A Stalin no le habría hecho gracia. Un hombre llamado Vladimir, supuesto bisnieto del dictador soviético, está a punto de obtener un pasaporte rumano y, con ello, el derecho de trabajar en la Unión Europea.
Cuando lo consiga, Vladimir revertirá uno de los logros de Stalin. Sus abuelos fueron ciudadanos de Rumanía durante la primera mitad del siglo XX, mucho antes de que entrara a formar parte de la UE. Perdieron su nacionalidad al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rumanía cedió el territorio de Moldavia a la Unión Soviética de Stalin. Actualmente, la ley autoriza a Vladimir a adquirir la ciudadanía que fue arrebatada a sus abuelos, uno de los cuales comparte nombre y fecha de nacimiento con Svetlana Alliluyeva, la hija del líder soviético.
Vladimir es uno de los cientos de miles de moldavos con ascendencia rumana que ven la frontera entre los dos países como una mera invención burocrática. Pero lo cierto es que oculta un secreto a los burócratas que van a abrirle paso a la UE: su ascendencia es ficticia. Según los certificados procedentes de los archivos estatales moldavos, su ilustre abuela estuvo casada con un tal Ostap Bender, nombre también del antihéroe y estafador de la novela soviética El becerro de oro.
Los documentos del archivo revelan un pasado lleno de coincidencias históricas. El certificado moldavo de nacimiento de Ostap dice que nació el 28 de junio de 1914, día del asesinato de Francisco Fernando, y del comienzo de la Primera Guerra Mundial, mientras que el certificado de matrimonio indica que Ostap y Svetlana unieron sus vidas el 2 de septiembre de 1945, el día en que Japón se rindió ante Estados Unidos. Es altamente improbable que una mujer de nombre igual al de la hija de Stalin contrajera matrimonio con un timador soviético de ficción el día en que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, actualmente es perfectamente posible que un hombre que declara ser su descendiente adquiera el derecho a trabajar en la UE. Todo lo que necesita es paciencia, dinero, y los contactos adecuados entre los corredores de nacionalidades y burócratas corruptos de Bucarest, la capital rumana, y Chisinau, la capital de Moldavia.
Pasaporte a la UE
El territorio de Moldavia formó parte de Rumanía entre 1918 y 1940, así como entre 1941 y 1944. Anteriormente denominada Besarabia, Moldavia fue anexionada por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, para convertirse en una república independiente en 1991.
Ese mismo año, Bucarest aprobó una ley que concedía a los extranjeros descendientes de rumanos el derecho de convertirse en ciudadanos de su país. Desde entonces, Rumanía ha tramitado aproximadamente 225.000 peticiones de ciudadanía por parte de ciudadanos moldavos, según un estudio publicado en abril de 2012 por la Fundación Soros, en Rumanía.
Este estudio fue elaborado a partir de datos proporcionados por instituciones rumanas, datos que sin embargo se encuentran incompletos o son objeto de polémica. En ausencia de cifras exactas, el informe Soros sostiene que el número de 225.000 es la “aproximación más adecuada” al número de personas a quienes se ha concedido la ciudadanía rumana en los últimos 20 años.
El estudio Soros muestra que el número de solicitudes anuales de ciudadanía realizadas por parte de individuos de origen moldavo ha crecido de manera sostenida. El aumento coincide con cambios en la legislación rumana, y con la entrada de Rumanía en la UE en 2007. Moldavia es el más pobre de los países fronterizos de la Unión, y una gran parte de sus jóvenes ya trabaja en países con economías más pujantes.
Este estudio también pone de relieve que Rumanía está tramitando las solicitudes de ciudadanía con mayor rapidez desde 2007. De todas las peticiones atendidas por Bucarest desde 2002, más de la mitad (unas 116.000) se han resuelto en los últimos cuatro años. Una vez más, el estudio no proporciona detalle alguno acerca de cuántas de estas solicitudes han sido aprobadas.
Según Marian Gherman, fiscal de Bucarest encargado de investigar la red de tratantes y burócratas que estarían supuestamente acelerando peticiones de ciudadanía a cambio de dinero, el pasaporte rumano es la puerta de acceso a la UE para muchos moldavos. “Todo el mundo lo sabe”, afirma Gherman. “Piden la ciudadanía rumana únicamente porque les da libertad para viajar y trabajar dentro de la UE”. Un funcionario de la Autoridad Nacional de Ciudadanía (ANC) en Bucarest, ha confirmado anónimamente que los moldavos habían mostrado poco interés por adquirir la nacionalidad rumana hasta 2007.
El miedo a la puerta trasera
Los moldavos pueden tener diversas buenas razones para pretender la nacionalidad rumana, sobre todo teniendo en cuenta que están legítimamente autorizados a hacerlo. El presidente rumano Traian Basescu dijo en 2009 que cerca de un millón de moldavos, lo que representa más de una cuarta parte de la población, deseaba obtener la nacionalidad de su país. Basescu ha prometido en diversas ocasiones simplificar el papeleo para ayudar a los solicitantes. No obstante, esta investigación, patrocinada por el Fondo Europeo para el Periodismo de Investigación, revela que muchos moldavos siguen prefiriendo obtener la ciudadanía rumana por cauces extraoficiales. A menudo pagan cientos de euros a los tratantes, con la esperanza de acelerar los trámites. Acudir a estos intermediarios ilícitos entraña un serio riesgo de estafa para los moldavos con poca experiencia, pero estos canales extraoficiales pueden resultar también muy eficaces. Como muestra este estudio, son capaces incluso de generar pruebas de antecesores rumanos a partir de la nada.
La UE no interviene en asuntos de ciudadanía, pues los considera cuestión de soberanía de los estados miembros. Sin embargo, la política de Rumanía ha dado lugar a acusaciones en los medios de comunicación en el sentido de que sirve de puerta trasera de acceso a la UE, al permitir que moldavos que cuentan con pocos recursos ingresen ilegalmente en el territorio de la Unión.
En 2010, Francia se manifestó en contra de la pretensión de Rumanía de integrar el espacio libre de fronteras de la UE, la zona Schengen. Entre otros factores, el ministro francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, se refirió a la “concesión de pasaportes a ciudadanos moldavos por parte de las autoridades rumanas” como fuente de preocupación.
El informe publicado en abril de 2012 por la Fundación Soros de Rumanía defendía que en buena medida estos temores eran infundados. A la vez que criticaba a Bucarest por su aparente falta de transparencia, el estudio decía que no existía prueba alguna que sustentara la afirmación de que los migrantes moldavos pudieran acceder a Europa sin control, de la misma manera que no habría evidencia ninguna de la veracidad de la declaración de Basescu, según la cual un millón de moldavos aspiraban a la ciudadanía rumana.
La fundación Soros es uno de los varios grupos de la red Sociedad Abierta, creada por el multimillonario George Soros, cuyo objetivo es la promoción de la democracia en Europa del Este. Hablando claramente, la Sociedad Abierta proporciona ayuda al Fondo Europeo para el Periodismo de Investigación. Los fondos destinados a la Unión Europea y a la Sociedad Abierta también ayudan a financiar los programas de periodismo de investigación de los Balcanes.
Según los autores del informe de la fundación Soros, el programa de naturalización de Rumanía, a pesar de su metodología confusa, había concedido proporcionalmente menos documentos de ciudadanía que otros programas parecidos en países como el Reino Unido o Francia. El estudio, además, atribuye este acusado incremento de concesiones posteriores a 2007, año en que Rumanía entró en la UE, a la simplificación del proceso de adjudicación de pasaportes.
“Documentos auténticos”
Nuestra investigación revela la existencia de un próspero tráfico de documentación rumana, que utiliza tanto canales oficiales como extraoficiales, aunque ello no demuestra que Rumanía funcione como una puerta trasera para la migración ilegal e incontrolada, como temen algunos en el seno de la UE.
La verdad es que muchos moldavos acaban recurriendo a prevaricadores e intermediarios frustrados ante la lentitud de la burocracia rumana. Según Gherman, fiscal en Bucarest, el mercado negro resulta atractivo incluso para los solicitantes legítimos, por ser más veloz que el proceso oficial, que puede tardar hasta seis años en conceder la ciudadanía. Algunos moldavos recurren a estos intermediarios por estar ya trabajando de manera ilegal en Europa occidental, lo que les impide acudir personalmente a solicitar su ciudadanía. En palabras de Gherman: “No pueden venir a Rumanía… porque no podrían regresar después a sus trabajos”.
Nuestra investigación cuestiona seriamente las declaraciones de los funcionarios rumanos según las cuales todas las solicitudes de ciudadanía se revisan cuidadosamente para evitar el fraude.
Gracias a Vladimir, supuesto candidato a obtener la ciudadanía, pudimos constatar que el procedimiento para adquirir un pasaporte rumano no permite distinguir entre solicitantes legítimos y aquellos que inventan la existencia de abuelos cuyos nombres extraen de la historia y la literatura soviéticas.
Tras conseguir los certificados de nacimiento y matrimonio de Ostap Bender y Svetlana Alliluyeva, recurrimos al mismo intermediario para obtener informes policiales de las autoridades moldavas y rumanas, que confirmaban la ausencia de antecedentes criminales de Vladimir. Estos documentos fueron presentados junto con los certificados del archivo moldavo ante la oficina de ciudadanía en Bucarest, donde un funcionario corroboró su aparente autenticidad. Según este funcionario, Vladimir podía aspirar a prestar juramento como ciudadano una vez completadas ciertas formalidades, como presentar su carnet de identidad, un formulario de solicitud y una declaración notarial.
La confianza de este funcionario estaba justificada. Los documentos de Vladimir portaban los sellos y firmas de todas las instituciones y autoridades competentes en Moldavia y Rumanía. Pero aunque los papeles fueran efectivamente legítimos, los medios para obtenerlos no lo habían sido.
Directo del archivo
Acompañamos a Vladimir desde el momento en que inició el proceso para obtener la ciudadanía europea en Chisinau, la capital de Moldavia. No era difícil localizar a los intermediarios, instalados prácticamente a las puertas de los ministerios y del consulado rumano. Llevaban bolsos en la cintura y tarjetas de visita en la mano. Se agrupaban ante los edificios oficiales, donde tomaban café o hablaban por el móvil.
Uno de ellos, que respondía al nombre de Vadim, se jactaba de sus contactos entre los funcionarios rumanos en Bucarest y en las ciudades orientales de Iasi y Vaslui. Nos condujo hasta una mujer que se presentó como María. Dado que ella no nos podía conseguir los documentos en menos de seis meses, decidimos continuar nuestra búsqueda.
Un intermediario, que se hacía llamar Emil, nos dijo que él no hacía nada ilegal, simplemente empleaba su influencia. “Tengo un abogado en Bucarest que es capaz de acelerar las cosas”, dijo. Nos entregó una tarjeta de visita en que se anunciaba una página web que promete la ciudadanía rumana para cualquier persona, en cualquier lugar. Los precios mencionados en el sitio variaban en función de la velocidad del proceso. Por 700 euros se podían procurar todos los documentos esenciales en 15 meses. Previo pago de 1.000 euros se garantizaban los documentos en 10 meses, y obtenerlos por vía rápida, cinco meses en total, costaba 1.500 euros. Una vez adquirida la ciudadanía, el pago ulterior de 95 euros aseguraba la obtención del pasaporte rumano en 10 días. Un carnet de identidad rumano costaría otros 140 euros.
De nuevo en la calle, otro intermediario nos dijo que podía conseguir los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción preceptivos por 300 euros. Una mujer joven, que afirmaba ser una estudiante universitaria, intervino en la conversación y nos prometió conducirnos ante alguien de confianza. Nos presentó a Arghira, una mujer de unos 50 años con un moratón en un ojo. También ella mencionó la cantidad de 300 euros, que posteriormente rebajó a 250. Arghira nos llevó ante un notario público, en cuya presencia Vladimir firmó un documento. Pero a pesar de tan prometedor comienzo, Arghira nos fue pidiendo más dinero en cada etapa, demostrando ser en realidad poco fiable.
Finalmente tuvimos suerte con un hombre de mediana edad, que dijo llamarse Ion. Ion prometió conseguirnos los documentos necesarios a razón de 70 euros cada uno. A finales de febrero de 2012 nos había procurado los certificados de nacimiento y matrimonio de Ostap y Svetlana, directos de los archivos estatales moldavos, y que confirmaban que los ancestros de Vladimir “habían sido ciudadanos rumanos”. Poco después, Ion nos consiguió también los certificados emitidos por la policía en Rumanía y Moldavia que probaban la ausencia de antecedentes penales de Vladimir.
Como ratificó el funcionario de Bucarest, Vladimir se encontraba en ese momento a un paso de poder prestar juramento como ciudadano. Llegados a este punto, decidimos interrumpir el proceso.
“Huéspedes” fantasma
De haber continuado adelante, Vladimir hubiera estado entonces en posición de solicitar el carnet de identidad, objetivo último del proceso.
Los nuevos ciudadanos de Moldavia prefieren el carnet de identidad al pasaporte porque se presta a controles menos estrictos en las fronteras de la UE, a la vez que ofrece los mismos privilegios de acceso. En ciertas fronteras se sigue mirando con cierta suspicacia a los ciudadanos rumanos de fecha reciente, y el carnet de identidad, a diferencia del pasaporte, no indica cuándo se obtuvo la nacionalidad.
Para poder optar a un carnet de identidad, un ciudadano debe demostrar que ha residido en Rumanía durante un período mínimo de tiempo. También en este caso existe una red de intermediarios ilícitos dispuestos a ayudar, consiguiendo pruebas de residencia.
En la sección de clasificados de un periódico de Iasi, una gran población situada en el este de Rumanía, se encuentran anuncios que buscan a nacionales dispuestos a alojar a moldavos que están tramitando el carnet de identidad. En uno de ellos se ofrecen 40 euros por invitado para cualquiera que pueda acoger hasta a 20 personas durante un breve período. En realidad, se paga al anfitrión por decir que los “visitantes residen en una propiedad particular”. En el anuncio se especifica únicamente la necesidad de que cualquier interesado comunique quiénes son sus huéspedes a la comisaría.
No resulta difícil encontrar pruebas ulteriores de que los intermediarios están ayudando a los solicitantes a falsificar sus papeles de residencia. Diversas páginas web contenían una fotografía del mismo carnet de identidad rumano, como ejemplo del producto final. A pesar de que los detalles esenciales aparecían deliberadamente difuminados, era posible identificar el nombre del titular del carnet y su lugar de nacimiento, una ciudad moldava. La dirección que figuraba correspondía a un pequeño apartamento en un barrio pobre de Bucarest. Nadie contestó a la puerta cuando llamamos. Sin embargo, una búsqueda a través de internet reveló que era la misma dirección que habían utilizado diferentes moldavos con ciudadanía rumana, así como diversas empresas rumanas y chinas.
A pesar de que no sea ilegal que varios solicitantes de ciudadanía declaren el mismo domicilio, algunos funcionarios rumanos han intentado tomar medidas al respecto, aunque sin éxito.
Victor Gindac, director de la Oficina de Inmigración, declaró que en 2009 había empezado a recibir denuncias de particulares víctimas de fraudes por parte de abogados y corredores involucrados en el negocio de obtención de la residencia por procedimientos ilegales. Adujo también que sus empleados habían recibido amenazas tras intentar desenmascarar a grupos de abogados de Bucarest implicados en este proceso de falsificación de pruebas.
La Autoridad Nacional de Ciudadanía ha intentado advertir a los solicitantes en contra de estos corredores y abogados que actúan extraoficialmente. Sin embargo, tales consejos, aparecidos en la página web de la ANC, provocaron airadas quejas por parte de abogados de Bucarest. Como resultado, se modificó el aviso, excluyendo a estos últimos de la categoría de intermediarios.
Migrantes legalizados
En marzo de 2012, Rumanía puso en práctica una serie de medidas severas contra el fraude de la ciudadanía. Se detuvo a decenas de personas, y se incautaron miles de euros en una serie de redadas. Entre los detenidos a espera de juicio hay trabajadores de la NCA así como corredores de nacionalidad moldava y rumana. Según Gherman, el fiscal de Bucarest, formaban parte de una red responsable de la presentación de unas 1.000 solicitudes de ciudadanía. Documentos judiciales indicaban que un grupo de investigadores estadounidenses colaboró en la detección de las transacciones financieras de la red ilegal.
Según algunos funcionarios moldavos, durante la intervención de la administración rumana en marzo de 2012, se procedió a realizar diversas detenciones en Moldavia. Anastasia Mihalceanu, portavoz de la agencia anticorrupción de Chisinau, dijo que se había interrogado a unas 80 personas sobre el fraude de la ciudadanía, todos ellos corredores o personas a su servicio. “Aquí en Moldavia no había ningún funcionario implicado”, declaró.
Por su parte, fiscales y funcionarios anticorrupción de Moldavia sostienen haber realizado detenciones a lo largo de 2012. De las nueve personas interrogadas a este respecto desde enero, algunas han resultado ser funcionarios estatales o abogados. Tan solo dos de los nueve casos han llegado a juicio, hasta ahora. No ha habido ninguna condena.
Nuestra investigación muestra que el mercado negro ha seguido medrando a pesar de las detenciones practicadas a ambos lados de la frontera. Los certificados de nacimiento y matrimonio de Ostap y Svetalana se consiguieron apenas unas semanas después de la campaña de marzo. Y a pesar de que Mihalceanu afirma que no había ningún funcionario entre los 80 detenidos en la redada llevada a cabo en Moldavia, nuestras conclusiones apuntan a una complicidad por su parte en esta trama. ¿Cómo, si no, podría el archivo estatal de Chisinau generar certificados de apariencia legal a nombre de personas ficticias?
En el mejor de los casos, la campaña de marzo habría conseguido ralentizar temporalmente el negocio de las ciudadanías ilegales. En abril conocimos a un hombre ante la Dirección de Pasaportes en Bucarest. Su corredora rumana, una mujer llamada Oxana, debía conseguirle un carnet de identidad, pero las últimas detenciones la habían asustado. “Conocía a alguien con una buena posición, pero ahora quiere desaparecer por un tiempo”, declaró. El hombre, de nombre Andrei, según nos dijo, nos contó que le había costado un año conseguir la ciudadanía rumana a través de los intermediarios, y casi 1.500 euros.
Mientras tanto, en Chisinau, varios moldavos nos dijeron que habían utilizado su nueva nacionalidad para conseguir trabajo en la UE. Todos ellos decían haber emigrado para ayudar a sus familias, víctimas de una pobreza extrema.
Alexandru Covas, empleado en un taller, dijo que mientras trabajaba ilegalmente en Italia temía constantemente ser detenido por la policía italiana, hasta que obtuvo la nacionalidad rumana. “El pasaporte es una salvación, pero no soporto a los rumanos”, dijo. “Son egoístas y traidores”.
Tuvimos ocasión de entrevistar a Veaceslav Mandis durante una visita a su ciudad natal en Moldavia, y nos dijo que no pensaba que se hubiera aprovechado injustamente al procurarse la ciudadanía rumana: “Nadie le preguntó a mi abuelo cuando se la arrebataron en 1945”. Mandis, ex-profesor, actualmente conductor de camiones en Italia, nos dijo que el pasaporte le permitía no violar las leyes.
Liuba Carpineanu, una moldava que ha trabajado en Italia como acompañante de personas mayores, nos contó que el pasaporte rumano le ha permitido evitar a los traficantes de personas. “La primera vez que salí de Moldavia tuve que pagar 4.000 euros a un guía que nos condujo a través de barrizales y bosques”, dijo. “No quiero recordar lo que tuvimos que pasar”.
Cifras polémicas
Mientras las ventajas de obtener la ciudadanía rumana resultan evidentes, el número de sus beneficiarios sigue siendo polémico.
Los esfuerzos por extraer conclusiones sobre este proceso se encuentran con las dificultades derivadas de la ausencia de datos claros y de las discrepancias dramáticas entre las cifras que aportan las diferentes instituciones.
Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Ciudadanía nos comunicó que había aprobado alrededor de 15.000 solicitudes en el período comprendido entre 2007 y 2011. Dijeron haber rechazado unas 1.000, en ese mismo período que, sumado a lo anterior, significa que la ANC habría tramitado unas 16.000 solicitudes en aquel momento, lo que está en abierta contradicción con las cifras oficiales que figuran en el estudio de la Fundación Soros de abril de 2012, según el cual la ANC habría tratado unas 116.000 solicitudes entre 2007 y agosto de 2011. A pesar de que este estudio no cuenta con datos exactos acerca de cuántas ciudadanías fueron efectivamente concedidas, los autores sugieren que la mayoría de las solicitudes del período 2007-2011 se habrían resuelto favorablemente.
La ANC no se pronunció acerca de esta discrepancia, limitándose a afirmar que sus cifras eran correctas. También la Fundación Soros se reafirma en sus datos. El estudio en cuestión fue publicado en presencia de representantes de la ANC.
La ANC insiste en que realiza controles minuciosos de todas las solicitudes de ciudadanía. “Si existe cualquier sospecha acerca de un documento, como pueda ser un certificado de nacimiento o de matrimonio, se realizan verificaciones suplementarias”, dijo la portavoz de la ANC, Gabriela Neagu.
Un corredor experto en la tramitación de la nacionalidad moldava nos ofreció una alternativa: “Denme un ruso de Siberia”, alardeó, “y lo convertiré en ciudadano rumano”.
Adrian Mogos en Bucarest y Vitalie Calugareanu en Chisinau son periodistas. Para elaborar este reportaje, que ha contado con el apoyo del Fondo Europeo para el Periodismo de Investigación, han utilizado información adicional aportada por Vitalie Selaru en Chisinau y Lina Vdovii en Bucarest. La pieza ha sido editada por Neil Arun, de la Red de Periodismo de Investigación de los Balcanes.
Traducción: Susana Lago Ballesteros