Traficantes de información: lo que no sabemos de los gigantes de la comunicación

0
333
Nos encontramos ante empresas y directivos que son en gran medida responsables de haber convertido las noticias en simple bien de mercadeo. No importa lo que se dice y lo que queremos trasmitir con ello, sino la rentabilidad de un producto

 

En una de las salas del centro social La Tabacalera de Lavapiés, y con una caja de botellines a modo de mesa, Jesús Espino, de la editorial Akal, explica cómo este libro fue a parar a sus manos rebotado de otra editorial. La que poco a antes de sacarlo a la luz decide no publicarlo porque el contenido podía ser incómodo o molesto para algunos. Y es que el texto de Pascual Serrano, Traficantes de Información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles, se ocupa de mostrar la trastienda de los principales grupos de comunicación de nuestro país y hace un recorrido por el entramado que rodea a este universo mediático.

       Desvela quiénes son los dueños de estos medios de comunicación, quién les presta el dinero, qué políticas laborales practican, qué multinacionales y financieras se encuentran a su sombra… Qué hay más allá del contenido informativo que nos hacen llegar, de la imagen que proyecta un medio de comunicación, y de los profesionales que hacen el trabajo. Pascual Serrano relata cómo comandando estos grandes grupos hay importantes empresas, bancos, inversores… a los que no les importa en absoluto que tú estés bien informado, sino la defensa de sus intereses, mayoritariamente económicos.

       Los medios son una herramienta poderosa a su alcance, de la que se servirán para intervenir en la opinión pública, o forjarla. Y para esto se van a ayudar de una buena imagen: participación en campañas sociales, premios…

        En palabras de su autor, el trabajo de investigación y escritura fue un proceso agotador porque “los medios que tanto alardean de destapar los asuntos oscuros de empresas y políticos se convierten en los mayores censores y ocultadores de las cuestiones económicas cuando les afectan a ellos”. Pero a pesar de las piedras en el camino y a las dificultades encontradas, Pascual Serrano, orgulloso del resultado de su empeño, cree que es muy importante que todo el mundo conozca estos datos “porque los que deciden los contenidos hace tiempo ya no son los periodistas, sino los propietarios”.  Opinión que comparten otros profesionales, como Magis Iglesias, periodista y ex presidenta de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), que afirma que “es muy importante que el lector conozca siempre los intereses de la empresa que le suministra la información. Esto nos haría más selectivos a la hora de valorar el producto final de los medios de comunicación. A la vez es una gran defensa para el público y mejora la calidad de la democracia”

       Para entender el panorama informativo español y a modo de contexto para situar a los principales grupos de comunicación, Pascual Serrano plantea algunas de las características del sistema informativo actual. Entre ellas, una tendencia que se viene sustanciando en nuestro país desde hace ya bastantes años: la concentración de medios en unos pocos grandes grupos, y con esto un menoscabo de la independencia y pluralidad informativa.

       Un hecho que junto con la salida a bolsa, según un estudio elaborado conjuntamente por la Universidad de Málaga y la Asociación de la Prensa de Madrid, ha sido clave en la crisis que atraviesan los medios. Un grupo de medios obedece a los dictámenes de su consejo de administración, supervisando que se comparta la misma línea editorial, las mismas temáticas y el mismo enfoque, a la vez que nos hacen creer que el medio está en manos de veteranos que salvaguardan al máximo la independencia.

       Magis Iglesias lo explica así: “Con la concentración los periódicos pierden su identidad, la cercanía al lector, puesto que los grupos condicionan a las redacciones y ya no están identificados con la sociedad a la que sirven”.

        A la tendencia actual de la concentración hay que sumar algunos aspectos más, como es el caso de la paulatina desaparición de la competencia como sinónimo de buen hacer; ya que algunos de estos grupos tienen proyectos en común y trabajan los unos para los otros. Por no hablar de la relación de feed back (retroalimentación) que mantienen la banca y los grandes grupos de comunicación. Los medios dependen del dinero de la banca y ésta del poder e influencia de los medios. Grandes grupos de comunicación se han puesto a disposición de importantes entidades bancarias para mejorar su situación económica, y el grado de endeudamiento de algunos de ellos es tan elevado que están sujetos a sus exigencias.

      Margarita Rivière lo describía perfectamente en su libro El malentendido. Cómo nos educan los medios de comunicación: “El ágora pública de los medios de comunicación actuales hoy esta conducida por unos superejecutivos que han hecho de lo que podía haber sido el arte de la comunicación un territorio regido por la cultura del manager: competencia, beneficios, y dinero como prioridades”.

      Pascual Serrano también menciona en su libro la progresiva y masiva entrada de capital extranjero en el panorama mediático español. Hoy por hoy el terreno de juego es español, pero los equipos son extranjeros. Lo más alarmante es que este cambio esta pasando inadvertido para la sociedad española. Para que nos hagamos una idea, de los 9 grandes grupos de comunicación, 4 son de propiedad total o mayoritaria italiana. Y es especialmente llamativo el dominio en la televisión. Silvio Berlusconi es propietario mayoritario de Telecinco y Cuatro, y minoritario de Digital +.

 

 

       Traficantes de información dedica cada uno de sus capítulos a los principales grupos de comunicación, y recuerda que algunos de estos grupos y medios iniciaron su andadura con una verdadera vocación periodística, e incluso con espíritu cooperativista. Como ejemplos cita el semanario Interviú, revista que surge en 1976, con el nacimiento del grupo Zeta. Con el paso del tiempo, sus reportajes-denuncia se olvidan a medida que se incrementan y complican las negociaciones con la banca y la política. O el diario El Mundo, que en octubre de 1989 sale a la calle como un proyecto colectivo y participativo, en el que los mismos trabajadores del periódico formaban parte del accionariado, para años después olvidar estas premisas iniciales y dejar en manos del grupo italiano RCS Media Group el 96 % de sus acciones. El dueño de RSC cuenta entre sus principales accionistas con Agnelli, relacionado con controvertidos negocios de fabricación de armas.

     Uno de los periodistas que formó parte del periódico desde sus comienzos, pero que hoy ya no trabaja para el diario, muestra cómo los que participaron en aquel proyecto atesoran una mezcla de nostalgia y resentimiento por la forma en que se fue perdiendo ese espíritu colectivo.

       Habla de grupos que ante una situación inestable o de crisis han decidido dejar la puerta abierta en su accionariado a inversores de dudosa reputación. Lo importante es salvar las cuentas y poder seguir manteniendo la apariencia pública de solidez.

       Es el caso de PRISA, y la llegada a su accionariado del grupo inversor Liberty Adquisition Holdings, sociedad cotizada a través de la cual un amplio colectivo de inversores de Wall Street, en su mayoría gestoras de fondos alternativos, pudo entrar en el capital del grupo. Esta situación hizo que los principales comités de empresa del grupo difundieran un comunicado en el que cuestionaban la entrada de Liberty en el accionariado y denunciaran la poca información que disponían de toda la operación. El hecho ha dejado traslucir también una gran preocupación entre buena parte los profesionales del grupo, que ven un futuro muy incierto. Esas circunstancias han sacado a la luz la mala gestión que debía venir aplicando el grupo para acumular una deuda de cerca de 5.000 millones de euros y cuyas consecuencias no se han hecho esperar, como el cierre del canal de televisión CNN+, o lo que según los sindicatos Comisiones Obreras (CC. OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) acaba de anunciar el grupo mediático, un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectará aproximadamente a 2.500 trabajadores.

        Es la cruda filosofía que rige el mercado, cuando algo no da dinero se lo quitan de en medio. Un análisis que comparte el periodista Gervasio Sánchez: “CNN+ ha dejado de existir porque se la han cargado los responsables del grupo mediático al que pertenecía. Es decir, las malas políticas inversoras, los intentos de conseguir dinero fácil, han provocado el endeudamiento de un grupo mediático, y que a la hora de quitarse de encima a los medios de comunicación que no eran rentables lo hayan hecho sin contemplaciones. Berlusconi ha comprado Cuatro porque estaba en el mercado, si no hubiera estado en el mercado no lo hubiera podido comprar”. Según el reportero, debemos de ser cautos a la hora de buscar culpables en todo este asunto.

      Pascual Serrano también hace hincapié en los problemas que algunos de los grupos de comunicación españoles han tenido con la justicia a causa de operaciones de sus accionistas, supuestas desviaciones de fondos por parte de sus directivos o delitos de fraude fiscal.

       En 1998, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó al que fuera presidente de Telecinco, Miguel Durán, y al vicepresidente del grupo, junto con otras personas acusados de supuestos actos fraudulentos. En febrero de 2003, el fiscal anti corrupción solicitó 14 años de prisión y multas que sumaban 133 millones de euros para Miguel Durán por el denominado caso Tele 5. Finalmente, en abril de 2007, la Audiencia Nacional absolvió a los acusados de todos los delitos fiscales y de falsedad documental. En opinión del tribunal, la fiscalía no pudo probar los delitos.

       Silvio Berlusconi y Marcelo Dell’Utri fueron imputados en 2001 por cuatro supuestos delitos de fraude fiscal y varios más de falsedad de documento público. Pero finalmente los arduos y largos procesos judiciales no tuvieron más resultado que el que los acusados fueran absueltos. La justicia española no pudo con el gigante Berlusconi.

    Los escándalos han tocado de cerca a otros grandes de la comunicación, como el grupo Godó. En 1995 la justicia procesó a Javier Godó, su secretaria y a 16 personas en total por crear una red de escuchas ilegales con el objetivo de seguir y vigilar a numerosas personalidades de la vida política y económica. Supuestamente Javier Godó contrató a miembros del CSID (Consejo Superior de Investigación de la Defensa), la agencia española de inteligencia, para que obtuviesen información de aquellos que el propietario del periódico consideraba antagonistas de sus intereses empresariales. Nadie se libró: personalidades de la política, justicia, y empresarios. Finalmente la justicia terminó absolviendo a Javier Godó y a su secretaria. El fiscal del caso, José María Mena, los exculpaba de cualquier responsabilidad en el caso sosteniendo que el editor sí encargó la obtención de información, pero no con el método supuestamente utilizado: los pinchazos telefónicos. “No consta que Javier Godó ni Gemma Guillén ordenaran, conocieran ni consintieran este método de actuación. Las cintas así grabadas eran retiradas, obteniendo así un importante acervo informativo a utilizar para sus propios fines”.

 

 

      Traficantes de información relata cómo uno de estos grupos tiene como trasfondo la actividad inmobiliaria. Se trata de Prensa Ibérica. Como en otros, son frecuentes las desavenencias dentro de su cúpula directiva, enfrentamientos y conflictos familiares en una lucha constante por el poder… Conflictos entre periodistas de medios del mismo grupo, o con vínculos a través de su accionariado, como es el caso del grupo Vocento. Un ejemplo es la demanda presentada por Vocento en 2006 contra el locutor Federico Jiménez Losantos. Este no cesaba de proferir insultos desde la COPE, emisora de radio de la que Vocento era accionista, indignado porque el diario ABC, con José Antonio Zarzalejos como director, no se había sumado a su campaña (y la del diario El Mundo) de responsabilizar a ETA de los atentados del 11-M. El juzgado de lo mercantil ordenó el cese de los ataques contra ABC y Vocento. Pero el asunto no quedó ahí: la COPE recurrió la decisión del juez por considerarlo censura a la libertad de prensa. Recurso que se admitió parcialmente.

      En noviembre de 2007 José Antonio Zarzalejos presentó una demanda contra Jíménez Losantos por intromisión ilegítima en su honor. La justicia condenó a Jíménez Losantos a indemnizar con 100.000 euros a Zarzalejos.

         También fueron significativos los aireados conflictos de este grupo con Tele 5, la televisión en la que la empresa tenía una participación del 13 por 100, y que estaba presidida por un consejero de Vocento.

        El libro de Serrano asegura que Mediapro /Imagina, propietarios de La Sexta y del diario Público, tiene vínculos a través de su accionariado con empresas como la británica WPP, propietaria del 20 por 100 de sus acciones, y cómo esta a su vez pertenece a la firma de publicidad Hill & Knowlton, responsable de orquestar la campaña que sembró en la opinión pública de medio mundo la necesidad de invadir Irak en la primera guerra del Golfo (1990-1991). Fue la llamada Historia de las incubadoras: la presunta muerte de 312 bebés en un hospital kuwaití tras ser robadas las incubadoras por las tropas iraquíes cuando invadieron el país. Más tarde llegaron a reconocer que todo fue un montaje organizado para persuadir a los norteamericanos de la necesidad de una intervención militar en Irak.

         A la mayoría de estos grupos la ingeniería financiera no les ha librado de la crisis. Esta ha dejado en la calle a un gran número de trabajadores. Según el observatorio de la Asociación de la Prensa de Madrid, 2.212 trabajadores se han visto afectados por la crisis, incluidos 1.958 despidos, 107 prejubilaciones y 147 reubicaciones en otros puestos. En estas cifras no están incluidas las salidas previstas en el grupo PRISA, que está inmerso en el denominado por la empresa Plan de eficiencia operativa, en el que se incluye la destrucción de 2.514 empleos (1.240 en el área audiovisual, 244 en educación, 649 en radio, 309 en prensa y 72 en el resto del grupo). A principios de marzo la dirección de PRISA se reunió con los representantes sindicales para plantearles la formalización de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en todo el grupo. Actualmente trabajadores y empresa se encuentras inmersos en enconados procesos de negociación. Situación que ha llevado a que durante varias jornadas buena parte de los redactores de El País se negaran a firmar sus informaciones, y que llevó al diario a publicar un insólito artículo, muy crítico hacia la plantilla, firmado por los cuatro directores que hasta ahora ha tenido el ex “diario independiente de la mañana”, ahora “el periódico global en español”.

        Además, algunos de estos profesionales han visto cómo eran despedidos de sus puestos de trabajo con la fórmula del despido objetivo, la más barata para el empresario, y que indemniza a los trabajadores con 20 días por año trabajado. Una de las premisas de estas políticas laborales es que las empresas privadas pueden hacer lo que les dé la gana. Aunque sean empresas privadas tienen obligaciones sociales y públicas. En muchos casos disfrutan o han disfrutado de subvenciones del Estado.

      En la retina de no pocos habrá quedado grabado el incidente que tuvo lugar el 22 de octubre de 2003 en la sede de Antena 3, día en que la policía sacó de la cafetería –donde mantenían una asamblea permanente- y por la fuerza a los empleados de la cadena. La tarde previa a la jornada de huelga, los trabajadores votaron secretamente no a la propuesta de la empresa de despedir a 254 trabajadores. Mientras una legión de agentes de seguridad privados custodiaba el acceso a la redacción y al plató de informativos, Matías Prats aparentaba naturalidad frente a la audiencia. A pesar que la situación económica de la cadena no justificaba los despidos, el Ministerio de Trabajo aprobó y permitió el despido de los trabajadores. En una entrevista al diario El Economista en noviembre de 2006, Maurizio Carlotti, nombrado consejero delegado de Antena 3 en junio de 2003, decía: “Objetivamente, y por duro que parezca, sobraba gente”. Era la misma persona que entre sus máximas para el mundo de la televisión estaba la de que “la televisión está para vender publicidad”, y que se vanagloriaba de que sus drásticas medidas sirvieron para reflotar la cadena. Es posible que algunos sean de la opinión de que quizás Antena 3 se podría haber limitado a suprimir los planes de fidelización para sus directivos, que les permitieron a unas 30 personas repartirse 70 millones de euros.

      En agosto de 2009 La Vanguardia despidió y prejubiló a un total de 46 trabajadores. En abril del 2010, prácticamente todos recibieron sentencias favorables en los tribunales. La justicia obligó al grupo a readmitirles y pagarles los salarios generados en los últimos meses. Pretendían aplicar un ERE a 90 personas que la consejería de trabajo de la Generalitat aceptó, pero rebajó a 46. Finalmente la justicia los anuló por no encontrar razones que justificaran esa reducción de plantilla. Los sindicatos lo denunciaron como un intento de deshacerse de los trabajadores de La Vanguardia para contratar mano de obra más barata.

 

 

      En mayo de 2009, Unidad Editorial, empresa editora de El Mundo, presentó un ERE por el que se verían obligados a dejar su puesto de trabajo 164 personas. Con los despidos gente muy cualificada se ha visto obligada a dejar su puesto de trabajo y los que quedaron fueron obligados a encargarse de un mayor número de tareas, lo que implicaba más horas de trabajo. La situación de crisis por la que atraviesa en la actualidad el grupo Vocento ha traído como consecuencia una sangría de despidos: 133 puestos de trabajo en ABC, 91 en QUÉ, 10 en Taller de Editores, o la tensa situación por la que recientemente ha pasado la agencia Colpisa, que ha estado a punto de echar el cierre. La dirección de la agencia, alegando una situación económica insostenible, pese a que en 2009 las cuentas mostraron unas ganancias mínimas, pretendía un expediente de extinción de contratos que acabaría con 27 puestos de trabajo. Finalmente la medida no se llevó a cabo porque los trabajadores aceptaron una reducción de sus salarios, la rebaja de la paga de beneficios, pérdida de dos días de vacaciones, supresión de tres días de asuntos propios, y la desaparición del cheque comida. La empresa alegó que las medidas eran necesarias para lograr la supervivencia del grupo y de cabeceras históricas como ABC.

Las tensiones en el consejo de administración de Vocento llevaron a la destitución del consejero delegado que impulsó la drástica reducción de plantilla, José Manuel Vargas.

       Una nota importante en esta carrera por deshacerse de veteranos profesionales en casi todos los grupos (públicos y privados) es el hecho de que se está llegando a prescindir de periodistas con mucha experiencia y largas trayectorias. Algunos ejemplos son Rosa Paz, Antonio San José, Cristina de la Hoz, Javier Ruiz, Pilar Cernuda, o el corresponsal Carlos Hernández en Antena 3, entre otros. Un tendencia que ha llevado a algunos profesionales a dar la voz de alarma. Magis Iglesias explica que las empresas que se están deshaciendo de profesionales veteranos, después de haber invertido en ellos durante muchos años, representa a su juicio no solo un despilfarro sino que también están cavando su propia tumba. Porque los jóvenes, por muy bien preparados que estén, necesitan referencias y ejemplos para aprender.

        Es cuanto menos llamativo que pese a la mala situación por la que algunos medios dicen que atraviesan, los altos cargos y directivos mantengan sueldos millonarios, y tengan garantizada su supervivencia y futuro con suculentos contratos blindados y cuantiosas pensiones vitalicias. El autor se ocupa de algunos ejemplos, como es el caso de Santiago Ybarra, que dimitió de su cargo como presidente no ejecutivo del Grupo Vocento marchándose con una pensión vitalicia de 300.000 euros anuales. O el de Belarmino García Fernández, que llevaba menos de nueve meses como consejero delegado de Vocento cuando se fue con un blindaje de dos millones de euros por cinco años, es decir 10 millones de euros por trabajar 5 años, según el portal financiero Cotizalia. Otros ejemplos son los de José María Bergareche y Santiago Ybarra, que recibieron 6,1 millones, cifra que corresponde a la indemnización prevista en los contratos blindados de alta dirección que firmaron con el grupo editor. Se estimó que el coste de los despidos de altos directivos de Vocento representó una cantidad de 20 millones de euros. Una cifra que se contrapone a lo que el grupo destinó a los despidos de sus trabajadores en 2009: 1.106.000 euros.

       En algunos medios, mientras que los trabajadores se marchan con la fórmula del despido objetivo, los consejeros delegados o directivos convierten su marcha en un negocio muy rentable. En 2009 ABC puso en marcha un ERE que se cobró 133 puestos de trabajo, momento en el que el comité de empresa denunció que un mes antes los directivos habían cobrado bonus.

       La llegada de Recoletos y el grupo italiano RCS Media Group al accionariado de El Mundo, en palabras del periodista José Díaz Herrera en su libro Pedro J. Rámirez al desnudo, supuso un auténtico pelotazo para unos pocos elegidos: mientras algunos trabajadores del diario se desprendían anticipadamente de sus acciones al 200 por 100, los jefes lo hicieron posteriormente al 520 por 100, y algunos superjefes obtuvieron plusvalías de hasta 1.900 por 100 e incluso más. Poco pudieron hacer los que no sacaran tan maravillosa tajada.

        Como colofón a cada capítulo, Pascual Serrano no dejó de lado a las cabezas visibles de los principales grupos, porque a su juicio son los responsables del funcionamiento y el buen hacer periodístico, de la viabilidad y supervivencia de los medios. Pero parece que sus intereses estén muy alejados de la verdadera actividad periodística. Aquí hay sitio para figuras como la de Jesús de Polanco -o como le rebautizó Luis María Anson, “Jesús del gran poder”-. El que fuera presidente del grupo PRISA mantuvo relaciones con el gobierno franquista de las que supo sacar muy buen partido. Como sucedió en 1970, cuando antes de hacerse públicos los planes de estudio de la Educación General Básica (EGB), la editorial Santillana ya tenía listos para sacar al mercado los libros de texto. Del mismo modo que supo encontrar la perfecta relación de poder y dependencia durante el gobierno socialista. En palabras del autor en el libro, una muestra de la influencia del ya fallecido fundador de El País es el hecho de que el juez que lo procesó en 1997 por apropiación indebida terminó condenado por prevaricación. El caso Sogecable comenzó a ocupar las páginas de los diarios españoles cuando en mayo de 1997 se produjo una querella contra Sogecable por utilizar de manera ilegal las fianzas que los abonados de Canal + depositaban a cambio del aparato de conexión (los famosos decodificadores). En concreto, 23.000 millones de pesetas. Finalmente en noviembre de 1997, la Audiencia Nacional archivó las imputaciones de apropiación indebida y estafa contra Sogecable. La sala estableció que Canal + no se quedó con las finanzas de sus abonados. El juez Gómez de Liaño adoptó medidas cautelares en el caso que fueron consideradas posibles actos de prevaricación y el detonante para que Sogecable se querellara contra el juez.

 

 

       El actual consejero del grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, participa en las reuniones del Grupo Bilderber, en el que toman parte las personas más poderosas e influyentes del planeta. Rodolfo Martín Villa, hasta hace poco presidente de Sogecable, cuando era ministro de Relaciones Sindicales –junto a Manuel Fraga, entonces ministro del Interior-, estuvo vinculado a la matanza de Zaramaga (Vitoria) del 3 de marzo de 1976. En enero, unos 6.000 trabajadores habían iniciado una huelga contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo, y aquel día el paro fue total. A las cinco de la tarde estaba convocada una asamblea general en el lugar de costumbre, la iglesia de Zaramaga. La policía asaltó la iglesia con 5.000 personas en su interior con gases lacrimógenos y material antidisturbio. Muchos de los congregados, presa del pánico, intentaron escapar por las salidas laterales y la puerta principal, donde les esperaban los agentes, que dispararon de manera indiscriminada. Murieron 5 personas y otras 100 resultaron heridas. Martín Villa también estuvo implicado, como ministro del Interior, durante los sanfermines de 1978, en los incidentes que causaron la muerte a manos de la policía de Germán Rodríguez, por alzar una pancarta en demanda de amnistía.  Algunos de los presentes en la plaza de toros, con unas 20.000 personas en su interior, empezaron a insultarse y a increparse unos a otros, lo que provocó la intervención de la policía con material antidisturbio y armas de fuego. No tardó en desencadenarse una batalla campal que continuó en las calles y que se saldó con 150 heridos, de ellos 11 con heridas de bala, y la muerte de Germán Rodríguez.

       Fuera de nuestras fronteras, Pascual Serrano se ocupa de quién está al frente del  mayor grupo de comunicación en España y de capitalización bursátil, Silvio Berlusconi. Solo tenemos que revisar la trayectoria de Il Cavaliere: ha recibido 587 visitas de la policía, se ha visto vinculado a 2.500 audiencias –ha tenido que comparecer ante los jueces en nueve ocasiones-, y ha gastado no menos de 250 millones de dólares para evitar la cárcel. Se le ha investigado por complicidad con la Mafia y estar supuestamente implicado en atentados mortales contra dos jueces italianos. Pero la gestión de los medios de comunicación en manos del magnate y primer ministro italiano también le ha llevado a los juzgados italianos por supuesto desvío de millones hacia cuentas bancarias en paraísos fiscales, supuestos fraudes a Hacienda, vínculos con la Mafia…

       Cesare Geronzi, miembro del consejo de administración de RCS Media Group, dueño de Unidad Editorial, y presidente del comité directivo de Mediabanca, principal accionista de RCS, es descrito por el periodista Marco Travaglio como el amo del sistema financiero italiano, con condenas y juicios a sus espaldas por quiebra y por usura.

        Otro de los personajes destacados de este universo mediático es Pedro J. Ramírez, el director de El Mundo. Según su biógrafo, José Díaz Herrera, desde Mariano José de Larra no ha existido en España un periodista más conocido y con más poder que él: “ha puesto y quitado ministros y presidentes del gobierno a su antojo, y tiene en sus manos a banqueros y grandes empresarios”. En la actualidad posee un 1 por 100 de la acciones de Unidad Editorial, pero también un contrato de sindicación de sus acciones con Rizoli con una cláusula especial. Si se marcha de la empresa o es despedido, sus títulos pasaran a ser adquiridos por el Corriere de la Sera al 3.000 por 100 de su valor facial. Para algunos profesionales es un “animal periodístico”, despiertas odios y fervores a partes igual, pero respetando profesionalmente la libertad individual y la capacidad de cada cual de marcar la diferencia.

       En este recorrido por cada uno de los capítulos de Traficantes de información no podemos evitar finalmente dar sentido al título del libro de Pascual Serrano. Porque efectivamente nos encontramos ante “traficantes de la información”, ante empresas, directivos o sociedades que son en gran medida  responsables de haber convertido a la información en simple bien de mercadeo. No importa lo que se dice, lo que se cuenta, y lo que queremos trasmitir con ello, sino la rentabilidad de un producto. Situación que ha llegado a su máxima expresión en un momento en el que la mayoría de los profesionales identifican como el peor por el que atraviesa la profesión periodística en España, o una “tormenta perfecta”, como la han definido algunos: crisis económica, crisis del sector y crisis tecnológica, acentuada por la irrupción de internet y la dificultad para encontrar un modelo de negocio rentable.

        Coinciden también en que la profesión pasa por un momento de crisis de identidad. En la lucha por la rentabilidad se ha dejado de lado el verdadero periodismo, la información contrastada y rigurosa. Y esto ha supuesto la pérdida de la credibilidad. Gervasio Sánchez explica que desde hace mucho tiempo los medios han dejado de ser empresas periodísticas puras, tienen intereses políticos y económicos que limitan y contradicen los principios básicos del periodismo. Poderes que según el periodista han domesticado nuestros medios de comunicación y han dado lugar a una situación verdaderamente calamitosa, donde la visión que se tiene de los periodistas es la de personas mentirosas y fácilmente manipulables por los intereses de los poderosos. Gervasio Sánchez identifica a los periodistas como responsables desde el momento en que dejan de defender sus intereses como profesionales y de denunciar presiones.

        Pero no es fácil llevar a cabo esta labor y defender la existencia de un buen periodismo en condiciones laborales miserables. Los abusos se generalizan en estas circunstancias. Según Dardo Gómez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), “en estos momentos más del 40 por 100 de la profesión periodística está en paro o carece de todo tipo de contrato laboral. Lo tomas o lo dejas es la fórmula que aplican las empresas”. Se trabaja en función de los intereses empresariales y tratando de satisfacer esos intereses para conservar el empleo.

       A esto tampoco ha ayudado la falta de una normativa destinada a preservar la independencia profesional y a garantizar el derecho a la información. El Estatuto del Periodista, aprobado en comisión en la anterior legislatura, y que planteaba la creación de un consejo de información donde estuvieran representados sindicatos y periodistas, y una regulación de la profesión, no ha conseguido pasar del Congreso y convertirse en una realidad. Parece que la única ley a la que estén sometidos los profesionales es la de sus empresas y la obtención del máximo beneficio. Quizás este sea el momento de plantear un cambio, de intentar buscar un nuevo modelo de negocio para que, como dice Pascual Serrano, “el derecho a recibir información veraz deje de ser una marca para su cotización en bolsa u objeto de trueque y comercio entre grupos económicos y financieros”.

 

Beatriz Sierra es periodista.

 


Autor: Beatriz Sierra