Al interior del país, el malestar en la sociedad mexicana carece de consuelo y su horizonte político profundiza la rabia y el desaliento, sobre todo, entre los jóvenes. Las dos primeras causas de mortalidad entre ellos son el homicidio y el suicidio.

El gobierno en México ha decidido enfrentar la crisis de Estado que contempla mediante el pronunciamiento de un plan sobre legalidad y justicia «para fortalecer el Estado de Derecho».

La noticia de la estrategia urgente ha coincidido con el hallazgo de 11 cuerpos de personas ejecutadas, decapitadas y casi calcinadas en un municipio del estado de Guerrero. Ante la presunción de tratarse de un caso vinculado con la delincuencia organizada, la fiscalía federal lo atrajo de inmediato para investigarlo, ya que, al lado de las víctimas, se halló un mensaje:

“Ahí les va su basura ja ja ja… Putos Ardillos chaqueteros de mierda. Atte. La mera riata”. Los Ardillos son uno de los diez grupos criminales que operan en Guerrero, y la firma, “La Mera Riata”, podría aludir al grupo rival La Barredora, cercano al Cártel de Sinaloa/Pacífico asentado en Acapulco.

En un acto solemne en Palacio Nacional, el presidente mexicano efectuó aquel pronunciamiento y afirmó: “todos somos Ayotzinapa”, palabras que sellaron el escepticismo y la desconfianza ante su plan por parte de partidos políticos, iniciativa privada, especialistas y, de acuerdo con sondeos de opinión, la ciudadanía en su mayor parte.

El plan contempla diez medidas y ninguna autocrítica ni enjuiciamiento sobre las inercias negativas del sistema político, donde la explicación del por qué se llegó a la crisis actual se ubica en los gobiernos anteriores y la mejoría concreta en un futuro indefinido. Tampoco hubo alusiones directas sobre un escándalo reciente acerca de corruptelas al más alto nivel. El decálogo propone:

1. Una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales (como si no existieran leyes que ya castigan dichas actividades, por ejemplo, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada);

2. Proyecto de reforma constitucional con el fin de redefinir competencias en materia penal (a pesar de que ya existen definiciones claras sobre dichas competencias, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el problema es de ineficacia e ineficiencia, no de competencia);

3. Eliminación de policías municipales, para dar paso a un sistema obligatorio de policías estatales únicas (se cree que basta con desaparecer las policías municipales para acabar con el riesgo de corrupción e ineptitud  de los servidores públicos, pues nada se plantea acerca de cuáles son las prácticas que beneficiarán el accionar policial fuera de centralizarlas);

4. Número único de telefonía para pedir auxilio en casos de emergencia. Será el 911 mexicano (la exposición de motivos de esta propuesta enfatiza que esto facilitará la respuesta inmediata de las autoridades, que es mala en la actualidad a pesar de disponerse de diversos números telefónicos de emergencia);

5. Clave única de identidad (cuya implantación nadie asegura cómo y por qué  logrará subsanar las fallas de los sistemas de identificación fiscal, policial, poblacional, consular,  profesional o electoral de uso en la actualidad);

6. Operativo inmediato en la región Tierra Caliente, principalmente en Guerrero y Michoacán (de nuevo, un operativo más para “pacificar”, como tantos otros anteriores que, en lugar de llevar paz y seguridad, han polarizado las comunidades rurales de la República mexicana);

7. Reformas adicionales con el propósito de hacer efectivo el acceso a la justicia (la atención a las víctimas en México es una entelequia legislativa y burocrática; más reformas a esto sólo añaden obstáculos funcionales, aparte de que el sistema judicial persiste en prolongar vicios que impiden abatir la impunidad a pesar del cambio del sistema inquisitivo al acusatorio-adversarial en el ámbito penal);

8. Leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; fortalecer protocolos para casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial; creación de sistema de búsqueda de personas no localizadas y uno de información genética (de nuevo, se anuncian más leyes y procedimientos cuando ya existen leyes y procedimientos  suficientes, lo que falta es que funcionen en la práctica);

9. Combate a la corrupción (otra vez se vuelven a anunciar organismos burocrático-políticos que gestionan la pervivencia del problema, no su solución);

10. Portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno federal (ya existe uno, y nada se dice acerca de crear controles eficaces sobre el favoritismo en contratos y licitaciones, tampoco sobre el lastre del cobro de comisiones ilícitas a contratistas, proveedores y hasta empleados gubernamentales).

Mientras tanto, se ha incrementado la presión de Estados Unidos de América sobre México, lo mismo del poder ejecutivo y del senado estadounidense, que del influyente Council on Foreign Relations, que han exigido un endurecimiento al respecto. La prensa extranjera ha reprobado el plan urgente del gobierno.

Al interior del país, el malestar en la sociedad mexicana carece de consuelo y su horizonte político profundiza la rabia y el desaliento, sobre todo, entre los jóvenes. Las dos primeras causas de mortalidad entre ellos son el homicidio y el suicidio.

El gobierno mexicano continúa su desplome en un escenario, interno y externo, muy adverso hacia el 2015 por la caída del precio del petróleo, la fragilidad del peso mexicano, el debilitamiento económico al interior del país, las tensiones derivadas del proceso de elecciones intermedias en el primer semestre del año entrante y el peso geopolítico de Estados Unidos de América. 

Al filo del agua.