Desde este espacio de comunicación libre y comprometida, quiero lanzar una denuncia firme, clara y urgente. Porque cuando se vulneran los derechos humanos de un pueblo, todos y todas somos responsables si callamos. Hoy, levanto la voz por los pueblos indígenas de Argentina, con especial énfasis en lo que está ocurriendo en la provincia de Formosa, donde el desprecio, el olvido y la discriminación hacia los pueblos originarios han alcanzado niveles inadmisibles en una nación que se declara democrática y multicultural.
Los pueblos indígenas en Formosa —como los Qom, los Wichí, los Pilagá y otros— viven sometidos a condiciones de vida infrahumanas. No estamos hablando de una opinión, sino de hechos verificables que representan una violación sistemática y estructural de los derechos humanos.
- A estos pueblos se les niega el acceso al agua potable, obligándolos a consumir agua contaminada, muchas veces traída en cisternas desde kilómetros, lo que genera enfermedades evitables.
- Las escuelas están abandonadas, sin materiales, sin profesores suficientes, con estructuras deterioradas que ponen en riesgo la vida y el futuro de sus hijos e hijas.
- No se les escucha cuando denuncian atropellos, usurpación de tierras, abusos o necesidades urgentes. Sus palabras son tratadas como ruido de fondo por funcionarios que deberían estar al servicio del pueblo.
- No tienen acceso a un sistema de salud digno. Muchos niños mueren por enfermedades prevenibles. Las mujeres no reciben atención prenatal. Los ancianos son olvidados. Temen a centros de salud.
- Se les arrebata su territorio ancestral, que está protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, los desalojos, el hostigamiento y el despojo siguen ocurriendo con total impunidad.
- No existen asociaciones de abogados que los defiendan gratuitamente ni redes de apoyo institucionales que velen por sus derechos en tribunales o ante organismos internacionales.
Este es un racismo institucional. Un desprecio histórico y social que sigue vigente.
¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los defensores de derechos humanos? ¿Dónde están los grandes discursos de justicia, equidad y dignidad?¿Donde está el sistema judicial? ¿Dónde está la constitución violada que los ampara? ¿Dónde está la sociedad argentina que mira hacia el otro lado por no quererse enfrentarse con la realidad?
La situación se extiende también a otros pueblos originarios como los Mapuches, que siguen siendo estigmatizados y criminalizados por defender sus tierras, su cultura y su derecho a existir. Se les tilda de “terroristas”, cuando en realidad son víctimas de un sistema que les niega incluso el derecho a reclamar.
Por eso, desde aquí lanzo un llamamiento urgente:
- A los ciudadanos: que no miren hacia otro lado. Que comprendan que los pueblos indígenas no son el pasado, sino parte fundamental del presente y del futuro de Argentina.
- A los abogados: que formen redes de defensa jurídica gratuita para proteger a las comunidades indígenas y frenar los abusos.
- A los periodistas: que investiguen y cuenten la verdad sin miedo ni intereses ocultos.
- A los funcionarios del Estado: que cumplan con su deber constitucional y moral. Que dejen de ser cómplices por acción o por omisión.
- A las organizaciones internacionales de derechos humanos: que se hagan presentes, que escuchen, que supervisen, que actúen.
No puede haber democracia donde se pisotean los derechos de los primeros habitantes de la tierra. No puede haber justicia donde hay olvido, saqueo y desprecio a los pueblos preexistentes.
Lo que ocurre en Formosa y en tantas otras regiones del país es una herida abierta. Pero las heridas no se cierran ocultándolas. Se cierran con verdad, con justicia, con denuncia, con reparación. Y si alguien piensa que los pueblos indígenas van a rendirse, no los conoce. Porque llevan miles de años resistiendo. Y nosotros, desde aquí, nos sumamos a su lucha. ¡Basta de discriminación! ¡Basta de abandono! ¡Basta de silencio!
