Al margen del drama humano de muchos inversores que perdieron todo o gran parte de sus ahorros, mi caso y los de decenas de miles de afectados son consecuencia de una de las crónicas financieras más negras e importantes de España, así como de una de las de mayor escándalo periodístico y político de los últimos años.
Seguir tal retrospectiva tres años atrás, hasta julio de 2011, supone remontarse al día en que 400.000 accionistas minoritarios compramos las primeras acciones de Bankia cuando –este banco producto de la fusión de siete cajas de ahorros españolas, entre ellas Caja Madrid y la Caja de Ahorros del Mediterráneo– salió a Bolsa.
Uno de los sucesos más reveladores tuvo lugar a finales de verano de 2013, cuando una mujer minusválida en Málaga decidió quitarse la vida. La información no tuvo relevancia en la prensa, pese haber sido una muerte presenciada en la calle por más de un centenar de personas. Creo que, a largo de estos años, los medios deberían haberse saltado la norma no escrita que les lleva a no informar de las muertes por suicidio. Varios estudios demuestran que se puede dar entre los lectores una imitación de este comportamiento o decantar la decisión de alguien al borde del suicidio. Este silencio mediático debería estar concebido para épocas de “estabilidad económica”, pero no en años de descontento social.
Diez meses después de su estreno bursátil la entidad se encontraba al borde de la quiebra. 2012 marcó un punto de inflexión, un antes y un después que sin duda no olvidaremos. Sin la inyección de ayudas, la entidad habría caído, contribuyendo, sin duda al colapso del sistema financiero español. Mientras desde Europa se presionaba para que España aceptara el rescate del país, el Gobierno alargó los plazos buscando desesperadamente un plan B. Este no fue otro que pedir el rescate para la parte del sistema más dañada, las entidades financieras, dejando al margen el resto del país.
Finalmente, la solución política pasó por socializar las pérdidas y nacionalizar Bankia, un coste que salió del bolsillo de todos los contribuyentes. Las ayudas también se obtuvieron del capital invertido por clientes en participaciones y acciones de la entidad.
Primero mediante la quita de un porcentaje en los depósitos de las preferentes de esos pequeños ahorradores, y en 2013 a través de otra quita que –por inaudito que nos pareciera a los accionistas– ascendía al 99 por ciento de nuestra compra en la Operación Pública de Suscripción de 2011, un contra split que reducía nuestros títulos de cien a uno. Ambos mecanismos fueron ordenados desde el FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Por contrapartida, el hecho de que ya fuera un banco nacionalizado nos hizo albergar esperanzas de que el dinero del rescate –de todos los españoles a Bankia– revirtiera tarde o temprano en los afectados.
Por ejemplo en no tener que acudir a los tribunales para recuperar nuestras inversiones, basadas en una información financiera falsa de la entidad. Craso error, haber esperado recobrar nuestro dinero sin intervención judicial.
Algo que sólo podía entenderse mientras no llegara un cambio de tendencia, porque –aunque hubiera ya algunas sentencias que estimaran las demandas colectivas– los despachos de abogados no conseguían todavía recabar accionistas interesados suficientes, por lo que solían recomendarnos demandas individuales a quienes sí les consultábamos, en algunos casos resultando más gravosas que las propias cuantías a reclamar.
Además, al no haberse dado aún en 2013 la ocasión para probar el dolo civil en el proceso penal contra Bankia, por aquel entonces la acción de nulidad era inviable, según foros de abogados en internet. Meses después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abriría una nueva vía al resolver que sí es posible solicitar tal nulidad.
Así que, a partir de 2014, estos son algunos de los pasos que los accionistas iremos dando. A los tres años de su indebida o “fallida” salida a bolsa, contraté los servicios de un despacho de abogados en la calle O’Donnell de Madrid.
Bankia respondió en julio con intención de examinar –caso por caso– el listado de clientes afectados. Los abogados suponen que Bankia quiere negociar aplicándonos un porcentaje de quita a cada cliente.
De no hacernos una oferta a los accionistas para evitar una acción colectiva que podría producir un extraordinario efecto llamada, reclamaríamos a Bankia en un procedimiento civil por publicidad engañosa en su folleto informativo. Lo que significó no haber dado información adecuada tanto de la solvencia como en la compra venta y el valor real de las acciones.
Obviamente, y sin saber qué propuestas pueda llegar a hacer Bankia, interesa la demanda civil colectiva.
En línea paralela –desde hace meses– los accionistas vamos pasando por la calle Prim, a cuenta de formalizar (las minutas apud acta) poderes para unirnos a la querella que se sigue en la Audiencia Nacional contra Bankia y su matriz BFA, por los delitos de asociación ilícita, apropiación indebida, administración desleal, así como por falseamiento de cuentas, en documento mercantil y de la información económico financiera.
Basta simplemente con que el escrito de personación en el procedimiento penal sea sellado para que aquellas personas en calidad de perjudicadas estemos ya personadas.
Histórico
En junio de 2011, las oficinas de Bancaja y Caja Madrid ampliaron su horario comercial abriendo sus oficinas en Madrid todas las tardes de lunes a viernes hasta que se terminara de colocar el elevado volumen de la emisión de acciones.
Sus comerciales nos ofertaban un descuento a los clientes por la compra de acciones, afirmaban que salían a un precio muy inferior a su valor real. Ofreciéndonos además un 7% de dividendos, rentabilidad ésta sin competencia en los depósitos a plazo de cualquier entidad bancaria para el pequeño ahorrador.
La realidad fue que el valor de las acciones no era superior a su precio de salida, era prácticamente nulo.
En julio del mismo año, Bankia se estrenó en bolsa con un precio por acción de 3,75 euros. A los clientes que solicitamos en junio adquirir acciones nos las vendieron el 19 de julio sin el descuento.
Quienes en junio de 2011 solicitaron OPS de acciones por valor de 6.000 euros, cuando se estrenó en bolsa en julio, les concedieron 1.600 títulos a 3,75 euros la acción. Los comerciales nos habían asegurado verbalmente que quienes solicitáramos OPS en junio, nos beneficiaríamos en exclusiva de un descuento en la compra de julio, primer engaño.
Seis meses después, a principios de 2012 podríamos haber vendido sin apenas pérdidas, pero la recomendación del personal bancario era esperar para no perder los dividendos, pues el personal de las oficinas aseguraba que en 2011, la entidad había registrado beneficios, segundo y tercer engaño.
El 5 abril de 2012, carta de Rodrigo Rato afirmando que nos pagarían dividendos flexibles a los accionistas, último engaño. Semanas más tarde, los medios publicaban el escándalo Bankia.
Mientras tanto, los accionistas primeros del pasado julio de 2011 cuando el banco se estrenó en bolsa –clientes a quienes se les ofreció colocar gran parte de los ahorros sin un máximo de suscripción– esperan el juicio pendiente con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que nunca debió permitir su salida a bolsa.
Es responsabilidad de los comerciales del banco por su mala práctica al rellenar test MIFID, marcando las casillas de riesgo y, aún así, haber vendido acciones a personas de perfil conservador que no pasamos esos test de riesgo y, por tanto, a sabiendas de que eran productos no recomendados para estos clientes según los test.
Existe normativa europea que ampara a los clientes ante su desconocimiento en productos financieros. A los pequeños accionistas nos han fallado los banqueros y políticos que permitieron a Bankia cotizar en bolsa en julio de 2011.
Tras la quiebra, ha quedado demostrado que cuando se estrenó en bolsa no era solvente pues había tenido pérdidas millonarias.
Asimismo, inversores institucionales que contaban con información privilegiada sobre la verdadera contabilidad, no acudieron a la OPS, por lo que no hubo necesidad de prorrateo, y sin embargo los suscriptores –accionistas minoritarios en su mayoría– nos vimos obligados a comprar el total de las acciones pedidas, y es que se habían solicitado más de las que se deseaban ante el falso reclamo comercial de que habría una elevada demanda.
Desde el 23 de diciembre de 2013 Bankia ha vuelto a cotizar nuevamente en el IBEX 35. Durante el último semestre de 2013 ha sido el punto de mira de inversores institucionales extranjeros que, interesados en formar parte del accionariado de un banco nacionalizado, han duplicado su porcentaje en la adquisición de títulos.
Además la entidad ya está saneada y al parecer –desde su rescate en 2012– ha obtenido beneficios en paralelo a la recapitalización de los 23.500 millones de euros inyectados por el Estado. Según algunos analistas, va camino de convertirse en el mejor banco de España, actualmente ocupa el cuarto puesto.
Falso valor patrimonial
Volviendo a 2011, para captar ampliación de capital cuando salió a bolsa nos ocultaron y falsearon las cuentas de la compañía asegurando contar con 300 millones de euros en beneficios.
En 2012 la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada por el movimiento ciudadano 15M, que imputa al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato… “Si los accionistas hubieran conocido las pérdidas, no habrían metido su dinero”, señaló el abogado.
El 28 de febrero de 2014 en la privatización parcial del 7,5% ordenada por el Gobierno, la demanda de 2.500 millones de euros duplicó la oferta. Con estas inversiones británicas y americanas, el FROB ha recuperado parte de los millones inyectados en la nacionalización. Además, la colocación de estas acciones ha generado unas plusvalías frente a lo que el Estado pagó por cada acción cuando fue rescatada.
Durante los primeros meses de 2012, los comerciales consiguieron evitar la espantada de los accionistas insistiendo en que solamente aquellos que conserváramos los títulos, recibiríamos dividendos de los beneficios de 2011, eso sí, sin precisar en qué fecha ni el porcentaje.
Cabe interponer paralelamente a la acción penal, una demanda civil de reclamación de responsabilidad por la emisión del folleto.
Vicio o error en el consentimiento es el dado por clientes de perfil conservador –ahorradores de depósitos tradicionales sin riesgo– y que según los test de conveniencia negativos, carecemos de formación y conocimientos financieros.
No deja de ser anecdótico que en las oficinas de esta entidad haya dejado de constar la existencia de la carta de Rodrigo Rato –fechada 5/04/2012– dirigida a todos los accionistas asegurando que recibiríamos dividendos flexibles.
Por otro lado, aunque la entidad nos remitió notificación al domicilio de los clientes sobre el split a la inversa hecho efectivo en abril de 2013, por esas fechas algunos empleados de oficinas omitían explicar qué implicaba y lo justificaban como una forma de reducir exceso de papel para un mejor manejo de cada cuenta de valores.
Y es que desde abril de 2013 agruparon las acciones de 100 a una para que el valor tuviera liquidez y pudiera cotizar en Bolsa con normalidad, de tal forma que de cada 6.000 euros invertidos en julio de 2011, veinte meses después quedaban sobre papel una cantidad correspondiente a 16 títulos.
Bankia falseó sus cuentas para salir a bolsa en 2011. El folleto informativo –sometido a la aprobación de la CNMV– describía una entidad solvente y con beneficios a 31 de Marzo de 2011, cuando ya arrastraba pérdidas. Se calculan 300.000 afectados en toda España.
La entidad reformuló sus cuentas de 2011 y presentó otras el 4 de mayo de 2012, en las que aparece la situación real de la entidad con perdidas de millones de euros. Un día después, Rodrigo Rato presentó su dimisión.
Hay vicio en el consentimiento de los accionistas, al haber comprado acciones bajo la creencia de que era una entidad solvente pues Bankia presentó un folleto con beneficios de 300 millones de euros. Diez meses después, la entidad reformularía esas cuentas mostrando unas pérdidas de 3.000 millones de euros.
Los vicios del consentimiento son más viables de defender en personas sin conocimientos financieros que en aquéllas con formación suficiente.
En la OPV se fijó el valor nominal de la acción en dos euros. Se diferenció así su cotización de mercado con respecto a su valor en el contrato.
El visto bueno de la CNMV y una fuerte campaña publicitaria promovieron la compra masiva de acciones y eso condicionó en gran medida a los consumidores y/o pequeños ahorradores de Bancaja y Caja Madrid a la hora de solicitarlas. ¿Acaso también debido a la confianza que depositamos los clientes en los empleados, hubo dolo civil o mala fe por parte de la entidad a través de sus comerciales?
Ciertamente, el folleto informaba de todos los riesgos a posteriori de la salida a bolsa pero no bajo qué precedentes desfavorables comenzó a cotizar.
Ello implicaría otro argumento en el vicio del consentimiento, además de ser clientes minoristas, sin conocimientos financieros y de no haber contratado nunca productos de riesgo.
El mes de junio de 2011, el personal de la entidad fue vendiendo a los clientes que la inversión en bolsa proporcionaría un alto rendimiento a los accionistas de Bankia. Según Rodrigo Rato, el porcentaje de capital destinado a dividendos (pay-out) sería un mínimo del 40%.
Hasta 15.000 oficinas bancarias de todo el país, los empleados estuvieron trabajando en esta operación a cambio de importantes comisiones por colocación y por asegurar del tramo minorista. Se trataba de recapitalizar la entidad y de obtener pluses por los contratos firmados.
Con los mandatos de compra se quería captar de 3.000 a 4.000 millones de euros entre inversores particulares y cualificados, y fueron alrededor de 2.000 millones de euros destinados a pequeños inversores.
Gracias a la campaña de publicidad de la OPV con el anuncio Hazte Bankero y sobre todo al mensaje de un descuento en los títulos que rondaría el 50% de su valor en libros.
El rango inicial de las acciones se movió entre los 4,41 y los 5,05 euros. Se aseguraba que su estreno bursátil se haría con un descuento de entre el 46% y el 51% de su valor en libros, de 13.276 millones. El valor que Bankia captó en la Oferta, fijó la capitalización final entre 7.600 y 8.700 millones de euros.
Justicia gratuita
Previamente, y a pesar de las altas tasas judiciales, reconsideré no recurrir a la Justicia gratuita, tras comprobar los casos en los que sorprendentemente ésta se deniega a pequeños ahorradores pensionistas.
Concretamente se está denegando Justicia gratuita para reclamar la nulidad de la compra de participaciones preferentes y de acciones de BANKIA en la Oferta Pública de Suscripción de 2011, al contabilizar el importe de las mismas como parte del patrimonio del solicitante.
La contrapartida la darán los magistrados que estimen las impugnaciones contra estas resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente de cada Comunidad Autónoma, toda vez que los jueces reconozcan de dominio público que el contrasplit hizo irrecuperables las inversiones de esos accionistas, así como que las condiciones de las preferentes impedían retirar libremente las cantidades aportadas antes de su conversión en acciones.
Siendo precisamente intención de los solicitantes conseguir la nulidad de estos contratos, ambos productos bancarios no deberían considerarse como signos externos de capacidad económica atribuibles a los titulares de estos productos si además invirtieron en ellos la totalidad de sus ahorros.
Tales denegaciones de justicia gratuita, resultan todavía aun más paradójicas aunque sin tanta notoriedad periodística, en los casos de suscripción de acciones de la OPV de 2011, en tanto que el split a la inversa –aplicado semanas antes del obligado canje de las participaciones preferentes en acciones– no afectó de igual manera a estos dos activos financieros.
Sí, en cambio, perjudicó principalmente a los primeros accionistas minoritarios, y es que tras el contrasplit de 2013, de cada 6.000 euros colocados cuando la salida a bolsa de Bankia, veinte meses después y resultado de una quita de 1.584 acciones, se convirtieron en 16 títulos.
De forma que la liquidez de toda inversión de 6.000 euros hecha en julio de 2011 pasó a valer menos de 20 euros desde el pasado enero de 2014.
En cuanto al proceso penal que se sigue contra la antigua cúpula directiva de Bankia –por delitos de estafa, alteración del precio, simulación de contrato, etcétera– reclamar la responsabilidad civil supone la indemnización por la comisión de estos delitos para los afectados.
Esa indemnización sería la diferencia entre el precio al que salieron las acciones (3,75 euros) y el precio al que deberían haber salido (aproximadamente de entre 0,77 y 0,90 euros), multiplicado por el número de acciones.
Dado que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción, todavía cabe personarse en el mismo aquellos interesados que quieran reclamar la indemnización.
Una vez se cierre la fase de investigación y se abra la de Juicio Oral, ya no podrá añadirse ningún afectado más para recuperar la inversión.
Las costas del procedimiento si se pierde –hecho improbable a la vista de la investigación abierta, del auto del juez Andreu y del Informe de Fiscalía Anticorrupción– no las abonarían los clientes sino el grupo del partido político UPyD, plataforma que promovió la querella, ya que los afectados sólo figurarían en calidad de perjudicados.
Dos procedimientos posibles: Penal en la Audiencia Nacional y Civil en Juzgado de Primera Instancia.
Una demanda colectiva por la vía civil ofrece más garantías de llegar a recuperar la inversión. Y es que en una acción civil sí puede reclamarse todo el importe invertido más daños y perjuicios.
A diferencia de la vía penal, en una futura sentencia en la vía civil, si se pierde –algo también difícil según los datos– podrían condenar en costas, pero esta condena suele pactarse que la pague el despacho de abogados y no los clientes.
Únicamente al final del proceso y mediante sentencia firme consiguiéndose la devolución de la inversión, las firmas de abogados cobrarían un porcentaje del importe que se recupere.
Por otro lado, los abogados de oficio aconsejan recurrir las resoluciones que denieguen justicia gratuita, pues porque aunque los honorarios de los profesionales –en caso de ganar- puedan ser repercutidos al contrario, sin embargo –si se pierde y en consecuencia se fijara condena en costas– habría que abonar las tan temidas tasas.
No basta con presentar solicitudes del beneficio de Justicia Gratuita ante el Colegio de Abogados, porque aun siendo designados provisionalmente letrado y procurador, al cabo de dos meses, la Comisión de Asistencia de Justicia Gratuita de la Comunidad Autónoma puede denegar el reconocimiento de este beneficio.
La Comisión rechaza solicitudes en virtud del artículo 4, al entender que haya signos externos en los ejemplos de rendimientos o dividendos generados por productos financieros.
Frente a tales resoluciones, ha quedado claro ya la viabilidad de interponer impugnación demostrando ingresos anuales no superiores a los límites económicos fijados por la Ley para recibir justicia gratuita.
Asimismo, otro garante para ganarse este derecho sería alegar circunstancias personales que justifiquen pagos como los de hipoteca o alquiler…
Recibido el escrito de impugnación, en un período comprendido de entre dos y seis meses, el Juez citará en vista oral al solicitante y se dictará auto manteniendo o revocando la resolución impugnada, sin posibilidad de más recursos.
Volviendo a las firmas de abogados especializadas en derecho bancario, éstas nos representan a varios miles de afectados en la Audiencia Nacional, de los que un alto porcentaje nos iremos incorporando a la nueva reclamación en vía civil, tras los correspondientes plazos dados a Bankia que los cumplirá y atenderá según sus intereses.
Reclamar la nulidad de las acciones
Desde mayo de 2014, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es posible reclamar la nulidad de la compra de acciones de BANKIA en la OPS (Oferta Pública de Suscripción) de 2011.
Actualmente, más del 20% del banco somos accionistas minoritarios, aquellos que las compramos en verano de 2011 y los que canjearon obligatoriamente en 2013 sus preferentes por acciones.
Desde su estreno en Bolsa, muchos de aquellos primeros accionistas no hemos hecho ninguna operación, transacción ni especulación en nuestras cuentas de valores, a la espera de que el banco fuera saneado y así poder recuperar con el paso del tiempo el capital invertido.
Procedimientos
A finales de 2013, un juzgado de Oviedo condenó a Bankia a devolver el dinero invertido en acciones de la OPV de 2011, por su mala comercialización engañando con el precio de las acciones y con una gran demanda inexistente, dando lugar a un error en el consentimiento de los demandantes, que debe llevar a declarar la nulidad de las órdenes de suscripción.
En abril de 2014, un juzgado de Coslada obliga a Bankia a devolver 60.000 euros a un matrimonio. El magistrado declara nula la compra venta de unas acciones por no haber informado de la situación real de Bankia, de su solvencia ni del valor real de las acciones.
Según el fallo judicial, se produjo un error en el consentimiento que indica que los demandantes –sin conocimientos financieros– eran de perfil conservador, pues en los últimos 37 años habían sido titulares de depósitos.
En cuanto al Procedimiento de Diligencias previas Nº 59/2012 en el Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, los inversores perjudicados por la fraudulenta salida a bolsa de Bankia, pueden adherirse al proceso penal abierto en el que están imputados los miembros del Consejo de Administración y algunos de los ex directivos de Bankia y su matriz BFA.
Las últimas diligencias siguen la directriz marcada por el juez Fernando Andreu de no eternizar el proceso sin necesidad, denegando sistemáticamente imputaciones que desvían el objetivo de la investigación…
Consultar también:
Asociación en Defensa de los Accionistas de Bankia. La primera creada por accionistas provenientes de preferentes y salida a bolsa: http://adabankia.com adabankia@gmail.com
En Twitter: @AdaBankia
Rosa Santiago Palacios es periodista. Empezó en Radio Exterior de RNE y en periodismo local para la TV autónoma. A través de gabinetes de prensa y productoras, ha intervenido en la realización de reportajes, documentales y producciones audiovisuales corporativas, así como en la organización de eventos.
