Escribo sobre la corrupción y sale lo peor de mí. No porque me enfade que los políticos roben, que también. Sobre todo porque esta desgracia les sirve a algunos, a los de siempre, a los que están a la caza y captura de cualquier coartada para demonizar lo público, la política, la que ellos denominan “clase política”, poniendo de este modo en peligro la democracia, el Estado. Vuelvo, como veis, al tema que me obsesiona últimamente
Un artículo sobre la corrupción que no va a gustarle a nadie
Escribo sobre la corrupción y sale lo peor de mí. No porque me enfade que los políticos roben, que también. Sobre todo porque esta desgracia les sirve a algunos, a los de siempre, a los que están a la caza y captura de cualquier coartada para demonizar lo público, la política, la que ellos denominan “clase política”, poniendo de este modo en peligro la democracia, el Estado. Vuelvo, como veis, al tema que me obsesiona últimamente. Pero sólo un momento, de pasada. Porque reconozco que los primeros que ponen en peligro la democracia son los representantes que se dejan corromper. Pero no por ello debemos perder de vista a quienes siempre han despreciado el Estado u otra “democracia” diferente a la que dicen se materializa en el mercado. Porque aprovechan la coyuntura para poner en marcha su programa de máximos. En ello están. Y parece que lo están consiguiendo.
También me cabrea todo esto porque me da la impresión de que lo gordo no está en la corrupción política, sino en la empresarial, o no estrictamente en la corrupción empresarial (ésa, quizás, sería una acusación demasiado grave), sino en las triquiñuelas (nos pasamos de benévolos ahora) para tributar menos (léase huida a paraísos fiscales) o para pagar menos a los trabajadores (léase deslocalización a países con leyes laborales sonrojantes o directamente inexistentes) o interviniendo en procesos privatizadores con las peores prácticas. Ahí es donde, intuyo, se mueven los números más gruesos. Pero, pese a esto y a las meteduras de pata (siendo otra vez muy comprensivos) de miembros de la patronal como De la Cavada, nadie habla despectivamente de “clase empresarial”, cuando ésa sí sería propiamente una clase social, por ser la que agrupa a los propietarios de los medios de producción. Políticos, en cambio, hay de muchas clases, como dice Alberto Garzón.
Lo dicho, los nuevos dioses del siglo XXI son los emprendedores, que no son otra cosa que empresarios en ciernes. Bajo este fenómeno se camufla una ideología infernal y, con su promoción, con la invitación a «todo quisqui» a que se haga emprendedor, se comete una gran irresponsabilidad: muchos de los que lo intentan se estrellan, lo pierden todo (normal, en un contexto económico tan triste como éste) y conservan para siempre el estigma del fracaso. Pero volvemos a divagar y aprovechamos para anunciar que este blog tiene pendiente una entrada sobre el emprendimiento.
El lector que haya llegado hasta aquí se puede sentir bastante frustrado. Lo reconocemos: nos cuesta mucho hablar de corrupción. Incluso puede estar enfadado porque se puede percibir un cierto tono exculpatorio del tipo: “Los políticos son malos, pero los empresarios son mucho peores y nadie les dice nada”.
No sé si quien piense esto debería seguir leyendo. Porque se puede enfadar muchísimo más. Es posible que esa condescendencia con los políticos vaya “in crescendo”. No es una amenaza. Sólo es una posibilidad.
Estudios sobre la corrupción
Una historia publicada en El País hace una semana y que se basa en dos estudios, uno, de los geógrafos de la Universidad de La Laguna (Tenerife); y otro, Corruption scandals, voter information and accountability, publicado en el European Journal of Political Economy, cifra en casi 800 los casos de corrupción habidos en España en la última década. Atención: se habla únicamente de corrupción urbanística municipal. Así que nadie me recrimine por no hablar del caso de los ERE.
El mapa resultante del estudio de los geógrafos es muy revelador: en todas las comunidades autónomas hay casos. Sobre todo en las del arco mediterráneo, incluída Andalucía. Pero no solo. También en Madrid o en Castilla y León. Y, en proporción a su tamaño, hay que decir que bastante menos en Aragón. Ese mapa, pues, alienta el mantra de que todos los políticos son iguales. Porque en los ayuntamientos gobiernan partidos de todo signo.
Los geógrafos, teniendo en cuenta que no todas las comunidades tienen el mismo número de ayuntamientos, han elaborado un índice para medir la incidencia de la corrupción en cada una de ellas. Las nueve autonomías en las que ésta se encuentra por encima de la media española son Murcia, Canarias, Baleares, Asturias, Madrid, Valencia, Cantabria, Andalucía y Galicia.
¿Qué es lo que pasa? ¿Es que todos los corruptos se meten a políticos? ¿O es que todos los políticos se van volviendo amantes de lo ajeno con el ejercicio del cargo?
Yo utilizo un esquema que me suele funcionar muy bien para determinar por qué los diversos agentes actúan como actúan: la infraestructura económica, al final, termina por explicarlo todo.
Un problema de ingresos y gastos
Estamos hablando de corrupción municipal. Bien, pues entonces vamos a darnos un paseo por Eurostat para ver cuáles son los gastos y los ingresos de los municipios: los políticos son los que gestionan estas cosas. A la vista de los dos mapas que acabo de enlazar, los ayuntamientos andan muy justos de presupuesto: tienen gastos equivalentes al 6,1% del PIB e ingresos correspondientes al 5,9%. Eso sucedía en el año 2012, ejercicio en el que ya se metió, y de lo lindo, la tijera en el gasto. En los años 2008 y 2009, las cifras eran peores.
En definitiva: los ayuntamientos se tienen que buscar la vida para conseguir los ingresos necesarios para cubrir sus gastos. Y, como podrán adivinar, muchos, la mayoría, se la buscaron en el sector inmobiliario. Por no extendernos mucho más en esto, sirva como muestra de lo que sucede lo que nos contaba el otro día el estadístico y ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez: los ayuntamientos están como locos porque se vuelva a construir. Da igual que se forme una nueva burbuja inmobiliaria. Casi les encantaría que volviera a suceder. Y no sólo en la playa. También en la montaña.
Un informe de la Fundación Alternativas muestra cómo los ayuntamientos optaron por incrementar la dependencia en los ingresos urbanísticos de naturaleza extraordinaria y coyuntural en detrimento de su financiación con recursos periódicos y recurrentes. “El comportamiento actual de los políticos que controlan un Ayuntamiento será maximizar sus ingresos urbanísticos para mantenerse en el poder”, comenta este mismo texto. En lugar de subir los impuestos a los ciudadanos porque luego les retirarían el voto, los Gobiernos municipales optaron por obtener recursos de algo electoralmente favorable. Más que en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), los ayuntamientos decidieron basar sus ingresos en la actividad promotora, que es mucho más cíclica. Las ventas de terrenos fueron las que más engordaron los ingresos municipales durante los años del “boom”. A los alcaldes les venía muy bien que subiera el precio del suelo. Y al ver pasar tanto dinero ante sus ojos, era lógico que tuvieran la tentación de trincar. Sobre todo si el promotor se lo ponía en bandeja y se transaccionaba algo más que el suelo: un plan general de urbanismo favorable, una recalificación… Precisamente, como comentan los geógrafos, el 88% de los casos de corrupción están relacionados con el suelo y el planeamiento, es decir, con la transformación del suelo rústico en suelo urbanizable. Pero es que con la ley del suelo de 1997, la que se aprobó con José María Aznar de presidente, todos los terrenos se convertían en urbanizables. Se pensaba que con ello los precios bajarían, porque se ponía mucho suelo en el mercado, pero coincidiendo con la entrada de España en el euro y con unos bajísimos tipos de interés, sucedió todo lo contrario. Aunque nada de esto hubiera sido posible sin la confabulación de intereses de promotores y alcaldes. La burbuja se hinchó y se hinchó hasta que explotó.
Una propuesta de cambio de la financiación municipal
Hemos dejado clara la primera hipótesis sobre la corrupción: la favorece un sistema de financiación municipal muy deficiente. Por eso la Fundación Alternativas propone un cambio. Pero como avanzábamos más arriba, esto llevaría consigo subidas impositivas para los ciudadanos, si es que se quiere que los municipios continúen cumpliendo con sus importantes funciones sociales. Aunque es fundamental que se respete el principio de la progresividad de los impuestos. En este sentido, se podría tratar de manera diferente a la vivienda habitual y a las segundas, terceras, etc., así como a las viviendas desocupadas.
Pero el IBI ahora está subiendo indiscriminadamente. Justo, ¿se dan cuenta?, coincidiendo con un momento de gran sequía constructora. No hay otra fuente de ingresos posible y se decide sacrificar al votante. También, precisamente en este momento, se propone una ley para modificar la administración local, quitándole soberanía y autonomía y, por tanto, restando democracia, según critican los detractores de este texto. Tendremos que investigar si este nuevo marco legislativo garantiza una menor corrupción municipal.
Precios transparentes y tasados
Tenemos una segunda hipótesis sobre la corrupción ligada con la anterior. A los políticos corruptos les venía muy bien que el precio del suelo subiera, porque así más ingresaba su ayuntamiento y, además, mayor “prima” se llevaban ellos.
Dicen los liberales que si en España se generó una burbuja inmobiliaria fue porque el mercado estaba muy intervenido por los Gobiernos. Efectivamente, estaba muy intervenido, muy contaminado por intereses particulares de políticos o, muchas veces, de empresarios metidos a políticos. Lo que pasa es que no estaba intervenido en lo fundamental: en el precio. Un bien como el suelo, un bien como la vivienda, debería tener precios fijados por la Administración. Ya sucede, me dirán, con las viviendas protegidas. En España van a dejar de construirse. Y muchas de las que hay ya levantadas, como nos contaba hace poco María Antonia Trujillo, ex ministra de Vivienda, están cerradas a cal y canto porque no hay quien las compre o quien las ponga al servicio de los ciudadanos que se han quedado sin casa por haber sufrido un desahucio. El precio tasado no debería circunscribirse a la vivienda de protección oficial en vías de extinción. El mercado inmobiliario debería ser transparente y comercializarse «a tanto el metro cuadrado». De esta manera se terminaría con la concepción de la vivienda como un bien para especular. ¡Cuánto daño ha hecho esta idea!
Además de la crisis financiera, esta conversión de la vivienda en un producto de inversión más ha provocado, como dicen los geógrafos canarios, que, a la vez que se concentraba la inversión inmobiliaria pareja a los casos de corrupción urbanística, sobre todo en el litoral, en las grandes ciudades y en sus periferias, se producía un cambio de modelo en el desarrollo municipal desde la agricultura o la industria hacia economías inmobiliarias. Mientras se gastaba en construcción, dejaba de hacerse en industria agroalimentaria, por ejemplo.
¿REFLEXIONES
¿REFLEXIONES PERSONALES?
(V.3)
¿Asusta la corrupción española?
¿La corrupción está insertada en la sociedad española, formando parte de su cultura?
Este es un lema socio-cultural arraigado en la ciudadanía española:
“El que no aprovecha las oportunidades que blinda la política, sus instituciones, los sectores productivos de la sociedad y el contacto diario de los ciudadanos, está haciendo el tonto”.
Sociología de la corrupción
El fenómeno de la corrupción universal, viene dado por el abuso de poder, público o privado, del dominante sobre el dominado, chocando frontalmente con las virtudes cívicas. Se opone a la igualdad, a la justicia, al respeto a la ley y a la solidaridad, denotando una clara falta de valores. La deteriorada educación como principio, los valores individuales y la visión sobre el acontecer en la “calle” como final, son elementos que junto a la voluntad popular, instigan a la corrupción y, consecuentemente, al deterioro de la civilidad. Los modelos de comportamiento se han transmitido de, uno en uno, de boca en boca, para terminar imponiéndose a la ética. El individualismo acaba sobreponiéndose a la solidaridad, “lo mío frente a lo nuestro”. La competitividad anula la colaboración e impone su principio de vencer al oponente “sea como sea y a consta de todo”. Utilizando la Teoría de los Juegos, “es un juego de suma cero”, o lo que es lo mismo, “un jugador se beneficia siempre a expensas de otro/s.
Libertad e igualdad son dos virtudes que articulan la ética. Ya Montesquieu, en “el espíritu de las leyes”, se refería al amor a la igualdad y la defensa de la libertad como, “la virtud misma”, considerándoseles como las piedras angulares de la “convivencia democrática”. En las últimas décadas del siglo XX, se vio una corriente antitética a la cooperación, colaboración y lo colectivo. Este conflicto entre libertad e igualdad, competitividad y colaboración, planteado inicialmente como un debate de ideas, ha traspasado los límites de la teoría, convirtiéndose en una confrontación política-ética, eliminando la dignidad humana.
Las posiciones antagónicas defendidas por, “John Rawls y Robert Nozick”, son un claro ejemplo de lo anterior. Para Rawls, el objetivo de la justicia es la asignación equitativa de los derechos y deberes, de los beneficios y las cargas de la vida en un esquema de cooperación. Su principio básico, “los bienes sociales, libertades y oportunidades, ingresos y riquezas y las bases de la autoestima, han de ser distribuidos de forma igualitaria, a menos que alguno de ellos redunde en una ventaja de los menos favorecidos”. La función del estado sería, recomponer la justicia, redistribuir los bienes sociales favoreciendo a los más necesitados. ¿Cómo puede hacerse?, ¡a través de los impuestos!, estos financiarían, la educación, la sanidad y la justicia, universales y gratuitas. El objetivo final es conseguir una sociedad equitativa e igualitaria. Por contra Nozick, defiende en su teoría “el carácter de desafío a la sensibilidad social, el único criterio que debe regir en la posición individual es la meritocracia. Apoya la justicia retributiva, rechaza la justicia redistributiva y no cree en la igualdad social, por lo que no apoya la intervención del estado ni la solidaridad con los demás, considerándolo como injerencia inadmisible en los derechos individuales, aceptando la intervención gubernamental solo en los aspectos de robo, violencia y fraude, es decir, el “estado mínimo”.
Poder Legislativo
La legislación que emana del pueblo y se dicta y promulga en las Cámaras de su representación, tiene que dotar al poder legislativo (los jueces) de una completa independencia del poder político. El ministerio de justicia sobra en un poder político, debería de ser un órgano funcionarial/administrativo dependiente del poder legislativo.
En relación a la justicia social y su legislación, han existido y existen regulaciones legislativas en el mundo que han obligado a la ciudadanía a la denominada “desobediencia civil”. No obstante de existir legislación muy clara en muy diversas materias, por ejemplo, “las leyes que regían la República Sudafricana y consagraron el “apartheid”, ¿merecían respeto?, o lo merecían “las leyes aprobadas por el régimen nacionalsocialista en la ciudad alemana de Nüremberg contra los judíos”, han sido multitud las leyes nacionales e internacionales que han obligado, temprano o tarde, a la ciudadanía a su desobediencia. Cualquier legislación que viola los derechos fundamentales de sus ciudadanos y de su dignidad humana, “no merece respecto” y el poder legislativo tiene la misión estricta de acabar con ello. El “Estado del Derecho” es una construcción viva y activa, un resultado histórico que tiene sus raíces en la Europa de la Ilustración, y que posteriormente en el siglo XVIII, pensadores como, Denis Diderot y Jean Le Rod D’Alembert, pretendieron educar a la sociedad, porque una sociedad culta que piensa por si misma era la mejor forma de evitar el absolutismo y la dictadura. También es, una conquista de individuos y grupos sociales frente al “poder absoluto”, quien arrebata las parcelas de poder a los primeros, ignorando que las garantías, derechos y libertades forman parte de los derechos fundamentales y éticos de los seres humanos. El Estado del Derecho, supone una separación de poderes real, sin mandamientos políticos de unos sobre otros, siendo también el sometimiento de todos los poderes públicos al imperio de la ley, no la promulgación legislativa más o menos arbitraria del gobierno de turno que controla los pilares de la justicia.
Situación actual de la corrupción española
La apreciación cultural de corruptela, constatada e inherente en la clase política española, también lo es en la clase social española, formando parte de sus entrañas, tejiendo una telaraña entorno a la sociedad que impregna las actuaciones diarias de sus ciudadanos y creando un circulo actuarial entre políticos y sociedad, al identificarse esta con sus políticos corruptos, llegando a votar su continuidad en siguientes convocatorias electorales, cuando en cualquier país europeo “esos políticos estarían muertos para la práctica política”. A su vez, la clase política ha profesionalizado sus actuaciones, creando miles de puestos, “libre designación, oposiciones dirigidas, y posiblemente adjudicadas de antemano, consejeros, etc., o colmando de privilegios a los “lobby”, como las eléctricas, gasistas, constructoras, banca, petroleras y empresas del Ibex-35”, son los llamados “estómagos agradecidos”, que han conseguido instaurarse en el servilismo y que posteriormente recogerán los despojos políticos. Han contagiado sus actuaciones a los sistemas productivos del país, públicos y privados, funcionarial y empresarial, por lo que, el que no roba o no es corrupto “a su manera”, está perdiendo las oportunidades que le blinda el sistema.
En la sociedad actual existe el “Homo economicus, frente al Homo eticus”, importa más lo que se tiene que lo que se es, lo accidental que lo esencial, el coche, la casa, ropa, zapatillas, el ¿qué dirán? o las impresiones que tendrán sobre mí, el denominado “marujeo”, etc., todo ello les ha dirigido hacia la sociedad de consumo y a los aspectos superfluos de la vida individual, “nada de ello podrá ser legado a los demás, morirá con nosotros”, por el contrario forma parte del germen de la corrupción.
La sociedad pública y privada no ha fomentado las bases para eliminar la “cultura choricera”, creando una cultura diferente para la vida de sus ciudadanos, basada en los valores individuales y solidarios con los demás y entre sus diferentes pueblos.
Uno a uno, detalle a detalle, la sociedad y su clase política, ha ido creando un círculo que se cierra con la llegada nuevamente a la clase política de más alto nivel, lo que se denomina como “corrupción programada y socio-culturalmente aceptada”.
Aquí confluye una antropología social global, que lejos de modificarse en el tiempo, ha multiplicado sus objetivos hasta fundirse con los principios básicos de la “corrupción”, conduciendo a la sociedad hacia una lacra destructiva de su propia convivencia. El mandato del pueblo es muy lento en su aplicación, pero debemos de considerar que si la clase política, sus representantes, no son capaces de eliminar esta lacra social, la ciudadanía con su carácter de pueblo llano y siempre con mayoría sobre la clase dominante, adoptará otras decisiones que pudieran ir contra esa clase política.
Historia de la corrupción española
Los antecedentes histórico-culturales españoles sobre la corrupción pública y privada, vienen de muy antaño.
Por no remontarnos a épocas remotas, iniciaremos el recorrido de la “corrupción pública”, por las llamadas “Cuentas del Gran Capitán”, expresión que quedó en el acerbo español como sinónimo de “despilfarro y corrupción”. Hacía referencia a la respuesta que Gonzalo Fernández de Córdoba, jefe militar en la campaña italiana del Rey Fernando el Católico, dio a este al ser interpelado por los gastos de la campaña, “entre picos, palas y azadones han sido 100 millones”. Las “expediciones de Hernán Cortes y Francisco Pizarro”, fueron perseguidas por la Corona, igualmente por despilfarro y corrupción. La corrupción en España estuvo identificada por la figura del “Valido”, una figura que surge con la monarquía hispánica durante el reinado de la Casa de Austria. Se trataba de un miembro de la nobleza en la que el Rey depositaba su confianza en materia de política y administración, hoy día podríamos equipararla a la figura del “Jefe del Gobierno”. Nombres como, Francisco de los Cobos, Antonio Pérez, el Duque de Lerma o el Conde-Duque de Olivares, fueron algunos de los más conocidos, todos ellos se vieron envueltos en escándalos de corrupción y acusados por excesivo enriquecimiento. Otra manifestación de la corrupción pública española fue el “caciquismo” tan arraigado en España durante siglos. A modo de ejemplo, baste citar un fenómeno endémico español, el artículo celebre del semanario satírico “Gedeón”, durante el año 1897, donde cada región española contaba con su cacique, fotografiándose la imagen del mismo sobre el mapa de España y colocando en el margen izquierdo su nombre y población.
En cuanto a la “corrupción privada”, la “picaresca” es una de esas palabras específicas de la lengua castellana. Se refería a la actividad del pícaro, llámese Lázaro de Tormes, o Guzmán de Alfarache, el Buscón Don Pablo o Estebanillo Gonzalez, personajes cuya forma de vida se definía como “aprovechada y tramposa” y que dieron lugar a todo un género literario, “la novela picaresca”.
De igual manera podríamos referirnos al fenómeno del “estraperlo” o al denominado como “economía sumergida”, dándose la circunstancia de que este último golpea más duramente en la comunidades autónomas más desfavorecidas.
Parece indiscutible, que la corrupción en España, ha sido una constante en su historia, formando parte del entorno socio-cultural de los españoles. Otra pregunta sería, ¿Qué ocurre en otros países como, Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia?, la respuesta es clara, “allí también ha existido y existe corrupción”. ¿Cuál es la singularidad del caso español?, la respuesta está en dos aspectos, “la extensión del fenómeno y la insuficiente respuesta política, judicial y social”. Por otra parte, en España no ha existido ni existe “una educación en virtudes públicas”, el único intento para incorporarla fue la asignatura llamada “educación para la ciudadanía”, cuyo fracaso fue atribuido a la acusación realizada por la Jerarquía Católica española, que la denominó como, “vehículo de adoctrinamiento sectario”. El único interés de esta “Jerarquía” fue imponer su doctrina católica en las aulas, frente a la “civilidad”.
Otro antecedente más cercano sobre la corrupción española está basado en el “Franquismo sociológico”, que representaba en sí mismo la “corrupción”. Aspectos que convivían con la vida pública y privada de los ciudadanos como, el enchufe, el favoritismo funcionarial, el trueque de bienes bordeando la ley, el descuento, la comisión, la falta de profesionalización, la falta de ética, la confianza exclusiva en el amigo, conocido y/o familiar, denominado “amiguismo y clientelismo”, la preferencia a la aceptación de los demás antes de ser rechazados, ignorancia hacia los conceptos públicos y solidarios, “lo mío lo cuido yo y lo público que lo cuiden otros», todos ellos y muchos más conceptos han conseguido a lo largo de los años mercantilizar la vida ciudadana española, asentándose en los principios culturales y sociales de la población e introduciendo el germen de la corrupción, “el que no percibe algo a cambio de…….…, no roba, o no es corrupto, es porque no tiene posibilidades”.
En la cultura ética española actual existe una hipertrofia de los derechos y una atrofia de los deberes y responsabilidades. Al haber convivido muchos años en un “régimen dictatorial” en el que los derechos y libertades estaban muy limitados, se ha vivido una explosión reivindicativa de estos, un claro ejemplo es la Constitución de 1978, incorporando un catálogo extenso sobre ello. Olvidándose de los deberes y responsabilidades individuales y con la sociedad, se ha educado en la reivindicación y no en la dignidad individual y colectiva. Se ha entendido los deberes como “abstención de hacer algo”, denominados “deberes negativos”, es necesario recuperar el concepto de “deberes positivos”, es decir, los deberes en el contexto del “estado social del derecho”, o lo que es lo mismo, “aquellos, cuyos contenido es una acción de asistencia al prójimo que requiere un sacrificio trivial y cuya existencia no depende de la identidad del obligado ni de la del/los destinatario(s) , no siendo tampoco el resultado de algún tipo de relación contractual previa”.
Encuestas españolas sobre la corrupción
En relación con las encuestas sobre la corrupción, aunque muy diversas y cuanto más cercanas al poder político menos creíbles, ponemos un ejemplo, la realizada por el CIS en dic/2010, donde se reflejaban unos datos alarmantes, dado que el 79,2% de los ciudadanos encuestados afirmaron que “la corrupción está muy extendida entre los políticos”, un 27,3% por encima de la realizada por estos mismos en el año 2007.
En el año 2014, los medios de comunicación indican que este mismo porcentaje supera el 85%. La Unión Europea, mediante los Eurobarómetros, opina que llega al 83%. Y, muy importante, aproximadamente un 72% no denunciaría la corrupción, porque están convencidos de que “no vale para nada la denuncia”. En el barómetro del CIS de marzo-2014, el primer problema para los españoles es el paro con un 82,3% y el segundo la corrupción con un 43%, habiendo subido esta 6 puntos desde el pasado año 2013. Las conexiones de los distintos gobiernos españoles, autonómicos y locales con el “ladrillo”, enumeran un sinfín de actuaciones urbanísticas que han favorecido al “gran capital”, constructoras, banca y empresas, mediante el acercamiento a cada uno de los ediles, concejales, diputados, etc. Los juzgados están repletos de expedientes que imputan a políticos estatales, empresarios, alcaldes y concejales, llegando a inculpar a partidos políticos. Los procesos tardarán años en aclararse, la propia justicia está dirigida desde la política, mediante el nombramiento de los componentes de los altos tribunales y la prebenda con que gozan los políticos “aforados” (solo pueden juzgarlos, con la aprobación de la Cámara y por tribunales distintos a los que juzgan al resto de ciudadanos, al igual que ocurre con los miembros de esos tribunales). Datos estadísticos recogidos del estudio de Manuel Villora (Univ.Rey D.Juan Carlos) y Fernando Jiménez (Univ. de Murcia).
¿Qué se puede hacer para reducir este germen de corrupción socio-cultural?
Los primeros pasos, tendrían que llegar de mano de la clase política. Un acuerdo global de toda la clase política, modificando las bases políticas españolas, es decir, “la constitución española”, en todos sus términos, dotándola de verdaderos instrumentos solidarios y analizando el entramado político en su conjunto hasta conseguir reducir Instituciones públicas y la elevada carga de políticos electos, homogenizándola a la media mundial por habitante. La renovación de los cargos electos debería ser por mitades y no coincidentes en ninguna de sus tipologías electorales (estatal, autonómica y municipal) siempre en fechas diferentes. De igual forma, sería necesario otro análisis por ministerios, autonomías, diputaciones, concejalías, etc., etc., destinado a conseguir la homogenización en este caso, funcionarial y administrativa con la media mundial/habitante. La obligación moral del/la político/a y de su programa, pasaría por ser elegido/a en “listas abiertas” y exigiendo la ciudadanía el cumplimiento estricto de sus promesas electorales, de lo contrario él/la y su partido serían arrojados de la escena política inmediatamente, sin esperar a próximas convocatorias electorales.
Los segundos pasos, supondrían la instauración de nueva “legislación social”, donde “el que la joda, la pague siempre”, dotando a los poderes legislativos “no dominados por la clase política” siendo completamente independientes y profesionales, y donde la detección de algún miembro sujeto a los ideales de un partido político sería justificación suficiente para su eliminación de este poder. Dado que se trataría de un poder judicial independiente, tendrían que depurarse sus componentes actuales con limpieza democrática.
Sin entrar en más detalles legislativos, cuando la primera deriva de la corrupción es la “vulneración del principio de legalidad”, cuando en la calle existe un clamor social de “no nos representan”, algo existe en esa “Constitución” que tiene que ser modificado.
Por último, llegaríamos a la modificación cultural que supone la “educación y sus enseñanzas” desde la “primaria hasta el grado”, dotándola de clara temática socio-cultural encaminada a la sustitución cultural de los males endémicos anteriormente mencionados, basada en los valores individuales y en la solidaridad.
Recuperar la “civilidad”, es esencial y pasa por un contexto educativo global. Cuando en las conversaciones emanan los gritos, la intolerancia, el desasosiego, cuando no existe respeto mutuo, la descalificación impera por doquier, todo ello ocurre hoy en los debates de los ciudadanos en la “calle” y en los debates de la “clase política” en sus diversos hemiciclos. Globalizadamente y en general, significa que se han perdido las formas y que las relaciones interpersonales han desaparecido, teniendo que recuperarse por vía de la enseñanza de la “educación”.
EXPERIENCIA AMERICANA DE CAMBIO SOCIAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN
La experiencia en la corrupción y en la legislación de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película “Gangs of New York”, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Varios años después, la extensa politización de las administraciones públicas y, de su mano, la corrupción, descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (este es el tipo de gobierno local dominante en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder. Este sistema llega hasta la más alta esfera de gobierno autonómico y estatal español) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política. Los cambios se iniciaron en la política local, llegando y abarcando la política global del país. Aunque la cultura americana no es el mejor ejemplo para nuestra sociedad, sí que lo fue la eliminación de este fenómeno de corrupción, costó años conseguirlo, pero se minimizó la corrupción aberrante que, igualmente llegó a dominar el panorama cultural de los ciudadanos.
¡LA CORRUPCIÓN ESPAÑOLA ASUSTA, SIENDO NECESARIAS ACTUACIONES URGENTES!
El fenómeno de la corrupción española no tiene su preocupación máxima en su extensión global y generalizada, ¡que lo tiene!, más bien está centrado en la “indiferencia ética que el fenómeno representa para los españoles”.
La corrupción es una de las circunstancias por las que cae el “bipartidismo español”, acentuándose otras opciones políticas que estaban ausentes en el panorama político español en pasadas convocatorias electorales.
Ya Ortega y Gasset, decía:
“hay que inyectar en nuestra raza la moralidad social, es la cuestión moral española”
NOTA:
Este documento forma parte de diversas REFLEXIONES personales de varios españoles acerca de la corrupción española, entre las que sobresale el artículo de Jose Luis del Hierro, Prof. Emérito de la UCM, habiendo sido todas ellas recopiladas en este documento. Por otra parte, este documento es ABIERTO, y al que pueden añadirse otras tantas opiniones encaminadas a ilustrar el fenómeno socio-cultural español sobre la “corrupción”.
Aquí se intenta representar, “donde estamos” y “como lo cambiamos”.
Cuanto más tardemos en comenzar los cambios sociales, peor estaremos y más tiempo nos costará abordar los cambios estructurales para erradicar en España la cultura del “pelotazo y la corrupción socio-cultural de los españoles y sus políticos”.
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