No hay semillas bajo la escoria. Una minera bajo sospecha en República Dominicana

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Apenas hay nada que pueda distraer la atención en la casa de Pedro Pablo Abad. Se respira soledad. Encima de una gran mesa de madera, algunas herramientas descansan, opacadas por la misma atmósfera oscura que envuelve el salón. Pedro Pablo, miembro del Comité Nacional contra la Megaminería y el Cianuro, no está en contra de Falcondo, lo repite otra vez. “Yo no creo que una minera no pueda trabajar con la gente. El problema es lo que hacen y cómo lo hacen. No les puedo permitir que vengan a matar a una comunidad”

 

Será difícil saber qué hacía en su celda Juan Carlos Moronta cuando, ausente su persona, el tribunal de la sala 5 del palacio de justicia de Bonao decidió aplazar su juicio hasta el 9 de julio. De nuevo, la falta de medios para trasladarlo del Centro Penitenciario de La Vega al banquillo de acusados, a 37 kilómetros de distancia, lo ha condenado a otro mes de prisión preventiva. El día que lo juzguen por el robo de entre diez y quince libras (entre cuatro y siete kilos) de níquel del escorial de Falcondo, acumulará once meses de sombra a sus espaldas. El valor de lo supuestamente robado no alcanza los 100 euros, los abogados de la compañía le pedirán diez años. Como él, otros cuatro muchachos esperan juicio. Todos son vecinos de la misma comunidad.

 

 

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Para llegar a El Verde hay que deshacer un frondoso camino de cabirmas, palmas y piñones. Atrás queda la autopista Duarte conectando las ciudades de Bonao y La Vega, vitales en la cadena de producción y distribución agrícola de la República Dominicana. Para los curiosos que divisan por primera vez su exuberancia natural, sorprende que esta pequeña comunidad de cerca de 3.000 habitantes ya no forme parte de esta cadena. Subido a un montículo de tierra yerma, Pedro Pablo Abad cuenta: “Esto antes era un pueblo rico, con muchos víveres. Aquí se sembraba y distribuía el arroz inglés que trajo Trujillo. Ahora no sale a cuenta: la tierra ya no rinde y nos está faltando el agua”. Un último vistazo alrededor (“Mira ese río: ¿Qué baja por ahí? Sedimentos de Falconbridge”), otra ráfaga de fotos (lomas peladas, cúmulos de tierra rojiza bajo las nubes) y Pedro Pablo que urge: “Ya los guardias saben que estamos aquí”. 

 

Él la llama así, porque así se llamaba la compañía cuando en 1956 ancló sus cartabones en los lomos del país, dirigido entonces por Rafael Leónidas Trujillo a golpe de plomo y grillete. Fundada en 1928 en Canadá, Falconbridge fue la primera minera extranjera en instalarse en República Dominicana, aunque no empezó a operar en la zona, bajo el acrónimo local de Falcondo, hasta 1971. En 2006, la compañía fue adquirida por la minera anglosuiza Xstrata, líder mundial en la producción de níquel, zinc y ferrocromo, con presencia en 20 países. Tras dos años de paro en las operaciones por el bajo precio del níquel en los mercados internacionales, reinició sus actividades en marzo de 2011. Como un resorte, las tensiones con las comunidades vecinas se reactivaron.

 

 

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En el porche rosado de la casa del joven Perfecto flota suspendido cierto sentido de comunión. Los familiares de los muchachos apresados se reparten la impotencia. Sus hijos y hermanos acumulan entre 8 y 11 meses de prisión preventiva, acusados de robar níquel en el escorial de Falcondo.

 

Según ellos, la compañía actúa de forma abusiva, no aporta pruebas o las inventa, y ahoga con saña las pocas posibilidades que tienen los jóvenes de El Verde de mantenerse a flote: no da trabajo a la comunidad ni contribuye a su desarrollo y, al mismo tiempo, reprime con dureza a todo aquel que busca entre sus desperdicios un pequeño ingreso.

 

“A mi casa llegó la policía en un vehículo de Falcondo. Entraron sin autorización fiscal, me dijeron que me arrodillara, que iban a matar a mi hijo. Él estaba acostado viendo televisión, se lo llevaron y me robaron un teléfono. Como no tienen pruebas buscan fotos suyas en los archivos para acusarlo. Ellos son dioses, compran jueces, compran fiscales y compran todo. Falcondo es una asesina y una criminal: están destruyendo a la comunidad”, cuenta José Humberto Paulino, padre de José Miguel Paulino Lantigua (23 años, 11 meses preso, acusado de robar entre 22 y 27 kilos de níquel). “La juventud está cayendo muerta, la empresa no les da trabajo y ellos van para allá a buscar porquerías”, añade. Al hermano de Julissa, Juan Carlos Moronta (19 años, 10 meses preso) lo acusan de haber robado entre cuatro y siete kilos de metal el mismo día que José Humberto: “La única prueba que aportan es una foto en la que se le ve con un cuchillo. Pero todo el que va allí lleva algo para cortar lo que encuentra. Además, no queda claro que el lugar que muestran las fotos sea el escorial”. A Dalin Abad (21 años, 8 meses preso), “le pusieron metal caliente en las manos para hacer creer a la policía que andaba robando en el horno de fundición de Falconbridge”, según su hermana Iluminada. Iba con otros dos chicos. “Después de agarrarlos, los maltrataron y los golpearon”.

 

Más tarde, con la lluvia, llegará Sito, el padre de Dalin. Corroborará la versión de su hija y afirmará que no es posible que lo detuvieran con nueve planchas de metal: demasiado peso para ser transportado entre unos pocos. Sito tiene la piel arada y cobriza, luce una gorra de campaña del presidente dominicano Danilo Medina y una camisa ajada con el sello de la propia Falcondo. Allí trabajó cuatro años y siete meses como vigilante. ¿La conserva desde entonces? “No”, sonríe, “me la consiguió mi esposa en el vertedero. Allí se encuentra de todo”.

 

 

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Hiede, arde, el vertedero. El relato previsible. Envases de Suavitel (“fresca primavera”) en el suelo. Cascos de operarios de Barrick Gold, la mayor productora de oro del mundo. Botellas de plástico, sacos rotos. Los 22 años de Euri. “¿Ustedes saben por qué no vienen ya los camiones de la Barrick?”. Detrás, una loma reforestada por Falcondo. Euri, el de los dos hijos: “Estamos con hambre. Sin trabajo la gente se mete por ahí a buscar níquel”. Julio José y José Ángel, los púberes. Marcelino Arias, el de 47 años y la piel ceniza. En 1988 trabajó durante tres meses para Falcondo. Y ya. Diez años viniendo por aquí. Con el hatillo de sacos que lavará en el río tal vez se gane cien pesos.

 

Al vertedero, cuyo suelo es propiedad de Falcondo, llegan camiones de Bonao, al que pertenece la comunidad de El Verde, y otros municipios de la provincia. Cuentan los que allí buscan que hasta el mes de abril, la minera Barrick Gold, muy cuestionada por su gestión en el país, también descargaba los residuos provenientes de su planta en Pueblo Viejo, a 50 kilómetros de Bonao.

 

Unos metros más allá permanecen amontonados los restos minerales de Falcondo. Según la empresa, el lugar es rastreado periódicamente para recuperar el níquel que se desechó por error durante su procesamiento. Al escorial, cuyo acceso, pegado a un camino público de tierra, no está vallado, acuden diariamente los llamados buzos. Llegan de El Verde, Caribe, Palmarito, Peñaló y otras comunidades vecinas. Allí, tras superar una pendiente mineral de unos cuarenta metros, buscan, rebuscan y, con un poco de suerte, encuentran restos de níquel que vender al mejor postor. Otros (cuatro de El Verde y uno de Caribe, cuentan los familiares de los presos) encontraron la muerte. Entre ellos Feyo Martínez, el padre del joven Perfecto: “Él iba siempre al basurero a recoger madera, cobre y otros materiales, con eso nos mantenía. Un vigilante de Falcondo lo mató hace 16 años. Le llenaron el coche de níquel para luego decir que lo había robado. Yo tenía 12 años. Falcondo me dijo que a los 18 me daría trabajo, pero nunca llegó”. El cuñado del joven Perfecto es Dalin, uno de los chicos acusados de robar en el escorial.

 

En la querella que los imputa, Falcondo consigna que, con los reiterados robos que está sufriendo y unos doce euros el kilo de níquel, está asumiendo “significativas pérdidas”. Según Enrique Vallejo, abogado que la representa, “la empresa se ha cansado de tantos robos en su propiedad. Algunos de estos muchachos son reincidentes. En otras ocasiones, la compañía ha abandonado los procesos judiciales, pero esta vez ha decidido dejarlo todo en manos de los tribunales”. Vallejo, que niega las acusaciones de los familiares y achaca los retrasos en los juicios al mal funcionamiento del sistema judicial dominicano, pedirá para Juan Carlos Moronta diez años de cárcel: cinco por robo y otros tantos por tenencia de arma blanca. En su caso, el valor de lo supuestamente robado no alcanza los 100 euros. “Es fuerte, pero el código penal dominicano lo establece así desde 1876. No importa si robas diez o mil: la pena es la misma”.

 

 

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“Eso tiene un nombre: egoísmo, falta de humanidad. Tu riqueza la has hecho a partir de lo que era mío y a mí no me dejas ni comer la basura que tiras”.

 

Apenas hay nada que pueda distraer la atención en la casa de Pedro Pablo Abad. Se respira soledad. Encima de una gran mesa de madera, algunas herramientas descansan, opacadas por la misma atmósfera oscura que envuelve el salón. Al fondo, una raída lona plástica lo separa del patio: mucho más allá, las chimeneas de Falcondo. Cuando responde, las órbitas de Pedro Pablo se hinchan para alargar un frecuente “claro”. Lo hace con la boca llena y atorada, como si fuera a liberar volutas de humo o a soplar una botella de vidrio incandescente. Pedro Pablo, miembro del Comité Nacional contra la Megaminería y el Cianuro, no está en contra de Falcondo, lo repite otra vez. “Yo no creo que una minera no pueda trabajar con la gente. El problema es lo que hacen y cómo lo hacen. No les puedo permitir que vengan a matar a una comunidad”.

 

Resulta difícil seguir su relato. Anárquicamente, brinca entre los calendarios que pueblan la historia de Falcondo en la comunidad: del último muerto en el vertedero a las luchas sindicales de los 80. De sus primeros recuerdos de infancia al último tranque realizado por sus vecinos de Caribe, hace apenas un mes. Cuando conoció a Falcondo ni siquiera era una promesa el tupido y áspero bigote que hoy gobierna su rostro. Pedro Pablo es carpintero y tiene cierto aire hindú. Cuando no trabaja en su taller, lo hace en la zona como promotor de salud. Cree que sus vecinos están enfermando por culpa de Falcondo: “Aquí casi todos tenemos plomo en la sangre. El metal que expulsa la chimenea lo absorbemos, nos afecta al hígado y trae males como la hipertensión, la diabetes y el alcoholismo. Cada vez hay más casos”. Pero no hay estudios que avalen la percepción de Pedro Pablo. “Antes se hacían dos informes en la policlínica de la comunidad, uno para Falcondo y otro para el estado. Todas las pruebas se quemaron cuando se hicieron obras en el consultorio”. Baquetica, como es conocido por sus vecinos, también sostiene que las cosechas se desordenaron por efecto de la contaminación y el calentamiento generado por las actividades de fundición y procesamiento que lleva a cabo la minera: “Antes los frutos tenían una temporada limitada de producción, ahora algunos se dan todo el tiempo, pero no dan una cosecha perfecta”. Domingo Abreu, coordinador de la Asamblea Nacional Ambiental y directivo del Comité Nacional contra la Megaminería y el Cianuro, apunta en la misma dirección: “El níquel carbonilo que se desprende al tratar el mineral contamina. Las plantaciones de Loma Peguera, El Verde y Caribe, alrededor de Falcondo, mutaron irremediablemente. Por ejemplo, las matas de ajíes crecieron más chiquitas de lo habitual. Y si este gas tiene efectos sobre las plantas, tiene efectos sobre la gente”.

 

Detrás del río Yuna se divisan las tres inmensas chimeneas de Falcondo. El sol no se ha sumergido todavía en sus aguas y cuesta percibir la lejana cámara que, según Pedro Pablo, observa los movimientos de los comunitarios. La misma que, de acuerdo a los familiares de los presos, captura cerca del escorial imágenes que luego serán manipuladas para probar las denuncias. A este lado de la orilla, Pedro Pablo muestra cómo la depredación de sus márgenes, “a cargo de Falcondo y de empresas areneras vinculadas al gobierno, sobre todo”, está dejando sin agua la bomba que donó la minera para nutrir los arrozales de la comunidad.

 

 

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El historial de conflictos con Falcondo en las provincias donde opera no es exiguo. A partir finales de los 70, las luchas encabezadas por el Sindicato Unido de Trabajadores de Falconbridge Dominicana (SUTRAFADO) tomaron nuevos bríos en demanda de mejoras laborales. A mediados de la siguiente década, una huelga de trabajadores paralizó la empresa durante una semana. Desviaron el río Yuna para desabastecer el procesamiento de mineral de la empresa, cuenta Baquetica. “Las comunidades se dieron cuenta de que Falcando no era intocable y empezaron a trabajar unidas”. El 5 de mayo de 1989 otra gran marcha ciudadana en Bonao terminó con grandes disturbios y la muerte del joven manifestante de 16 años Ángel Giovanni Páez. En pleno auge de las exportaciones de ferroníquel, arreciaba la lucha ambientalista contra la explotación de la vecina Loma Ortega.

 

Ese mismo año, con el objetivo de otorgar a las personas herramientas que les permitieran “moldear su destino, crear cambios positivos en sus vidas y resolver por sí mismos los problemas de su entorno”, Falcondo dio luz a su Fundación. Según sus cálculos, desde entonces ha invertido más de 15 millones de euros en salud, cultura, desarrollo comunitario, educación y medioambiente: construyendo letrinas y bibliotecas, reforzando operativos médicos, trabajando en la prevención del VIH/Sida y la violencia intrafamiliar, fomentando pequeños emprendimientos… Uno de sus proyectos bandera es el apadrinamiento de escuelas, más de 130 en las provincias de La Vega y Monseñor Nouel. Entre las múltiples acciones que promueve (entrega de becas, construcción de equipamientos, dotación de materiales pedagógicos y fortalecimiento de asociaciones de padres y madres) se encuentra el establecimiento de huertos, viveros y jardines “para crear conciencia en el estudiantado de la importancia de cuidar el ambiente y embellecer la escuela y su entorno”. 

 

Pedro Pablo lamenta que el manejo de ayudas de la compañía haya abierto brechas entre los vecinos de El Verde: “Falcondo nos ha dividido con sus promesas. Ha comprado la voluntad de las asociaciones de la comunidad y no trabaja con el resto. A ellos no les gustan las organizaciones, les gustan los grupos para manipularlos a cambio de apoyo. Hacen una charlita en la escuela, te regalan unas matitas para sembrar, pollitos, marranitas que no podrás mantener… no les interesa el verdadero desarrollo de la comunidad”. Escuchándolo, pareciera que en la mejora de las condiciones de vida de El Verde sólo hay dos actores implicados: la comunidad y Falcondo, una empresa privada que por contrato otorga el 50% de beneficios al estado dominicano. El beneficio del 10% de acciones que éste posee, además, se entrega a las provincias donde opera la compañía: ¿Qué hay entonces de las responsabilidades políticas? Pedro Pablo no es tan prolijo en su respuesta: “El estado y la provincia manejan antojadizamente los recursos que recibe, no hay transparencia en su gestión. El presidente conoce lo que sucede aquí, pero tiene malos amigos en la zona”. En Bonao, su alcalde, Alberto Marte, lamenta que la empresa no haya cumplido con la entrega del 5% de beneficios al municipio que establece la ley desde el año 2000, a lo que Falcondo responde que se rige por un contrato con el estado dominicano que por sí solo inyecta a la ciudad una cantidad de dinero mucho mayor. ¿Y el alcalde de El Verde? “Trabaja para Falcondo en brigadas de reforestación, es su empleado”, asegura Baquetica.

 

El panorama que describe dibuja una comunidad sometida al control y auspicio de la transnacional: “Falcondo tiene la mano metida en todos lados: en la alcaldía, en la iglesia, en la policía… Hasta hace poco entregaba medicamentos, combustible y medio salario en la policlínica, y comida en la comisaría cuya construcción financió”. La empresa niega que influya en las instituciones de la comunidad, aunque reconoce que suple con alimentación el cuartel de policía: “Yo no lo veo mal –afirma Léander Santos, coordinador de relaciones comunitarias de Falcondo–. Ese cuartel está abandonado y desatendido. Pero eso no quiere decir que la policía actúe a nuestras órdenes. Toma sus propias decisiones”.

 

Según Pedro Pablo, los años más turbios de complicidad entre la minera y las fuerzas de seguridad pasaron. El caso de José Miguel Paulino, arrestado con violencia, según su padre, por policía movilizada en coches de Falcondo, sería el último de gravedad. Aún así, los familiares de los jóvenes presos siguen denunciando prácticas propias de la dictadura trujillista, como el merodeo de caliés (chivatos) que caprichosamente, dicen, delatan a los buzos que acuden al escorial.

 

 

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Pedro Pablo y los familiares de algunos jóvenes presos acusan a Falcondo de utilizar sus detenciones como moneda de cambio para que los vecinos se pronuncien a favor de una nueva explotación minera en Loma Miranda, otro enclave de la zona considerado por la comunidad científica pulmón verde y balanza hidrológica del país. Desde que la compañía anunció su intención de extraer níquel del lugar, comunidades vecinas y movimientos sociales se organizaron para evitar la operación y forzar la declaración del lugar como Parque Nacional. Más allá del perjuicio ambiental y social, para muchos de sus miembros estaba en juego la soberanía alimentaria y territorial de la República Dominicana, país que cuenta con 290 solicitudes de explotación minera encima de la mesa y decenas de transnacionales escarbando sus suelos.

 

El chantaje para ganarse el favor de los vecinos, cuenta Pedro Pablo, se realiza también mediante sus programas de ayuda: “Falcondo manda gente a interesarse por el estado de las viviendas de la zona y ver cómo podría ayudar a las familias. Poco después, la misma gente pasa por la comunidad con encuestas sobre Loma Miranda”. La empresa niega eso y todo lo demás. Ante las acusaciones de provocar un aumento de enfermedades y una disminución de la producción agrícola, fruto de una supuesta contaminación, Falcondo responde que no hay estudios que lo avalen. Ante las acusaciones de estar dividiendo a la comunidad colaborando sólo con las asociaciones que la apoyan y condicionando el resto de sus instituciones, Falcondo arguye que éstas son las que representan a sus habitantes y que las otras gozan de total independencia.

 

Cuando a Leánder Santos, coordinador de relaciones comunitarias de la compañía, se le pregunta por los proyectos que se desarrollan en El Verde, aparecen citados el acondicionamiento de caminos, el apoyo a agricultores, la instalación de dos bombas de agua para el sembrado de arroz y la contratación de brigadas de reforestación formadas por vecinos de la comunidad. “Llevamos cuarenta años trabajando con las comunidades. Yo no puedo responder por lo que se ha hecho en el pasado, pero sí por lo que estamos haciendo en el presente. Tratamos de integrar a los vecinos para que, una vez nos hayamos ido, tengan un ingreso adicional trabajando en viveros, invernaderos y otros emprendimientos”. Santos afirma que se había perdido el contacto con la comunidad durante aproximadamente dos meses debido a un bloqueo en Caribe. El corte en la carretera lo realizaron sus habitantes, vecinos a El Verde, en demanda de una indemnización por la inundación de 34 viviendas provocada por el desbordamiento de una presa de la compañía, según los comunitarios. Tras reunirse con ellos para desbloquear la situación, Falcondo se comprometió a resarcir los daños y a evaluar la contratación de jóvenes de la comunidad, otra de las sempiternas demandas de los poblados aledaños a la empresa. “Todos los problemas con Falcondo vienen por el empleo”, sentencia Pedro Pablo al hacer recuento de las movilizaciones vecinales contra la minera: “Prometen a las comunidades y no dan. Primero te dicen que no porque los aspirantes no son bachilleres. Cuando ya son bachilleres, porque no son profesionales. Cuando son profesionales, porque no apoyan el proyecto de Loma Miranda”. La empresa afirma que genera 1.600 empleos directos y que todos sus trabajadores, salvo tres, son dominicanos, pero en El Verde y Caribe sobran dedos para enumerar cuántos de ellos son sus vecinos.

 

Buena parte del diagnóstico de Pedro Pablo y los familiares de los presos es compartido por un extrabajador de Falcondo que prefirió no identificarse: “Todo está viciado en las comunidades. Su capital social ha menguado mucho. No ha habido una inversión desinteresada por parte de la empresa, que ahora busca cómo concretar proyectos y contratar gente, pero lleva cuarenta años allí y nunca se ha preocupado por su formación”. De nuevo: ¿y los beneficios que se quedan estado y provincia? “El problema es que desde 2008, la compañía no ha vuelto a dar beneficios. Las comunidades no progresan y alrededor sólo ven degradación ambiental”.

 

 

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Al día siguiente, para que los espectadores entendieran lo acontecido la tarde del 4 de junio, los editores de los noticieros dominicanos resolvieron partir la pantalla en dos. A un lado, centenares de empleados, contratistas y ciudadanos beneficiados por Falcondo marchan por las calles de Bonao, luciendo entusiastas camisetas de apoyo a la transnacional minera. Al otro lado, el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas, anuncia que el gobierno, apoyado en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), deniega a la empresa el permiso para operar en Loma Miranda, “hasta tanto las condiciones socioeconómicas y ambientales, y las tecnologías de explotación minera, garanticen una explotación sostenible del recurso mineral que no comprometa la integridad de los recursos naturales de la zona, y los servicios ambientales que hacen posible la producción y dan soporte a una calidad de vida de las comunidades aledañas”. Mañana los directivos de Falcondo, que afirman estar abiertos a realizar modificaciones en el proyecto para ajustarse a las demandas del gobierno, lamentarán que esa negativa deje en el aire su presencia en el país.  

 

Encima de la mesa, el teléfono quema. Pedro Pablo advierte de que la empresa hará pagar cara la resistencia en El Verde, pero parece divertirle el nuevo escenario: “Uh, hermano. Ahora es cuando van a arremeter”.

 

 

 

 

Jordi de Miguel Capell (Barcelona, 1980) es periodista. Redactor del semanario Directa y miembro del colectivo de periodistas Contrast, ha cubierto la actualidad política y de los movimientos sociales en América Latina, donde ha viajado y residido. Ha escrito para publicaciones como Esglobal, El Triangle y Otramerica

 

Fran Afonso es fotógrafo, miembro del colectivo de fotoactivistas Arriba las que luchan, colabora con el periódico Diagonal y el portal Otramérica.com

Autor: Jordi de Miguel Capell