[Dictada por teléfono desde el centro de detención de ICE, Luisiana, Estados Unidos, 18 de marzo de 2025]

Me llamo Mahmoud Khalil y soy un preso político. Les escribo desde un centro de detención en Luisiana, donde me despierto en medio de mañanas frías y paso largos días presenciando las silenciosas injusticias que se cometen contra muchísimas personas a quienes no se les protegen sus derechos.

¿Quién tiene derecho a tener derechos? Ciertamente, no las personas que veo en estas celdas. Como el senegalés que conocí acá, quien lleva un año privado de libertad, con su situación legal en el limbo y una familia a un océano de distancia. O como esa persona detenida de 21 años, a quien conocí acá también, y quien llegó a este país a los nueve años, solo para ser deportado sin juicio alguno.

En este país, la justicia se escapa de los bordes de las instalaciones de inmigración.

El 8 de marzo los agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) me arrestaron, se negaron a proporcionarme una orden judicial y me hostigaron junto con mi esposa cuando regresábamos de cenar. Las imágenes de esa noche ya son públicas. Antes de que pudiera darme cuenta, los agentes me esposaron y me obligaron a subir a un automóvil sin matrícula ni marca alguna. En ese momento, mi única preocupación era la seguridad de Noor. No sabía si a ella también se la llevarían, ya que los agentes habían amenazado con arrestarla si no se apartaba de mí. Nadie del DHS me dijo nada; desconocía la causa de mi detención o si me enfrentaba a una deportación inmediata. Me llevaron al centro número 26 de Federal Plaza, donde dormí en el suelo frío. De madrugada, los agentes me trasladaron a otro centro, esta vez en Elizabeth, Nueva Jersey. Allí dormí en el suelo y me negaron, a pesar de mi solicitud, una manta.

Mi arresto fue consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión. Por defender una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza, un genocidio que se reanudó con fuerza el lunes por la noche. Con el fin del acuerdo del alto el fuego de enero, los padres en Gaza vuelven a cubrir con velos cuerpos pequeños, y las familias se ven obligadas a sopesar entre el hambre y el desplazamiento versus las bombas. Es nuestro imperativo moral persistir en la lucha por su completa libertad.

Nací en un campo de refugiados palestinos en Siria, en el seno de una familia desplazada de su tierra desde la Nakba de 1948. Pasé mi juventud cerca, pero lejos de mi tierra natal. Pero ser palestino es una experiencia que trasciende fronteras. Veo en mis circunstancias similitudes con el uso que hace Israel de la detención administrativa –encarcelamiento sin juicio ni acusación– para despojar a los palestinos de sus derechos. Pienso en nuestro amigo Omar Khatib, quien fue encarcelado sin cargos ni juicio por Israel al regresar a casa de un viaje. Pienso en el doctor Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital de Gaza, quien fue capturado por el ejército israelí el 27 de diciembre y permanece hoy en un campo de tortura israelí. Para los palestinos, el encarcelamiento sin el debido proceso es algo común.

Siempre he creído que mi deber no es solo liberarme del opresor, sino también liberar a mis opresores de su odio y miedo. Mi injusta detención es indicativa del racismo antipalestino que las administraciones de [Joe] Biden y [Donald] Trump han demostrado durante los últimos 16 meses, mientras Estados Unidos ha seguido suministrando armas a Israel para matar palestinos e impidiendo la intervención internacional. Durante décadas, el racismo antipalestino ha impulsado esfuerzos que expanden las leyes y prácticas estadounidenses que se utilizan para reprimir violentamente a palestinos, árabes-estadounidenses y otras comunidades. Precisamente por eso me están atacando.

Mientras espero decisiones legales que pondrán en juego el futuro de mi esposa y mi hijo, quienes permitieron que yo fuera atacado siguen cómodamente en la Universidad de Columbia. Los presidentes Shafik, Armstrong y el decano Yarhi-Milo sentaron las bases para que el gobierno de Estados Unidos me atacara. También han disciplinado arbitrariamente a estudiantes pro-palestinos y permiten que campañas virales de acoso estilo doxing, basadas en el racismo y la desinformación, sigan sin control alguno.

La Universidad de Columbia me atacó por mi activismo. Y no solo eso. Incluso creó una nueva oficina disciplinaria y autoritaria para así eludir un debido proceso judicial y silenciar a los estudiantes que critican a Israel. La Universidad de Columbia cedió a la presión federal al revelar los expedientes estudiantiles al Congreso de Estados Unidos. De esa forma esta universidad cedió a las últimas amenazas de la administración Trump. Mi arresto, la expulsión y/o suspensión de al menos 22 estudiantes de Columbia –algunos despojados de sus títulos de licenciatura apenas unas semanas antes de graduarse–, así como la expulsión del presidente del Sindicato de Estudiantes, Grant Miner, en vísperas de las negociaciones de un nuevo acuerdo, son ejemplos claros.

En todo caso, mi detención es un testimonio de la fuerza del movimiento estudiantil para cambiar la opinión pública en cuanto a la liberación de Palestina. Los estudiantes han estado durante mucho tiempo a la vanguardia del cambio: ya sea liderando la lucha contra la guerra de Vietnam, participando en la primera línea del movimiento por los derechos civiles, como impulsando la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Hoy también, aunque el público aún no lo comprenda plenamente, son los estudiantes quienes nos guían hacia la verdad y la justicia.

La administración Trump me está atacando como parte de una estrategia más amplia que busca reprimir la disidencia. La gente que tiene visas de estudiantes, así como tarjetas de residencia (greencards) y hasta los ciudadanos serán objeto de persecución por sus ideas políticas. En las próximas semanas, estudiantes, defensores y funcionarios electos deben unirse para defender el derecho a protestar por Palestina. No solo están en juego nuestras voces, sino las libertades civiles fundamentales de todos.

Si bien soy consciente de que este momento trasciende mis circunstancias individuales, espero poder presenciar el nacimiento de mi primogénito.

 

[Pese a ser residente permanente en Estados Unidos, Khalil fue detenido el 8 de marzo de este 2025. Días más tarde, el estudiante palestino de la Universidad de Columbia (y uno de los rostros más destacados de las protestas estudiantiles por la guerra de Gaza), pudo enviar una carta desde la cárcel. Su arresto sucede cuando junto con su esposa, Noor Abdalla, esperan la llegada de su primer hijo. Además, todo esto en medio del nuevo gobierno de Donald Trump, quien ha vuelto al poder desmantelando las instituciones y profundizando políticas anti-inmigratorias y autoritarias. Su texto, traducido por primera vez al español, se puede leer como parte del género literario de las cartas desde la cárcel. Casos como el libro de Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, escritos luego de ser encarcelado por el régimen fascista italiano en 1926. O las cartas de Rosa Luxemburgo sobre la deriva totalitaria de la Revolución rusa, un poco antes de que fuera asesinada por fuerzas paramilitares alemanas. Otro ejemplo es la Carta desde la cárcel de Birmingham, escrita por Martin Luther King Jr., donde este le habla a esa gran mayoría moderada que miraba con suspicacia las protestas por los derechos civiles. “Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos”. Y por último está el caso de Henry David Thoreau, quien fue encarcelado por no pagar sus impuestos, una experiencia que ayudó a inspirar su ensayo Desobediencia civil, en el que dijo: “En una sociedad injusta, el lugar de las personas justas es la cárcel”].