Ecuador: el futuro no se anuncia

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Si alguien visita al Ecuador de hoy es improbable que escape a un ramalazo de abandono, a la quieta orfandad que flota en la atmósfera de este pueblo antiguo, de diecisiete millones de habitantes, cuya primera cultura, sedentaria y ceramista, afloró hace 5.500 años. Se dice rápido. Pese a la cordialidad de su gente y a la conmovedora belleza natural, la adversidad enseguida sobrecoge, por más que en las principales ciudades convivan épocas distintas, con una posmodernidad recluida en pocos lugares que podrían ser parte del paisaje de Zúrich o París. Y sobrecoge porque aun en la figuración y sonoridad de los lugares más seductores no se percibe un mundo que viene. No hay señales de otro mundo posible. Y si las hubiera serían solo el anuncio de un lugar vacío.

En las ciudades y pueblos del Ecuador de hoy no es tan extraño encontrar de día y de noche seres durmiendo al azar de las aceras: mendigos, borrachos, enfermos. El paisaje lleva décadas, aunque en el último año se ha recrudecido. El 2019 la población en situación de pobreza y pobreza extrema pasó del 34 al 47 por ciento. Los pobres viven con 84,5 dólares al mes y los extremamente pobres con 47,37, aunque el salario mínimo sea de 400 dólares. El año 2020 se registraron 1357 muertes violentas, 113 al mes, que suelen asociarse a la mayor presencia del narcotráfico. Desde el 2001 una estudiante de segundo de educación básica fue violada al menos durante un año por el vicerrector de su colegio; el 11 de diciembre de 2002 la chica se quitó la vida. El colegio tardó quince meses en iniciar un mero sumario administrativo contra el violador, pero no por agresión sexual sino por “abandono injustificado del cargo”: el funcionario se había dado a la fuga. No es un caso excepcional. En este país el suicidio es la primera causa de muerte entre los adolescentes.

Entre el 2 y el 13 de octubre de 2019 hubo un levantamiento popular encabezado por indígenas andinos y amazónicos que se oponían a la eliminación del subsidio a la gasolina y el diesel, a una reforma laboral draconiana para los trabajadores y a la privatización de empresas rentables del Estado. Por la primera, la eliminación del subsidio, subiría el precio del transporte público, por la segunda, concretada ocho meses después en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario debido a la debilidad de los sindicatos, se implantó un régimen de semiesclavitud entre los trabajadores asalariados, y por la tercera el capital nacional e internacional se adueñarían de lo poco que queda.

Hubo un tiempo en que Ecuador era un país. Había, si no una gran comunidad sí una serie de pequeñas y medianas comunidades que se reconocían entre sí con un grado de pertenencia que alcanzaba una unidad frágil pero suficiente, que trascendía el estado de simple conglomerado humano. Seguramente era un exceso formal llamar propiamente Estado al pobre puñado de instituciones de ámbito general aceptadas por todos, pero sin duda se podía hablar de un país, en el sentido etimológico de la palabra, el de pagus, pueblo pequeño, agrupación humana vinculada social y emocionalmente, un sentido que aún se conserva en lenguas romances como el francés (pay), catalán (pais) o italiano (paese). Había el tejido propio de una sociedad, una comunidad de interés básicos, el sentimiento de pertenencia a un lugar común.

La historia contemporánea de Ecuador empezó en 1978, con la finalización de una dictadura militar y el comienzo de una serie de doce gobiernos civiles. Hasta 1992, varios gobiernos de inspiración socialdemócrata y democristiana concibieron el ideal de construcción de un Estado moderno. El empeño apuntaba a la transformación de la población en ciudadanía, un titular activo de derechos y deberes políticos, corresponsable consciente del destino de la incipiente comunidad. Se trataba de fortalecer la educación regular, despertar el interés por lo público y encauzarlo a través de estructuras dinámicas de dimensión nacional: los partidos políticos.

Mas el programa sufrió la arremetida de una alianza entre el populismo y la oligarquía que impulsaron un proyecto que entregaba a la banca y el capital financiero la conducción del país. Sin un modelo político y social alternativo, la alianza oligárquico-populista abrió un período terrible: entre 1992 y 2007 fueron investidos nueve presidentes de gobierno; y entre los años 1999 y 2000 unos dos millones de ecuatorianos debieron emigrar para salvar sus vidas y las de sus familias.

El más prolongado gobierno lo presidió Rafael Correa entre 2007 y 2017. La candidatura presidencial de este fue respaldada por una amplia coalición de izquierda que prometió llevar a cabo una revolución que acabara con el pasado de oprobios. La alianza inmediatamente promulgó una nueva constitución, la de 2008, aún vigente, que, por una parte, exponía más un programa político partidista que el fundamento jurídico del Estado y la vida práctica de sus ciudadanos, y, por otra, diseñaba un modelo de gobierno hiperpresidencialista. En 2017, al cabo de diez años de lo que se llamó la “revolución ciudadana”, no quedaba huella alguna de aquel juicioso empeño democristiano y socialdemócrata por la existencia de una ciudadanía, de individuos conscientemente vinculados entre sí, miembros de una comunidad unida por los mismos derechos y obligaciones. La demolición iniciada por la alianza oligárquico- populista alcanzó su clímax en el gobierno de Correa, al término del cual la desafección por lo público en el país era ya patente, como lo es hoy.

Correa deshizo poco a poco la alianza de izquierdas que lo impulsó al poder y gobernó solo. Su concepto de revolución era sorprendente, propio de un tecnócrata: “hacer las cosas extraordinariamente bien”. Gobernó convencido de que el presidente no es solo cabeza del ejecutivo sino jefe supremo del Estado, es decir, presidente de las tres funciones, máxima autoridad del territorio y regente de toda la población, de los innumerables componentes de las esferas pública y privada. No solo del sector público sino también el semipúblico, de todo lo nacional, seccional, local, lo productivo industrial, agrícola, artesanal, deportivo, cultural, artístico. Un hiperpresidente. Un monarca. Así intervino en la marcha de la asamblea legislativa, del sistema judicial y de las instituciones autónomas nacionales o regionales. Y reprimió a todos los opositores y aun a los discrepantes, a medios de comunicación y periodistas, partidos políticos y movimientos sociales, al movimiento indígena, a feministas y ecologistas, a instituciones educativas innovadoras de educación indígena e intercultural, a asociaciones estudiantiles, a la izquierda crítica. Hasta llegó a agredir físicamente, acompañado de sus guardaespaldas, a un cantautor en plena vía pública. Hizo depender de elementos individuales y hasta subjetivos el respeto de principios y derechos básicos.

Sobre todo, Correa anuló la primera de las instituciones de un Estado y de cualquier orden social: la noción de ley como voluntad colectiva, no individual. Es así como la ley, la noción misma de ley, de su naturaleza y su imperio, desapareció de la conciencia de la población. ¿Ley? ¿Qué ley?, se preguntan hoy los ecuatorianos. Ley era lo que quería Correa. En el Ecuador de hoy, ley es lo que digo yo, tú, él. El que puede, según el caso y el momento.

La inversión del gobierno de Correa en infraestructural vial, salud y educación, extraordinaria en la historia del país, quedó despotenciada por el modo en que la práctica política de gubernamental se apartaba de los procedimientos democráticos, inculcando a la población por vía mimética comportamientos cada vez más desestructuradores socialmente. Correa creyó que transformar la educación era solo asunto de inversión, infraestructuras y tecnología. Según afirma la investigadora educativa Rosa María Torres, en su artículo Educación: una ‘revolución’ sobrevalorada, durante el gobierno de Correa “el modelo pedagógico convencional no cambió”; siguió “conservando sus rasgos esenciales: vertical, autoritario, memorístico, enciclopédico, bancario…”. En 2016, un año antes de finalizar el gobierno, solo el 55% de los estudiantes terminaba el bachillerato, Ecuador estaba por debajo de la media regional en lectura y escritura (séptima de básica) y la tasa de analfabetismo era del 5,54%.

Los problemas sociales no mejoraron sustancialmente: gracias a una política asistencialista se redujo la pobreza, pero en 2017 la desnutrición crónica en menores de dos años de edad había pasado de 21,9% en 2006 a 27% en 2017, la segunda más alta de América Latina, y Ecuador era el segundo país con tasa más alta de desnutrición crónica infantil. Por otra parte, por las investigadoras Ana Acosta y Luisana Aguilar, del periódico Wambra, sabemos que entre 2013 y 2016 se produjeron 8.677 partos de niñas menores de catorce años de edad como consecuencia de violaciones. No podían abortar, so pena de prisión. Actualmente, cada día siete niñas de entre 10 y 14 años dan a luz; en las adolescentes de entre 15 y 19 años se registran 65 partos al día; hay unos 26.000 partos de menores de edad cada año en Ecuador. En 2014, cuando la asambleísta del partido de gobierno Paola Pabón propuso una ley para despenalizar el aborto en casos de violación, Rafael Correa exigió a su bancada parlamentaria que la propuesta fuera retirada y advirtió de que si la Asamblea la aprobaba él renunciaría al cargo de presidente.

La anulación del compromiso cívico, la destrucción de los partidos políticos y la actual reducción de las instituciones a su caricatura son los más perniciosos legados del período 2007-2017, que tuvo un corolario trágico: entre 2017 y 2021, el delfín y sucesor de Correa, el actual presidente, destapó la corrupción del gobierno de su predecesor y valedor, pero hizo un gobierno entregado a la alta empresa privada y al capital internacional: el reverso del hiperpresidencialismo fue el manoseo de las instituciones y recursos por parte de facciones mafiosas. Ahora el país está a punto de sufrir un despojo mayor de bienes públicos rentables por parte de la plutocracia. Hace pocos días el regente reconoció que el plan de vacunación “solo existía en la mente del señor ministro”, cuyo único cuidado fue ofrecer las pocas vacunas con que cuenta el país a personas VIP.

El 11 de abril de 2021 los ecuatorianos deben elegir un nuevo gobierno. Sin embargo, a las puertas de una decisión trascendental, el futuro no se anuncia. Hay un voto militante que elegirá entre el candidato de la vieja derecha, el ultraconservador Guillermo Lasso, y el de la nueva derecha, Andrés Arauz, el gestor del populismo conservador de Rafael Correa.

Hay también un voto deliberante, que en la primera vuelta electoral aunó a indígenas, ecologistas, feministas, activistas sociales y estudiantes en torno a la candidatura del dirigente indígena Yaku Pérez y ha acusado a las dos derechas de haber pactado la exclusión fraudulenta del líder indígena, a quien buena parte del país aún ve capaz de batir a los dos candidatos del balotaje y cualquier otro competidor en la segunda vuelta.

Hay además un voto nihilista, de gente cuya mayor esperanza, la derogación de la reforma laboral, no fue siquiera mencionada por los dos finalistas en el debate nacional de 21 de marzo. Este grupo descree de todo peligro, incluso de la Covid-19, a la que no evitan. Viven en las playas, en las plazas y las aceras, revientan las calles con altavoces o motocicletas, hacen cualquier cosa para tranquilizarse. Sobreviven como pueden. Eligen diariamente una llama en que arder.

La mayoría no militante sabe que ha de seguir bregando en la lenta invención de un futuro. Es consciente de que hoy esa posibilidad reposa solo en la fuerza moral de este pueblo que aun en las mayores adversidades ratifica su fe en el trabajo y su pertenencia a este lugar. Es una reserva que se manifiesta de muchos modos y que un viajero atento podría encontrar hasta en las conversaciones de amigos, y en la literatura, la poesía y la prosa, que sugieren que la espiritualidad de un país es capaz de convertir un terreno en abandono en lenguaje creador para la vida.

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