Y es que el verdadero sinsentido es que Irene Montero intente denunciar, precisamente ella y encima como portavoz de Podemos, "violencia política", justo después de desacreditar a los jueces, de llamarlos machistas y de acusarlos de prevaricar. ¡Toma violencia política!, la de una Ministra que se cisca en la separación de poderes. La de una Ministra haciendo ahora la del calamar cuando esos mismos jueces piden consensuadamente, de izquierda a derecha, su dimisión. Y más triste resulta que, con ello, arrastre a ERC o a Bildu a secundarle. El victimario haciéndose pasar por víctima. Todo un clásico.

El juicio sobre la intención criminal del delincuente ('mens rea'), que no puede ser más evidente cuando nos amenaza con un "lo volveremos a hacer", se troca en un juicio sobre el compromiso romántico del criminal con su crimen (se descargaría así, por cierto, el asesinato de género -"la maté porque era mía"- puesto que nadie podrá decir que se está beneficiando quien está desposeyéndose de su propiedad). Invierten todas las categorías. Privatizan la ciudadanía.

La decisión de tantos youtubers de irse no deriva de la presión fiscal ponderada según el nivel de renta (esa ponderación les beneficia, repito, pues aquí es mayor su capacidad aquisitiva que en Alemania): deriva de la presión fiscal en términos absolutos (parangonable aquí a cualquier otro Estado social europeo), y de que tiene al lado a Andorra, que nos hace trampas a todos, en términos de tributación efectiva cuando no todavía de opacidad.

Leído en La Vanguardia (veo que es de julio): El Tribunal Supremo absuelve a un hombre que mantuvo relaciones sexuales con una niña de 12 años por ser ecuatoriano, (…) al estimar que el procesado no tenía conocimiento de que este hecho era delictivo por pertenecer a "una cultura que permite y consiente las relaciones y matrimonios con personas de 12 y 13 años". ¿Cómo? ¿Estamos ya en este punto? ¿Explícitamente? A este ritmo no vamos a llegar a reventar por el cambio climático ni de broma. Podéis estar tranquilos y echar las pilas donde lo orgánico sin problemas ni mareos. Y, si no, alegad religión (una que tenga por credo tirar pilas en orgánico)... O, qué narices, alegad ignorancia, que exime del cumplimiento de toda norma como sabe cualquier estudiante de primero de Derecho.

He encontrado respuestas de todo tipo. No pocos han considerado mi interpelación como una ofensa. De nuevo, el lector juzgará cuánto tienen de razón. Yo en buena medida lo entiendo: muchos de los 166 firmantes a los que he intentado contactar llevan décadas pensando y escribiendo sobre estos temas y es difícil creer en esos casos que hubieran cometido un error. Bien, pues aunque sí reconozco que en extender la iniciativa a gente como Ramoneda o Mas-Colell hay algo de provocación, niego la mayor. He creído que debía hacerlo así para dar opción de rectificar o denegarme razonadamente su adhesión a todos; y por cuestiones de eficiencia y eficacia. Creo que han cometido un error, creo que hay razones para sostener esto que digo, y he querido confrontarlas. Y esto, tristemente, ya se tiene por escandaloso.

Muchos de los hechos recogidos a continuación (que, sin exhaustividad y sin vocación alguna de jurista, quizás sirvan a un lego para hacerse idea de cómo las élites catalanistas pergeñaron el golpe) vulneran abiertamente el ordenamiento jurídico español. Seguramente sean incluso suficientes para atribuir delito de rebelión a los acusados. Pero lo que más me interesa es mostrar cómo, todos juntos, buscaban lograr algo que en buena medida consiguieron: atentar contra el reconocimiento social del ordenamiento jurídico en Cataluña.

Aquí sí asoma una utilidad inmediata de la política lingüística que no queda necesariamente ligada a una completa construcción nacional con vistas a hacerse con un Estado propio: sirve simplemente para excluir a los de fuera del acceso a los recursos comunitarios. 
  ¿Un ejemplo paradigmático? Los méritos o incluso requisitos lingüísticos para acceder a cargos de la función pública. En este sentido, la política lingüística ofrece una utilidad al administrado mejor posicionado (el que habla o puede más fácilmente aprender dicha lengua), a las élites económicas locales (que aspiran a contratar con una administración que empezaba a pedir los pliegos en la lengua regional) y a las élites políticas locales (que, con estas políticas, se presentan como los mejores defensores de sus votantes, incluyendo al PP y al PSOE en las autonomías donde gobiernan).

El término “democracia iliberal” (del que se jacta Orbán en Hungría o Erdogan en Turquía) es clave para comprender lo que está pasando. Nos ayuda a entender el problema. La esencia de la “democracia iliberal” es la desintermediación. Es decir, el líder rechaza los procedimientos de la democracia representativa y se siente refrendado por una mayoría popular para tomar cualquier decisión, incluso contraria a la ley

Lo primero que cabe responder al Círculo de Caraduras es que si la legalidad es un principio referido a España como Estado democrático de derecho (es decir, si la legalidad se refiere al ordenamiento jurídico español que sustancia la actual personalidad jurídica de España), la democracia no puede dejar de referirse a España, por más que ellos la quieran asociar con Cataluña. Ambos principios cristalizan juntos convirtiendo a España en una democracia constitucional (lo que hoy conocemos como democracia, a secas), un proyecto con contenido teórico propio: el del Estado social y democrático de derecho. La fuerza de ese constructo trasciende nuestras fronteras y nuestro concreto ordenamiento. Tiene en todo el mundo a teóricos dispuestos a reconstruir críticamente su esencia: qué es y qué debe ser esa democracia para salvaguardar sus principios tras el paso del tiempo y las mutaciones sociales. En cualquier latitud, la democracia deberá traernos, si no quiere ser un proyecto frustrado, ciertas dosis de libertad y prosperidad sin perder de vista la igualdad y el pluralismo que velan por la pacificación de nuestras relaciones.