La clase trabajadora no entra en el Congreso de los Diputados

Como en Francia o en el Reino Unido, en el Parlamento español no están presentes empleados por cuenta ajena en puestos con poca cualificación de actividades como los servicios, la industria o la agricultura, pero sí hay una proporción relevante de afiliados sindicales

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El escritor Éric Vuillard publicó el artículo ¿La democracia es una sola mujer trabajadora en la Asamblea de Francia? el pasado mes de junio en El País, coincidiendo con el proceso electoral que tenía lugar en la democracia gala. El autor denunciaba que entre los diputados de la última legislatura sólo había un 4,6% de asalariados; en concreto, únicamente una mujer asalariada, frente a 27 directivos de empresas. En total, los empresarios, los profesionales liberales y los ejecutivos suponían más de tres cuartas partes de la Cámara. Vuillard hablaba también de que la Asamblea francesa era una suerte de «oligarquía atenuada que se las da de democracia». Y concluía que, efectivamente, la Asamblea acaba siendo representativa de la sociedad porque, en ella, al igual que en la vida diaria, la clase trabajadora tiene pocas oportunidades de prosperar.

Semanas después era The Guardian el que se hacía eco de un estudio del Institute for Public Policy Research de acuerdo con el que sólo el 1% de los representantes del Partido Conservador británico pertenece a la clase trabajadora, que únicamente el 7% del Parlamento británico es de clase trabajadora y que en el Partido Laborista la cifra apenas sube hasta el 13%, lo que supone que se ha reducido a la mitad desde los años ochenta. Si bien el peso de la clase trabajadora se ha reducido en el Reino Unido en las últimas décadas, el estudio y la noticia de The Guardian advertían de que su descenso en el Parlamento se ha producido de manera mucho más rápida.

¿Qué ocurre en el Congreso de los Diputados español? Dilucidarlo no es una tarea fácil. Si bien cada diputado está obligado a colgar en la web sus declaraciones de actividades, bienes y rentas y de intereses económicos, no siempre la información está recogida de manera muy sistemática y homogénea. Ayuda, eso sí, que a veces incluyan un breve currículum con los detalles de su vida académica, política y laboral, aunque los problemas para recolectar los datos no terminan de desaparecer del todo.

Un bosquejo sin ánimo muy exhaustivo muestra que el grueso de los diputados y las diputadas españolas tienen estudios universitarios. Abundan los que no cuentan únicamente con una licenciatura, sino que a ésta le suman estudios de posgrado, en ocasiones, con varias titulaciones. Entre las disciplinas que han estudiado, no es novedad, la que prima es la de Derecho, con más de noventa personas en la Cámara con esa licenciatura y, por tanto, también hay muchos abogados y abogadas ejercientes, o no (alrededor de 65). Otros tantos hay, al menos, que son funcionarios o funcionarias de carrera, a quienes hay que sumar los maestros de educación primaria en la enseñanza pública y los profesores universitarios tanto de la pública como de la privada.

Únicamente hay dos personas que hayan hecho o estén cursando Formación Profesional. Y sólo hay una que declara haberse quedado en la educación secundaria. Hay, además, tres estudiantes. Y los jubilados también están representados con alrededor de media docena, alguno de ellos de la milicia, de la medicina, de la enseñanza e incluso de la marina mercante, por lo que posiblemente son perceptores todos ellos de la pensión máxima (a la que renuncian una vez se convierten en diputados).

Empresarios o emprendedores que se autodefinan como tales rondan la decena y unos pocos menos declaran ser administradores, directivos o gestores de compañías.

El funcionariado y profesionales liberales son, básicamente, quienes componen el Congreso de los Diputados. Aunque a ellos hay que sumar también el numeroso grupo que forman quienes no declaran ninguna profesión, dado que posiblemente hayan estado ocupados durante toda su vida laboral bien en sus respectivos partidos, bien en otros puestos electos en entidades locales o comunidades autónomas, o bien en el propio Congreso de los Diputados.

Las excepciones, y en esto parece que la experiencia es coincidente tanto con Francia como con el Reino Unido, son las personas que declaran trabajos por cuenta ajena que se pueden asumir como ocupaciones de clase trabajadora, aunque se requeriría mayor información para certificarlo: hay un técnico de mantenimiento en empresas del sector agroalimentario con formación técnica superior; una persona que ha trabajado como camarera y dependienta, aunque tiene formación universitaria; un auxiliar administrativo y socorrista; un trabajador precario en varios sectores, también autónomo e inspector agrario que cuenta con formación técnica superior; una operaria de una bodega, conductora de taxi y comercial sin estudios superiores; otro comercial que ha llegado a finalizar la educación secundaria; y muy poco más.

Aunque sea con esta aproximación tan insuficiente, tanto por el nivel de detalle que proporcionan los propios diputados como por el trabajo efectuado, bastante superficial, parece que la clase trabajadora no está muy presente en el Congreso de los Diputados. O se encuentra muy ausente.

Los intereses de los trabajadores pueden estar representados en la Cámara de otra forma, a pesar de no estarlo directamente por personas de la clase trabajadora en una proporción que replique la composición de la sociedad española. Y los lugares donde analizar si en el Congreso de los Diputados se atiende a sus necesidades son los programas electorales, las intervenciones que se efectúan en la Cámara y, sobre todo, las políticas que se aprueban y los votos que las respaldan o que las niegan.

En todo caso, la evidencia avala la idea y el problema de que a las personas de clase trabajadora el sistema les hurta la posibilidad de estar en las instituciones representándose a sí mismas y transmitiendo sus problemas de primera mano. Por eso, hay que pensar en cómo está diseñado el sistema político y las organizaciones políticas y en cuáles son las características que impiden o limitan gravemente primero la participación y luego el ascenso dentro de los partidos de personas ajenas a las profesiones liberales, al alto funcionariado o al empresariado.

Si no es aceptable que en las instituciones no estén presentes las mujeres, por ejemplo, tampoco puede ser permisible que no tengan presencia activa todas las clases sociales. Con normalidad. Sin hacer aspavientos, como ha ocurrido en alguna ocasión, porque haya un ministro sin carrera universitaria.

En este punto, no está de más destacar otra característica de los miembros de la Cámara: casi una cincuentena de los 350 que componen el Parlamento declaran estar afiliados a sindicatos, haber sido representantes de los trabajadores o incluso haber llegado a puestos importantes dentro de las estructuras de las organizaciones sindicales. En concreto, hay treinta diputados afiliados a la UGT, todos ellos del PSOE, a excepción de uno de ERC. Once son militantes de CCOO, que son tanto de Unidas Podemos como del PSOE. También hay dos personas que pagan la cuota o realizan aportaciones al Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y el resto pertenecen a sindicatos regionales -ninguno de ellos vasco- o sectoriales -agrario, enseñanza-. Y, como nota curiosa, hay alguno de esos afiliados a los sindicatos que ha nacido en los años ochenta e incluso en los noventa.

En estos últimos datos también se mide la presencia de la clase trabajadora en el Congreso de los Diputados. Y quizás la hace subir unas décimas. Aunque las crisis de representación que muchas veces afloran, la falta de identificación de la población con las instituciones, la creciente abstención electoral, todos estos problemas se curarían o se aliviarían, posiblemente, si los organismos se parecieran un poco más a las sociedades a la que representan.

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