Castigar la compasión, o la miseria moral de la Unión Europea

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“Cada vez estamos menos interesados en los demás”. De esta idea surge la película Still Life (Nunca es demasiado tarde), del director italiano Uberto Pasolini, aquella maravillosa historia de un hombre empeñado en buscar a los familiares de personas que habían muerto en soledad. Alguien dijo que los principios del cristianismo son los mismos que nos dicta el sentido común, que no hace falta creer en ningún Dios para ponerlos en práctica. Cada vez nos relacionamos más con dispositivos electrónicos y menos con nuestros iguales. “La memoria colectiva es importante porque si nos olvidamos de los demás cuando están muertos, pero también cuando están vivos, perdemos nuestra humanidad”, dice también Pasolini.

“Caminamos en forma incesante a lo largo de un camino de humanización que, además, no puede realizarse en soledad. Ser humano es también un deber”. Recoge Fernando Savater esta cita de Graham Greene en su libro El valor de educar. El filósofo vasco sostiene que “nacemos humanos, pero eso no basta: tenemos también que llegar a serlo”. La solidaridad, la compasión hacia los demás, nos convierten en eso para lo que nacemos. Son necesarias para llegar a ser lo que potencialmente somos: seres humanos. No basta la biología sin nuestro esfuerzo en la relación con los otros para conquistar nuestra meta.

He llegado a la conclusión de que la mayor parte de mis alumnos de la Universidad de Génova, y me temo que de la gente en general, son happy end. Las películas, por ejemplo, no les gustan si no terminan bien. Quieren películas con final feliz y soluciones enlatadas para vivir vidas fáciles, más propias de una ficción complaciente que de la realidad. Todo políticamente correcto en un mundo de telenovela. “No les podemos llamar moros, pero les podemos matar”, leí una vez que denunciaba un periódico.

A menudo sucede que no contemplamos la adversidad como parte del guion de nuestra propia existencia. El problema de la inmigración se resuelve quitando a los migrantes de en medio: “ayudémoslos en sus países”. Términos como compasión suenan a iglesia rancia. La pandemia ya se ha terminado. La crisis ecológica del planeta se acaba separando la basura… Todo parece indicar que los salvinis de este mundo están ganando la partida… Pero no siempre nos conformamos con respuestas preconcebidas y osamos hacernos preguntas. Sabemos los profesores que nadie aprende más que el que enseña. Recientemente una de mis alumnas escribió en una redacción sobre la migración que cuando oye decir a los políticos “ayudémoslos en su casa” se le ocurre qué pasaría si propusiéramos la misma fórmula para acabar con la violencia de género. ¿La forma de erradicar el problema es dejar que la maltratada siga viviendo bajo el mismo techo que su maltratador?

Los macacos de Gibraltar son el inicio de Styx (Estigia), película de Wolfang Fischer estrenada en 2018. Los monos viven en la ciudad y se descuelgan por los cables de la luz. Han perdido su espacio, ahora convertido en el espacio de los hombres. Encuentro y colisión entre dos universos, como sucede entre la sociedad occidental encerrada en sus privilegios e indiferente ante el mundo y los migrantes que luchan por sobrevivir.

En su viaje en velero para conocer la isla de Ascensión, creada según los consejos de Charles Darwin, la protagonista encuentra un viejo barco de pesca a la deriva cargado con un centenar de migrantes. Ante la obligación moral de socorrer a los migrantes, pero la incapaz de acogerlos a bordo de su pequeño velero, pide ayuda. Los guardacostas le responden que su trabajo no les permite intervenir. Ella les recuerda que intervenir no es una elección, que tienen la obligación de hacerlo. La película plantea una pregunta básica: ¿qué se puede hacer a título individual frente a una situación tan dramática como esta, cuando las autoridades competentes y las personas con poder eligen ignorarla de forma deliberada? La Unión Europea ha pasado de “ayudémoslos en sus países” a “ayudemos a nuestros países”. El mar es esa laguna Estigia a la que alude el título. Mar hacia la muerte si no existe solidaridad, pero también cuando existe y se castiga. Quien castiga a quien ayuda, defiende la ley, pero no la justicia.

En el informe del 2020 Castigando la solidaridad, Amnistía Internacional acusaba a las autoridades europeas de perseguir y arrestar a los activistas que asisten a los refugiados, de aplicar medidas antiterroristas y de tráfico de personas para contener la ayuda a los migrantes. Dar agua, comida, en definitiva, salvar vidas, se convertía en un delito.

La organización revelaba casos de requisa de barcos, multas y penas de prisión y acusaba a las autoridades europeas de hacer un uso inapropiado de las leyes contra el contrabando y contra el terrorismo, así como de servirse de estas herramientas para gestionar la migración dando la espalda a los propios fundamentos de la Unión Europea, a los derechos determinados por la Convención de Ginebra y a los Derechos del Niño.

En el caso de la misión Open Arms de salvamento en el Mediterráneo, la responsable de la operación, Anabel Montes, fue acusada por la justicia italiana de supuesta complicidad con los traficantes de seres humanos, de favorecer la inmigración clandestina y también del surrealista delito de violencia privada por haber “obligado” al Estado italiano a conceder el puerto de Pozzallo al barco Open Arms en marzo de 2018 cuando, después de haber socorrido a una embarcación con 218 personas a bordo, ella y el comandante Marc Reig se negaron a obedecer a la orden de consentir la intervención de las autoridades libias. En el texto también se incluía el caso de Martine Landry, a quien la justicia francesa pedía cinco años de cárcel y 30.000 euros de multa.

“Es una pena que hasta Francia se olvide de lo que es la fraternidad”, declaró Martine Landry, jubilada de setenta y cinco años acusada de ayudar a entrar en Francia a dos guineanos de quince años. En 2017 acompañó a los menores a la policía de frontera a fin de que se ocupasen de ellos los servicios sociales franceses. La policía italiana había interceptado a los jóvenes en el confín y los había devuelto a pie a Francia. Martine comprobó que Francia tenía la obligación de protegerlos. Con la ayuda de abogados, preparó la documentación, esperó a los dos chicos en la frontera francesa y los acompañó para que pidieran protección. Tres días más tarde se le acusó de ayudar a entrar en Francia a personas en situación ilegal. Martine Landry no cruzó la frontera con los menores, les acompañó a la policía una vez ya estaban en Francia. “Nunca pensé que me llevarían a los tribunales. Soy solo una voluntaria que ha intentado ayudar”.

En la exacta y ordenada Suiza, un domingo de febrero de 2018 dos policías interrumpieron la ceremonia del pastor protestante Norbert Valley y, ante sus estupefactos feligreses, se lo llevaron a la comisaría. Al pastor se le acusaba de facilitar la estancia irregular, en aplicación del artículo 116 de la Ley de Extranjería suiza. A Valley se le acusó de haber ofrecido refugio y alimento a un inmigrante sin hogar proveniente de Togo, al que se había denegado la solicitud de asilo. La Fiscalía de Neuchâtel ordenó a Valley pagar una multa de 1.000 francos suizos (1.000 dólares estadounidenses), a lo que él se negó. El pastor Valley no negó haber ayudado al hombre, pero no admitía que eso fuera un delito. “Como cristiano, el principio de amar a mi prójimo rige mi forma de vida”, afirmó. El caso de Valley no es un hecho aislado. Es sólo uno más de una serie en toda Europa en los que las autoridades se han valido de las leyes de inmigración y contra el contrabando para criminalizar a quienes ayudan a las personas migrantes y solicitantes de asilo.

En febrero de este año también fueron acusados de delito de solidaridad Lorena Fornasir y Gian Andrea Franchi, una pareja de ancianos activistas que desde hace meses atiende a migrantes en la estación de Trieste después de haber atravesado la ruta de los Balcanes. Gian Andrea Franchi, de 87 años, docente de filosofía, conocido como “el abuelo de los refugiados”, y su mujer Lorena Fornasir, de 67 años, psicoterapeuta, desde hace años acogen a los migrantes que atraviesan la última parte de la ruta que desde Medio Oriente les conduce a Italia y a otros países europeos. En la estación de Trieste, con la asociación Linea d’Ombra, esperan a los jóvenes que cada día llegan a pie después de haber atravesado durante 12 días los bosques de Bosnia. Les curan los pies, como Cristo hizo con sus apóstoles.

Lorena y Gian Andrea también atraviesan a menudo el confín para llegar a Bosnia y a Croacia, llevan bienes de primera necesidad y dinero que recogen con la asociación de la que son miembros fundadores. Por este motivo a Gian Andrea se le investiga por favorecer la inmigración clandestina, el delito de los traficantes. El hecho cuestionado se remonta a julio de 2019, cuando el matrimonio había acogido en casa a una familia iraní y Gian Andrea había enviado dinero a su familia en Alemania. “Es obvio deducir que en la investigación que se lleva a cabo domina una voluntad política y no una simple y rigurosa comprobación de hechos y comportamientos: la voluntad política de castigar a dos personas, e indirectamente a quien colabora con ellos, que se dedican cada día a practicar la solidaridad y que respetan a las personas que arriesgan la vida, e incluso mueren, para alcanzar lugares donde piensan que podrán vivir con dignidad. Nosotros, de todas formas, seguiremos con nuestra tarea”, concluyó el acusado al saber que sería sometido a juicio.

Existen diversas formas de penalizar la ayuda a los migrantes, como es el caso de “los quince de Stansted”, juzgados por intentar impedir la deportación de un grupo de sesenta personas. En 2017, quince defensores de los derechos humanos impidieron, de forma no violenta, que un avión despegara del aeropuerto de Stansted (Londres) con destino a Ghana, Nigeria y Sierra Leona. A “los quince de Stansted” se les acusó de haber accedido al aeropuerto en modo ilícito y, posteriormente, de amenazar la seguridad en aeródromos, cargo grave relacionado con el terrorismo que se castiga con una pena máxima de cadena perpetua. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional consideró satisfactoria la decisión de no encarcelar al grupo de los quince, pero insuficiente, pues “fueron declarados culpables de un delito que sencillamente no encaja en sus acciones, y este juicio podría tener un peligroso efecto disuasorio sobre las protestas pacíficas en este país”. En opinión de Amnistía Internacional, “el caso de ‘los quince de Stansted’ sigue una tendencia existente en toda Europa hacia quien actúa en favor de migrantes y refugiados y que, por sus actos de solidaridad, ha sufrido acoso, intimidación y criminalización”.

¿Qué tienen en común un contrabandista que gana hasta 2.500 dólares por cada inmigrante (según datos de la ONU de 2018) y un alcalde que, según el juez de instrucción de Locri (Calabria), había organizado un matrimonio de conveniencia con el fin de facilitar el ingreso en Italia de un joven somalí? El alcalde de Riace (Reggio Calabria) fue juzgado, entre otros delitos, por abuso de poder y propiciar la inmigración irregular. El modelo de acogida e integración de refugiados e inmigrantes de esta localidad, famoso internacionalmente, se desmoronó con el proceso a su exalcalde, Mimmo Lucano. Siete años y once meses de cárcel es la condena para Lucano que permitió que se establecieran 450 refugiados e inmigrantes en esta localidad de 2.300 habitantes, por lo cual recibió importantes reconocimientos y premios nacionales e internacionales. Pero cuando la Liga Norte ganó las elecciones municipales se impuso la política de puertas cerradas. De, “Riace, ciudad de acogida”, se pasó la promesa de Matteo Salvini, “los italianos, primero”. El exalcalde fue juzgado por promover una “asociación criminal” encaminada a cometer “un número indeterminado de delitos” contra la administración pública y el patrimonio, anteponiendo la acogida de inmigrantes a los intereses de la función pública del Ministerio del Interior y de la Prefectura de Reggio Calabria. Entre otras cosas se acusó a Mimmo Lucano de estar implicado en matrimonios de conveniencia a fin de que los inmigrantes consiguieran la residencia en Italia. En el juicio se demostró que tales matrimonios no se habían celebrado en Riace.

De incomprensible tilda el abogado de Lucano, Giuliano Pisapia, la sentencia del exalcalde de Riace del pasado 1 de octubre. El tribunal de Locri emitió un veredicto que establece trece años y dos meses de cárcel. Pisapia (parlamentario europeo del Partido Democrático y exalcalde de Milán) dijo que recurrirá el fallo. “Mimmo Lucano cometió errores administrativos, pero por el bien de los inmigrantes y sin transcendencia penal”. El delito más grave del que se le acusa es el de malversación. “Es una condena desconcertante que demuestra la voluntad de castigar el modelo de Riace. En cuarenta años no he visto nunca redoblar la pena que ha pedido el fiscal. Y la malversación de miles de euros es increíble considerando que Lucano no se ha quedado con nada”, señala Lorenzo Trucco, defensor, entre otros acusados, de la compañera de Lucano.

El delito de solidaridad resulta un oxímoron ya en su origen. Dos palabras de significado opuesto llamadas a originar un nuevo sentido. Castigar el bien es un concepto incomprensible desde un punto de vista no solo ético, sino también léxico.

El denominado delito de solidaridad no nace en una reunión de abogados y juristas que se dan cita para redactar normas, surge del dolor y del sufrimiento de muchas personas.

En Italia la solidaridad es un principio constitucional. El Artículo 2 de la Constitución defiende el derecho y el deber a la solidaridad política, social y económica. Esta estrecha unión entre derecho y deber de solidaridad permea toda la Constitución italiana, porque sobre el principio de solidaridad se establecen también obligaciones del Estado. El Artículo 3 impone eliminar los obstáculos que recorten la libertad y la igualdad de los ciudadanos. El Artículo 10 expresa que cuando no se pueda disfrutar de la solidaridad deberá intervenir el Estado. Según Lorenzo Trucco, presidente del ASGI (Asociación para los Estudios Jurídicos de la Inmigración, en sus siglas italianas), actualmente la inmigración se concibe como un problema de seguridad y se debe de afrontar con una legislación especial. “Al inmigrante se le ve como un enemigo y se promueven leyes para defendernos de él”.

A la operación Mare Nostrum se le reprochó haber sido un factor de atracción para los inmigrantes. Finalizó en 2014 y fue sustituida por la Operación Tritón. El primer problema que tristemente ocupó a políticos, periodistas, presentadores italianos de televisión… fue cómo pronunciar la palabra: si traiton, a la inglesa, o tritón, a la italiana.

El objetivo de la Operación Tritón era controlar el confín italiano y no el de salvar náufragos. El resultado fue que las muertes en mar aumentaron considerablemente cuando se abandonó la misión Mare Nostrum.

A partir de 2017 en Italia se empieza a hablar de invasión, de taxis del mar y se penaliza el socorro de las ONG a las embarcaciones de inmigrantes. Se habla de relación entre las ONG y los traficantes de seres humanos. Entra en juego el Código Minniti, que debe su nombre al ministro del Interior de aquel entonces, miembro del Partito Democrático. Según este código, los barcos de las ONG que no observaran las normas quedarían expuestas a sanciones. Desde aquel momento las operaciones de búsqueda y rescate que se llevaban a cabo frente a Trípoli pasaron a la jurisdicción de la Guardia Costera libia. Entre otras medidas, este código de conducta dicta que, “las ONG se comprometen a no entrar en aguas territoriales libias, salvo en situaciones de grave e inminente peligro que reclamen asistencia inmediata, a no obstaculizar las actividades de Search and rescue de la Guardia Costera libia. Las ONG no deben realizar comunicaciones destinadas a facilitar la salida de las embarcaciones que transportan inmigrantes. (..) No pueden trasladar a las personas socorridas de una embarcación a otra, excepto en caso de que tal traslado sea solicitado por parte del Centro de Coordinación para el Socorro Marítimo (MRCC), bajo su supervisión y sobre la base de la información proporcionada por el comandante de la nave. Se comprometen a “una operación leal con las autoridades de seguridad pública del lugar previsto para el desembarco de los inmigrantes”.

Se considera que las ONG obstaculizan la política del Estado para reenviar a los inmigrantes a sus países de procedencia. Es en este momento cuando se empieza a hablar del delito de solidaridad. La paradoja por la que se persigue y acusa a quienes ayudan.

Las leyes respecto al socorro de las personas que necesitan ayuda resultan contrapuestas dependiendo de dónde se encuentren los barcos y cuál sea su pabellón.

Se han llevado a cabo alrededor de veinte investigaciones sobre embarcaciones que han ayudado al rescate de personas en el mar. En casi todos los casos se ha decretado la absolución, pero tras procesos larguísimos que impactan negativamente en la opinión pública y dañan la labor de las propias ONG.

Las ONG son consideradas un pull factor, un factor de atracción para los migrantes. En opinión de muchos políticos contrarios a las operaciones de rescate en mar las propias organizaciones no gubernamentales provocan que los traficantes recurran cada vez más a embarcaciones inseguras, ya que dan por cierto que los náufragos van a ser ayudados por estas entidades. Lamentablemente lo único que podemos dar por seguro es que cuando desaparecen las operaciones de rescate de las ONG aumentan las muertes en el mar.

Carola Rackete, la capitana de la embarcación Sea Watch 3, rescató en junio de 2019 a unos cincuenta emigrantes que iban a la deriva en alta mar frente a las costas de Libia. Después de dos semanas de espera y sin obtener el permiso del gobierno italiano, con Matteo Salvini como ministro del Interior, decidió atracar en la isla de Lampedusa. Fue detenida inmediatamente por las autoridades italianas, acusada de los delitos de resistencia y violencia contra un buque de guerra, pues chocó contra una patrullera de la Guardia di Finanza que intentó frenarla. Delitos que pueden suponer penas de entre tres y diez años de prisión. Rackete, antes de atracar sin permiso, estaba siendo investigada por la fiscalía de la ciudad de Agrigento (Sicilia) por favorecer presuntamente la inmigración ilegal y por haber penentrado en aguas territoriales italianas sin el permiso del Estado. Fue puesta en libertad el 2 de julio de 2019. Según la juez Alessandra Vala, la activista alemana estaba cumpliendo “un deber”​, y “el deber de socorro no termina en el mero embarque a bordo de náufragos, sino en su conducción a un puerto seguro”.

El barco Mare Liberum, de más de cien años desde que fue botado, está destinado a las operaciones de seguimiento de la Eastern Route, la ruta migratoria que vincula la península turca con las puertas de Europa. Lo que debía ser una labor de reconocimiento naval se ha trasformado en un instrumento de denuncia. El Mare Liberum ha documentado numerosas prácticas inhumanas e ilegales llevadas a cabo por los guardacostas griegos, Frontex e incluso la OTAN. Las embarcaciones de los migrantes, una vez que alcanzan aguas territoriales griegas, son interceptadas por buques militares europeas, se les priva del motor y se les deja a la deriva para que asuman su control en Turquía. El 5 de septiembre de 2020 la policía de Atenas registró el Mare Liberum. Treinta y tres miembros de diferentes ONG eran sospechosos de delitos graves que van desde el tráfico de seres humanos a la asociación criminal, pasando por la violación de secretos de Estado y del código de la inmigración. A las denuncias judiciales se unieron las agresiones por parte de grupos neofascistas, como Alba Dorada, que amenazaron con quemar el barco.

Elisa de Pieri, investigadora de Amnistía Internacional, opina que si la ayuda forma parte del derecho a salvar vidas en el mar no puede haber penalización. Pero no todos los miembros de la magistratura piensan de la misma forma y esto nos lleva a creer que las normas cambiarán dependiendo del tipo de gobierno del país donde se produce el caso. El derecho internacional defiende la ayuda humanitaria contra el delito de solidaridad, normas que tutelan el derecho a la vida, tutela del derecho a acceder a un país para pedir asilo. La estructura del derecho internacional ayuda, pero se debería de despenalizar el ingreso irregular a los países para pedir protección. En el caso de que se entre en un país irregularmente sin la intención de pedir protección las normas deben ser administrativas. La Comisión europea ha invitado a los procuradores a no penalizar el socorro en mar.

También en 2019 el ministro italiano del Interior, Salvini, impidió a 135 migrantes desembarcar de una nave de la Guardia Costera italiana si no se llegaba a un acuerdo para su distribución en países europeos. La Guardia Costera intervino para rescatar varios botes neumáticos a la deriva en el Mediterráneo central y transbordar a unas cincuenta personas que habían sido rescatados por el pesquero italiano Accursio Giarratano. El pesquero rescató a los cincuenta migrantes cuando se encontraban en aguas internacionales frente a Malta, pero este país rechazó hacerse cargo de ellos.

A la petición de ayuda del pesquero acudió la Guardia Costera italiana que trasladó a los cincuenta migrantes. “He dado órdenes de que no se asigne ningún puerto antes de que se firme la distribución en toda Europa de los 135 migrantes a bordo”, afirmó Salvini.

En su Informe 2020/2021, Amnistía Internacional expone, “la Ley 173/2020, aprobada en diciembre, eliminó la prohibición de que los barcos de salvamento entraran en aguas territoriales italianas y eliminó también las fuertes multas administrativas aparejadas, siempre que los rescates se llevaran a cabo con arreglo al derecho internacional, estuvieran coordinados por las autoridades marítimas competentes y se informara al Estado sobre el pabellón del barco de salvamento. No obstante, las vulneraciones continuaron siendo punibles con multas penales de hasta 50.000 euros y penas de hasta dos años de prisión. El ministro del Interior podía seguir prohibiendo la entrada en aguas territoriales italianas por razones de orden público y seguridad y en casos de tráfico de seres humanos. (…) En enero, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió a Italia que suspendiera las actividades de cooperación que dieran lugar, directa o indirectamente, a la devolución a Libia de personas interceptadas en el mar. No obstante, el memorándum de entendimiento establecido con Libia en 2017, que servía de base para la colaboración entre ambos países en materia de control de fronteras, se amplió automáticamente por un periodo de otros tres años. En febrero, el Gobierno italiano propuso algunas modificaciones leves, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar las garantías de derechos humanos para las personas refugiadas y migrantes, pero el Gobierno fruto del Acuerdo Nacional de Libia no las aceptó. Con todo, Italia continuó brindando apoyo a las autoridades marítimas libias, incluso mediante la ampliación del despliegue de personal militar italiano en Libia”.

En una misma semana de abril de 2015, más de 1.200 personas murieron en dos grandes naufragios en el Mediterráneo central, poniendo en evidencia las letales consecuencias de la decisión de los líderes europeos de acabar con las operaciones de búsqueda y salvamento de Italia en octubre de 2014. Para tratar de llenar este catastrófico vacío, unas cuantas embarcaciones de ONG se hicieron a la mar cerca de Libia. El barco Iuventa, de la ONG Jugend Rettet, se unió a ellas en 2016. Desde que navega, el barco ha salvado a más de 14.000 personas de morir ahogadas. Sin embargo, en 2017 las autoridades italianas confiscaron el barco e iniciaron investigaciones sobre diez miembros de la tripulación, a quienes acusaron de facilitar la inmigración a Italia desde Libia actuando en connivencia con pasadores de fronteras. Jugend Rettet es una de las ocho ONG que participaban en el rescate de migrantes en el Mediterráneo que se negaron a firmar el código de conducta impuesto por Italia a estas organizaciones.

En enero de 2021 se retiraron los cargos contra seis tripulantes, pero otros cuatro siguen enfrentándose a 20 años de cárcel. El Iuventa no es sólo un barco de salvamento. Es un símbolo de la oposición a las políticas europeas que han convertido el Mediterráneo en una de las fronteras más letales del mundo. También es un símbolo de solidaridad y humanidad hacia personas que huyen de la guerra, la persecución y la pobreza.

La penalización de quienes prestan ayuda a la inmigración clandestina ya estaba presente en los Acuerdos de Schengen de 1985, que eliminaron las fronteras entre los países de la Comunidad Económica Europea. Se pretendía contrastar la libre circulación en el espacio europeo con un endurecimiento de los controles en las fronteras. Los Estados Europeos se comprometían a sancionar a quien, violando la legislación, obtuviera provecho económico de la ayuda a inmigrantes. El objetivo era perseguir a los smugglers, personas que a cambio de dinero facilitaran la elusión a los controles de frontera. Cuando surgió la Unión Europea, a las normas se añadió una novedad, ya no figuraba el beneficio económico como elemento ilícito, ya que resulta difícil interceptar el intercambio de dinero entre migrantes y contrabandistas. En Italia, el artículo 12 del Testo Unico sull’Immigrazione, que incrimina a los cómplices con penas severas cuando estén involucrados cinco o más migrantes (pensemos en los rescates en mar), la sanción puede llegar a ser hasta de quince años de cárcel, similar a cuanto está previsto por robo, asociación mafiosa o violencia sexual contra menores. Afortunadamente no faltan instrumentos jurídicos para evitar que los procedimientos penales conduzcan a resultados manifiestamente injustos. En el caso del barco Open Arms, por ejemplo, el juez de primera instancia de Ragusa dispuso el desembargo del barco porque la tripulación había actuado por necesidad, ya que los náufragos corrían el riesgo de que los guardacostas libios los condujeran a campos de detención. Si las claves son “guerra a los contrabandistas” y “tutela de la vida humana” bastaría volver a prever que el propósito de lucro tiene que ser un requisito indefectible en el delito de favorecer la entrada irregular de migrantes en suelo europeo. Pero, sin embargo, la legislación actual parece responder a la voluntad de alzar un verdadero muro legislativo para reducir la llegada de refugiados e impedir la creación de corredores humanitarios para acceder a Europa. La lógica de “el fin justifica los medios” ha suplantado a la del equilibrio, el sentido común y la solidaridad.

Pietro Bartolo, más conocido como el médico de Lampedusa, durante casi treinta años fue responsable de los primeras auxilios a los migrantes que desembarcaron en la isla siciliana. Es el médico que ha hecho más inspecciones de cadáveres del mundo.

Desde 2019 es eurodiputado. No usa la palabra migrantes, sino personas que llegan del mar. Piensa que la migración se debería considerar una riqueza. “Los migrantes pagarán los impuestos sin problema porque ya están acostumbrados a pagar a las mafias”. En estos años pasados ha visitado a 350.000 personas que la sociedad considera invasores, portadores de enfermedades, delincuentes. Le parece insoportable que se haga distinción entre los migrantes que escapan del hambre y los que lo hacen de las guerras.

Bartolo se sintió decepcionado por el Nuevo Pacto de Migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea en septiembre del año pasado y que fue rechazado por los llamados países de primera línea: Italia, España, Grecia y Malta. “Estoy decepcionado. Cuando Ursula von der Leyen [presidenta de la Comisión Europea] dijo que aboliría el Reglamento de Dublín, esperaba que eso diera pie a la redistribución obligatoria de los migrantes, sin embargo la solidaridad a la que se refiere no es hacia los migrantes, sino hacia los países miembros, solidaridad para las expulsiones. Me parece inaceptable. Estamos hablando de seres humanos, pero a veces olvidamos que, prescindiendo del motivo por el que lo hacen, guerra o hambre, estas personas se ven obligadas o huir de sus países. (…) La solidaridad de la que se habla hoy traiciona los valores sobre los que se fundó la Unión Europea”. Sobre los salvamentos en el Mediterráneo, Bartolo pensaba que se iba a crear una misión europea que apoyara los barcos de las ONG para evitar los naufragios, pero no es así, “hay solo sugerencias de la Comisión Europea a los Estados miembros para que ayuden a las ONG, pero sabemos que hasta hoy la labor de estas organizaciones se ha impedido y criminalizado. Si verdaderamente la Comisión Europea quiere hacer algo al respecto, puede pedir a los Estados que revoquen las leyes que impiden el trabajo de quien salva personas en el mar.”

Grounded (En tierra), monólogo de George Brandt, dirigido por Davide Livermore en el Teatro Nazionale de Génova, plantea un problema ético que nos lleva a reflexionar: qué pasa cuando el problema lo sufres tú. No es lo mismo cuando la guerra te toca en casa. Le sucede a una top gun que, tras un embarazo involuntario, pasa de pilotar un caza militar en Irak a teledirigir drones a miles de kilómetros del lugar del conflicto. Precisamente cuando deja de volar y la trasladan a una base oculta en el desierto estadounidense, el suelo desaparece bajo sus pies. El dios dron es un ojo en el cielo que todo lo ve: 1,2 segundos transcurren entre el momento en que se aprieta un botón en Las Vegas y se lanza un misil al otro lado del mundo. La muerte por control remoto. Una realidad de imágenes granuladas y personas pixeladas. La protagonista se precipita en una especie de delirio que le lleva a confundir el desierto de Medio Oriente con el de Nevada, donde vive, y a la víctima del ataque con su propia hija. Grounded habla de la desobediencia cuando surgen implicaciones afectivas.

“Si no queda ningún otro recurso, hay que aullar. El silencio es un verdadero crimen contra el género humano”, escribió Nadiezhda Mandelstam en su libro de memorias, Contra toda esperanza. La que fue mujer del poeta ruso Ósip Mandelstam (varias veces deportado por el régimen stalinista) defiende la postura del toro cuando lo llevan al matadero frente a la resignación del condenado a muerte ante el patíbulo: “Prefiero al animal obstinado que no calcula sus probabilidades de éxito con la sensatez y torpeza humanas y desconoce el sucio sentimiento de la desesperanza”.

Cuando se penaliza la compasión de los hombres, el socorro a quien pide ayuda, la única alternativa digna de un ser humano no puede ser otra que la denuncia. El grito es la única forma de que el silencio no nos convierta en cómplices de la desesperanza o, aún peor, de la indiferencia.

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