Todas las opiniones son respetables

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En torno a los asuntos públicos prodigamos simplezas que debían haberse corregido a lo largo del bachillerato, pero que suelen perdurar hasta el requiescat in pace.  Si fueran tan sólo ocurrencias de algunos y sin mayor eco, allá películas. Pero son como latiguillos que se ganan los aplausos de la mayoría, lugares comunes para colmo tenidos por progresistas, aun cuando en su burdo conformismo fortalecen  los enfoques más conservadores. Tópicos como ésos no sólo transmiten algo falso en la teoría, que sería lo de menos. Al ser prácticos (es decir, morales y políticos) y llamar por tanto a la acción o a la desidia, producen efectos letales para la vida de todos.

 

La falsa tolerancia se muestra como en ningún otro en ese manido tópico cargado de excelente conciencia y aceptado como signo de amistoso talante: a saber, que todas las opiniones son respetables. Seguramente no hay lugar común que mejor condense el antiintelectualismo, el relativismo y, en resumidas cuentas, el nihilismo contemporáneo. Ni expediente más útil para quedar inermes frente a la sinrazón de los ignorantes o el fanatismo de los totalitarios.

 

1. Pues, además del que siempre debemos a su sujeto, el respeto previo que las opiniones requieren es su libre contraste,  por si de él brota un saber más universal y mejor fundado. Sería ya pasmosa la incoherencia de una máxima que, en su mismo enunciado y al admitir lo respetable de la proposición contraria, proclama a un tiempo su propia falsedad y, con ella, su falta de respetabilidad. Si alguien opina que la máxima de respetar todas las opiniones no es ella misma respetable, su opinión es a la vez respetable desde esa máxima ajena y despreciable desde su propia máxima. Con todas las reservas con que se quiera trasladarlo al mundo de la conducta práctica, ¿es que aquí no tiene cabida el principio de no contradicción?

 

Tal vez quiera decirse sólo que lo que hay que respetar es simplemente la expresión de esas opiniones o, mejor, su derecho a hacerlas públicas. Pero lo habitual es saltar de un brinco desde el derecho cierto a la libertad de opinión y a expresarla… al dudoso valor de esa opinión y al derecho nada obvio de que se respete lo expresado. Se hacen, pues, necesarias varias precisiones. La primera es que el derecho incuestionable a decir no arrastra la presunción de que lo dicho vaya a misa. La segunda es que la libertad de expresión tiene como frontera irrebasable la salvaguarda de las demás libertades ciudadanas. La tercera, que este derecho legal a emitir opiniones -cuando tratan de la cosa pública- entraña al menos el deber moral correlativo de exponerlas a la pública discusión. En suma, lo contrario del propósito apenas disimulado en ese “todo vale”, que busca más bien igualar de un plumazo el muy desigual valor de las opiniones en liza y eludir así su contraste.

 

2. ¿Me admitirá, señor mío, que nadie sensato se expresa tan sólo por darle gusto a su libertad, sino porque pretende comunicar algo útil, cuando no en ocasiones algo incluso dotado de cierta verdad, belleza o justicia? Pruebe entonces a distinguir entre la libertad de expresar, que todos mutuamente nos concedemos,  y la calidad de lo expresado, que sólo aplaudimos en muy pocos. Comprenderá enseguida que una cosa es gozar de una facultad o de un permiso, y otra bien diferente el valor (utilitario, teórico, estético, moral) de lo que hagamos con esa facultad y gracias a aquel permiso. Pero hace ya algún tiempo que el lenguaje coloquial dice que una opinión es válida, o que puede emitirse, para decir que es valiosa, o que contiene valor.

 

Aventuro también que miraremos con sospecha a quien se parapete en su libertad para librarse de debates indeseados. ¿O aprobaríamos al  profesor que se escudara en la libertad de cátedra para vetar toda crítica de su desempeño docente? En definitiva, junto al derecho a mantener nuestras opiniones frente a la censura o la sinrazón, ¿habrá de figurar con el mismo rango el “derecho” a escaparse de la razón o a empecinarse contra toda razón? Tendría gracia haber ganado la libertad de pensar en voz alta para no ejercerla, o sea, para concluir que cualesquiera pensamientos valen lo mismo y negarse a medirlos en público.

 

De ahí que el derecho legal de los sujetos a su libre expresión habrá de venir con el deber político y moral de esclarecer lo mejor posible sus opiniones. Cuando se descuida este deber, se expresan muchas tonterías. Que en la vida pública gocemos de pluralismo (o sea, del derecho de lo diverso a ser y manifestarse) y que en virtud de ese pluralismo tengamos derecho a disentir de otros y de esta o aquella norma pública, es un principio capital para la vida democrática; pero que cualquier disensión merezca ser respetada por el resto de ciudadanos acabaría pronto con un régimen democrático. Las democráticas son instituciones criticables, pues claro, pero habrán de criticarse con razones consistentes. De igual manera el oyente, lector o interlocutor de aquellas opiniones no sólo gozan del derecho legal a cuestionar lo contemplado, leído o escuchado; a menudo tienen también la obligación moral y política de hacerlo. Algo sustancial fallaría como aquellos derechos legales no fueran a una con estas disposiciones morales. ¿O será de nuevo esta mía una opinión tan legítima y respetable como su contraria?

 

3. Mencionemos sólo algunos fenómenos que emanan del aireado respeto que merecen todas las opiniones. No sería el menor la renuncia a la verdad práctica, vale decir, a la búsqueda de la opinión mejor fundada. Una vez supuesto que de la opinión sólo cuenta el derecho a emitirla, ya no hay que contraponer unas a otras para medir su coherencia lógica o sustento argumental, sino yuxtaponer unas al lado de otras. Instaladas en el reino de la arbitrariedad, las opiniones tienden a convertirse en obstinaciones. Atacar cualquier pronunciamiento corre el riesgo de tomarse como una ofensa hacia quien la mantiene, como una vulneración de sus derechos. Rige, en fin, un decálogo de la opinión cuyos primeros mandamientos ordenan que todo lo moral o político es opinable y que de ello no cabe más que opinión; que cada cual puede  sin más dar la suya y que todas las opiniones valen aproximadamente lo mismo.

 

No habrá de extrañar que, si cada opinión es respetable, no se avance un palmo en el acercamiento entre las posiciones distantes, porque tampoco es lo que se  pretende. Ni la libertad de expresión ni la tolerancia se invocan para lo que estaban previstas. Ya no sirven para precaverse de toda intromisión indebida a la hora de hacer públicos los propios pareceres, sino para prohibir o tachar de indebida cualquier intervención pública que ponga nuestro parecer en un aprieto. Se vocean como una libertad para aislarnos del otro, no para comunicarnos con él. Se emplean como salvaguarda de una opinión que solicita a lo más ser leída o escuchada, pero no tomada en serio. La antiilustrada cultura de masas no pide que nos atrevamos a saber, sino que nos atrevamos a opinar hasta de lo que no sabemos…

 

Al margen de una notoria pereza, semejante lenguaje trasluce un menosprecio apenas disimulado hacia las opiniones en general. Si se proclama que todas valen por igual, tanto las unas como sus opuestas, entonces se viene a sentar la tesis de que ninguna vale en realidad nada. Hannah Arendt ya supo ver que, “con el pretexto de que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión”, el ciudadano medio cree que “el relativismo nihilista es la esencia de la democracia”.

 

Así lo revela, por ejemplo, el habitual ésa será tu opinión, es decir, tan aceptable como la de cualquier otro,  o el conocido dictamen de que es una opinión muy discutible…, emitido justamente con intención de no discutirla. No es aventurado suponer que semejante desdén hacia las opiniones ajenas  provenga de algún barrunto de la debilidad de las propias. Ni tampoco es impensable que esté latiendo por ahí debajo una especie de contrato perverso, en virtud del cual estamos dispuestos a tolerar cualquier parecer no ya por consideración al otro (y menos aún a sus opiniones), sino a fin de asegurarnos su recíproco consentimiento para nuestras propias ocurrencias. O, más fácil todavía, que ese desprecio general de las opiniones revele la pura indiferencia hacia ellas. Chesterton la conocía como el fanatismo de los indiferentes, que definió como “la furia de los hombres que no tienen opiniones. Es la resistencia que opone a las ideas definidas esa vaga masa de gente cuyas ideas son excesivamente indefinidas (…), las personas a quienes les daba igual”

 

 

Mayorcito, de 1945. Por origen local y afición personal, confieso que me sería aplicable aquel absurdo de pertenecer al “pensamiento navarro”. Imparto clases de Filosofía Política y Teoría de la Democracia en la Facultad de Filosofía de San Sebastián (Universidad del País Vasco). Me han publicado varias recopilaciones de artículos de prensa sobre cuestiones civiles actuales, muy en particular sobre el nacionalismo vasco de nuestros pecados. Entre mis ensayos éticos estoy prudentemente satisfecho de La compasión. Apología de una virtud bajo sospecha, La tolerancia como barbarie (En M. Cruz, comp., Tolerancia o barbarie) y La virtud en la mirada. Ensayo sobre la admiración moral. En materia de filosofía política creo que son útiles manuales universitarios como Teoría política: poder, moral, democracia; El saber del ciudadano; Las nociones capitales de la democracia, obras colectivas de cuya edición he sido responsable. Soy colaborador habitual, desde el año l986, en las páginas de "Opinión" de El País y, más tarde, de El Correo y Diario de Navarra. Venido de movimientos ciudadanos como ¡Basta ya!, me afilié al partido Unión, Progreso y Democracia desde su nacimiento. Y no hay mucho más que contar.