En el discurso de Iván Márquez durante la preparación de los diálogos de paz, el secretariado de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dejó claro que consideran la justicia transicional un “agravio” porque apunta a convertirlos a ellos –que se consideran víctimas- en victimarios. “Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son los victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad”, dijo. Sin embargo, tal como está estructurado el proceso de paz, si funciona, lo que tendría que haber para las víctimas de las FARC es verdad, ya que justicia habrá muy poca. El caso del asesinato de la familia Turbay Cote en el Caquetá y de los testigos de este crimen es una medida de lo mucho que tendrían que contar los guerrilleros de las FARC.

 

Este crimen es uno de los más atroces y reveladores porque, además de que unos guerrilleros ya confesaron su autoría y otro fue condenado a 40 años, muestra los lazos que en algunas regiones ha establecido la guerrilla con políticos locales. Así lo ratificó el fallo de destitución del ex representante Luis Fernando Almario por parte de la Procuraduría.

 

“Las alianzas establecidas entre las FARC y líderes políticos tenían fines criminales, económicos y políticos”, dice el fallo, que reconoce la relación entre la guerrilla y el congresista pero decreta a su favor la prescripción porque ya pasaron cinco años desde que ocurrieron los hechos. “Lo anterior denota como acontecer trascendental la influencia de las FARC-EP en el ámbito político del departamento del Caquetá auspiciando a algunos líderes de la región, como al parecer sucedió con Almario Rojas, y a su vez encargándose de la eliminación de aquellos considerados como rivales políticos a quienes les atribuyeron vínculos con grupos paramilitares”.

 

Almario ha insistido que todo este juicio es un montaje de sus enemigos políticos en el Caquetá y que varios de los testigos han sido fabricados por la policía de Florencia, y que ni siquiera son realmente guerrilleros. Cuando fue capturado dijo que todas las declaraciones que hay en su contra fueron hechas por un “cartel de mentirosos” y que demostrará su inocencia.

 

 

El crimen

 

Las FARC acabaron con la fuerza política más poderosa del Caquetá que era el Turbayismo matando no solo a sus líderes más visibles que era la familia Turbay Cote sino a varios de los políticos que integraban esta vertiente del Partido Liberal.

 

Cuando murió Hernando Turbay, ex presidente de la Cámara de Representantes y senador, su hijo Rodrigo lo reemplazó en el Congreso hasta que fue secuestrado por las FARC en 1995. Dos años después, apareció su cadáver en un río del Caquetá.

 

Lo sucedió su hermano Diego, quien fue elegido representante a la Cámara en 1998. Diego era el presidente de la Comisión de Paz del Congreso cuando el 29 de diciembre de 2000 las FARC lo acribilló. Viajaba con su mamá Inés Cote, una líder regional que tenía un programa de radio muy influyente (La Conga), desde donde atacaba con frecuencia a la guerrilla. Ella y los otros cinco acompañantes también fueron asesinados. En un retén de la guerrilla, los obligaron a bajarse de las camionetas, y los mataron en el piso.

 

Un testigo de los hechos afirmó a la Fiscalía que vio al guerrillero Patamala coordinar la ejecución del crimen. Como lo contó La Silla cuando el Ejército lo dio de baja en 2009, Patamala era el jefe de sicarios de la Teófilo Forero, que planeaba y ejecutaba muchos de los crímenes de esta columna móvil.

 

Patamala, más conocido en la zona como James, El Muerto, organizó en la zona de distensión la célebre escuela de sicarios de las FARC. Su gran fortaleza fue su alianza con el narcotráfico del norte del Valle y sus contactos con el bajo mundo que le permitieron expandir sus dominios al Huila, Tolima, Bogotá y Pereira.

 

Su base principal siempre fue Puerto Rico, Caquetá. Se dice que entre 2002 y 2005, Patamala fue el alcalde en la sombra de este municipio. Allí logró una enorme influencia política después de haber hecho ejecutar a dos alcaldes liberales turbayistas (seguidores de la familia Turbay Cote) y conseguir la elección de su concuñado Walter Castro Ortiz en 2002, quien fue avalado públicamente por Almario.

 

A los pocos meses de tomar posesión, José Lizardo –a cuya ceremonia iban los Turbay cuando fueron asesinados- fue ejecutado por órden de Patamala. En su reemplazo, fue nombrado John William Lozano Torres, también liberal turbayista, quien fue igualmente asesinado a los pocos meses.

 

En las elecciones atípicas celebradas a comienzos de 2002, fue elegido Walter Castro Ortiz. Durante su período, miembros y colaboradores de la Teófilo Forero fueron nombrados funcionarios públicos en la Alcaldía. El nombramiento más sonado fue el de Edwin Cardona, alias Juan Pablo, cuñado del alcalde y comandante de las milicias populares de la Teófilo Forero, quien fue corregidor de La Aguililla.

 

Para las mismas elecciones atípicas, Patamala desplazó a Jorge Hernán Calderón, quien después sucedería a Walter Castro en la alcaldía de Puerto Rico y sería asesinado en febrero de 2009, días después de haber dejado su cargo en la mayor desprotección. Calderón era un político turbayista y uno de los pocos testigos sobrevivientes contra Luis Fernando Almario en el proceso por la muerte de los Turbay Cote.

 

Hasta ese momento, 38 testigos habían sido asesinados, entre ellos varios taxistas que fueron torturados y muertos la semana siguiente a los Turbay por haber presenciado el homicidio, como valientemente lo denunció Gustavo Petro en el Congreso.

 

 

 

Las confesiones

 

El año pasado circuló un video de las FARC en el cual dos de los comandantes en el Caquetá confesaron el crimen de la familia Turbay Cote y volvieron a vincular a Almario. El excongresista dijo que el video era un montaje.

 

 

Hace un mes, la única sobreviviente de la familia Turbay Cote, Constanza, le envió una carta a Juan Manuel Santos expresandole su solidaridad con su decisión de iniciar un proceso de paz con las FARC.

 

“Llevamos varios procesos de Paz, pero no de Reconciliación, la cual exige el pleno conocimiento de los hechos, la aceptación de responsabilidades y sobre todo, el firme propósito de nunca jamás repetirlos”, dice la hermana e hija de los asesinados por las FARC. “Pienso y siento como víctima, por esto es tan significativo su compromiso de incluir en este proceso de paz el punto denominado Víctimas y Verdad”.

 

Constanza concluye su carta diciendo que “sin verdad no hay perdón, no hay paz”. Por eso, porque hay miles de Constanzas en este país, es que uno de los retos más grandes de los negociadores del Gobierno es conseguir que las FARC por lo menos le den eso a sus víctimas.

 

 

 

Juanita León es directora de la web colombiana La silla vacía, donde se publicó originalmente este reportaje