En noviembre de 2011 Ampon Tangnoppakul, un camionero jubilado de 61 años, fue condenado en Tailandia a veinte años de prisión por el delito de enviar cuatro mensajes de móvil antimonárquicos a un ayudante del anterior ministro, Abhisit Vejjajiva. Ampon, popularmente conocido como Tío SMS, defendió su inocencia durante todo el juicio argumentando que no sentía más que respeto por la familia real y que no sabía cómo enviar mensajes con el teléfono móvil. Nadie sabe cómo podría haber conseguido el número de un miembro del personal del primer ministro y sus abogados trataron de demostrar que su teléfono había sido pirateado para enviar los mensajes. Pero el juez no aceptó el alegato.

En Tailandia, a menudo son los acusados del delito de lesa majestad los que tienen que demostrar su inocencia. Ampon no lo consiguió y probablemente pagó con su vida por ello. Enfermo de cáncer, solicitó en numerosas ocasiones la libertad condicional, pero el tribunal se la denegó argumentando que existía “riesgo de fuga” y que su enfermedad “no parecía mortal”. Tras quejarse durante días de un fuerte dolor de estómago, Ampon murió en un hospital de la prisión, donde el tratamiento era más que insuficiente, el pasado 8 de mayo.

I

Tailandia tiene el dudoso honor de contar con la que probablemente sea la ley de lesa majestad más severa del mundo. Los orígenes de la ley se remontan a 1908, pero adoptó su forma definitiva actual en 1976, tras el golpe de Estado que aupó al poder al político ultraderechista Thanin Kravixien. Thanin no permaneció más que dos años en el poder, pero la reforma de la ley de lesa majestad, una medida de excepción introducida para responder “a las circunstancias” de aquel momento, ha sobrevivido hasta el presente.

El artículo 112 del código penal tailandés estipula que “deberá ser castigado con una pena de entre tres y quince años de cárcel” cualquier persona que “difame, insulte o amenace al rey, la reina, el príncipe heredero o al regente”. En la práctica, está prohibido cualquier comentario mínimamente crítico hacia la institución monárquica en su conjunto y lo que hace la ley especialmente peligrosa es que cualquier tailandés puede denunciar a otra persona. 

Sin embargo, la libertad de expresión se enfrenta en Tailandia a algo más que a una ley injusta. Según el politólogo tailandés Pavin Chachavalpongpun, “lo que hace que los tailandeses se abstengan de expresar sus verdaderas opiniones es una cierta clase de cultura y costumbres locales. Los dirigentes políticos han usado y explotado esa cultura para defender sus intereses en nombre de proteger lo que se supone que es la cultura tailandesa. No se nos permite criticar a la monarquía, no sólo porque podríamos infringir el Artículo 112, sino porque, nos dicen, eso podría dañar la imagen de la identidad nacional tailandesa: la monarquía. Esa mentalidad es más fuerte que la aplicación de una ley contra la población”.

En cualquier caso la profunda crisis en la que se está sumida Tailandia desde que el ejército derrocara al primer ministro Thaksin Shinawatra en septiembre de 2006 ha hecho que se utilice la ley de lesa majestad como arma arrojadiza para acallar a cualquier contrincante político y ha provocado un aumento espectacular en el número de denuncias y condenas.

El conflicto ha enfrentado a dos elites: una antigua, que gira en torno a la Casa Real y que ha recibido el nombre de “red monárquica” y otra, más moderna, centrada en el magnate de las telecomunicaciones Thaksin, un hombre que, con sus políticas populistas, se ganó el apoyo de una gran parte de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, especialmente en la región de Isan, situada al noreste de Tailandia y la más empobrecida del país. El conflicto también ha tenido como escenario las calles, con enfrentamientos entre los camisas amarillas, una organización social ultramonárquica, y los camisas rojas, un heterogéneo grupo formado por partidarios de Thaksin, activistas de izquierdas y opositores al golpe de Estado, contra la policía o el ejército.

Los tribunales son otro de los escenarios de esa lucha y, en algunos casos, han sido víctimas de ese juego cruzado personas que no pertenecían a ningún bando.

Uno de los juicios más famosos ha sido el de Chiranuch Premchaiporn, periodista y directora de la web independiente Prachatai. Chiranuch fue acusada por primera vez en marzo de 2009 de no borrar lo suficientemente rápido unos comentarios considerados ofensivos para la monarquía del foro de su web, por lo que se enfrentaba hasta a veinte años de cárcel. A esa denuncia se sumó otra en septiembre de 2010. Las denuncias se basaban en la Ley de delitos informáticos, aprobada en 2007 por la Junta militar que había dado el golpe de Estado el año anterior, según la cual el dueño de una web es responsable de todos los contenidos que aparezcan en la misma.

El proceso judicial se ha ido retrasando durante meses y ha llegado a convertirse en una pequeña causa célebre de la libertad de expresión en todo el mundo. Finalmente, el juez dictó sentencia el 30 de mayo y condenó a Chiranuch (por uno de los comentarios, que tardó en borrar veinte días), a un año de prisión y una multa de 30.000 baht (760 euros) que se redujo a ocho meses de libertad condicional y una multa de 20.000 baht (500 euros) gracias a la colaboración que la acusada mostró durante el juicio y porque carecía de antecedentes penales.

Chiranuch, que afirma estar pensando en apelar la sentencia, considera que la condena es “realista, dada la situación política actual, sobre todo con esa ley injusta”. Es posible que, con esta sentencia se haya tratado de encontrar un equilibrio entre imponer una ley que permite al Gobierno tailandés controlar qué se publica en la red, pues la acusada ha sido declarada culpable, y evitar un escándalo internacional que podría dañar su prestigio, ya que no irá finalmente a la cárcel. Sobre esa presión, Chiranuch opina que no “ha influido directamente en la sentencia, pero los observadores internacionales que acudieron constantemente al tribunal contribuyeron a garantizar que se celebrase un juicio justo”.

En este sentido, el juicio de Chiranuch es una excepción, ya que la mayoría de procesos se celebran a puerta cerrada y, para proteger a la institución monárquica, los contenidos por los que son acusados los reos siempre se mantienen en secreto. Es el caso de Ampon Tangnoppakul, citado al inicio, o de Daranee Charnchoensilpakul, alias Da Torpedo, una activista de los camisas rojas condenada en mayo de 2009 a 18 años de prisión por un discurso que pronunció en julio de 2008 criticando a la Casa Real y el golpe de Estado.

II

Pese al aumento de la represión, o quizá debido a ello, está aumentando la oposición a la ley de lesa majestad. Al frente de ella se encuentra Nitirat, un grupo de siete juristas que demandan un cambio radical del artículo 112. Sobre todo, exigen que las penas sean reducidas a un máximo de doce años, que el delito de lesa majestad no sea considerado una amenaza a la seguridad del Estado y que sólo la Casa Real pueda denunciar este tipo de delitos.

Nitirat cuenta con el apoyo de politólogos y activistas de todo el mundo, pero también se ha granjeado enemigos en una de las instituciones más poderosas y más vinculadas a la monarquía del país: el ejército. El propio jefe de las fuerzas armadas, Prayuth Chanoocha, ha criticado públicamente al grupo y le ha recomendado que abandone sus demandas. Los ultra monárquicos consideran a los siete juristas enemigos de la Casa Real y uno de ellos incluso recibió una paliza en marzo en el campus de la Universidad de Thammasat, en Bangkok.

La situación está llegando a tal punto que muchos monárquicos creen que criticar la propia ley de lesa majestad debería ser considerado un delito de lesa majestad. Pero entre quienes se oponen a la ley también hay algunos monárquicos que consideran que el artículo 112 está perjudicando a la monarquía. El más importante es el famoso intelectual Sulak Sivaraksa, quien ha sido denunciado en varias ocasiones por injurias al rey y ha afirmado que las críticas a la Casa Real son necesarias y podrían contribuir a que funcionase mejor.

III

En ese contexto, las revelaciones contenidas en los cables confidenciales de la embajada estadounidense en Tailandia no han hecho más que reforzar las sospechas de muchos tailandeses de que la Casa Real no es en absoluto una institución que se halle “por encima de la política” y las luchas de poder.

Los cables salieron a la luz el año pasado gracias al periodista de origen escocés Andrew McGregor Marshall. Radicado en Singapur, Marshall llevaba diecisiete años trabajando en la agencia Reuters, de la que había sido uno de los corresponsales en Bangkok durante dos años. Cuando tuvo acceso a los cables, la agencia se negó a publicarlos, alegando que albergaba dudas sobre “su tamaño, fuentes, objetividad y posibles problemas legales”. Sin embargo, Marshall opina que “se negaron a publicarlos porque les preocupaba el impacto que eso podría tener en sus ingresos en Tailandia. También porque tenían preocupaciones legítimas sobre la seguridad de su personal en Tailandia”.

Entonces, Marshall decidió renunciar a su trabajo en Reuters para poder publicar los cables en su propia página web. “Cuando leí los cables me di cuenta del valor que tenían para ayudar a acercarse a la verdad sobre Tailandia. Nunca dudé de que publicarlos era mi deber como periodista y como ser humano, incluso si eso me costaba el empleo y me convertía en un delincuente en Tailandia”, asegura. De hecho, Marshall no puede regresar al país, pese a su estrecha vinculación con él (su prometida es tailandesa). “Quebré a sabiendas las leyes tailandesas de lesa majestad y de delitos informáticos y eso significa que podría ser condenado a decenios de cárcel si fuera juzgado por un tribunal tailandés. Por lo que sé, no hay ninguna acusación formal contra mí, pero si regresara allí, los acontecimientos podrían sucederse a gran velocidad y correría un riesgo enorme. Pero el servicio de seguridad del estado de la policía me ha recomendado extraoficialmente que no entre en el país”.

Los cables cubren el periodo comprendido entre los años 2004 y 2010, en el que el conflicto entre la élite monárquica y los partidarios de Thaksin Shinawatra se hallaba en su apogeo. Según Marshall, “el material más importante de los cables está relacionado con el enorme papel que ha jugado el palacio en la política tailandesa. Yo compararía las repercusiones de los cables a las del niño de la parábola de Hans Christian Andersen El traje nuevo del emperador, cuando señala el hecho evidente de que el emperador está desnudo. Aunque todo el mundo podía ver la verdad, decirla en voz alta en público lo cambió todo”. Para el periodista, la que sale peor parada en los cables es la esposa del rey, la reina Sirikit: “quizá las revelaciones más importantes son las que conciernen al comportamiento de la reina Sirikit, cuyo intervencionismo político se ha vuelto cada vez más agresivo”.

Durante esta crisis, se ha ido resquebrajando para muchos tailandeses la imagen de padre justo y benevolente de la nación tailandesa que el rey Bhumibol Adulyadej construido durante años, con ayuda del ejército y el aparato de Gobierno. En numerosas conversaciones con camisas rojas que pedían mantener el anonimato he podido comprobar que muchos creen que la Casa Real estaba detrás del golpe de Estado de 2006 y que algunos se sintieron decepcionados cuando el ejército atacó el campamento de los rojos en mayo de 2010 y mató a decenas a civiles desarmados ante el silencio del rey.

Este incipiente sentimiento antimonárquico es imposible de cuantificar, pero sin duda no tiene precedentes en la historia reciente de Tailandia y ha llegado en un momento especialmente delicado para la corona. “El rey Bhumibol está agonizando y la sucesión es una cuestión de enorme importancia sobre la que los tailandeses necesitan mantener un debate abierto, y la mayoría desea hacerlo, pero la legislación se lo impide. Por esta y otras razones, hay una presión cada vez mayor para reformar o abolir la ley. Estoy seguro de que eso sucederá, la única pregunta es cuánto tardará en ocurrir”, comenta Marshall.

IV

En cualquier caso, no será el Gobierno actual el que cambie la ley. La primera ministra ya ha anunciado rotundamente que no tiene ninguna intención de cambiarla. La primera ministra, Yingluck Shinawatra, no es otra que la hermana del depuesto Thaksin y muchos la consideran una mera marioneta de su hermano, exiliado en Kuwait para evadir una condena de dos años por corrupción que sus partidarios consideran “políticamente motivada”. No en vano, uno de los eslóganes de su partido, el Puea Thai, durante la campaña electoral del año pasado era “Thaksin piensa, el Puea Thai actúa”.

La negativa del Puea Thai a cambiar la ley probablemente se oponga a las ideas del propio Thaksin, que, según uno de los cables desclasificados, le dijo en octubre de 2008 al entonces embajador que “Tailandia no podrá considerarse democrático mientras se mantenga la amenaza de las acusaciones por delitos de lesa majestad”. Sin embargo, como señala el politólogo Pavin Chachavalpongkun, “Thaksin nunca ha sido un modelo de democracia o de promotor de la libertad de expresión. Él ya controlaba o manipulaba los medios para beneficiar a su partido” cuando estaba en el poder.

Ahora, el Gobierno de Yingluck está tratando de aprobar una polémica ley de “reconciliación nacional” en el Parlamento cuyo principal objetivo, según sus detractores, es simplemente llevar a Thaksin de vuelta a Tailandia mediante una amnistía, de la cual también se beneficiarían los militares golpistas y los que ordenaron el ataque al campamento de los camisas rojas en Bangkok en 2010. Y no son pocos los que sospechan que hay un pacto entre la elite de Thaksin y la élite monárquica y el ejército. “Creo que es posible. El comportamiento de Yingluck parece confirmar que eso es cierto, desde su rechazo a una enmienda del Artículo 112 hasta su reconciliación con el amaart [la élite aristocrática tailandesa], pasando por la ley de amnistía, tanto para el ejército como para Thaksin”, comenta Pavin.

Ese pacto, real o imaginario, ya está haciendo que muchos camisas rojas comiencen a distanciarse del partido de Thaksin y Yingluck. Algunos dieron la vida creyendo que luchaban por la democracia y fueron ellos los que auparon al Puea Thai al poder el año pasado. Según Pavin, “es posible que los rojos vuelvan a protestar, en esta ocasión contra el partido que apoyaron en el pasado”.

Desde la llegada al poder de Yingluck y el Puea Thai ha quedado claro que sus objetivos no coinciden plenamente con los de los camisas rojas y quienes abogan por una Tailandia más democrática. La ley de lesa majestad, las constricciones a la libertad de expresión y la opacidad que impera en la vida pública tailandesa aseguran que el futuro de Tailandia no se decida más que en los despachos de unas élites más o menos enfrentadas pero condenadas a entenderse.

En agosto del año pasado, Nattawut Saikua, sin duda el líder más carismático de los camisas rojas y miembro del Gabinete de Yingluck, me dijo que su Gobierno estaría dispuesto a considerar una enmienda del Artículo 112 si había la suficiente presión popular, si la ciudadanía se lo pedía. En las actuales circunstancias, todo indica que los gritos de los tailandeses para cambiar la ley tendrán que ser atronadoras para que el Gobierno los escuche. Mientras tanto, decenas, y probablemente centenares, de tailandeses permanecen encerrados en la cárcel simplemente por expresar sus opiniones.

Carlos Sardiña Galache es periodista y traductor. En FronteraD ha publicado El galerista de Rangún y El laberinto tailandés