Pescadores, piratas y subvenciones

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La empresa gallega Vidal Armadores ha sido considerada como compañía “pirata”. En una entrevista uno de sus dueños afirma que han dejado el negocio de la pesca. Pero las autoridades europeas no están convencidas, según revela una investigación elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

 

Uno de los entramados empresariales más polémicos de la industria pesquera mundial tiene su sede en la localidad gallega de Ribeira. A la empresa familiar Vidal Armadores se la ha vinculado con más de cuarenta casos de supuesta pesca ilegal y se la ha calificado de ser de una armadora “pirata”. Pero en estos momentos, la compañía dice estar cambiando su estrategia comercial.

 

Uno de sus dueños, Antonio Vidal Pego, Toño, de 38 años, afirma que la compañía está a punto de cerrar. Dice dedicarse principalmente a negocios relacionados con las energías renovables y el aceite de pescado.

 

“Como ves, no tengo garfio, ni un loro en el hombro, ni pata de palo”, bromea al inicio de la conversación en un reservado del restaurante Berenguela de Santiago de Compostela. Asegura que ésta es la primera entrevista que se publica con representantes de la empresa.

 

“Pretendemos borrar una historia que no acaba de eliminarse porque siempre hay alguien encargado de reactivarla”, dice. “[Hemos] pasado de ser una sociedad dinámica a nada”.

 

Sin embargo, las autoridades de Bruselas no están convencidas. El pasado mes de marzo, la Comisión Europea volvió a realizar una petición por escrito que se ha hecho habitual en estos últimos años: España debía investigar si Vidal Armadores sigue controlando una flota pirata en la Antártida, dedicada a la pesca de la merluza negra, uno de los pescados más preciados en el mercado estadounidense.

 

El comercio ilegal de pescado es un mercado negro floreciente. Se relaciona con el crimen organizado y con la rápida desaparición de las especies marinas más vulnerables, entre las que se encuentran los grandes depredadores, considerados cruciales para preservar el equilibrio del ecosistema de los océanos.

 

Vidal Pego defiende que tanto él como su padre siempre han pescado conforme a la ley. Pero sus explicaciones no terminan de aclarar los hechos.

 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)

) ha revisado cientos de documentos procedentes de media docena de países, entre sumarios judiciales, informes y correspondencia oficial, que ofrecen una visión distinta. Hablan de una compañía que sistemáticamente se ha servido de jugar con los límites de la legalidad para sortear las leyes internacionales.

 

Bien Vidal Armadores o sus sociedades participadas han sido relacionadas desde 1999 con más de 40 casos de supuesta pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Aunque la mayoría de las acusaciones no se han traducido en sanciones más allá de la inclusión en las llamadas “listas negras” oficiales, la compañía o sus sociedades participadas han acabado en los tribunales en seis ocasiones. El total de las sanciones económicas asciende a casi cuatro millones de euros.

 

Mientras las acusaciones internacionales de pesca ilegal aumentaban, las publicaciones oficiales muestran que desde 1996 las administraciones españolas y de Bruselas han otorgado un mínimo de 8,2 millones de euros en subvenciones a las compañías de la familia.

 

 

La persecución del Viarsa

 

La merluza negra, bacalao de profundidad o róbalo de fondo, es un pescado poco conocido en España, pero alcanza los 40 euros por kilo en las pescaderías de Estados Unidos.

 

A finales de los 90, este lucrativo negocio animó a muchos armadores a aventurarse en las peligrosas y remotas aguas de la Antártida. Entre ellos, un grupo de compañías gallegas que operaban una red transnacional de barcos. La familia Vidal ayudó a otras empresas a abanderar sus buques en Uruguay, un país utilizado habitualmente como base de operaciones de pesqueros ilegales.

 

Fue precisamente uno de sus barcos con bandera uruguaya, el Viarsa 1, el que colocó a Vidal Armadores en el radar de autoridades y fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del planeta.

 

En 2003, una patrullera australiana lo persiguió durante 21 días en alta mar, tras haberlo avistado en la isla de Heard, cerca de la Antártida. Supuestamente estaban pescando ilegalmente. La persecución acabó con el Viarsa en Australia. Dos años y dos juicios más tarde, el juez absolvía a la sociedad propietaria del barco, participada por Vidal Armadores, por falta de pruebas.

 

Para Vidal Pego este caso marcó el inicio de una campaña internacional contra ellos. “Había una presión enorme contra todo aquello que sonara a Vidal Armadores”.

 

Antonio Vidal padre, Tucho, de 59 años, no asistió a la entrevista. Originario de una familia de larga tradición pesquera, empezó a trabajar en la mar desde niño. Mucho antes de que España entrara en la Unión Europea, cuando había pocas leyes que regulaban cuánto o dónde se podía pescar. Lo único que ha dicho a los medios ha sido: “Non quero falar contigo” (No quiero hablar contigo).

 

 

Su hijo Toño es ahora la cara pública de la compañía. Estudió COU (antiguo Curso de Orientación Universitaria) en Estados Unidos, usa una Blackberry y cuida meticulosamente su imagen. Lleva un traje negro, una corbata de cuadros rosas, gemelos de plata y unos impecables zapatos de piel negros. Dice que su temor es ver su nombre perpetuado en Google, cada vez que alguien teclee “pesca ilegal”.

 

 

Con “miedo” a actuar

 

Vidal Pego asegura que quieren pasar página. Sin embargo, Vidal Armadores continúa atrayendo la atención de las autoridades. El pasado mes de febrero, inspectores pesqueros de Nueva Zelanda fotografiaron desde el aire dos barcos registrados en listas negras internacionales por actividades ilegales y que acababan de pescar en aguas ricas en merluza negra al este del Océano Índico.

 

El Xiong Nu Baru y el Sima Qian Baru enarbolaban pabellón de Corea del Norte. Según demuestran documentos de la autoridad regional de pesca, esos dos buques fueron durante años propiedad de empresas participadas por Vidal Armadores, bajo otros nombres y banderas.

 

Las aguas que rodean la Antártida están gestionadas por la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Esta organización regula la pesca y también dicta normas, como prohibir a los barcos autorizados abastecer o realizar trasbordos a pesqueros inscritos en listas negras.

 

Enarbolar un pabellón de países como Corea del Norte, que no forman parte de los acuerdos pesqueros internacionales, deja a las autoridades en una situación de indefensión cuando esos barcos entran en zonas protegidas. Los expertos en pesca ilegal citan una retahíla de causas que permiten a algunos operar con impunidad, como la inmensidad de las aguas por patrullar o la utilización de empresas pantalla.

 

“Tienes que ser muy rápido para pillarles antes de que destruyan las pruebas,” dice Marcel Krouse, un experto surafricano que asistió en la persecución del Viarsa. “Hay muchas lagunas legales en el sistema… ¿Cómo vas a obtener respuesta alguna de Corea del Norte?”

 

Vidal Pego dice que la empresa vendió los dos barcos alrededor de 2006 o 2007. Pero las últimas comunicaciones entre Bruselas y Madrid muestran que las autoridades europeas y neozelandesas aún tienen dudas.

 

Los Vidal se juegan algo más que su reputación. Su última iniciativa empresarial es una fábrica que extraerá ácido graso omega-3 procedente de hígado de pescado. La Xunta de Galicia concedió a la empresa Biomega Nutrición cerca de 4 millones de euros en una subvención cofinanciada con fondos europeos.

 

Pero las ONG y la Comisión Europea no ven con buenos ojos que la empresa reciba ese dinero, aún por pagar. La reciente legislación europea contra la pesca ilegal otorga a los Estados miembros la potestad de prohibir el acceso a ayudas públicas a individuos relacionados con esa actividad ilícita.

 

Ernesto Penas Lado, director de Política Pesquera de la Comisión Europea, indica que está siguiendo el caso de cerca para asegurarse de que la Xunta aplique la ley. Además, explica que las autoridades españolas han tenido “miedo” de actuar contra la empresa, por temor a enzarzarse en largas batallas legales y a que no hubiese pruebas suficientes para ganar el caso.

 

“Esta gente no se para en barras”, señala Penas. “[Dicen:] Oye, ¿a mí por qué no me da usted la subvención? Y van al juzgado”.

 

La Xunta dice que está estudiando el caso y que aún no ha tomado ninguna decisión firme al respecto.

 

 

Los océanos se vacían

 

Se estima que el mercado negro internacional de pescado genera un negocio de entre 7.000 y 17.000 millones de euros, más que el originado por los mercados negros de arte u oro. Las Naciones Unidas describen a estas sofisticadas redes internacionales como crimen organizado.

 

“Traficar en el mercado negro de pescado no conlleva el mismo castigo que cuando se hace con drogas o armas. Nadie mira, porque es simplemente pescado”, cuenta Daniel Schaeffer, jefe de Control Pesquero en la Guardia Costera de Estados Unidos.

 

La pesca ilegal se está convirtiendo en una gran amenaza para las especies marinas de todo el mundo. La ONU estima que el 85% de los recursos pesqueros de los océanos están siendo explotados al límite o por encima de niveles sostenibles.

 

Tras acabar su plato de tallarines con cocochas, Vidal Pego explica que para él estos informes científicos son “una chorrada”. Dice que hay más merluza europea y bacalao que nunca.

 

Originarios de la ciudad portuaria de Ribeira, los Vidal se han ganado el respeto de sus paisanos por crear empleo o patrocinar el club local de taekwondo.

 

“Para mí, han sido auténticos caballeros”, asevera Manuel Torres, patrón de pesca de Ribeira. Y en los casos en los que sus barcos y tripulación fueron capturados, Torres señala que Vidal padre “pagó a los abogados y les sacó de la cárcel”.

 

Luis Pazos, el antiguo socio de Vidal Armadores en Uruguay, está de acuerdo. “Los Vidal son una familia de pescadores. Fueron toda su vida eso”, afirma. “Esos hombres piensan con otro criterio. Si usted les viene con el IUU [siglas de pesca ilegal en inglés], ellos no lo entienden, no les importa. Su objetivo es pescar y maximizar su producción”.

 

El que fue durante décadas director gerente de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Marín, Juan Carlos Martín Fragueiro, tenía entre sus funciones ayudar a sus miembros a solicitar ayudas públicas. Según una intervención realizada en el Congreso de los Diputados y fuentes del ministerio, en aquélla época Martín Fragueiro pidió subvenciones para Vidal Armadores. En 2004, fue nombrado secretario general de Pesca Marítima.

 

En total, los Vidal han conseguido no menos de 8,2 millones de euros en subvenciones desde 1996 para pescar en países como las islas Comoras o Madagascar, o para llevar a cabo una campaña de pesca experimental. Incluso, han recibido dinero público por no salir a faenar.

 

Martín Fragueiro niega cualquier relación con la armadora o haber pedido subvenciones para ésta en el pasado. Se defiende diciendo que él no decidía quién recibía las subvenciones y que algunas, como las campañas experimentales, las otorgaba un comité. “En ningún momento le he dicho al comité de selección cómo había que hacer la selección. Jamás”.

 

El Galaecia es un ejemplo de un barco de Vidal Armadores que recibió subvenciones, incumplió la ley y después volvió a obtener ayudas públicas. El buque fue construido en 2002 gracias a una subvención de un millón y medio de euros. Su caja azul, el GPS del barco, fue manipulada en 2003. Vidal Pego dice que simplemente se rompió y tuvieron que sustituirla. Por ello, el ministerio sancionó en 2004 a la empresa con una multa de 42.000 euros, pero luego le concedió 1,3 millones de euros para pescar cerca de la Antártida. La Comisión Europea investigaba si el barco había blanqueado pescado ilegal cuando se hundió tras un incendio.

 

Para 2005, seis barcos operados por Vidal Armadores se encontraban en listas negras oficiales. Desde entonces, la Comisión Europea ha enviado 16 cartas al hoy Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino solicitando que se investiguen las alegaciones de infracciones contra barcos de los Vidal y se recuperen las subvenciones concedidas. Pero durante años, el ministerio no impuso ninguna sanción a la compañía.

 

Martín Fragueiro afirma que iniciaban investigaciones cada vez que había una comunicación, y después seguían fielmente lo que les decía el departamento jurídico (sin comillas para evitar mezclar estilos directo e indirecto). Vidal Pego asegura que la compañía ha recibido únicamente lo que tenía derecho por ley.

 

 

Orden de arresto internacional

 

Entre las más de 40 alegaciones de pesca ilegal, los Vidal o sus empresas participadas solo han acabado seis veces en los tribunales.

 

El mayor desafío legal al que se han enfrentado ocurrió en Estados Unidos en 2005, cuando un fiscal federal de Miami acusó a Vidal Pego y a una de sus compañías en Uruguay de falsificar documentos para ocultar el origen en una importación de merluza negra ilegal.

 

Interpol emitió una orden de busca y captura contra Vidal Pego, que se presentó ante el tribunal de Florida en 2006. Su compañía uruguaya Fadilur admitió todos los cargos imputados. Vidal Pego solo se declaró culpable de obstrucción a la justicia. El juez le puso en libertad condicional y dictaminó la prohibición de que se dedicara al negocio de la merluza negra por un periodo de cuatro años. Si no cumplía la sentencia, se enfrentaría a 20 años de cárcel.

 

A día de hoy, mientras sale de Santiago de Compostela conduciendo su Porsche, cuenta que se declaró culpable con el fin de agilizar el costoso proceso. Asegura no dedicarse a la pesca desde entonces y recalca que la compañía Vidal Armadores nunca ha sido condenada por pesca ilegal. Eso es técnicamente cierto. Pero la empresa o las sociedades en las que participa han sido sancionadas repetidamente por acciones relacionas con la pesca ilegal, llegando a acumular casi cuatro millones de euros en multas por cinco casos diferentes.

 

En Mayo de 2008 el Paloma V atracó en el puerto de Auckland (Nueva Zelanda), cargado con más de 180 toneladas de merluza negra y tiburón. El patrón proporcionó una declaración escrita asegurando que ni el barco ni la tripulación habían ayudado a ningún buque pirata. Pero los inspectores de pesca Phil Kerr y Dominic Hayden decidieron analizar el caso en profundidad. Una filial de Vidal Armadores era copropietaria del Paloma V y conocían el historial de la empresa.

 

Como parte de la inspección, Kerr y Hayden copiaron los discos duros de los ordenadores de a bordo. Allí encontraron pruebas que para ellos confirmaban las sospechas mantenidas durante años por autoridades de diversos países, desde Estados Unidos a Nueva Zelanda: que Vidal Armadores era un actor principal en una red de barcos piratas que pescaban merluza negra en la Antártida.

 

Los documentos demuestran que barcos registrados en listas negras oficiales trabajaban en colaboración con otros que contaban con licencias legales en países como España, Uruguay o Namibia. Había recibos de pago efectuados por Vidal Armadores para el aprovisionamiento de los buques, fotografías de trasbordos a barcos inscritos en listas negras y múltiples e-mails que detallaban el intercambio de carnada, combustible y tripulación.

 

Las preguntas sobre el Paloma V son lo único que parece enojar visiblemente a Vidal Pego. Para él, toda la historia es “una auténtica aberración”.

 

Los correos electrónicos archivados en los discos duros muestran que la compañía Vidal Armadores dirigía supuestamente una red de barcos. Algunas comunicaciones tenían como emisor o destinatario a mantoniovipe@gmail.com. A pesar de que el nombre completo de Vidal Pego es Manuel Antonio Vidal Pego, él afirma no conocer esa dirección ni tener nada que ver con una red: “[Ni] yo, ni nadie que yo conozca está en ninguna trama”.

 

Documentos registrales también parecerían relacionar a Vidal Pego con el negocio, ya que es uno de los dos administradores de Viarsa Cartera, la compañía matriz de Vidal Armadores.

 

“Lo que Vidal hacía estaba bien organizado, bien estructurado,” apunta Kerr. “Tenía una flota legal que aprovisionaba a la ilícita. Cuando revisamos este material, vimos que estaba más activo que nunca”.

 

Kerr y Hayden mandaron las pruebas a Miami, a sabiendas de que Vidal Pego estaba sujeto a un régimen de libertad condicional que le exigía permanecer alejado de ese tipo de negocios hasta noviembre de 2010. Los inspectores neozelandeses se sorprendieron cuando las autoridades estadounidenses no hicieron nada.

 

“Teníamos la relación por correos electrónicos y conversaciones. Creíamos que era suficiente,” explica Kerr.

 

 

Sin condena

 

Las autoridades neozelandesas decidieron evitar un caso largo y legalmente complejo contra la armadora, y dejaron libre al Paloma V con una simple advertencia legal. El barco fue añadido a una lista negra. Según los informes de inspección, desde su puesta en libertad, el buque ha sido visto pescando en aguas de la Antártida bajo pabellones de Mongolia, Belice y Camboya. La Comisión Europea sospechaba que todavía era propiedad de Vidal Armadores y en abril de 2010 mandó una nueva carta a España en la que se repetía el viejo adagio: “Por favor, investiguen”.

 

Vidal Pego asegura que el Paloma V ya no es de su propiedad. Además, tiene una explicación para cada uno de los otros casos de supuesta pesca ilegal: tuvieron problemas con especies de pescado mal traducidas, les timaron con una licencia de pesca falsa o que un inspector uruguayo erró al rellenar un formulario de importación a Estados Unidos.

 

Sólo admite haber tenido tres barcos con “un problema de estos”, refiriéndose a pesca ilegal o no declarada. Pero después, da un paso más: “Hasta 2005 [se para y piensa], a lo mejor hubo alguna actividad nuestra en la que puede que algún barco con bandera de otro país estuviera pescando en la zona de la CCRVMA”.

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino informó el pasado otoño a las autoridades pesqueras internacionales de que había sancionado a Vidal Armadores por la relación del Paloma V con la pesca ilegal. La sanción de 150.000 euros incluía la suspensión de toda ayuda pública y de las licencias de pesca de la empresa por dos años.

 

Pero los Vidal han recurrido, por lo que la sanción no es firme aún. La compañía ha recurrido además otra multa impuesta por el ministerio por pescar ilegalmente tiburón gata en Namibia. A pesar de las sanciones, Vidal Armadores recibió subvenciones el año pasado para la parada temporal de las pesquerías de la merluza sur y la cigala.

 

La actual secretaria general del Mar, Alicia Villauriz, explicó al ICIJ que la legislación vigente no les permite dejar de otorgar subvenciones salvo que se pruebe que la empresa ha cometido una infracción muy grave. Para la administración española, esta circunstancia no se produjo hasta el caso del Paloma V, once años después de las primeras acusaciones de pesca ilegal contra los Vidal.

 

Villauriz también señaló que el gobierno no puede recuperar subvenciones ya otorgadas. “No tenemos base jurídica para recuperar unas ayudas que en principio han sido bien utilizadas”.

 

Entretanto, otra sentencia espera a los Vidal en Mozambique. En 2008, el gobierno de ese país africano confiscó el barco Antillas Reefer cuando pescaba tiburones protegidos. Las autoridades se apropiaron del buque, hoy convertido en una patrullera, e impusieron una multa equivalente a 3,3 millones de euros. El gobierno español negoció la puesta en libertad de la tripulación, y ahora nadie quiere pagar la sanción. Vidal Pego dice que a ellos no les corresponde abonarla, ya que Vidal Armadores era un socio minoritario de la compañía namibia propietaria del buque.

 

Al ser preguntada por los dos barcos norcoreanos vistos a principios de año pescando ilegalmente, la Comisión Europea afirmó que España está investigando y el proceso lleva su tiempo. El ministerio ni confirma esto ni da detalles, alegando que la ley solo permite el acceso a los expedientes sancionadores a las partes “interesadas en el procedimiento”.

 

En Maputo, la capital mozambiqueña, las autoridades dicen que no van a rendirse tan fácilmente. Manuel Castiano, director de vigilancia pesquera de Mozambique, se muestra firme y recalca que Vidal Armadores o el gobierno español deben pagar la sanción. Asegura estar listo para hacer uso de las leyes y la presión diplomática: “3,3 millones de euros es mucho dinero. Suficiente para hacer funcionar mis patrulleras por un tiempo”.

 

 

 

 

Kate Willson y Mar Cabra son periodistas y pertenecen al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) @ICIJorg (en Twitter). El enlace a la cuenta de Facebook aqui . Nicky Hager (Nueva Zelanda), Marcos García Rey (España) y Fredrik Laurin (Suecia) han colaborado en este reportaje, que fue publicado en España, en una versión notablemente reducida, el pasado domingo, 2 de octubre, en el diario El País. La versión completa en inglés se puede leer aquí . El reportaje es una nueva entrega de la serie Looting the Seas (“Saqueando los mares”), una investigación internacional sobre las fuerzas que están devastando los ecosistemas marinos de todo el mundo.

 

 


Autor: Kate Willson / Mar Cabra