El ejercicio de la política en España ha experimentado un proceso de banalización que amenaza con desvirtuar la única herramienta que permite la organización efectiva de las sociedades. En la política actual no se profundiza en los argumentos, se multiplican los eufemismos, los ejemplos absurdos, las burdas comparaciones y los silencios ante los periodistas. ¿Dónde están los intelectuales? No han desaparecido, simplemente carecen del foco suficiente, han sido sustituidos por políticos groseros, tertulianos vociferantes y por esa perversión del periodismo que es la persecución de declaraciones sin contenido. Se fomenta la teatralidad, el espectáculo y la ligereza en el tratamiento de la política dañando gravemente la calidad de la democracia.
Para gran parte de los políticos la acción ciudadana representa un elemento de inestabilidad para el sistema. De esta manera, lo que debería formar parte del mismo pasa a ser percibido como un problema y es atacado desde instituciones y medios de comunicación. Se produce así una criminalización de la disidencia que viene a demostrar la escasa cintura democrática de muchos de los representantes de los ciudadanos. En los últimos años se ha denostado a los líderes sindicales, a los médicos, a los profesores, a los bomberos, a los jueces, a la policía, a los movimientos sociales, a los estudiantes, a los periodistas, a los empresarios y a los parados. Los comentarios ofensivos se han multiplicado dejando una imagen pésima del país. ¿Pero por qué nuestros representantes hacen esto?.
En un país donde casi ningún dirigente asume sus responsabilidades admitir un error parece un gesto de debilidad en el juego político, ¿para qué hacerlo si se puede culpar a otros?. Y así, poco a poco hemos entrado en esta situación que roza lo absurdo, lo gratuito. Una situación donde cualquier político puede acusar a un colectivo o individuo con total impunidad. Por el contrario, no deja de ser curioso cómo la clase política utiliza todos los instrumentos legales para intimidar a periodistas y ciudadanos produciéndose así una perversión del uso de la justicia.
Quienes gestionan los designios del país, como los que lo hicieron con anterioridad, parecen tener a Maquiavelo durmiendo en sus camas. “Un príncipe no tiene que preocuparse de mantener su palabra, simplemente debe ser eficaz”, argumentaba el filósofo. La mala noticia para los españoles es que nuestros gestores ni lo han sido, ni lo son.
Sin abandonar a Maquiavelo, “para un gobernante es mejor ser temido que amado”. ¿Tememos a nuestros gobernantes? La respuesta es negativa, pero eso no significa que no tengamos miedo. El miedo sigue existiendo, simplemente ha cambiado la manera de provocarlo. Miedo al paro, a los recortes, a los decretazos, a los ajustes… En definitiva, muchos nombres para el mismo miedo, miedo a la miseria. Añadir en este punto un escalofriante gráfico de Bloomberg que sitúa a España por delante de Venezuela, Grecia o Portugal en miseria relativa.
Bloomberg utiliza un indicador que consiste en la suma de las tasas de inflación y desempleo.
Democracia y representatividad
La representatividad puede ser claramente cuestionada cuando los dirigentes gobiernan sin tener en cuenta los intereses de la población. La vinculación entre los ciudadanos y sus representantes, una de las bases de la democracia efectiva, se ha deteriorado considerablemente poniendo en peligro la legitimidad del sistema.
Nuestro sistema fue configurado para fomentar la estabilidad y el consenso en el ejercicio del poder, y hay que decir que esa estabilidad se ha obtenido, no hemos sufrido las consecuencias de un sistema excesivamente voluble como en Italia. Pero esa estabilidad se ha tornado en un estancamiento de nuestra democracia debido a que la financiación de los partidos y la desequilibrada ley electoral provocan que no existan posibilidades de renovar la oferta política. No hay competencia, no hay libre mercado en la política española. ¿Por qué el PP o PSOE van a esforzarse sobremanera si son conscientes de que gobernarán cuando el otro deje de hacerlo?.
Algunos datos interesantes sobre las últimas elecciones generales en España:
Si sumamos el voto por otras opciones, el voto en blanco y las abstenciones el 68,2% de los ciudadanos no apoyó al Partido Popular. Es decir, el PP gobierna con mayoría absoluta con tal sólo el apoyo del 31,8% de la ciudadanía.
La cantidad de 792.587 votos que recibieron partidos minoritarios no se ha tenido en cuenta por no obtener escaño.
La abstención ha pasado de 8.416.365 de posibles votantes en 2004 a 9.710.775 en las elecciones de 2011.
La diferencia para obtener un escaño en relación al número de votos es abismal entre las diferentes formaciones. El partido popular necesitó 58.230, PSOE 63.399, IU 152.801 y UpyD 228.048 votos.
Con un sistema basado en circunscripción única el resultado de las elecciones habría sido muy diferente.
El PP pasaría de tener 186 escaños a 160.
El PSOE pasaría de 110 a 103.
CIU de 16 a 15.
IU de 11 a 25.
Amaiur de 7 a 5.
UpyD de 5 a 17.
PNV se quedaría con 5.
ERC de 4 a 5.
Además, con esta otra modalidad habrían entrado en el Congreso dos partidos que se quedaron fuera pese a sumar 317.323 votos, EQUO (tendría 3) y PACMA (obtendría 1).
Nuestro sistema electoral premia la estabilidad pero impide cualquier opción real de renovación política.
Los partidos
¿Nos gobiernan los mejores? A menudo hemos caído en el error de considerar que elegimos a los representantes más preparados, pero en las últimas legislaturas hemos podido comprobar lo equivocados que estábamos. En los grandes partidos políticos se premian las alianzas, las familias y no el talento. No son los mejores, y lo que es mucho más grave, no se preocupan por serlo.
La crisis nos ha demostrado que existe una enorme distancia entre el poder efectivo de un gobierno nacional y su capacidad real de actuación. Los ciudadanos hemos asistido a la incapacidad evidente de sucesivos gobiernos para imponerse ante los poderes económicos. Esto contribuye aún más a incrementar la desafección ciudadana hacia la clase política y su falta de sinceridad en los discursos y acciones que realizan.
Los principales partidos políticos se han convertido en estructuras cerradas a los ciudadanos, por mucho que maquillen esta realidad participando en las redes sociales. No existe la suficiente permeabilidad en sus estamentos. Es más, parece no interesar que esto sea así, pues han derivado en enormes empresas de colocación de familiares y allegados en puestos de escasa relevancia y relevantes salarios. Pero no debemos engañarnos, la democracia necesita la existencia de partidos políticos que articulen la voluntad popular. El problema es que en la actualidad estos parecen un fin cuando sólo deberían ser un medio para el funcionamiento de la misma. La renovación no llega, ni se la espera, dejando al sistema democrático gravemente herido.
Democracia y corrupción
En España siempre hemos tenido serias sospechas sobre la elevada corrupción existente entre nuestros representantes, pero lo que más inquieta a los ciudadanos es la falta de asunción de responsabilidades por parte de éstos. Como todos intuíamos, la mayor parte de la corrupción política tiene su origen en los contratos que realizan las administraciones públicas con empresas privadas. Sin embargo, en este país un ciudadano no puede acceder de manera rápida y eficaz a los datos de estos contratos. Cómo responder entonces a la pregunta: ¿qué se hace con el dinero de todos?
Ante la incredulidad que supone para los ciudadanos este hecho, el Gobierno lleva siete meses intentando negociar una futura Ley de Transparencia que ya nacerá lastrada con numerosas restricciones sobre la definición de “información pública”. No se podrá acceder a informaciones que afecten a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. Tampoco a las informaciones que afecten a “los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente y los derechos e intereses de terceros”. ¿Dónde termina la necesidad de proteger la información sensible para un país y empieza el encubrimiento de datos al ciudadano? Es una línea difícil de definir y el Gobierno no parece mojarse, opta por una Ley de Transparencia de cartón piedra, opta por poner barreras al acceso a la información pública.
Vivir en el presente
La crisis y sus consecuencias parecen habernos despertado de un sueño donde todo parecía ser perfecto sin llegar realmente a serlo. Poco a poco hemos sido moldeados para ser consumidores y no ciudadanos, cada vez más dependientes, cada vez más desorientados.
Ante la ausencia de alternativas reales y la pérdida de la fe en el sistema los españoles nos hemos instalado en el presentismo. Salvo generosas excepciones (15M, PAH, DRY), no estamos realizando los esfuerzos necesarios para construir un futuro. Luchamos por mantener lo poco que nos va quedando en lugar de hacerlo por construir un porvenir diferente. La Historia nos revela que cuando se resiste, cuando se está entre la espada y la pared, apretar los dientes y aguantar no es suficiente.
Este fervor y dependencia por el presente también ha calado entre nuestros representantes. La política del parche, la foto y la frase ha contribuido al deterioro del país. El político ha pasado a ser un comercial, un constructor de eslóganes ridículos, un vendedor de humo. Y así han pasado décadas con responsables gobernando sin programa, a golpe de encuesta, sin transparencia, sin planificación, sin proyectos a largo plazo y sin la suficiente vigilancia de periodistas y ciudadanos. Y mientras todo esto sucedía, nosotros sumidos en el sueño del bienestar lo hemos permitido confiando demasiado en una democracia deficitaria y en unos políticos defectuosos.
Muchas incógnitas se vierten sobre nuestra país, pero todos sabemos de la existencia de una certeza: la imperiosa necesidad de renovar nuestra sistema democrático.
