración de los 5.000 guerrilleros de la UNITA en el ejército y en la policía, la desmovilización del resto de las Fuerzas Militares de la UNITA (92.000 soldados y 400.000 familiares) y un plan de emergencia para los cuatro millones de desplazados.
Aunque se presentara como un acuerdo conciliatorio entre las partes, el Memorando de Entendimiento de Luena supuso en realidad la rendición de la UNITA, edulcorada con la concesión de algunas prebendas a sus líderes, según señala Pérez de Armiño (2007: 7). Representó una paz basada en la victoria del Gobierno del MPLA y el ulterior fortalecimiento de su poder, pero también supuso un claro fracaso de las propuestas de negociación y paz consensuada, dado que la mayoría de los actores de la sociedad (Iglesias, sociedad civil, medios de comunicación), así como de la comunidad internacional, no fueron incluidos en el proceso. Por tanto, con el fin de la guerra Angola empezó un largo y difícil proceso de pacificación, enfrentándose a todos los problemas de transición necesarios para la reconstrucción. Entre ellos, la consolidación de la paz y la reconciliación, la reconstrucción económica y el desarrollo, el fortalecimiento de la democracia pluripartidista, la desmilitarización y la reintegración de refugiados y desplazados (Demurtas, 2007).
En la literatura sociopolítica existen diferentes interpretaciones acerca de las causas del conflicto armado en Angola, sobre si pesaron más las diferencias étnico-territoriales internas o la confrontación mundial de bloques, y, en especial, sobre los motivos de su continuidad desde el fin de la guerra fría hasta 2002. Algunos autores subrayan su origen en las tensiones identitario-territoriales, en particular, en el sentimiento de discriminación histórica de los ovimbundus del Planalto central, base principal de la UNITA. Otros señalan el carácter irreconciliable del MPLA y de la UNITA, por cuanto ambas han sido organizaciones autoritarias e incapaces de compartir el poder, al tiempo que representan mundos y bases sociales diferentes (Pérez de Armiño, 2007: 8).
Sin embargo, gran parte de los autores coinciden en señalar que, desde principios de los años noventa, el principal motivo de la guerra radicó en el interés de las élites de ambos lados contendientes de controlar la producción de diamantes y, sobre todo, de petróleo. La UNITA se financió fundamentalmente gracias a los diamantes de las zonas del noreste del país, que tenía ocupadas, si bien desde finales de los noventa estos ingresos mermaron por las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a las compras de tales diamantes y por la conquista de muchas de esas áreas por el ejército del MPLA. Por su parte, el Gobierno y la élite de Luanda siempre han dispuesto de los yacimientos de petróleo ubicados en el mar, un “refugio” seguro ante el conflicto, cuyo control solo era posible a través del poder político.
Otras hipótesis de trabajo señalan la utilidad de la guerra como pretexto y contexto apropiados para preservar los intereses de la élite gobernante, consolidando su poder político y expandiendo el económico. En este sentido, el que la guerra se reanudara en 1992 le sirvió al régimen como justificación para adoptar diversas medidas que facilitaron la preservación de los privilegios y los mecanismos de enriquecimiento fraudulento de las élites. En efecto, se frenaron las reformas democratizadoras que se habían iniciado, se mantuvo la opacidad en la gestión pública y se incrementaron las prácticas de patronazgo, el control social y la represión y violación de derechos humanos con la excusa de la seguridad nacional (Hodges, 2001: 169, 173).
En la última fase de la guerra, entre 1998 y 2002, la situación humanitaria del país fue dramática, con casi cuatro millones de desplazados internos y más de 440.000 refugiados en la región, según el Informe de la Embajada Española en Luanda de 2006. Pero desde la firma del alto el fuego esta situación se ha ido regularizando progresivamente con la puesta en marcha por parte del Gobierno del MPLA de la Norma Nacional para el Reasentamiento de las Poblaciones Desplazadas, otorgando a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, la planificación de la vuelta de los refugiados de los países limítrofes.
Durante la guerra todos los grupos intervinientes utilizaron grandes cantidades de minas antipersona y de otros tipos, por lo que Angola es el país de África con mayor contaminación por minas y municiones no detonadas. Se estima que en el país hay entre seis y ocho millones de minas plantadas, una mina por cada dos personas. Una parte de las carreteras del país han permanecido cerradas al tráfico humanitario durante mucho tiempo a causa de la presencia de las minas. Con la firma del Memorando de Entendimiento de Luena, Angola también ratificó en julio de 2002 el Tratado de Ottawa sobre minas antipersona, el cual establece que el Gobierno y la UNITA acuerdan ofrecer toda la información disponible sobre minas antipersona y otros artefactos sin explosionar, colaborar con los programas de detección, prevención de accidentes y desminado para el beneficio de todos los angoleños (Landmine Monitor Repor, 2002).
Desde la firma del alto el fuego en 2002 se ha producido una mejora significativa en la situación de los derechos humanos en el país, según el informe correspondiente a 2006 de la Embajada Española en Luanda (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2006). En las provincias se han dado algunos casos de violaciones en los grupos más vulnerables (desplazados, desmovilizados, inmigrantes ilegales). En amplias zonas del país, la Administración del Estado es muy débil. Se han dado también algunos casos de intolerancia política, aunque la situación parece controlada. Por otra parte, merece destacarse la libertad de prensa, al menos en la capital, donde existen varios semanarios y emisoras de radio privados. Sin embargo, su cobertura aún no alcanza a la totalidad del país (Informe de la Embajada Española, 2006).
Las consecuencias de la guerra
El largo conflicto bélico que padeció Angola entre 1961 y 2002 paralizó la economía del país, salvo la explotación del petróleo y de los diamantes; dificultó los desplazamientos de población, destruyó las infraestructuras y, sobre todo, condenó a gran parte de la población a unas dramáticas condiciones de vida y a una grave crisis humanitaria. La guerra adoptó diferentes formas (Balencie, 2004). Primero fue una guerra de secesión sin control (1961-1975); después, un enfrentamiento internacionalizado en el contexto de la guerra fría (1975-1991); y por último, una carrera ilimitada por el control del poder y de los recursos (1991-2002).
La muerte del histórico líder de la UNITA, Jonás Savimbi, a manos de las Fuerzas Armadas angoleñas el 22 de febrero de 2002 puso fin a este ciclo de casi cuatro décadas de violencia armada. Su desaparición y la asfixiante situación en la que se encontraba dicho grupo precipitaron unas negociaciones en las que la UNITA decidió entregar las armas e iniciar un proceso de inserción en la vida política del país. De este modo, el 4 de abril ambas partes firmaban el Memorando de Luena, basado en gran parte en los términos establecidos en 1994 en el frustrado Acuerdo de Lusaka, mediante el que se abría una nueva puerta a la esperanza en un país en el que generaciones enteras solo habían conocido la devastación y el horror causados por la guerra (Mateos, 2005).
El balance de 27 años de enfrentamiento armado entre el MPLA, en el Gobierno desde 1979, y la UNITA ha sido desolador: alrededor de un millón de muertos, cuatro millones de desplazados internos, que han acabado hacinados en la capital y en otras ciudades en condiciones calamitosas, más de 500.000 personas refugiadas, millones de minas antipersona enterradas y la devastación de las infraestructuras físicas del país. Particularmente grave ha sido el colapso de la agricultura, antaño pujante y generadora de la mayor parte del empleo, que quedó limitada a una práctica de mera subsistencia familiar (Pérez de Armiño, 2007: 7).
Estos factores, junto a la quiebra de los servicios sociales básicos y el pésimo acceso al agua potable (solo un 50 por ciento disponía de ella en 2003, según UNICEF), dieron lugar a un grave deterioro de las condiciones nutricionales y sanitarias, con la aparición en ocasiones de hambrunas y epidemias que han persistido incluso tras acabar el conflicto. Se alcanzó así uno de los mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica del mundo, palpable en la esperanza de vida de la población, una de las más bajas del continente (40,8 años en 2003), y en su tasa de mortalidad infantil (260 por 1.000 en dicho año), la segunda más elevada del mundo (Pérez de Armiño, 2007: 7).
Del mismo modo, y según el mismo autor, la guerra ocasionó una de las tasas de pobreza más elevadas del mundo, del 68 por ciento en 2001, presente sobre todo en el campo (94 por ciento), pero muy alta también en las ciudades (57 por ciento), debido al hacinamiento de millones de desplazados en los musseques en condiciones de insalubridad, falta de servicios y desempleo. Dado que el país cuenta con una de las tasas de crecimiento demográfico mayores del mundo (2,9 por ciento anual en 2009), existe un alto porcentaje de jóvenes (60 por ciento de la población con menos de 20 años en 2009), gran parte de los cuales carecen de formación, empleo y perspectivas, lo que puede ser un foco de conflictos. Por último, la guerra también ha erosionado la sociedad tradicional y sus redes de solidaridad, lo que ha aumentado la vulnerabilidad de amplios sectores sociales (Pérez de Armiño, 2007: 8).
Al acabar la guerra, se produjeron con rapidez algunas mejoras, “como una mayor libertad de movimientos y el retorno de los refugiados y desplazados (casi concluido en octubre de 2005). Sin embargo, la reintegración socioeconómica de estos colectivos y de los soldados de la UNITA, así como la mejora general de las condiciones socioeconómicas, se han demostrado lentas y difíciles” (Pérez de Armiño, 2007).
Por otra parte, el Memorando de Luena ha supuesto, sin lugar a dudas, el punto de inflexión definitivo en el conflicto angoleño, como señala Óscar Mateos (2005), con la definitiva desmovilización de la UNITA como elemento fundamental para garantizar el final del enfrentamiento armado que ha tenido lugar desde la independencia de Angola en 1975 hasta el año 2002. Pero dicho Memorando, cuyo contenido está basado fundamentalmente en los Acuerdos de Biccese (1991) y Lusaka (1994), posee algunos déficits que cabe tener en cuenta a la hora de medir lo que puedan ser sus consecuencias (Mateos, 2005: 2). Algunos de estos déficits se exponen a continuación, siguiendo a diferentes autores.
En primer lugar, uno de los principales inconvenientes que el proceso de construcción de paz angoleño presenta es la falta de atención a la reconciliación nacional. No se contempló la posibilidad de emprender juicios con comisiones de la verdad contra los responsables de los crímenes de guerra. Con el fin de facilitar la reconciliación nacional, los actores principales en los Acuerdos de Lusaka previeron una amnistía generalizada para todos los integrantes del MPLA y de la UNITA. Pero el riesgo de que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos queden impunes representa una seria amenaza para la reconciliación nacional. Solo algunas organizaciones no gubernamentales locales están llevando a cabo experiencias de reconciliación y de confrontación con los traumas que ocasionó la guerra. Por ejemplo, UNICEF estima que un 66 por ciento de los menores angoleños han visto cómo asesinaban a alguien de su entorno, por lo que el desarrollo de una educación de paz y de valores democráticos que cambien las percepciones adquiridas después de tantos años de guerra es un paso esencial en la construcción de la nueva cultura de paz (Demurtas, 1977: 57).
En segundo lugar, el Memorando de Luena parte de un escenario asimétrico, en el que existe un vencedor (el MPLA) y un vencido (la UNITA), con todo lo que este hecho supone en términos de reconciliación. Aunque es cierto que desde la muerte de Savimbi hasta la firma del documento se establecieron una serie de negociaciones entre ambos actores, el Gobierno fue en todo momento el que, aprovechando el desconcierto generado por la falta del líder de la UNITA (organización que se había regido por una lógica cuasi estalinista) y recogiendo los frutos de su asfixiante política de guerra llevada a cabo durante los últimos años contra el grupo armado, pudo mantener una posición de fuerza durante los contactos y, de este modo, lograr un acuerdo en los términos que más le interesaban (Mateos, 2005: 2).
En tercer lugar, el acuerdo se circunscribió exclusivamente a los dos actores enfrentados, prescindiendo de la participación y la opinión del resto de fuerzas políticas y sociales. Aunque este hecho pudiera parecer lógico, lo cierto es que la principal afectada por la violencia fue la población civil, de ahí la importancia de que esta también hubiera estado representada, al menos en la escenificación de la firma del Memorando. Pero la formación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional ha servido para dejar marginados a otros grupos e institucionalizar un reparto de poder entre los dos mayoritarios, que dificulta el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas y transparencia, que ayuda a institucionalizar la explotación y la corrupción de los recursos naturales del país y que hace imposible la implantación de un sistema fiscal y de redistribución de la renta en todo el territorio nacional (Demurtas, 2007: 56).
En este sentido cabe preguntarse, como hace Aaron Griffiths (2004), qué habría pasado si el proceso en Angola se hubiera definido en términos más amplios, si se hubiera contemplado como una oportunidad no solo para acabar con las hostilidades militares de una forma más o menos negociada, sino para abrir un auténtico proceso de renovación política, teniendo en cuenta al resto de partidos políticos y a la sociedad civil: ¿hubiera supuesto una mayor democratización y una reconciliación más profunda que hubiera llevado al país a erradicar sus problemas de fondo de manera más exitosa? Aunque está claro que las estructuras de poder dificultaban enormemente esta posibilidad.
En cuarto lugar, la amnistía generalizada decretada por el acuerdo, que ha contemplado posteriormente incluso los delitos menores para todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Angola y de la UNITA, refuerza el sentido de “pacto a dos” que se desprende del principio del proceso y lanza un mensaje de impunidad para los responsables de violaciones de los derechos humanos. Esta decisión, refrendada posteriormente y de forma unánime por la Asamblea Nacional, podría condicionar el futuro de la reconciliación nacional, que a todas luces se sitúa como uno de los pilares centrales en el proceso de rehabilitación. Además, tanto las Naciones Unidas como numerosos partidos políticos del país han criticado duramente esta política de amnistía, lo que constata la falta de legitimidad interna y externa con la que cuenta esta medida. No obstante, sí cabe señalar el alegórico pero importante gesto que emprendió la UNITA pocos meses después del fin de las hostilidades al pedir disculpas públicamente por todos los actos que había cometido durante el conflicto armado. Aun tratándose solo de un gesto, la carga simbólica que adquiere en la restitución del daño moral causado a millones de personas supone un primer paso en el proceso de reconciliación, máxime teniendo en cuenta la actitud negativa que el Gobierno ha mostrado a la hora de emprender una iniciativa del mismo calibre (Mateos, 2005: 2).
Por último, la exigua participación de las Naciones Unidas en todo el proceso, a menudo limitada a tareas humanitarias, confiere al acuerdo una legitimación menor de la deseada. Esto se debe al creciente descrédito que la organización ha ido cultivando en el país, fruto de la irrelevancia que los actores armados le han concedido en la implementación de todos y cada uno de los acuerdos de paz alcanzados en algún momento, así como por el pseudofracaso que han supuesto las numerosas misiones de mantenimiento de la paz que la organización lideró desde 1989 hasta el año 2003 (Mateos, 2005: 3).
Sin embargo, a pesar de las importantes carencias señaladas en las páginas anteriores, el proceso de rehabilitación angoleño también ha logrado completar algunos aspectos primordiales que cabe destacar y que, a diferencia de los Acuerdos de Biccesse y de Lusaka, conceden al Memorando de Luena una mayor operatividad que a los anteriores. Los logros más importantes de este último son, a juicio del analista Óscar Mateos (2005), los siguientes:
A) La desmovilización de la UNITA y su inserción en la vida política. Durante 2003, la llamada Comisión Mixta (formada por representantes del Gobierno, de la UNITA, de las Naciones Unidas y de varios países) logró completar la fase de desmovilización de unos 100.000 excombatientes de la UNITA y 350.000 de sus familiares. Las 35 zonas de acantonamiento donde se les ubicó tras el fin de la guerra fueron cerrándose de forma paulatina entre junio y septiembre. Además, otros 5.000 miembros del grupo se integraron en las Fuerzas Armadas de Angola, principalmente los cuadros militares. Esta etapa, sin embargo, no ha estado exenta de problemas; durante los primeros meses de 2003 empezó a cundir la alarma entre los actores implicados como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos en el transporte y reubicación de los desmovilizados, los retrasos en la entrega de los paquetes de ayuda, la sobresaturación existente en los campos de acuartelamiento y las graves necesidades humanitarias que enfrentaban miles de personas en estos centros. Ante esta situación, existía el peligro real de que creciera la frustración y la impaciencia entre la población desmovilizada y que esta acabara buscando una salida en el pillaje y la violencia, como así ha ocurrido en algunas regiones mineras en las que el Gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad.
Por otra parte, según Demurtas (2007: 55), el número de armas entregadas por parte de la UNITA ha sido muy reducido, a pesar de que se haya calculado que representan el 90 por ciento del arsenal total del país. Las cifras giran en torno a las 33.000 armas ligeras recogidas y casi 300.000 cartuchos de munición. Además de que no se hayan entregado todas las armas, se ha pasado por alto que la población civil, alegando motivos de seguridad personal, aún permanece altamente armada; en este aspecto podría haberse hecho más énfasis en la urgencia de un programa de recolección de armamento dirigido a la población civil, pero aún no se ha contemplado en ninguna de las planificaciones de los programas de desmovilización y reintegración.
Por ello resulta preocupante el importante volumen de armas que posee la población (Mateos, 2005): casi un tercio de los angoleños, unos cuatro millones de personas, según el Gobierno, tienen armas ligeras. Este fenómeno comporta serios peligros para la consolidación de la paz y la estabilidad política, como son el incremento del crimen y la delincuencia o el tráfico y la comercialización ilegal de armas, que podría también alimentar conflictos locales y regionales. Aunque el Gobierno haya dado pequeños pasos en este ámbito desde el fin de la guerra, como la aprobación de una ley de desarme de civiles o la puesta en marcha de un programa de recolección de armas, que ha obtenido escasos resultados, es perentorio que se lleven a cabo más iniciativas que intenten erradicar este problema y que cuenten con la participación e implicación de las comunidades locales. Con relación a este asunto también es destacable la alarmante masificación que sufre la capital del país, Luanda, donde actualmente se hacinan cerca de seis millones de personas según algunas estimaciones, a pesar de ser una ciudad planteada para acoger a unas 300.000. De seguir así, Luanda podría convertirse en una auténtica “bomba de relojería” debido a la proliferación de armas ligeras y al incremento de la delincuencia y la violencia (Mateos, 2005: 8).
La difícil reintegración socioeconómica de los soldados, antiguos combatientes y el papel institucional que desempeñe la antigua guerrilla constituyen uno de los pilares del proceso de paz y ha sido el origen de la ruptura de los acuerdos precedentes de paz de 1991 y de 1994. La reintegración socioeconómica de los guerrilleros que no han sido admitidos por el ejército gubernamental está todavía pendiente. Además, cientos de miles de personas están todavía en las zonas de reagrupamiento y las que han salido de ellas han sido transferidas a zonas de tránsito, menos visibles para la opinión pública, y diseminadas. La precariedad de estos campos de reagrupamiento llega a ser crónica, plantean numerosos problemas de seguridad y, en algunos casos, han retomado la estructura jerárquica de la UNITA (Demurtas, 2007: 55).
B) La mejora de la crisis humanitaria. La situación humanitaria ha mejorado ostensiblemente desde el final de la guerra gracias al progresivo acceso que las organizaciones humanitarias han ido teniendo a las poblaciones afectadas y al incremento de la producción alimentaria. Este avance, teniendo en cuenta que son centenares de miles de personas las que todavía siguen dependiendo de la ayuda internacional, ha supuesto que las agencias humanitarias y el Gobierno hayan ido pasando gradualmente de las tareas de emergencia a las de rehabilitación, desarrollo y suministro de los servicios básicos. De todos modos, cabe recordar que los indicadores sociales siguen situando a Angola como uno de los peores países a escala mundial en materia de desarrollo, según las Naciones Unidas: el 70 por ciento de la población vive bajo el umbral de la pobreza; la esperanza de vida es de 47 años; el índice de analfabetismo se acerca al 60 por ciento y la tasa de mortalidad infantil es una de las más elevadas del mundo, como se ha indicado anteriormente. Solo un tercio de la población tiene acceso al agua potable y el 40 por ciento de las aulas fueron destruidas durante el conflicto armado.
C) El retorno y reasentamiento de millones de personas desplazadas y refugiadas. Aproximadamente un tercio de los angoleños tuvo que abandonar su hogar a causa de la guerra. Las estimaciones de las Naciones Unidas indicaban que, en abril de 2002, Angola tenía unos cuatro millones de desplazados internos y unas 440.000 personas refugiadas en países de la región (Zambia, República Democrática del Congo y Namibia, principalmente). Desde la firma de los acuerdos de paz, se calcula que han regresado a sus lugares de origen casi la totalidad de los desplazados internos, 145.000 refugiados de forma espontánea y unos 75.000 bajo los auspicios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). No obstante, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) ha alertado en todo momento de la falta de condiciones para el retorno y que solo una pequeña parte de los retornados ha recibido algún tipo de asistencia. Además, numerosas organizaciones humanitarias y de derechos humanos han denunciado la falta de acompañamiento y protección de esta población, así como constantes violaciones de los derechos humanos (Médicos sin Fronteras, Human Rights, Refugees International, Norwegian Refugee Council, etc.).
D) La reinserción del país en la escena regional e internacional. En el plano regional, Angola retiró sus tropas de países vecinos como la República Democrática del Congo o Congo-Brazzaville como medida de distensión y normalización de sus relaciones con los países de su entorno tras finalizar la guerra. Además, presidió el organismo regional del Southern Africa Development Community (SADC) durante dos años, lo que le convirtió temporalmente en la principal referencia de toda la región sur del continente, y posteriormente ha sido integrado en la llamada Conferencia Internacional para los Grandes Lagos auspiciada por las Naciones Unidas, que tuvo lugar en 2004 en Tanzania.
A escala internacional, dos acontecimientos ilustran el apoyo y el reconocimiento internacional hacia Angola. En primer lugar, las Naciones Unidas y Estados Unidos levantaron de forma total y definitiva las sanciones impuestas a la UNITA en 1993, con lo que el antiguo grupo armado dejó de ser visto como una amenaza para la paz y la estabilidad regionales. En segundo lugar, Angola ha formado parte durante dos años del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente. Este acontecimiento otorgó un protagonismo extraordinario al país y representó un incremento de la legitimidad de la actuación del gobierno de Dos Santos.
No obstante, un grave hecho empaña este proceso de normalización internacional y es el que se refiere al nombramiento como representante de Angola en la UNESCO del francés Pierre Falcone, acusado en la Francia de Mitterrand de venta ilegal de armas, fraude fiscal y tráfico de influencias, y protagonista del escándalo Angolagate, que salpicó a la clase política francesa en el año 2000. Otro hecho importante fue la visita del papa Benedicto XVI a Luanda en marzo de 2009, y la organización de la Copa Africana de Naciones de Fútbol, en enero de 2010, que reunió en el país a las selecciones de Argelia, Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Ghana, Malaui, Malí, Mozambique, Nigeria, Togo, Túnez y Zambia, además de la selección de Angola. Aunque en este último caso, el ataque al autobús de la selección de Togo en la frontera de Cabinda, atribuido al Frente de Liberación del Estado de Cabinda, en el que falleció una persona y varias resultaron heridas, empañó el evento.
Una Administración poco eficiente acusada de corrupción
A las graves consecuencias de la guerra, con más de seis millones de minas antipersona distribuidas por caminos y campos de cultivo, hay que añadir una gestión no siempre adecuada de la economía del país por parte del poder y, sobre todo, la corrupción. Una de las críticas más duras que ha recibido el Gobierno angoleño en estos últimos años ha sido la falta de transparencia en la gestión de los ingresos procedentes del petróleo. A pesar de que financia al Estado, representando el 80 por ciento de sus ingresos y el 90 por ciento de los ingresos de las exportaciones, esta riqueza tiene poca relación directa con la economía nacional.
En este contexto, varios análisis señalan que si se reinvirtieran todos los ingresos del petróleo en la economía nacional, Angola sería un país mucho más próspero y productivo de lo que lo es en la actualidad (Demurtas, 2007: 72). Sin embargo, los inversores internacionales podrían alegar al respecto que la continuidad del régimen actual es importante para la estabilidad política de Angola. Esto resulta especialmente pertinente si se tiene en cuenta su relevancia cada vez mayor como exportador de petróleo y los trastornos que la violencia política ha ocasionado en otros productores de petróleo como Nigeria o los países de Oriente Medio (Corkin, 2009: 4).
En Angola trabajan actualmente unas 30 compañías petroleras, que, según numerosos indicios, han pagado al Gobierno importantes sumas para obtener concesiones petrolíferas. Pero estos pagos nunca se han hecho públicos y muchas organizaciones señalan desde hace tiempo la falta de transparencia del Gobierno en la gestión de dichos fondos. Según Intermón Oxfam (2003: 7), durante el periodo de guerra las compañías petroleras han participado del secretismo de la Administración al no facilitar información sobre los pagos efectuados al Gobierno y que, a menudo, escaparon al control del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Angola.
El Gobierno angoleño es el primero en no aceptar las condiciones que imponen ciertas instituciones internacionales o los Gobiernos donantes con respecto a la transparencia financiera. Cuando comenzaron las relaciones del país africano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los años noventa, este organismo exigió, como a muchos otros países, la realización de un programa de ajuste estructural que condicionaba la calificación del mismo en el ranking de países deudores y garantes para facilitar las ayudas. En dicho contexto, el Gobierno no tuvo más remedio que aceptar las condiciones sobre transparencia presupuestaria y rendición de cuentas exigidas por el FMI. Pero la aceptación fue consecuencia de la guerra y de la complicada situación económica y social que vivía el país en ese momento. A partir de 2001, el Gobierno angoleño ya no pudo cumplir dicho programa de ajuste (Demurtas, 2007: 73).
Aunque parece que se va clarificando poco a poco la situación de los ingresos procedentes del petróleo, el desvío de dinero está fuera de cualquier tipo de control, y aunque no pueda ser atribuido solo a la corrupción, el fenómeno se extiende a otros sectores de la Administración del Estado y está alcanzando niveles preocupantes (Demurtas, 2007). No puede descubrirse fácilmente la red de cuentas situadas en el exterior, a las que puede desviarse el dinero pagado por las empresas que buscan concesiones administrativas.
Algunos informes señalan que el dinero abonado por las compañías petroleras para obtener autorización a la explotación del petróleo se mueve en circuitos bancarios internacionales, por medio de cuentas situadas en paraísos fiscales, impidiendo de este modo el control de los presupuestos y las leyes nacionales (Niekerk y Petersona, 2002). La existencia de estas redes de cuentas secretas en el extranjero data al parecer de finales de los años ochenta, cuando la guerra y los créditos internacionales para financiarla tenían costes muy elevados y pusieron en peligro la estabilidad económica del país y la inversión extranjera. Entonces se decidió evitar los circuitos internacionales para seguir atrayendo la inversión exterior (Demurtas, 2007: 74).
Debido a la complicidad de las empresas transnacionales y de algunos países (especialmente Francia y Estados Unidos), ha surgido en Angola una élite política, conocida como nomenklatura petrolera, que se ha enriquecido privando al resto de los angoleños de la distribución de las riquezas del país. Uno de sus instrumentos ha sido la compañía petrolera nacional, Sonangol, puesta al servicio de un grupo de funcionarios y empresarios del entorno del presidente, conocido como el Futungo de Belas, que es el nombre del complejo presidencial situado a las afueras de Luanda (Soares de Oliveira, 2007: 606).
Los gobernantes de Angola, según Sogge (2006), forman una constelación de políticos-rentistas, tecnócratas del sector petrolífero y oficiales militares que controlan el Estado a favor de sus propios intereses. “Una serie de factores han contribuido a la centralización del poder: leyes, normas y un aparato del sector público heredado de los portugueses; el ejercicio de un sistema de control de Estado socialista; el resultado de las luchas por el dominio dentro del MPLA; luchas por la supremacía militar contra los insurgentes; y la centralización de los flujos de ingresos de las industrias extractoras, especialmente del petróleo” (Sogge, 2006: 9).
En este sentido, resulta significativo, según señala Warren Rodríguez (2005), que la presidencia del Gobierno angoleño reciba por ley desde 1996 entre 0,7 y 2 dólares por barril de crudo producido (por lo que ingresaría por este concepto entre 200 y 600 millones de dólares anuales, dados los actuales niveles de producción) y el 55 por ciento del importe pagado por las multinacionales petroleras por las concesiones de explotación de petróleo.
Sin embargo, como señala este analista, ni la fuerte concentración de la riqueza derivada del petróleo, ni los conflictos militares ni la creciente desigualdad social parecen haber menoscabado la posición del MPLA ante la sociedad angoleña, ni tampoco su capacidad de interlocución con las multinacionales del petróleo que operan en el país. Todo lo contrario; el clientelismo ejercido desde las más altas instancias del Estado en el reparto de los dividendos del petróleo ha reforzado las estructuras en las que se asienta el poder del MPLA y su posición ante ambos.
En consecuencia, a medida que ha ido creciendo la importancia del petróleo, las élites se han ido situando en una posición más fuerte para realizar las negociaciones con las empresas multinacionales, aumentando su poder. Al mismo tiempo, la dependencia del petróleo ha provocado que se abandonen otros sectores económicos, como la agricultura y la industria, afectados por la falta de infraestructuras y las minas antipersona. Esto ha conducido a que la economía dependa enteramente de los precios internacionales del crudo, una situación que debería cambiar en el futuro próximo, recuperando sectores económicos tradicionales en Angola, como la agricultura y la pesca o el turismo.
Por su parte, las empresas multinacionales también perciben los beneficios de tener un interlocutor único políticamente consolidado, puesto que esto da seguridad a sus inversiones en el país, al margen de los conflictos y problemas sociales existentes. De hecho, contribuyen a reforzar la posición de estas élites realizando cuantiosas donaciones a fundaciones sociales vinculadas al MPLA y efectuando pagos ilegales a altos funcionarios del Estado. Los Gobiernos occidentales también contribuyen a consolidar estas estructuras de poder, a fin de garantizar las concesiones petroleras obtenidas por sus multinacionales, a través de la legitimación y el apoyo al Gobierno del MPLA. Un buen ejemplo de ello son las dos visitas del presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, a la Casa Blanca en 2002 y 2004, en las que fue recibido por el presidente estadounidense George W. Bush (Warren-Rodríguez, 2005: 13).
Redundando en la misma idea, L. Corkin (2009) señala que las pasadas elecciones legislativas de 2008 no han servido sino para afianzar todavía más la posición del partido en el poder. Aunque este hecho pueda favorecer la estabilidad política y permitir que el Gobierno actual formule planes de desarrollo a largo plazo, “no es buen augurio en términos de responsabilidad política, especialmente porque el Gobierno angoleño no depende de los impuestos para obtener sus ingresos. Años de gobierno autoritario unidos a una pésima prestación de servicios han alejado a los funcionarios públicos del resto de la sociedad” (Corkin, 2009: 2).
En este sentido, continúa Corkin (2009: 3), la aplastante victoria en 2008 del MPLA no refleja el creciente resentimiento de la población por unos niveles de desigualdad cada vez mayores. Por su parte, los parlamentarios elegidos han hecho numerosas declaraciones sobre la prioridad otorgada al desarrollo social y a las infraestructuras. Pero “está por ver si se trata de algo más que de un mero gesto de cara a la galería. La prueba en sentido afirmativo sería que se adoptaran decisiones que permitieran una distribución más equitativa de la riqueza de Angola entre la población y, por consiguiente, un crecimiento económico más sostenible” (Corkin, 2009: 3).
Por otra parte, y según David Sogge (2006), Angola ilustra también un aspecto sorprendentemente poco estudiado de la globalización y el Gobierno: el crecimiento de las élites en África puede corromper a las democracias en Occidente. Importantes figuras del partido gaullista en Francia y de la CDU alemana llenaron las arcas de sus partidos en los noventa (y quizá también sus propias cuentas personales) a través de complejas tramas basadas en los beneficios petrolíferos angoleños y de otros países africanos. Parte de esta corrupción salió a la luz con el escándalo denominado Angolagate de 1999-2003. Gracias a tenaces funcionarios de la justicia franceses, empresarios y un exministro de Exteriores de este país fueron juzgados por sus crímenes. El dinero angoleño se ha detectado también en campañas políticas y grupos de presión estadounidenses (Global Witness, 2002).
La guerra dio lugar a la paralización no solo de las reformas políticas democratizadoras, sino también de la transición emprendida ya a finales de los años ochenta hacia la economía de mercado. Las medidas liberalizadoras tomadas en aquel momento se adoptaron en condiciones de falta de transparencia e igualdad de competencia, con lo que gran parte de la actividad económica pasó a ser controlada por monopolios y grupos de interés vinculados al poder político, con un amplio uso de prácticas fraudulentas e incluso violentas (Ferreira, 2006: 27).
Las instituciones no directamente sujetas a las provisiones constitucionales, al Parlamento o a otros tipos de control público son importantes para la arquitectura del poder en Angola. La principal institución independiente es la compañía paraestatal Sonangol. Como un estado dentro del Estado, opera en alianza con empresas petrolíferas multinacionales, bancos y otros intereses extranjeros. Junto con el Banco Central y el Ministerio de Finanzas contribuye a crear un “agujero negro” para los ingresos petrolíferos del país, parecido al famoso triángulo de las Bermudas donde desaparecían los barcos sin dejar rastro (Hodges, 2001: 124). La empresa petrolífera, que rinde cuentas a los estratos más altos del poder, tiene mucha autonomía para negociar préstamos y financiar inversiones, comprar armas o lo que el régimen desee pero quiera ocultar de la mirada pública. Este acuerdo ha permitido que el Gobierno angoleño resista a las presiones incluso del FMI. Las cuentas de la empresa nacional de diamantes de Angola, Endiama, son incluso menos transparentes (Sogge, 2006: 10).
Lejos de la mirada pública, la élite política se vendió a sí misma y a sus amigos, incluso a tránsfugas de partidos rivales, empresas, granjas, casas, bloques de apartamentos y franquicias especiales de exportación que fueron propiedad del Estado. Empresas lucrativas, como la franquicia sobre la chatarra exportable (un recurso abundante debido a la guerra y a los accidentes de tráfico), eran negocios jugosos. Algunos activos privatizados generan hoy dinero para el partido en el Gobierno, del que se dice que es dueño de unas 35 empresas, desde el sector de la hostelería y la restauración hasta el de la publicidad (Sogge, 2006: 11).
De este modo, los rentistas han aparecido entre los funcionarios, los oficiales del ejército y los empresarios que disfrutan del patronazgo político. Algunos activos están en manos extranjeras, aunque los grandes inversores foráneos entran solo si gozan de contactos y protección angoleña de alto nivel. Es común que los angoleños actúen como tapadera de intereses extranjeros, dificultando así que se verifiquen los patrones generales de propiedad. Se cree que los inversores sudafricanos han adquirido importantes concesiones de diamantes; también han llegado comerciantes libaneses y solo es cuestión de tiempo antes de que los comerciantes chinos, con sus bienes de consumo baratos, empiecen a montar sus tiendas (Sogge, 2006: 10).
El actual sistema económico angoleño es híbrido, según señala Pérez de Armiño (2007), pues coexisten formas propias del capitalismo con algunos mecanismos de intervención estatal heredados del modelo socialista anterior. Las élites usan esta confusión para preservar sus privilegios, haciendo negocios lucrativos al tiempo que marginan a posibles competidores. Se trata de una forma distorsionada de capitalismo con características depredadoras, basadas en el uso fraudulento del poder político y administrativo para el propio enriquecimiento.
Desde comienzos de los años noventa, el aparente caos político y normativo propio de la guerra ha servido para justificar la gran opacidad que caracteriza la gestión de los recursos públicos y las cuentas estatales, así como para mantener diferentes mecanismos semifraudulentos de enriquecimiento por parte de sectores poderosos (control monopólico de la importación de productos, compañías de seguridad, etc.; apropiación de zonas diamantíferas, apropiación mediante su registro legal de tierras comunales, etc.) (Pérez de Armiño, 2007: 11).
Según algunos analistas, Angola se ha convertido en uno de los países con mayores niveles de corrupción del mundo, la cual se complementa con un sistema de clientelismo o patronazgo. En la cúspide de este sistema está el Futungo (esto es, el círculo presidencial o élite superior del país), y su principal beneficiaria es la élite en el poder (la nomenklatura del petróleo), mediante el desvío fraudulento de grandes sumas de dinero procedentes de la exportación de petróleo, como revela un informe de Human Rights Watch de 2004, basado en datos publicados por el FMI.
Este documento demuestra que más de 4.000 millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros de Angola desaparecieron entre 1997 y 2002, lo que representa casi el 10 por ciento del producto interior bruto anual del país africano y equivale al gasto de todos los programas sociales que se desarrollaron allí en dicho periodo. Esta organización no gubernamental estadounidense atribuye la desaparición de los ingresos petroleros a la corrupción y a la mala administración gubernamental, lo que constituye uno de los problemas clave para el desarrollo económico del país, una vez que ha terminado la guerra y comienza la construcción de la paz. Probablemente por esta razón, como señala Pérez de Armiño (2007: 11), el Gobierno se ha mostrado reticente, tanto durante la guerra como después de la misma, a poner en práctica los mecanismos de control y transparencia presupuestarios solicitados por el FMI y el Banco Mundial, puesto que su ausencia favorece los procesos de lucro de la élite.
El informe de Human Rights Watch correspondiente a 2009 señalaba que el Gobierno angoleño ha llevado a cabo, a raíz de la anterior denuncia de la organización, limitadas reformas para incrementar la transparencia de las cuentas públicas, por lo que este tipo de prácticas continúan produciéndose; detalla nuevas pruebas de corrupción y mala administración producidas en los últimos años e incluye, además, recomendaciones para combatirlas. Como prueba de ello, la posición de Angola en el índice de percepción de la corrupción en 2011 de Transparency International ha empeorado, pasando del lugar 158 en 2008, dentro de un total de 180 países, hasta el lugar 168 entre 182 países (Transparency International, 2011).
El documento de Human Rights Watch de 2009 añadía que el Gobierno ha mejorado el grado de transparencia en la gestión con la publicación de las cifras de ingresos petroleros en internet, como reconocía la propia secretaria de Estado norteamericana, Hilary Clinton, en una visita a Luanda (Reuters, 9-8-2009). Pero los indicadores humanos de Angola no han evolucionado en consonancia con el rápido crecimiento de la riqueza derivada de la explotación petrolífera, que ha aumentado en más de un 425 por ciento entre 2004 y 2010, y sitúa al país en la posición número 58 del ranking mundial en relación con el valor del PIB, que era de 100.990 millones de dólares en el año 2011 (Banco Mundial, 2012), pues varios millones de angoleños tienen acceso limitado a servicios sociales básicos, razón por la cual Angola se clasificó en el lugar número 148 entre 187 países en el índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2011.
Estos indicadores muestran que la riqueza petrolera del país está concentrada en la élite política, que el número de empleos creados por la industria de la extracción y refino de petróleo ha sido escaso, pues en 2005 ocupaba a menos de 11.000 personas, por lo que la mayoría de la población está sumida en la pobreza (Sogge, 2006: 2). Pero representantes oficiales del Gobierno reducen actualmente esta proporción a solo un tercio de la población, que, según su calculada expresión, “padece pobreza social” a causa del largo periodo de guerra, la carencia de infraestructuras, la debilidad de la economía nacional y las deficiencias de servicios esenciales como la educación, la formación profesional y la salud, según el análisis de la ministra de Planificación en el Foro Nacional para la Ejecución de los Programas Municipales de Desarrollo Rural Integrado y la Lucha contra la Pobreza, celebrado en Luanda en enero de 2011.
Según la responsable gubernamental de programas de desarrollo, reducir la pobreza en el país, y en particular en las zonas rurales, requiere la continuidad y la intensificación de las acciones diseñadas por las autoridades para tal finalidad y la participación activa de los sectores representativos de la sociedad, como los líderes municipales, religiosos y comunitarios, los empresarios e intelectuales y las organizaciones no gubernamentales. Para conseguir sus objetivos, el Programa Integrado de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Rural, elaborado por el Gobierno, debe establecer las estrategias adecuadas para promover el incremento del salario mínimo en proporción al aumento general de la productividad en la economía y la formación profesional para trabajar en la agricultura y en la construcción, pero también en áreas como el comercio, las obras públicas, el acceso a microcréditos, la perforación de pozos para la obtención de agua y el tratamiento del agua de consumo, dentro de la unidad familiar (Angola Press, 25-1-2011).
Por otra parte, el informe de Human Rights Watch de 2010 detalla también nuevas pruebas de corrupción y mala administración, como la relativa al gobernador del Banco Central de Angola entre 1999 y 2002, quien realizó una serie de transacciones sospechosas, de 50 millones dólares en cada caso, con bancos norteamericanos, como revela un informe de febrero 2010 del Senado de Estados Unidos. En cada intento de transferencia, esos bancos rechazaron en última instancia las operaciones o devolvieron el dinero transferido poco después de su recepción ante la sospecha de fraude. Durante el mandato de tres años de este gobernador de la entidad emisora oficial de Angola, el Gobierno no pudo justificar aproximadamente 2.400 millones de dólares.
En este sentido, las declaraciones del presidente Eduardo dos Santos en diciembre de 2009 parecían indicar una voluntad de combatir la corrupción gubernamental. En ellas, el presidente pedía una política de “tolerancia cero contra la corrupción” y también “el fin del despilfarro de los recursos del Estado”, a la vez que anunciaba la aprobación de una nueva Ley de Probidad Administrativa destinada a reducir la corrupción de los funcionarios gubernamentales. Sin embargo, dado que el presidente y el partido en el poder han estado en el Gobierno durante más de tres décadas, incluyendo el periodo de mayor corrupción alimentada por el petróleo, los escépticos prefieren esperar para ver si las declaraciones del mandatario se acompañan de una acción significativa, según señalaba Arvind Ganesan, director del Programa de Negocios y Derechos Humanos de Human Rights Watch en la presentación del informe de 2010, que lleva por título: Transparency and Accountability in Angola: An Update (Transparencia y rendición de cuentas en Angola: una actualización). Por otra parte, la nueva Constitución promulgada en el año 2010 permitirá a Dos Santos, que ha estado al frente del Ejecutivo durante más de 30 años, permanecer durante otros 13 años más en el poder.
Un pequeño indicio de la anunciada voluntad de combatir la corrupción entre los funcionarios podría ser la noticia, recogida en un despacho de la agencia independiente Afrol News en febrero de 2010, de la detención de 18 empleados del Banco Central de Angola acusados de fraude. La nota de prensa señala concretamente que “las autoridades de Angola han arrestado a 18 empleados del Banco Central por presunta malversación de más de 130 millones de dólares entre septiembre y noviembre del año 2009, según ha confirmado el fiscal del caso”. El mismo funcionario judicial afirmó también que del dinero transferido a países como Portugal, Alemania, China, Dubai, Austria, Suiza, las Islas Caimán y Estados Unidos ya se habían recuperado casi 100 millones de dólares, aunque los empleados bancarios habían usado también dichos fondos para la adquisición de coches de lujo, como Mercedes, BMW, Bentley y Porsche. Como parte de dicha campaña mediática, la nota termina señalando que “el fiscal también ha expresado su satisfacción por la respuesta mostrada por la opinión pública ante la acusación contra los funcionarios, indicando que se sella así el compromiso del Gobierno para erradicar la corrupción a toda costa” (Afrol News, 2010).
La élite gobernante
Tras el fin de la guerra civil y la firma del Memorando de Luena se inicia en el país africano una etapa que lleva a la materialización de algunas reformas, encaminadas formalmente a la construcción de un sistema político más democrático e integrador que el precedente, heredado del conflicto armado y del modelo de Estado centralizado construido por el MPLA a partir de la independencia. Entre estas reformas hay que mencionar las siguientes: a) la desmilitarización de la UNITA y su conversión en un partido político; b) el auge de una sociedad civil independiente, aunque aún débil y poco operativa; c) la existencia de algunos medios de comunicación independientes y críticos con el Gobierno; d) el incipiente proceso de descentralización, que podría incrementar el respeto a la diversidad social y étnica del país, la participación política y la movilización de recursos locales; e) la celebración de elecciones legislativas en septiembre de 2008; f) y la promulgación de una nueva Constitución, que refuerza la figura del presidente del Gobierno y establece su nombramiento sobre el cabeza de la lista más votada.
Estas novedades podrían promover la reforma del sistema político angoleño en el futuro, pero en el presente este sigue caracterizándose por sus rasgos autoritarios y patrimoniales, arraigados en la historia del país. Tras la independencia se creó un régimen monopartidista de orientación comunista, aunque heredando los rasgos autoritarios y burocráticos del colonialismo portugués. Las reformas de 1991 y las elecciones de 1992 abrieron un cierto espacio democrático, aunque este se vio mermado por el reinicio de la guerra en ese último año. Pero, tras la finalización de la guerra en 2002, las reformas democratizadoras y los pasos hacia las elecciones legislativas de 2008 han sido lentos y poco claros, por lo que el sistema político actual presenta unas características mixtas: tiene rasgos de un régimen autoritario (poder concentrado en el presidente Dos Santos, falta de división de poderes, identificación MPLA-Estado, represión) y algunos elementos democráticos, como cierto pluripartidismo y cierta libertad mediática (Pérez de Armiño, 2007: 12).
Por ello Demurta opina que el proceso de democratización en Angola será largo y complicado, ya que identifica tres debilidades congénitas del sistema político que han de ser abordadas como causas estructurales: la personificación del régimen, la anemia de la oposición y la concentración del poder en la clase política y económica (Demurtas, 2007: 56).
Algunos analistas señalan que el sistema tiene una legitimidad política escasa, un respaldo social limitado, a pesar del apabullante resultado de las elecciones legislativas de 2008, y que su mantenimiento descansa básicamente en tres elementos: los recursos económicos y el respaldo internacional (especialmente de Estados Unidos) que proporciona el petróleo; la corrupción desde las altas esferas del poder, que alimenta diferentes redes clientelares; y la represión, el control social y cierta “cultura del miedo”, heredados del régimen militarizado de la guerra. En este ámbito hay que destacar que el ejército mantiene una fuerte incidencia en la política y la economía, y que sus oficiales están vinculados a diferentes redes de intereses. El control social se completa con diferentes fuerzas policiales, con unos poderosos servicios secretos, así como con la Organización de Defensa Civil, unas milicias armadas vinculadas al MPLA que no fueron desmanteladas al concluir la guerra (Pérez de Armiño, 2007: 12-13).
En consecuencia, cabe decir que el Estado angoleño es un instrumento al servicio de los privilegios y del enriquecimiento de la élite urbana conectada al poder político de Luanda. Como consecuencia de todo lo anterior, existe una clara desconexión entre el poder y la sociedad (Malaquías, 2007: 126): se ha roto la relación de reciprocidad entre el Estado y la mayoría de los ciudadanos, esto es, el “contrato social” que legitima la autoridad del Estado. Esta disociación entre las élites urbanas y el resto de la población pobre tiene sus raíces en la estratificación social de la época colonial (con ciertos privilegios para los mulattos y assimilados), en el autoritarismo y la violencia que caracterizaron al sistema poscolonial y en los beneficios que reporta el petróleo, cuya producción se concentra en la zona marítima septentrional: dado que la élite tiene asegurado el control de este recurso, su prosperidad no está ligada a la del conjunto del país, y menos aún al desarrollo de la población rural del interior (Pérez de Armiño, 2007: 13).
Por otro lado, una vez finalizada la guerra, las reformas políticas necesarias han sido lentas y limitadas, y su falta de credibilidad se ha visto acrecentada por los reiterados aplazamientos de los comicios y las dificultades para realizar el censo electoral. Varios factores pueden ayudar a explicar por qué al régimen no le ha interesado llevar a cabo tales reformas. En primer lugar, el hecho de que la guerra finalizara con la victoria militar del Gobierno, y no mediante una negociación basada en el afrontamiento de los problemas del país y la creación de una democracia pluralista e integradora (Meijer, 2004; Griffiths, 2004). En segundo lugar, la escasa incidencia de las Naciones Unidas y de los donantes occidentales en el proceso de reconstrucción, ya que el Memorando de Luena de 2002 se hizo de espaldas a los mismos, y después han desempeñado un modesto papel como suministradores de ayuda, no como supervisores de los acuerdos o guías del proceso de rehabilitación. En tercer lugar, la relativa autonomía política y económica que al régimen le proporcionan los crecientes recursos procedentes del petróleo, así como los créditos concedidos por China sin condicionalidades políticas. En cuarto lugar, la alianza estratégica del régimen con Estados Unidos, por la necesidad que estos tienen del petróleo angoleño (Fernandes, 2004: 15-168; Sogge, 2006: 2-4). En este sentido, los inversores internacionales podrían alegar que la continuidad del régimen es importante para la estabilidad política de Angola. Esto resulta especialmente pertinente si se tienen en cuenta la relevancia cada vez mayor del país como exportador de petróleo y los trastornos que la violencia política ha ocasionado en otros productores de petróleo como Nigeria o los países de Oriente Medio (Corkin, 2009: 2).
En conclusión, por los análisis anteriores se puede constatar que en este periodo de reconstrucción del país se va consolidando un modelo de desarrollo socioeconómico caracterizado por grandes desigualdades. Se trata de un modelo que se está configurando sin apenas debate político o social sobre las alternativas existentes, siguiendo los intereses de los sectores poderosos y olvidando a los vulnerables. Es un modelo que, además, descansa sobre todo en las inversiones privadas extranjeras, en los sectores, actividades y zonas geográficas que a estas les interesan más que en políticas estatales concebidas con un criterio integrador a escala nacional y a nivel social. Esto inevitablemente empujará hacia un modelo de desarrollo más basado en las oportunidades de mercado que en las necesidades y derechos de la población, por lo que se perfila un modelo de desarrollo social y geográficamente desigual, concentrado en los sectores acomodados y en las zonas con actividad económica (Luanda, algunas ciudades y la costa) (Pérez de Armiño, 2007: 14).
Además, es un modelo orientado a la reconstrucción de grandes infraestructuras al servicio de la explotación y exportación del petróleo y otros recursos naturales. Esto indica un apuntalamiento de la economía rentista, a costa de la productiva, y una priorización de las necesidades de las multinacionales extranjeras. En efecto, no se están priorizando los medios de vida de la mayoría, en particular la agricultura campesina, que es el sector con más capacidad para crear empleo masivo, garantizar un desarrollo humano y mínimamente equitativo, y facilitar la reintegración socioeconómica de los retornados y desmovilizados. Del mismo modo, no se está prestando suficiente atención a la lucha contra la pobreza y a la provisión de servicios sociales básicos para el conjunto de la población, que presentan enormes lagunas y han sido dejados en gran medida en manos de las Iglesias y organizaciones no gubernamentales. En muchos sectores, como salud o educación, o bien no se han elaborado documentos estratégicos que formulen las estrategias y políticas nacionales, o bien no se han concretado y materializado sus contenidos (Pérez de Armiño, 2007: 14).
Para financiar este proceso de reconstrucción, el Gobierno ha optado por sus propios recursos, procedentes del petróleo, las inversiones extranjeras y los créditos proporcionados por China. Es decir, parece haber renunciado a los créditos en términos ventajosos de los organismos financieros internacionales, así como a un posible incremento de la ayuda internacional, debido a que la obtención de ambas está condicionada al cumplimiento de una serie de reformas indicadas por el FMI, entre las que figura la reducción de la corrupción y la mejora de la transparencia. Aunque durante años el Gobierno parece haber buscado el acuerdo con el FMI, las reformas que ha llevado a cabo han sido muy modestas, y esa organización nunca ha dado su certificación, necesaria para galvanizar la ayuda, renegociar la deuda y obtener créditos multilaterales. Finalmente, el Gobierno, al parecer, renunció a tal acuerdo en 2004, al tiempo que firmaba en febrero de 2005 un importante acuerdo con China, por el cual el gigante asiático le proporcionaba un crédito de 2.250 millones de dólares a cambio de petróleo. Este acuerdo le ha permitido a la élite gubernamental aumentar su margen de autonomía y esquivar unas condiciones y reformas lesivas para su poder y enriquecimiento (Pérez de Armiño, 2007: 14-15).
Pero también se han producido algunos avances en la esfera política, según reconocen los analistas. En septiembre de 2008, los 8,3 millones de votantes censados en Angola acudieron a las urnas para votar en las primeras elecciones legislativas celebradas después de 16 años. El partido en el poder obtuvo una aplastante victoria, con un 81 por ciento de los votos. A pesar de las sospechas de irregularidades, el resultado fue aceptado por la oposición, algo que no habría podido darse por sentado a la luz del contexto político del país. Aunque se produjeron incidentes aislados y esporádicos de intimidación, el proceso electoral estuvo marcado por una relativa ausencia de violencia, si se tiene en cuenta la historia de Angola. También se observó una mayor participación de las mujeres: al menos un 36 por ciento de los parlamentarios recién elegidos son mujeres, un importante avance en términos de consolidación democrática, ya que tradicionalmente habían sido dejadas de lado en los foros políticos del país (Corkin, 2009: 1-2).
Sin embargo, los críticos señalan que el control absoluto de los recursos, tanto institucionales como financieros, ha permitido al partido en el poder, el MPLA, orquestar unas elecciones aparentemente democráticas que solo han servido para arraigar aún más el control que este ejerce. Aunque los observadores internacionales expresaran con satisfacción que las elecciones habían sido en general “libres y justas”, el MPLA disfrutó del monopolio de los medios de comunicación y de financiación de la campaña, y estructuralmente los partidos de la oposición, más pequeños y fragmentados, habían estado en una situación de clara desventaja. Además, los 22 partidos políticos que recibieron menos del 0,5 por ciento de los votos en las elecciones legislativas están obligados por ley a disolverse (Corkin, 2009: 2).
Después de las elecciones, los dos partidos mayoritarios alcanzaron un acuerdo en la Comisión Constitucional para modificar la Constitución de 1991, reforzar el sistema parlamentario y presidencial, como ha propuesto el MPLA, y permitir que el sucesor de Eduardo dos Santos sea elegido por los parlamentarios, en vez de mediante votación popular directa. Pero este consenso se logró sin la participación de otros partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil o religiosa (Demurtas, 2007: 56).
La nueva Constitución, aprobada en enero de 2010 por 186 votos a favor de un total de 220 diputados y la ausencia del principal partido de la oposición, la UNITA, posee 244 artículos y define a la República de Angola como un Estado Democrático de Derecho, cuyos órganos soberanos son el presidente de la República, la Asamblea Nacional y los Tribunales. Los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos por sufragio universal, libre, igualitario, directo y secreto cada cinco años, estableciéndose un sistema parlamentario presidencialista, en el que el presidente de la República es el cabeza de la lista más votada en las elecciones legislativas y su mandato está limitado a dos legislaturas. Tanto la jefatura de Estado como la de Gobierno recaen sobre el presidente, desapareciendo la anterior figura de primer ministro, que ha sido sustituido por la de vicepresidente.
La Constitución es de carácter presidencialista, a semejanza del modelo norteamericano, y determina que el presidente de la República es el titular del poder ejecutivo, desapareciendo el Gobierno como órgano constitucional autónomo, y sus funciones administrativas y ejecutivas son conferidas al presidente, que es auxiliado en su función ejecutiva por el vicepresidente, y en la formulación y mantenimiento de la política general del país y de la Administración pública por el Consejo de Ministros. Asimismo, los ministros, en su doble categoría de ministros de Estado y ministros sin más, se consideran auxiliares del jefe del Ejecutivo en su tarea de gobierno.
La Constitución fue elaborada por una comisión de 60 diputados, asesorada por un grupo técnico, que aprobó por consenso 228 artículos de los 244 que posee el texto, sin necesidad de votación. Tras su aprobación parlamentaria el día 21 de enero, en plena efemérides de la Copa Africana de Fútbol, el Tribunal Constitucional consideró excesivos los poderes otorgados al presidente al intervenir en asuntos que deben someterse a la Asamblea Nacional, por lo que hizo dar marcha atrás al texto inicialmente sometido a votación para que se rectificaran los puntos 1 y 4 del artículo 134 y el artículo 109. Finalmente, el 3 de febrero el texto constitucional volvió a ser aprobado y aceptado por el Tribunal, con la firma final del presidente de la Asamblea Constituyente y la de los legisladores, siendo publicado el 5 de febrero de 2010 en el Diario de la República de Angola y ratificado ese mismo día por el presidente Dos Santos (Garzón, 2010: 1), con lo que ha entrado en vigor.
Este texto corresponde al capítulo ‘La polarización del poder político y la denunciada corrupción’, del libro Angola, radiografía de un país petrolero, que acaba de publicar Los libros de la Catarata con el patrocinio de Casa África.
José-León García Rodríguez es profesor de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado su actividad investigadora sobre la distribución espacial de los recursos naturales, la dinámica demográfica de Canarias, el desarrollo de los espacios rurales y, actualmente, en los paisajes patrimoniales y de la agricultura. Carlos Castilla Gutiérrez es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna, investiga en el ámbito del desarrollo sostenible, incorporándole la dimensión ética al campo del desarrollo, y en el modelo de desarrollo regional de Canarias, con especial incidencia en la relación entre población y recursos. Francisco J. García Rodríguez es profesor de Economía de la Empresa en la Universidad de La Laguna, sus líneas de investigación prioritarias se centran en el emprendimiento, especialmente en el ámbito educativo, y en el análisis estratégico de la empresa, desde la perspetiva de la responsabilidad social y ambiental. Silvério Adriano Major es profesor de Geografía Física en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Bengo de la Universidad Agostinho Neto de Angola, desarrolla su actividad investigadora en la implantación de sistemas de gestión ambiental en las empresas petroleras de los países en desarrollo y en la educación ambiental
Autor: José-León García Rodríguez, Carlos Castilla Gutiérrez, Francisco J. García Rodríguez y Silvério Adriano Major
