Los milmillonarios no merecen sus gigantescas fortunas. Desde un punto de vista moral, los miembros de la élite ultra-rica no tienen derecho a quedarse con una parte tan grande de sus ganancias como la que el sistema impositivo les permite 

 

Por qué la pornografía es el único verdadero mercado libre

 

En diciembre de 2009, el gobierno laborista elevó hasta el 50% el impuesto sobre las bonificaciones a los banqueros, provocando los rugidos de protesta de la élite bancaria, incluidos los bancos extranjeros que operaban en Reino Unido.

 

El furor crecía y Goldman Sachs, la legendaria firma de Wall Street, informaba discretamente a un importante medio de comunicación británico de que estaba estudiando la posibilidad de trasladar la sede de sus gigantescas operaciones financieras de Londres a Ginebra, una clara señal de que sus altos cargos no estaban dispuestos a someterse al nuevo “superimpuesto”. Lloyd Blankfein, presidente ejecutivo de Goldman, que en 2007 percibió un salario de 73 millones de dólares y que ha acumulado alrededor de 500 millones de dólares en acciones de la empresa, había declarado anteriormente que la crisis de 2008 apenas había deteriorado la percepción que los banqueros tenían de sí mismos y de su lugar en la sociedad. En una entrevista con el Sunday Times en noviembre de 2009, Blankfein había defendido con firmeza a su compañía y a sí mismo, afirmando que él no era más que un banquero que se dedicaba a hacer “el trabajo de Dios” [1].

 

A comienzos de ese año, la subida tributaria que elevó el tipo máximo del impuesto sobre la renta hasta el 50% había provocado una reacción similar entre los miembros de la élite británica, con amenazas de traslado de residencia fuera del país. El empresario teatral sir Andrew Lloyd Webber hizo un llamamiento a la opinión pública para que rechazara lo que calificó como una subida de impuestos sobre los creadores de riqueza:

 

“Lo último que necesitamos es un ataque estilo piratas somalíes contra los pocos creadores de riqueza que todavía se atreven a surcar las procelosas aguas de Gran Bretaña”. Michael Caine, la estrella de cine, se hizo eco de esta indignación y amenazó con abandonar el país si los impuestos al grupo con mayores ingresos subían un solo punto porcentual [2]. En un comprensivo artículo publicado en el Telegraph sobre las quejas fiscales del actor, el periodista Iain Martin señalaba que Caine, hijo de una limpiadora y un mozo del mercado de pescados de Billingsgate, era la encarnación del ascenso social que el gobierno debería estar tratando de fomentar. Lo que necesitamos no son impuestos más altos, afirmaba Martin, sino “quitar de en medio los escombros de la injerencia estatal” [3].

 

En realidad, Martin –como casi todos los críticos de los impuestos altos para los ricos– pasa oportunamente por alto un hecho fundamental: que sin “los escombros de la injerencia estatal” los ricos no tendrían nada.

 

Se trata de una cuestión tan simple como irrefutable, pero que casi siempre se omite: para que haya propietarios de lo que sea –dinero, tierras, joyas, yates– es imprescindible que haya un Estado que cree leyes y las haga cumplir. Este es el punto de partida lógico para cualquier debate serio sobre riqueza y patrimonio y sobre quién tiene derecho a qué.

 

Sin gobierno reinaría el caos y la anarquía, o lo que el filósofo del siglo XVII Thomas Hobbes denominó “la guerra de todos contra todos”. En tales condiciones, la vida no sólo sería difícil y turbulenta –o, en palabras de Hobbes, “desagradable, brutal y breve” –, sino que no habría manera segura de hacer respetar la propiedad. O, como dijo de forma más resumida Jeremy Bentham, otro filósofo inglés: “Suprímanse las leyes y desaparecerá cualquier tipo de propiedad”. En esas condiciones, todos disfrutarían más o menos del mismo bienestar: prácticamente ninguno. En consecuencia, filósofos como Liam Murphy y Thomas Nagel sostienen que es un error “pensar que las diferencias de capacidad, carácter y patrimonio heredado que dan lugar a grandes desigualdades de riqueza en una economía de mercado organizada tendrían el mismo efecto si no hubiera un gobierno que crease y protegiese los derechos legales de propiedad” [4].

 

Viendo lo que significaría la supresión del Estado, ya podemos desechar la idea de que la “injerencia estatal” ha sido muy dura con los ricos. Antes al contrario, ese Estado entrometido ha sido su mejor amigo. Sin él, estarían rebuscando en la maleza como todo el mundo, temiendo que las bandas de saqueadores se lanzaran en cualquier momento sobre el búfalo que acababan de cazar para tratar de alimentar a su prole. Sólo gracias al complejo conjunto de leyes que regulan la propiedad, las sucesiones, los contratos, la actividad bancaria, la Bolsa y el resto de relaciones comerciales –por no hablar de los procesos penales contra quienes quisieran apropiarse del búfalo– pueden los ricos estar seguros de conservar sus posesiones y disfrutar de la vida acomodada que éstas traen consigo.

 

En realidad, el sistema de derechos de propiedad garantizado por el Estado, si bien en teoría beneficia a todo el mundo, ofrece muchas más ventajas a los ricos que al resto de la gente. Como señala el jurista norteamericano Robert Hale, “un propietario, de resultas del conjunto de restricciones inherente a los derechos de propiedad, se beneficia de que los actos de los no propietarios no interfieren en su libertad de utilizar un traje andrajoso. Otro propietario disfruta de la libertad de circular por un Estado y de utilizar un gran número de automóviles sin que nadie se entrometa en sus actos […] Las ventajas que confieren estos derechos no son iguales en ningún sentido relevante [5]”. Podría añadirse que es probable que la policía responda de forma un tanto diferente a una llamada del vagabundo que denuncia que alguien se está llevando su andrajoso traje que a otra del propietario que informa de que están robando en su mansión. En teoría, el Estado está al servicio de todos, pero con algunos es más solícito y cumplidor que con otros.

 

En realidad, quienes carecen de recursos enseguida encontrarán al Estado y todos sus medios dispuestos en su contra. El profesor Hale hace notar que, aunque no hay ninguna ley que prohíba comer, “hay una ley que prohíbe comer cualquiera de los alimentos existentes de hecho en una comunidad concreta: es la ley de la propiedad”. Si el individuo no dispone de dinero para comprar comida, tendrá que irse con las manos vacías. Del mismo modo, tampoco puede tomar posesión del encantador columpio que hay en el jardín de alguien y decirle luego a la policía que sólo estaba ejerciendo su derecho a la propiedad privada. La propiedad privada es un privilegio especial,  respaldado por el poder del Estado y otorgado exclusivamente a quienes disponen de recursos suficientes.

 

Obviamente, los ricos no tienen nada que objetar a la injerencia gubernamental cuando de lo que se trata es de hacer valer los derechos de propiedad. Se molestan sólo cuando el Estado se entromete gravando con impuestos sus rentas, en especial cuando dichos impuestos son progresivos, es decir, cuando gravan con un tipo marginal más alto las rentas más altas. Pero cuando se quejan de que esta fiscalidad es injusta –e insinúan que viene a ser como un “asalto estilo piratas somalíes”–, los ricos están dando a entender que los ingresos que perciben, antes de tributar, son de alguna manera justos. Ellos se dedican a cuidar de sus negocios, reciben a cambio la recompensa que merecen su talento y su esfuerzo y luego Hacienda se presenta y perturba una distribución de la riqueza que en sí misma es intrínsecamente correcta. Lo que se está dando por sentado es que la manera en que el “mercado” distribuye las rentas es justa.

 

Este presupuesto se basa en la idea de que el mercado funciona siguiendo unos principios elementales, naturales –análogos a la ley de la gravedad–, que no están sujetos al tipo de presiones humanas y a la manipulación política que supuestamente dan forma al sistema tributario. Dicho de otra manera, que el mercado sería lo que quedaría si se suprimiese la mano interventora del Estado, si se dejase que las cosas pasaran sin más, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. De ahí la expresión laissez-faire (“dejar hacer” o “dejar en paz”). Pues bien, esta idea es una ficción. El “mercado” es tan hijo del Estado como lo pueda ser el sistema tributario. Ambos se basan en una complicada serie de leyes ideadas y aplicadas por seres humanos. En consecuencia, quienes disponen del poder para hacer las leyes pueden darles forma en su propio provecho.

 

El nivel de beneficios de una empresa, por ejemplo, viene determinado por un conjunto de normas, que incluyen los derechos contractuales y de propiedad: leyes de propiedad intelectual que impiden que la competencia se apropie de una innovación; leyes medioambientales que definen cuánto puede contaminar una empresa o a qué multas se enfrenta si sobrepasa esos límites; normas laborales que determinan si los empleados están autorizados a constituir un sindicato o cuándo se les permite abandonar su puesto de trabajo; legislación contractual que establece las compensaciones en caso de que un cliente no cumpla los términos de un acuerdo o lo que se debe pagar al propietario si se quiere romper el contrato de arrendamiento de una fábrica. Después de que todas estas leyes, y muchas otras, determinen el nivel de beneficios de una empresa, viene un conjunto muy diferente de normas que regulan la transferencia de esos beneficios a los propietarios de la compañía: qué derechos tienen los accionistas para decidir cómo se reparten los beneficios, quién cobrará y quién no en caso de quiebra de la empresa, etcétera. (Es más, la misma existencia de la empresa es posible gracias a la legislación que permite su constitución como sociedad, lo que limita la vulnerabilidad financiera personal de los directivos y los propietarios de la compañía en caso de demanda judicial).

 

Cuando un accionista ha obtenido su dividendo, puede invertir parte de su dinero en bonos. De nuevo, la mano del Estado intervendrá para determinar los beneficios que esa persona puede conseguir de su inversión, puesto que la retribución de esos bonos se fijará en función de los tipos de interés, establecidos por los gobernadores de los bancos centrales nombrados por el Estado. Las decisiones que afectan a los tipos de interés  dependerán de si estos gobernadores (y, en última instancia, el gobierno que los ha puesto en el cargo) dan prioridad al control de la inflación (como los propietarios de la riqueza suelen desear) o al fomento del empleo (como suelen desear quienes no son ricos).

 

Y en lo que respecta a abogados, médicos, economistas, ingenieros, arquitectos y otros profesionales, los elevados ingresos de que disfrutan son resultado de una legislación que concede a estos gremios el monopolio sobre su actividad. Al concederles el poder legal para autorizar el ejercicio profesional en un campo determinado, el Estado da a estos profesionales la potestad de restringir el número de participantes en dicho campo profesional, y de este modo pueden asegurarse una alta demanda y unas tarifas elevadas por sus servicios. Si bien estas leyes pueden ser necesarias para proteger al público de curanderos y charlatanes, está claro que también aseguran los ingresos de un pequeño grupo de profesionales. En definitiva, estos profesionales operan en un contexto estrictamente controlado desde el punto de vista legal: poco que ver con lo que se quiere evocar con la expresión “libre mercado”.

 

 

Lo mismo puede decirse de la esfera internacional. La economía mundial se rige por un conjunto de leyes internacionales que condicionan los resultados y determinan quién gana y quién pierde. Quienes tienen el poder para hacer las leyes pueden modelarlas en su propio beneficio. Así, en las últimas décadas, unos intereses corporativos cada vez más poderosos han conseguido que se modifique el derecho comercial internacional y que se aprueben tratados de “libre comercio” que suprimen o reducen los aranceles nacionales y hacen valer una serie de derechos de los inversores que facilitan los flujos de capital y que limitan la intervención del Estado. Son estos cambios legales los que han multiplicado la movilidad del capital, con consecuencias negativas para el trabajo. Sí, claro, nos dicen que en la actualidad el capital es móvil debido a la “globalización”. En realidad, el capital también podría haber sido altamente móvil en el mundo de posguerra, pero en aquella época la legislación internacional de comercio establecía más restricciones a este respecto. Son las leyes internacionales –y no las nebulosas fuerzas de la “globalización”– las que han relajado las restricciones sobre el capital, mermando así el poder de negociación del trabajo.

 

La cuestión es que no hay un ente simple y natural llamado “mercado”. El mercado es el resultado de un conjunto complejo de leyes nacionales e internacionales que regulan el comercio y los intercambios financieros. Puede adoptar multitud de formas, dependiendo de las decisiones de los funcionarios estatales y de los parlamentarios que diseñan, aprueban e implementan dichas leyes. Si el gobierno se inclina en favor de los intereses de los propietarios de las empresas, puede garantizar un derecho de propiedad fuerte, promulgando, por ejemplo, leyes que dificulten la sindicación de los trabajadores o que ilegalicen las protestas o las huelgas. Con ello el gobierno no se limita a dejar que la naturaleza siga su curso, como da a entender la expresión laissez-faire; al contrario, está interviniendo de forma activa, restringiendo los derechos de los trabajadores, impidiendo que se asocien con otros trabajadores o que abandonen sus puestos de trabajo para maximizar su poder de negociación.

 

Si un nuevo gobierno sustituye al anterior y se inclina en favor de los intereses de los trabajadores, podría modificar esa legislación y garantizar el derecho a sindicarse, reforzando así el poder de negociación del trabajo en su lucha con los propietarios de las empresas. Sólo en cuestiones relativas a la sindicación, hay un amplio abanico de posibilidades legales; y la sindicación representa sólo una de las áreas que conforman el enorme repertorio de leyes que determinan el modo de funcionamiento de un “mercado” concreto. Todas estas variantes representan otras tantas maneras en que las reglas del juego pueden modificarse, y cada variante producirá un resultado diferente, en el que los ganadores y los perdedores también serán distintos.

 

Así, por ejemplo, la ineficacia de las huelgas obreras en las últimas décadas es en gran medida resultado de la aplicación de políticas conservadoras que han inclinado la balanza en contra de los intereses del trabajo, debilitando la legislación que protege los ingresos de los trabajadores y su derecho a sindicarse y a la huelga, y reforzando la legislación que protege los derechos empresariales. Al mismo tiempo, ha habido cambios en otras leyes –en especial, las que fijan las regulaciones financieras y los impuestos– que han permitido que quienes están arriba ganen muchísimo más de lo que podían ganar sus homólogos de hace unas décadas.

 

¿Cuánto menos, por ejemplo, habría ganado Lloyd Blankfein, presidente ejecutivo de Goldman Sachs, si en 2007 hubiera habido una legislación diferente para los mercados financieros?

 

Para responder a esta pregunta es conveniente echar un vistazo a la historia reciente. Hace sólo unas décadas, los mercados financieros estaban regulados de una manera mucho más estricta. Fue gracias a los cambios en las reglas que controlan este sector que las firmas radicadas en la City y Wall Street empezaron a crecer hasta convertirse en gigantes extremadamente rentables.

 

A comienzos del periodo de posguerra las principales firmas de inversión, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, eran mucho más pequeñas y operaban como sociedades personales. Esto significaba que los socios mayoritarios eran los propietarios de la empresa y quienes se repartían los beneficios, pero también los responsables solidarios de todas las deudas y obligaciones de la compañía. Como consecuencia de ello, eran prudentes en sus decisiones de inversión, pues sabían que podían verse en un verdadero aprieto en caso de sufrir grandes pérdidas. Asimismo, se controlaban entre sí, dado que el comportamiento temerario de uno podía desembocar en pérdidas que afectarían a todos los socios de la empresa.

 

Sin embargo, las cosas cambiaron en los años setenta y ochenta, porque las reglas que regían los mercados cambiaron. En 1970, la Bolsa de Nueva York levantó la prohibición que impedía que los bancos de inversión se convirtieran en sociedades  anónimas con cotización en el mercado de valores. Como consecuencia de ello, los principales bancos de inversión estadounidenses fueron pasándose poco a poco a este modelo. En Gran Bretaña, con la súbita desregulación financiera que supuso el Big Bang de 1986, las grandes compañías de inversión fueron sustituyendo a las pequeñas sociedades.

 

En ambos países, los bancos de inversión, que ya no estaban constreñidos por las responsabilidades propias de las sociedades personales, podían conseguir cantidades gigantescas de dinero y aumentar enormemente su tamaño. “La generación del Big Bang se hizo millonaria al tiempo que quedaba exonerada de la responsabilidad de velar por los socios de la empresa”, señala Philip Augar, ex banquero de inversión británico, en El final del capitalismo de caballeros [6]. Los altos ejecutivos de la banca dejaron de ser personalmente responsables de las deudas de sus firmas. Y cuando algunos individuos dentro de una compañía –o divisiones comerciales enteras– se permitían comportamientos poco escrupulosos en su búsqueda de beneficios cada vez mayores, ya no había la vigilancia que había existido en la época en que la solvencia de todos los socios de la empresa habría estado en juego. A partir de ese momento, los banqueros podían utilizar el dinero de otros, apostar de manera temeraria y desviar de los beneficios unos paquetes salariales muy cuantiosos para ellos mismos, sin correr apenas riesgos.

 

En efecto, como consecuencia del mayor tamaño de los bancos y del hecho de que estaban consiguiendo dinero de la sociedad, el gobierno empezó a considerarlos “demasiado grandes para dejarlos caer”. Si su comportamiento irresponsable amenazaba con minar la estabilidad de todo el sistema financiero, el gobierno tendría que intervenir y rescatarlos. Para los banqueros, era una situación de ensueño: podrían correr riesgos enormes, sabiendo que todo lo que ganasen sería únicamente para ellos, mientras que las pérdidas las cubrirían los contribuyentes.

 

Lo que todo esto parece indicar, y a nadie se le escapa, es que las leyes más estrictas que rigieron los mercados financieros en la primera posguerra eran sumamente sensatas, y que su supresión contribuyó en gran medida a la crisis financiera de 2008. No obstante, lo importante en este punto es reparar en que la plutocracia actual obtiene buena parte de sus ingresos por unos medios que no habrían sido posibles bajo la legislación vigente sólo unas décadas antes. Sin una legislación hecha a medida del mercado financiero, está claro que Blankfein habría ganado considerablemente menos de 45 millones de libras en 2007, y su paquete de acciones en Goldman Sachs habría valido hoy bastante menos de 300 millones de libras, seguramente cientos de millones menos.

 

Bajo la legislación de comienzos de la época de posguerra, hacer “el trabajo de Dios” habría resultado mucho menos rentable.

 

Nunca sabremos cómo le habría ido a Michael Caine de haber sido una estrella del porno, pero lo que es seguro es que habría ganado menos.

 

Importa hacer esta comparación porque ayuda a deshacer el mito que lleva a creer a Caine, Andrew Lloyd Webber y otros triunfadores del mundo del espectáculo que sus grandes ingresos son simple consecuencia del ejercicio de su talento en el libre mercado. No les quepa la menor duda: su fortuna ha llegado a ser lo que es gracias a la intervención del Estado. Y no, no estamos hablando de ayudas estatales a la cultura, sino más bien de algo mucho más básico y lucrativo: la complicada legislación sobre derechos de propiedad intelectual que permite que artistas e intérpretes perciban derechos de autor por sus esfuerzos creativos. Sin esas leyes, las películas en las que aparece Michael Caine podrían copiarse y venderse en todo el mundo sin que Michael Caine recibiera un solo penique. En un sistema desregulado como ése, no habría ninguna productora dispuesta a pagarle unos honorarios sustanciosos ni nada que se le pareciera.

 

Este es, de hecho, el sino de las estrellas del porno. Da igual lo grande que sea su talento: ganan mucho menos que las estrellas del negocio del cine convencional. Y eso es porque el negocio del porno, con su dudoso estatuto legal, no ha sabido aprovechar la enorme protección que el Estado ofrece a los cineastas “legales” y otros artistas creativos en forma de derechos de propiedad intelectual. Debido al rechazo social que genera la pornografía, los productores de cine porno dan por hecho que tendrían poco que hacer en los tribunales y han sido reacios a emprender acciones legales contra quienes reproducen sus vídeos sin permiso (si bien algunas demandas recientes indican que algo puede estar cambiando). Como consecuencia de ello, los vídeos porno son objeto de pirateo permanente: Internet rebosa de pornografía a la que se puede acceder de manera gratuita. Este sistema desregulado se parece más a lo que sería un verdadero “mercado libre” de la industria del cine [7].

 

Sin embargo, no es precisamente un mercado que permita hacerse ricos a los actores, como ha hecho notar el economista norteamericano Dean Baker. Los enormes ingresos que obtienen estrellas como Michael Caine y Andrew Lloyd Webber serían imposibles sin la compleja legislación estatal que les confiere derechos de propiedad sobre su trabajo artístico, derechos que la policía y los tribunales se encargan de hacer cumplir.

 

Baker señala que los derechos de autor y las patentes son verdaderos monopolios concedidos por el Estado, y que tienen su origen en el sistema feudal de gremios.

 

Aunque se aleje un poco de nuestro tema, merece la pena mencionar brevemente que esta protección podría mantenerse sin tener que recurrir a la legislación de derechos de autor y patentes, que representan una parte importante de nuestro sistema legal. La justificación para estas leyes es que, sin ellas, se invertiría poco tiempo y poco dinero en la creación de nuevas obras musicales, cinematográficas o literarias; o, ya puestos, en el desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, como sostiene Baker, hay otras formas de intervención estatal que podrían garantizar una inversión suficiente en estos campos y evitar al mismo tiempo algunas de las consecuencias negativas que se derivan del poder de monopolio de los derechos de autor y las patentes. Así, por ejemplo, una legislación que permita los medicamentos genéricos, equivalentes a los medicamentos de marca, puede contribuir a limitar el poder de monopolio de las empresas farmacéuticas –gracias al cual obtienen beneficios astronómicos–, si viene acompañada de un aumento de la financiación estatal que cubra los costes de investigación en unos medicamentos que mucha gente necesita desesperadamente. Los efectos del poder de monopolio son menos graves en el campo del arte, pero Baker sostiene que es sumamente costoso hacer respetar los monopolios creados por las leyes de propiedad intelectual, y que cada vez lo será más, pues la tecnología para la reproducción de vídeos y música es cada vez más accesible. En su lugar propone un sistema de casillas individuales, en el que cada contribuyente dispondría de una cantidad fija que cada año él o ella podría asignar a artistas concretos a través de los impuestos. Habrá quien diga que este sistema implicaría una gran dosis de intervención estatal, pero lo mismo ocurre con el sistema de patentes y la legislación de derechos de autor.

 

La cuestión es que la intervención del Estado en forma de leyes de propiedad intelectual beneficia a estrellas como Michael Caine y Andrew Lloyd Webber, que se han hecho ricos no ejerciendo su talento en un imaginario “libre mercado”, sino en el seno de un monopolio rigurosamente regulado y garantizado por el Estado, monopolio que la policía y los tribunales se encargan de hacer respetar a un alto coste. Sin estos restos de intervención del Estado moderno, Michael Caine y Andrew Lloyd Webber no serían más ricos o más famosos que los gigantes del porno, independientemente del talento natural del que estuvieran dotados.

 

Así que es un disparate tomar de manera aislada las posibles subidas de impuestos que afectan a Lloyd Blankfein, Michael Caine o Andrew Lloyd Webber y condenarlas como acciones de un gobierno intervencionista. El mercado no es más que una compleja red de intervenciones gubernamentales. Si las subidas de impuestos les obsesionan es sólo porque se trata de una intervención que va contra sus intereses, cuando tantas otras leyes y políticas estatales les benefician. Como comentan con ironía Murphy y Nagel, “la gente se preocupa más de lo que les perjudica injustamente que de lo que les beneficia injustamente” [8]. Las intervenciones favorables tienden a pasar desapercibidas para sus beneficiarios, como si formaran parte, sin más, del orden natural de las cosas.

 

 

La idea de que debe ser posible convertirse en milmillonario hunde sus raíces en la creencia de que hay personas dotadas de un talento único cuya aportación a la sociedad es tan importante que merecen una retribución fabulosa y extraordinaria. Algunos individuos increíblemente ricos, como el empresario norteamericano Leo J. Hindery hijo, han defendido este punto de vista. Hindery, cuya aportación a la sociedad consistió en fundar una cadena de televisión por cable dedicada a los deportes (un claro ejemplo, por cierto, de monopolio garantizado por el Estado), dice lo siguiente: “Creo que hay personas, entre ellos yo mismo en algunos momentos de mi carrera, que, debido a su carácter único, merecen todo lo que el mercado pueda darles” [9]. En el mismo sentido, Lew Frankfort, presidente y director ejecutivo de Coach, la empresa de bolsos de lujo, sostiene que los extraordinarios paquetes salariales actuales están justificados por las aptitudes fuera de lo común que exige la dirección de empresas en la “era tecnológica”. Como declaró al New York Times en 2007, “para tener éxito hoy en día se necesita visión, pensamiento lateral, valor y capacidad de ver las cosas no como son, sino como podrían ser”. Sanford I. Weill, durante mucho tiempo figura prominente de Wall Street, también se admira de las aportaciones de milmillonarios como él mismo: “La gente puede echar la vista a los últimos veinticinco años y decir que se trata de un periodo único e increíble. No habríamos podido confiar en otros para construir lo que hemos construido”.

 

Lo que más llama la atención en estas declaraciones es, además de la falta de modestia, la falta de reconocimiento del papel que juega la sociedad en la acumulación de cualquier gran fortuna. Estos hombres parecen incapaces de ver el papel que desempeña la sociedad en la constitución de un mercado que favorece sus intereses. En un sentido más amplio, parecen incapaces de entender la influencia decisiva que tiene la sociedad  en general (así como otras personas concretas) en cada aspecto de sus vidas: a la hora de alimentarlos, formarlos y enseñarles lo que saben. La sociedad cumple un sinfín de funciones que contribuyen a la buena marcha de los negocios y del resto de facetas del mercado y, en realidad, de todos los aspectos de la vida que les rodea.

 

Quienes justifican las grandes fortunas tienden a ver al individuo en un espléndido aislamiento, como un ser que logra sus grandes hazañas por sí solo. No es así. Lo que se conoce como el “hombre hecho a sí mismo” no existe. Los humanos somos, por encima de todo, seres sociales que se abren camino en el mundo gracias a la ayuda y el esfuerzo de un sinfín de seres humanos que desempeñan papeles de diversa importancia. Esta cuestión es tan evidente que parece ridículo, cuando no trivial, referirlo. Sin embargo, siempre queda fuera de las argumentaciones de quienes invocan el derecho natural de los individuos a acumular grandes fortunas.

 

Los filósofos han fabulado con la idea de un individuo solo en un estado de naturaleza que decide formalizar un contrato con la sociedad. Pero es obvio que se trata de una metáfora que carece de base real. Nunca ha existido primero un individuo en un estado de naturaleza que luego decide unirse a la sociedad. Su implicación en la sociedad es previa y, salvo en circunstancias completamente anómalas, prosigue durante toda la vida. Si queremos debatir en serio sobre riqueza e ingresos, debemos restablecer la  primacía y la ubicuidad de la sociedad –que tan alegremente ignoran los milmillonarios y todos los que se dedican a justificar las grandes fortunas–, así como el punto en el que terminan los derechos del individuo y empiezan los de la sociedad. Esta reintroducción de la sociedad en la ecuación nos permite analizar seriamente la cuestión de cuál es la relación adecuada entre el individuo y la comunidad, y quién debe qué a quién.

 

Una de las formas fundamentales que tiene la sociedad de ayudar a los individuos en su capacidad para generar riqueza reside en el legado de las generaciones anteriores. Esta herencia del pasado es tan enorme que prácticamente escapa a cualquier posibilidad de cálculo. Abarca cada aspecto de lo que se considera civilización y cada elemento del saber científico y técnico del que nos servimos actualmente, y se remonta a los comienzos del lenguaje humano y a la invención de la rueda. Comparado con este inmenso legado cultural y tecnológico, cualquier mínimo avance adicional en el mundo actual –incluso la creación de un canal de televisión por cable dedicado a los deportes– resulta insignificante.

 

La cuestión, entonces, es ésta: ¿quién ha de ser el beneficiario de la riqueza que generan las innovaciones basadas en la gigantesca herencia del pasado?: ¿el innovador particular que modifica algunos pequeños aspectos de este legado para crear un producto ligeramente diferente, o la sociedad en su conjunto (es decir, todos nosotros)?

 

Bajo el actual sistema, el innovador se hace con una parte enormemente grande de los beneficios. Está claro que el innovador debe ser compensado por su aportación, pero ¿también hay que compensarlo por las aportaciones de todos los innovadores que, a lo largo de los siglos, han construido el cuerpo de conocimientos que ha hecho posible su pequeño avance?

 

Pensamos que la sociedad –y, por extensión, todos nosotros– tiene derecho a una parte mucho mayor de los beneficios, algo que podría conseguirse decidiendo subir los impuestos al segmento con mayor ingresos; reajustando, por tanto, las reglas económicas del juego, una decisión que no sería más arbitraria que las que las fijan actualmente.

 

Estamos hablando de cifras potencialmente colosales. La práctica totalidad de las ganancias económicas de las últimas décadas han ido a manos de los de arriba; ahí es donde está el dinero. Por otra parte, el objetivo no consiste simplemente en encontrar una nueva fuente de ingresos. El objetivo es más básico: se trata de definir unas bases moralmente válidas para la distribución de la riqueza, en lugar de aceptar por un acto de fe la validez moral de la actual distribución de las rentas, basada en una legislación hecha por el hombre y que ha establecido la actual versión del “mercado”.

 

 

Nosotros sostenemos que los milmillonarios no merecen sus gigantescas fortunas; que, desde un punto de vista moral, los miembros de la élite ultra-rica no tienen derecho a quedarse con una parte tan grande de sus ganancias como la que el actual sistema impositivo les permite conservar. Que defendamos esta postura no implica que neguemos la enorme contribución de algunos mega-ricos, incluidos innovadores como Bill Gates o Mark Zuckerberg. Estas personas han cambiado profundamente la vida de la gente, un hecho que tal vez los sitúa en una categoría bastante diferente de aquella en la que figuran, por ejemplo, los magnates de la industria del bolso o de la televisión por cable.

 

Bill Gates puede ser el caso más difícil de impugnar, puesto que se le atribuye nada menos que haber hecho accesible la revolución informática a millones de personas y la donación de miles de millones de dólares a causas loables. Nos ocuparemos de este caso en detalle más adelante. De momento, echemos un rápido vistazo al caso de Mark Zuckerberg, que se convirtió en multi-milmillonario con poco más de veinte años, después de crear la red social Facebook, cuyo número de usuarios en todo el mundo se calcula que alcanza ya los quinientos millones de personas.

 

Cuando cuestionamos la legitimidad moral de la fortuna de Zuckerberg, nuestra intención no es sino señalar que ha conseguido una fortuna descomunal –estimada a día de hoy en unos 12.000 millones de dólares– por un producto en cuya creación el papel que él jugó fue, se mire como se mire, bastante limitado. Lo que está claro es que no podría haber ganado esos 12.000 millones de dólares, ni una cantidad aproximada, por sus solos medios. Los ganó, siendo un simple estudiante universitario, porque supo sacar partido del acervo tecnológico legado por todos los que habían desarrollado internet; y, antes, el ordenador personal; y, antes, el ordenador central y, antes, la máquina tabuladora de tarjetas perforadas y antes… Así hasta llegar a la invención de la rueda.

 

Se calcula que alrededor del 90% de toda la riqueza que se genera actualmente es resultado de ese “legado de conocimiento” del pasado. Si a alguien le parece exagerado, que piense si Zuckerberg habría podido crear el imperio Facebook de haber sido estudiante, pongamos, treinta años antes, en la era pre-internet, en vez de haber ido a la universidad en los primeros años del siglo XXI, cuando los avances informáticos habían alcanzado cierto grado de sofisticación. Dados dichos avances, él y otros cuantos alumnos brillantes se dieron cuenta de la posibilidad de desarrollar un programa de redes sociales. Si Zuckerberg no hubiera lanzado Facebook a comienzos de 2004, cualquiera de sus competidores lo habría hecho por su cuenta no mucho después y seguramente habría seguido adelante hasta hacerse con el dominio de ese campo.

 

¿A quién pertenece entonces, en buena lógica, el enorme legado de conocimiento que hizo posible Facebook? ¿A Zuckerberg? Nosotros sostenemos que una parte muy significativa del mismo pertenece a la sociedad, y que la sociedad debería obtener la parte que por derecho le corresponde por medio de un sistema tributario más progresivo.

 

Podríamos añadir que una fiscalidad más progresiva en ningún caso habría disuadido a Zuckerberg de su proyecto. Mientras encriptaba códigos para crear Facebook, no parece probable que dedicase mucho tiempo a pensar en los impuestos que podría tener que pagar si, llegado el caso, acababa convertido en alguien formidablemente rico, rico hasta lo inconcebible. Desde luego, cuesta imaginárselo abandonando sin más su búsqueda porque pensara que aquel éxito podía dejarle una fortuna, después de impuestos, de sólo 5.000, 500 o 5 millones. Y si hubiese tirado la toalla, está claro que sus competidores, que estaban cerca de conseguir el mismo objetivo, sencillamente habrían terminado el trabajo.

 

Con o sin Zuckerberg, todos disfrutaríamos actualmente de los beneficios de las redes sociales.

 

 

Así pues, la subida de impuestos altos para los ricos está plenamente justificada. Y la defensa de este ajuste de las reglas económicas resulta especialmente necesaria hoy en día, puesto que una enorme proporción de la riqueza que se genera en la actualidad deriva directamente de los numerosos avances tecnológicos relacionados con la informática del último medio siglo. Los empresarios individuales, entre ellos Gates y Zuckerberg, han podido utilizar esos avances tecnológicos para desarrollar la amplia panoplia de productos de la era de la información y de internet que inundan nuestros mercados, lo que les ha permitido hacerse increíblemente ricos.

 

En las primeras décadas del siglo XX también hubo una impresionante cantidad de avances tecnológicos relacionados con el desarrollo del motor de combustión interna, que permitieron crear un mercado de consumo masivo de coches y de viajes en avión tras la Segunda Guerra Mundial, lo que se tradujo en la creación de una enorme riqueza y numerosas fortunas privadas. Sin embargo, había una importante diferencia. En los primeros años de la posguerra, las enormes ganancias económicas se repartieron de manera más amplia, como consecuencia de un espíritu más igualitario que se reflejaba en sindicatos más poderosos, sistemas tributarios más progresivos y programas sociales más generosos. En la actualidad, una pequeña élite ha acaparado y retenido la práctica totalidad de las fabulosas ganancias económicas generadas por los avances tecnológicos de la era informática, y muy poca de esa riqueza ha vuelto a la sociedad a través del sistema fiscal, cosa que parece sumamente injusta.

 

También parece haber llevado a que algunos de los pocos afortunados en este reparto desarrollen un falso sentimiento de valía en lo referente a su aportación personal. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con Lew Frankfort, director ejecutivo de Coach, cuando dice que los actuales milmillonarios se merecen su fortuna porque han tenido la “visión, el pensamiento lateral, el valor y la capacidad de ver las cosas” necesarios para triunfar en la “era tecnológica”. Nosotros creemos que las cosas son al revés. Las enormes remuneraciones de los más privilegiados no son consecuencia de que la élite actual haya dado especiales muestras de clarividencia, sagacidad o valentía en la era tecnológica. Más bien se trata de que la era tecnológica ha producido avances espectaculares y la élite ha tenido la habilidad suficiente para apoderarse de una parte especialmente grande de los beneficios económicos resultantes, y para presionar al poder político para asegurarse de que el sistema tributario recupera poca cosa para la sociedad.

 

Las colosales fortunas de hoy parecen menos un reflejo del genio innovador de los actuales milmillonarios que un reflejo de la excepcional maestría con que han sabido abrirse paso a codazos y colocarse en el mejor lugar para sacar tajada.

 

 

 

 

Este texto corresponde al libro El problema de los-supermillonarios. Cómo se han apropiado del mundo los super-ricos y cómo podemos recuperarlo, recién publicado por la editorial Capitán Swing, traducido por Emilio Ayllón.

 

 

 

 

Linda McQuaig (Toronto, 1951), calificada por el National Post como la “Michael Moore canadiense”, es periodista de investigación y columnista del Toronto Star, labor por la que ha recibido diversos premios. Es autora de siete libros de gran éxito en Canadá, que le han dado fama de crítica feroz del establishment. Neil Brooks (Crewe, Reino Unido, 1962) es director del Programa de Licenciatura en Tributación de la Osgood Hall Law School de la Universidad de York, en Toronto. Es autor de numerosos estudios relacionados con el impuesto sobre la renta y ha asesorado en cuestiones de política y reforma fiscal a numerosos gobiernos de todo el mundo

 

 

 

Notas

Autor: Linda McQuaig y Neil Brooks