Huida del infierno en Guatemala. Habla una superviviente del comercio de mujeres

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La promesa de una mejor vida atrae a las víctimas que, engañadas, caen en una nueva forma de esclavitud. Una de las principales rutas empieza en la zona fronteriza nicaragüense de Chinandega y termina en Guatemala

 

El día que Lucía salió de la casa en la que había vivido por años caminó durante largo rato por las calles de un país que no conocía. Era de noche, su cuerpo entero le temblaba y su corazón latía violentamente de susto, de alegría y de vergüenza. Ella caminaba desnuda.

 

La incertidumbre reinaba en su cabeza, pero había una sola cosa de la que esta mujer estaba completamente segura. Debía caminar rápido, correr si era necesario, desaparecer lo antes posible y buscar –por todos los medios– una manera de regresar a su país de origen: Nicaragua.

 

Si esta huida fuese la escena de una película, estaríamos justo en el punto culminante de la trama. Sentiríamos alivio porque nuestra protagonista logró salir del prostíbulo en el que había estado atrapada durante años, un lugar en donde la obligaban a tener sexo con desconocidos, a cubrir su cuerpo sólo con un brassier y una tanga –su traje para el show nocturno– y a no recibir un céntimo por un trabajo que ella no había aceptado hacer.

 

Pero mientras Lucía caminaba a pasos agigantados por aquella calle oscura de la ciudad de Guatemala, sintiéndose medianamente libre, no sabía si en realidad lograría regresar a su ciudad natal o si ese sería el fin de un terrible episodio de su vida. Tampoco tenía tiempo de meditar si, a su regreso, podría deshacerse de sus fantasmas y si recuperaría la libertad que había ansiado tanto y por la que le rogó todos los días, desesperadamente, a su dios.

 

Hoy día, estando fuera de aquel país del Norte, la protagonista de nuestra historia ha accedido a hablar por primera vez con un medio de comunicación. Su trauma es tal que sólo recuerda haber sido trasladada un día cualquiera de 2007, pero su mente no tiene datos de la fecha de su retorno. Lo que sí recuerda, una y otra vez, es la razón por la que aceptó irse: necesitaba dinero para comprar las medicinas de su madre, quien –en aquel entonces– padecía de cáncer.

 

 

El típico engaño

 

Cuando todavía no había sido engañada por sus tratantes, Lucía solía viajar hasta el puesto fronterizo de El Guasaule, en el departamento de Chinandega, al oeste de Nicaragua, para vender ropa a nacionales y extranjeros que entraban y salían de suelo nicaragüense. En una ocasión, una pareja que frecuentaba la zona se le acercó para preguntarle sobre su mercadería. De plática en plática, se ganaron su confianza.

 

Aquel hombre y aquella mujer llevaban gafas de sol y viajaban en una camioneta. En medio de sus conversaciones, uno de ellos le planteó un cuestionario simple. Averiguaron que, en algunas ocasiones, su futura víctima recogía sólo 200 córdobas por día (poco más de seis euros) y, en otras, absolutamente nada. También quisieron saber si le gustaría trabajar en otro país y ella, esperanzada, dijo que sí. Sabiendo esto, le ofrecieron la oportunidad de vivir en Guatemala. Ella no supo qué contestar y, ante su inseguridad, la pareja optó por aparentar tranquilidad.

 

—Vamos a estar viniendo por si quiere irse a trabajar con nosotros –le dijo el hombre.

—Pero, ¿en qué clase de trabajo? –le preguntó.

—Nosotros tenemos un negocio, también vendemos ropa. Aquí la llevamos, incluso.  

 

La pareja jamás enseñó dichas prendas, pero sí hubo un detalle –mencionado en posteriores ocasiones– que tentó demasiado a la vendedora: le ofrecían 500 dólares mensuales por su trabajo. También le dijeron que, allá en Guatemala, se ganaba bien y que la vida era fácil.

 

Mentían.

 

 

Millones de víctimas, millones de dólares

 

La historia de Lucía no es parte de estadística alguna. Ella nunca pudo poner una denuncia formal porque –hasta la fecha– no sabe el nombre de los que la engañaron, ni cómo lucen en realidad, ni siquiera recuerda el camino que la condujo hacia Guatemala. El día que emprendió su viaje la pareja quiso calmar la sed de su víctima con una amarga bebida cuyo efecto la adormeció durante todo el trayecto. Para ella, la travesía se dio en un abrir y cerrar de ojos.

 

Este mismo patrón podría repetirse para la mayoría de las víctimas que forman parte del sub registro que, hasta ahora, no han logrado descifrar los gobiernos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema. Al menos en Nicaragua, éste no puede ser precisado. Lo que sí se sabe es que la trata de personas es un negocio tan lucrativo que cuando en nuestro país apenas iniciaban las investigaciones al respecto, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) informaba que el valor de ese mercado era de unos 32.000 millones de dólares. Eso apenas en 2005.

 

Siete años después, el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que este negocio afecta a unos 27 millones de individuos a escala mundial. Para hablar de cifras regionales, es conveniente consultar el estudio Violencia y trata de personas en Centroamérica: oportunidades de intervención regional, publicado este año por Save the Children y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). En él se afirma que, en un lapso de siete años, se han registrado 1.040 casos de trata de personas en el istmo. 

 

Elvira Cuadra –una de las coordinadoras del estudio- explicó que para analizar estos datos es necesario saber que puede haber varias víctimas por un sólo caso reportado. El informe detalla que en Nicaragua se registraron 128 víctimas relacionadas a la trata de personas sólo entre 2004 y 2011.

 

 

El trauma después de la tragedia

 

Cada vez que hace un recuento de lo sucedido, Lucía rompe en llanto y se le entrecorta la voz. “Esto es muy difícil”, dice entre sollozos. Sobre sus manos, cuyos dedos han sido decorados con anillos de plata, caen lágrimas que ella retira con una toalla blanca. Es lo único que físicamente puede limpiar. Espiritualmente, se siente sucia.

 

Incluso cuando no llora la voz se le vuelve casi imperceptible. Lucía habla bajito, con miedo. Vive paranoica, convive con el temor de toparse nuevamente con aquella gente que la engañó. Los años vividos en Guatemala fueron una tortura. Los que la explotaban le quemaban la piel con cigarrillos si no aceptaba tener sexo con sus clientes o con el dueño del burdel. En una ocasión, se enteró de que una niña de 13 años había intentado escapar. La mataron sin piedad.

 

Estas y otras situaciones sádicas vividas han hecho que esta mujer desconfíe de todos. Cuando camina por las calles o cuando se encuentra sola en casa, Lucía escucha la voz del jefe de aquel prostíbulo a quien nunca pudo verle la cara. Siempre que tenía contacto con ella, él usaba gafas de sol o algún tipo de protección. Sin embargo, lo que éste jamás pudo esconder fue su voz. Podría reconocerla entre miles, sin dudarlo, alega.  

 

En el prostíbulo en el que Lucía estuvo presa también residían muchas más mujeres. Ella calcula que eran más de 30 y asegura que, de todas ellas, la mayoría eran menores de edad. Para que éstas no escaparan, sus dueños las mantenían drogadas y, a ser posible, desnudas. Pensaban que la vergüenza de salir a la calle sin trapo alguno sería más fuerte que su determinación. No fue el caso de Lucía. 

 

 

Robar, mentir, esconderse

 

El día que escapó, el hombre que se suponía debía cuidar a las mujeres del burdel se distrajo por atender a otra compañera que fingía estar enferma. Ambas habían maquinado la estrategia que llevó a Lucía a obtener su relativa libertad. Después de caminar un largo trecho en medio de la oscuridad, llegó a un rancho en donde una señora guatemalteca le preguntó, sorprendida, qué le había ocurrido. “Le dije que me habían robado todo. No quería contarle mi historia porque pensé que podría delatarme”, dice.

 

En un descuido, Lucía le robó 100 quetzales (nueve euros y medio) que tenía en una mesa y cogió una sábana con la que pudo cubrir su cuerpo. Luego, emprendió nuevamente su camino. Después de mentir para que algún buen samaritano le regalase dinero, de acostarse con un camionero a cambio de que la ayudase a cruzar la frontera entre Guatemala y El Salvador y de pasar por un punto ciego entre la frontera entre Honduras y Nicaragua, Lucía finalmente regresó a su país. Allí se encontró con una madre convaleciente que nunca supo lo que realmente le había pasado a su hija.

 

Robar, mentir, esconderse. Llorar sin consuelo, ver morir a su madre, cambiarse el nombre, dejarlo todo, mudarse de ciudad, conseguir un nuevo trabajo, tratar de volver a confiar. En medio de todo este proceso, Lucía todavía se siente culpable por todo lo que hizo durante su traumático pasado reciente. No puede dejar de pensar en que engañó a una guatemalteca que le quiso ayudar la noche en la que se escapó. Tampoco se perdona a sí misma por haber caído en el engaño de aquella pareja. Ha querido continuar con su vida, pero sus fantasmas aún la persiguen. 

 

 

Un delito camaleónico

 

La protagonista de esta primera historia fue víctima de la modalidad de trata que más se conoce y de la que se tienen más estadísticas. Sin embargo, existen otros tres tipos de trata de los que se habla muy poco, que son aquellos con fines de explotación laboral, esclavitud y mendicidad.

 

Las condiciones de pobreza en las que viven muchas familias nicaragüenses empujan a mujeres y hombres a migrar a otros países o a ciudades dentro del territorio nacional. Mientras lo hacen, pueden caer fácilmente en las redes de tratantes, cuyos integrantes les prometen una mejor vida, un mejor salario.

 

“Eso no quiere decir que todos los coyotes son tratantes o narcotraficantes. Históricamente, ellos han ayudado a cruzar gente, pero si no los conoces y estás fuera del territorio, los riesgos son muchos”, indica Marta Cranshaw, representante de Nica Migrantes, una organización sin fines de lucro que pretende dar visibilidad a los migrantes como actores sociales.

 

La presencia de camiones que ofrecen trabajo en otras ciudades o países son un buen mecanismo para atraer a potenciales víctimas. Cranshaw explica que aunque esto ocurre en todas las fronteras las condiciones en las que estas personas son trasladadas despierta la duda sobre cuáles de estos viajes son realmente supervisados por los puestos migratorios o por el Ministerio del Trabajo. “Estas salidas deberían tener un sistema más claro de regulación”, afirma.

 

La situación es compleja. Al consultar los estudios de organizaciones locales, se refleja que el mayor obstáculo de las instituciones gubernamentales es la falta de recursos. Al menos para Cranshaw, el Ministerio del Trabajo es de los más pequeños que posee el país y las unidades migratorias no se quedan atrás. Si a esto se le suma la crisis financiera en la que viven la mayoría de las familias nicaragüenses se ve que este problema es un asunto de dos vías.

 

“La desinformación, la falta de conciencia y la crisis económica son una combinación muy mala que sirve como justificación para la entrega de menores (…) La contratación fantasiosa (salarios maravillosos) conlleva no sólo al método de salida, sino al proceso de diligencia de documentos a cargo de completos desconocidos, esto produce que las víctimas se sientan comprometidas con los tratantes”, informa. 

 

En gran medida, los casos de trata con fines de mendicidad y esclavitud son poco conocidos en Nicaragua. Asimismo, existe una delgada línea entre la tipificación de un delito y otro, lo que hace que tanto las autoridades como los ciudadanos afronten dificultades a la hora de hacer frente a los criminales. 

 

Rosamaría Sánchez, del Convenio Violencia y Trata para Centroamérica, comenta que la mayor razón para que esto ocurra es que todavía no se logra identificar claramente en qué consisten estos delitos. “No se reconocen y, por lo tanto, la persona ni siquiera se da cuenta de que existen y que están siendo víctimas de trata”, afirma.

 

 

Tratantes: desconocidos, amigos o parientes

 

Sentada en una silla de plástico que ha acomodado en el patio desnudo que rodea su casa, Gabriela cuenta que la primera vez que fue víctima de trata se la llevaron a alta mar, a unos 35 kilómetros de la costa de Poneloya, una playa del departamento de León, ubicado en el Occidente del país. Allí, tomó una lancha que la llevó a su destino: un barco pesquero en donde supuestamente trabajaría de cocinera. 

 

Tenía 19 años, acababa de dar a luz a su primer hijo y necesitaba encontrar un trabajo. Su hermana mayor le había hablado de ese puesto, pero había mentido. Después de haberse desmayado en el trayecto, Gabriela alcanzó el punto en donde estaba el barco. En él conoció por primera vez al capitán de la embarcación y a su tripulación.

 

Todos los hombres que ella vio ese día caminaban desnudos por los pasillos de aquel barco. Y todos, absolutamente todos, estaban contentos de que les hubiesen llevado “carne fresca”. Ella lloraba porque había dejado atrás a su hijo, se sentía débil y tenía miedo de los tripulantes. Su hermana, pareja del capitán, la ignoraba. 

 

El jefe y la entonces joven entablaron conversación:

 

—¿Qué te dijo tu hermana cuando te ofreció el trabajo? –le preguntó el capitán.

—Me dijo que venía a sacarle la tripa a los pescados y a cocinar.

—Vos nunca has andado ofreciendo tu cuerpo, ¿verdad? No se te echa de ver –le dijo el hombre, extrañado.

—No, jamás –respondió.

—Estas mujeres vienen a vender su cuerpo, sí –le explicó.

 

Afortunadamente, el capitán del barco dio la orden de que nadie tocara a aquella joven. Gracias a eso, Gabriela pudo regresar a su casa sana y salva. Le contó a su madre lo sucedido y ésta tuvo una fuerte discusión con su hermana, pero era un caso perdido. Su pariente era drogadicta y no sentía ninguna responsabilidad sobre su vida o la de su hermana.

 

Años después, Gabriela conoció a una nicaragüense que le ofrecía a su hermana menor un trabajo en la ciudad de Guatemala. Como la muchacha no tenía cédula de identidad, la hermana mayor quiso irse primero. Se suponía que trabajaría en una maquila, pero cuando llegó allá se dio cuenta de que la habían engañado y que tendría que vender su cuerpo en un prostíbulo.

 

El carácter rebelde de esta mujer recia, de cara seria y brazos definidos, fue un tremendo obstáculo para sus explotadores. La mayoría de las veces se negaba a hacer lo que le decían, tenía muchas discusiones con sus jefes y pasaba hambre todos los días. Después de tres meses, Gabriela había entablado una amistad con un guarda de seguridad que se había enamorado de ella. Juntos, diseñaron un plan para que ella y otra mujer escaparan.

 

Ambas mujeres lograron salir de aquel burdel a las diez de la mañana de un día cualquiera. Emprendieron su travesía en dirección a El Salvador, pero justo cuando empezaban a sentir que la suerte estaba de su lado, se toparon con unos oficiales de migración a quienes les contaron su historia. Estos les aseguraron que si ponían la denuncia en la central de la policía, careciendo de documentos, nadie las iba a proteger.

 

Para dejarlas pasar a Honduras, los oficiales les hicieron una propuesta que violaba toda norma profesional. Les ofrecieron sexo a cambio de guiarlas para que pudiesen pasar sin problemas a territorio hondureño. La desesperación de ambas era tal que terminaron accediendo. Fue así como lograron avanzar hacia el Sur.

 

 

Complicidad de funcionarios

 

El caso de Gabriela y su compañera de viaje no resulta extraño para las organizaciones locales que trabajan sobre la trata de personas. Aunque se supone que los oficiales de migración y la policía nacional se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, en muchas ocasiones resultan ser ellos los protagonistas de este tipo de acciones.

 

Un estudio realizado por el Movimiento de Mujeres de Chinandega, que agrupa experiencias de ONGs como la Asociación Mary Barreda, Asociación Proyecto Miriam-Estelí, Asociación Amistad, y las propias declaraciones del director de la Casa de la Mujer Corinteña, denuncian la complicidad de trabajadores de instituciones gubernamentales en delitos de trata de personas.

 

En parte, este es un comportamiento delicado que refleja la percepción de la sociedad civil con respecto a las instituciones estatales. “Este es el país de las maravillas. ¿Cuántas chavalas pasan las fronteras con cédulas de identidad alterándoles la edad? ¿Dónde consiguen esas cédulas? Esa es parte de la corrupción que se da en este país, tampoco lo podemos negar, es real”, denuncia María Castillo, directora del Movimiento de Mujeres de Chinandega. 

 

El director de la Casa de la Mujer Corinteña tiene este mismo concepto de la Policía Nacional y de los oficiales de migración. Daniel Rivera afirma que han tenido casos en los que el delito de trata de personas se ha comprobado mediante fotos y testigos, pero alega que las instituciones hacen caso omiso del asunto. “Por eso cuando hacemos los talleres siempre invitamos a la policía y yo siempre trato de tirarles (criticarlos)”, asegura el director.

 

De igual manera, la experiencia relatada por las organizaciones no gubernamentales mencionadas indica que se conocen casos de oficiales de alto rango involucrados en acciones de explotación sexual comercial, pero que los mismos quedan impunes por falta de pruebas necesarias para establecer demandas formales. “Todas estas situaciones generan temor a la denuncia pública”, explican en el informe que contó con el apoyo técnico y financiero de UNICEF y la cooperación italiana.

 

 

“El gobierno no permite este tipo de violaciones”

 

Para contrastar las acusaciones de ONGs locales no hay más que escuchar la versión del gobierno. Andrés Somarriba, delegado de Migración y Extranjería para el departamento de Chinandega y presidente de la Mesa Departamental contra la Trata de Personas, asegura que la Policía Nacional ha demostrado que la labor de sus trabajadores es eficiente y que las personas que llevan este tipo de casos han sido instruidas para ello.

 

“Lógicamente hay un efecto para el funcionario que permite todo esto. Este gobierno no permite que se den ese tipo de abusos (…) Si un comisionado va a retirarse por abuso pues se retira, pero no se va a permitir esto porque se debe garantizar la efectividad del sistema, la seguridad, la honestidad”, dice con orgullo Somarriba.

 

Esther García, jefa del Departamento de Trata de Personas de la Comisaría de la Mujer en Managua, tiene este mismo discurso. La comisionada asegura que, en la consultoría que hizo la Procuraduría de Derechos Humanos, la institución aparece con la mayor cantidad de personal capacitado (un 85%). “Las capacitaciones se dan de arriba a abajo, el que cae sabe que se le va a dar de baja”, expresa.

 

Aunque los porcentajes de capacitación pueden ser altos, miembros de la sociedad civil piensan que no existe suficiente interés o disposición para resolver el problema de la trata de personas. Más allá de eso, un punto medular que menciona un informe de UNICEF explica que, siendo los hombres los que fungen como operadores de justicia, estos juzgan desde su propia perspectiva de hombres, con toda la interiorización del legado patriarcal y no como profesionales del derecho y administradores de justicia. “Se identifican con los explotadores como sus pares”, concluyen.

 

 

Los hombres también son víctimas

 

El 2% de hombres que de acuerdo a la Policía Nacional resultan víctimas de las redes de tratantes en Nicaragua también tienen una historia. Martha Cranshaw, especialista en el tema de la migración,  indica que muchos de estos casos están generalmente vinculados a la prostitución masculina.

 

Según explica Cranshaw, el contexto social de Nicaragua, caracterizado por la homofobia, hace que tome mucho más tiempo saber si los casos de hombres desaparecidos que llegan a la organización tienen una preferencia sexual distinta a la normalmente aceptada. “Lleva un tiempo identificar si la persona ya estaba vinculada a la prostitución antes de irse a otro país. Debemos saber si el desaparecido está allí por decisión personal o porque ha sido captado, informa.

 

La familia es el principal elemento que ayuda a esclarecer este asunto. Si no se aclara que el desaparecido es homosexual en la primera reunión, generalmente se confirman las sospechas al mes de tratarse el caso. Una vez que se tiene esta información, las organizaciones pueden acudir a entidades gais que les ayudan a diseñan estrategias de búsqueda. 

 

“Hemos aprendido que, en muchos casos, los gais y transexuales que salen de Nicaragua lo hacen ocultándole sus preferencias a las familias. Están en búsqueda de un mundo teóricamente más abierto, donde nadie los conozca y puedan ser aceptados”, detalla Cranshaw.

 

 

El primer albergue de la Policía Nacional

 

Desde el primer semestre de 2011, la Policía Nacional, a través de la Comisaría de la Mujer, maneja un albergue que atiende a víctimas de trata de personas. La comisionada Esther García explica que, en lo que va de este año, se han atendido a 19. La mayoría de ellas están relacionadas a casos de trata interna, es decir, que éstas fueron trasladadas de una ciudad nicaragüense a otra para ser explotadas.

 

García dice que en el albergue se brinda atención psicológica y legal a las víctimas. “Hay una jefa de sección, una psicóloga y una trabajadora social que se encargan de llevar los casos. Además, ayudan en el proceso de reinserción económica y social de las personas que viven temporalmente en el albergue”, asegura.

 

La comisionada expresa que el rango de edades de las víctimas que han pasado por allí es muy variado. Ha habido desde niños y adolescentes hasta adultos de 57 años. Las mismas provienen de Managua, Bluefields, Chinandega, Somoto, El Cuá, Guapí, Ticuantepe o Rivas.

 

El proyecto que desarrollan organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones estatales todavía tiene algunas debilidades que deben superarse. Philippe Barragne-Bigot, representante de UNICEF en Nicaragua, afirma se necesita mejorar la parte la supervisión de casos a nivel regional. “Todavía existen sistemas que no tienen coherencia, con indicadores distintos. Esto no facilita una correcta divulgación de los datos”, explica.

 

Por su parte, Rosamaría Sánchez, del Convenio Trata y Violencia para Centroamérica, concluye que necesitan dedicarse esfuerzos para que se trabaje mucho más en el tema de atención a las víctimas de trata. “Yo creo que hay una debilidad de todas las instituciones del istmo en cuanto a los sistemas de protección. Tiene que hacerse de una manera más local”, afirma.

 

 

“No hay quien pueda ayudarme”

 

Actualmente, Lucía trabaja como costurera en un lugar en donde nadie sabe nada de su pasado. También se dedica a dar charlas de prevención para que otras mujeres, sean adolescentes, jóvenes o adultas, sepan qué es la trata de personas. Ella explica que aún no se ha atrevido a contar su historia a quienes generalmente la escuchan en las escuelas. No se siente lista y tampoco cree que alguien la pueda ayudar.

 

Gabriela se siente libre. Vive con su esposo y sus hijos, quienes no tienen idea de lo que le pasó a su madre cuando era más joven. Por el momento, se dedica a vender frituras por las calles que quedan cerca de la comarca en donde vive. Pero la vida está dura, sobre todo porque su esposo padece de una enfermedad crónica que le impide trabajar. Cuando se le pregunta si aceptaría viajar de nuevo a otro país para buscar trabajo ella lo piensa un poco, suspira y responde:

 

—Sinceramente, no.

 

Ambas mujeres están marcadas por un pasado tormentoso. Por la diferencia de carácter, una afronta sus traumas con mayor seguridad que la otra. Mientras tratan de recuperar su vida, es probable que otros millones de personas –mujeres, adolescentes y niños en su mayoría– estén viajando justo en este momento en un bus, microbús o vehículo particular para llegar a un sitio en donde serán explotados. No todos lograrán escapar.

 

 

 

Cinthia Membreño es periodista nicaragüense. En Twitter: @LaMembrete. Este reportaje fue publicado inicialmente en la web nicaragüense Confidencial. Los nombres de las protagonistas de este reportaje fueron cambiados para proteger su identidad

Autor: Cinthia Membreño