¿Una nueva ‘desamortización agraria’ a favor de las promotoras fotovoltaicas?

Sobre el asunto que da título a este artículo hemos publicado recientemente un extenso y documentado trabajo, centrado fundamentalmente –pero no solo, ni mucho menos– en la localidad toledana de Méntrida (5.000 habitantes, a escasos 60 kilómetros de Madrid). Lo que sucede en ese pequeño pueblo de Castilla-La Mancha afecta e interpela muy directamente a quienes hemos redactado estas líneas. Nada de lo que en él sucede puede sernos ajeno, ni el pueblo, ni sus gentes. Ha sido tierra y morada de nuestros antepasados. Hemos recorrido sus caminos, trabajado sus campos, contemplado sus bellos paisajes, vendimiado y degustado sus vinos, vareado sus olivos centenarios y aprovechado su exquisito aceite… Hemos compartido esas labores y placeres con muchas gentes del lugar, en cada temporada agrícola. Abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos hemos pasado por la misma casa solariega, en los buenos y, también, en los malos tiempos. Y todos hemos disfrutado de la amabilidad de sus gentes y de los bellos parajes de ese pueblo. Como también de la contemplación, en la lejanía, de la impresionante Sierra de Gredos y, a unos pocos kilómetros, del paso del río Alberche. Hemos padecido, como todo el mundo, el tórrido calor veraniego y la crudeza del invierno. En sus campos, todavía hoy saltan los conejos y las liebres, cantan las perdices y codornices, vuelan palomas torcaces y otras valiosas especies, incluso el águila imperial. El verdor de sus campos, de viñedos y olivares, sus bellos paisajes y los trinos de sus pájaros dan paz al espíritu, algo sin igual que debemos valorar y preservar.

De repente, en el verano de 2020, todo esto empezó a cambiar. La noticia de que alguien estaba comprando o alquilando parcelas de tierra para convertir el entorno del pueblo en un inmenso mar de placas solares comenzó a recorrer todo el pueblo. Era un rumor que iba de boca en boca, sin más información y sin ninguna explicación oficial. Estábamos en medio de la pandemia del coronavirus; y la gente, con muchas necesidades. Los conseguidores locales cumplían su misión con sigilo, por encargo de las promotoras fotovoltaicas: hacerse con los terrenos necesarios para convertir esas tierras agrícolas y laboriosas, verdes y bellas, en un espacio muerto y vaciado de vida, cultivos, biodiversidad y paisaje. Visitaban, uno a uno, individualmente, a los propietarios de tierras y les ofrecían una cantidad de dinero imposible de obtener de las labores agrícolas. Poderoso caballero es don dinero…

La voz se iba corriendo, siempre sin información alguna a los habitantes del pueblo.Y algunos propietarios, necesitados de dinero, empezaban a vender o arrendar sus parcelas por un periodo de 35-40 años. Nunca se reunió a la población para explicarle la situación y las consecuencias. El ayuntamiento no lo hizo, ocultó esos proyectos a la población, hasta que las concejalas de la oposición municipal destaparon el asunto y exigieron información y responsabilidad al alcalde. Se pretendía invadir nada menos que 2.000 hectáreas de las tierras de Méntrida (unos 2.600 campos de fútbol)para construir grandes plantas solares fotovoltaicas (PSFV), causando daños irreversibles… Por eso nació la Asociación Salvemos los Campos.

Pero más allá de Méntrida, este mismo proceso –y los mismos procedimientos– se están llevando a cabo en otros muchos lugares de la geografía española, con el rechazo de buena parte de la población y la creación de plataformas de vecinos, ciudadanos y ecologistas que poco pueden hacer frente al embate –desordenado, invasor e implacable– de las empresas fotovoltaicas, con el beneplácito, salvo excepciones concretas, de todas las administraciones (local, autonómica y central).

En algunas localidades se ha logrado frenar esta invasión estableciendo una moratoria a la aprobación de esos proyectos, al objeto de disponer del tiempo necesario para elaborar una normativa que regule la instalación de plantas fotovoltaicas en el territorio sin destrozarlo, unas plantas más pequeñas y que estén distribuidas o repartidas por toda nuestra geografía, que no destruyan empleo ni actividad agraria, ni eliminen biodiversidad, ni perturben exageradamente el paisaje local y el patrimonio cultural, y se lleven a cabo con información plena y veraz a los habitantes de las poblaciones concernidas. Cada vez son más los municipios que están adoptando esta moratoria o que la solicitan a la autoridad competente.

Pero, en general, esa invasión fotovoltaica está siendo arrolladora y devastadora, se está llevando a cabo forzosamente y de forma acelerada, y las poblaciones locales carecen de fuerza y medios para ponerle coto. Exigen planificación, ordenación del territorio y una normativa adecuada, como ha pedido también un amplio colectivo de científicos, a quienes, al parecer, tampoco se les hace caso, ni desde la administración, ni desde el mundo empresarial, apoyado éste, en última instancia, por el oligopolio de las grandes corporaciones eléctricas y sus vinculaciones financieras. Inclusola Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER),ha instado a las administraciones a limitar la dimensión y ordenarlas localizaciones de los parques fotovoltaicos.

Estamos asistiendo, así, a una destrucción del campo, de la naturaleza, de producción y empleo agrario, y del bienestar de los lugareños sin voz, a marchas forzadas –nunca mejor dicho: con expropiaciones forzosas cuando así lo piden las promotoras fotovoltaicas–, utilizando para ello el propagandístico eufemismo de la energía verde y la sostenibilidad. Se está produciendo un expolio de tierras agrícolas a favor de las empresas eléctricas, una nueva desamortización agraria, cuyas nefastas consecuencias pagaremos todos, antes o después, no solo en el recibo de la luz (que incorporará los altos precios pagados hoy a los propietarios de tierra rural), sino también en pérdida de paisaje, biodiversidad, producción de alimentos, empleo agrario directo e indirecto, avifauna y deterioro del medio ambiente, incluso calentamiento de las zonas ahora ya reconvertidas en industriales, paradójicamente en nombre de la lucha contra el cambio climático.

La situación es preocupante: mientras que la implantación de grandes parques fotovoltaicos avanza de forma vertiginosa por múltiples pueblos y lugares de la geografía española, cada vez es mayor el número de colectivos que levanta su voz de oposición y rechazo a esos grandes proyectos en sus localidades y territorios, y al acaparamiento de tierras agrícolas, con los consiguientes impactos irreversibles.

El caso que hemos tomado como botón de muestra para hacer visible esta situación –la localidad toledana de Méntrida– permite afirmar que se viene actuando con ligereza y sin informar a la población de los proyectos y las consecuencias de las decisiones sigilosamente adoptadas desde fuera del territorio afectado; e incluso, a veces, desde fuera del territorio nacional (una auténtica colonización energética). Nos hemos limitado a describir el enorme desbarajuste en marcha. Y nos limitamos aquí a proponer algunas sugerencias. Se ha hecho ya un gran estropicio, y lo que queda por ejecutar –si no se modifica– va a incrementarlo aún más, teniendo en cuenta las presiones de empresas y Administraciones.

Pero puesto que aún hay tiempo y los proyectos previstos están aún sin acometer en algunos casos, o ni siquiera presentados o aprobados por el organismo administrativo competente, y una vez denunciados los previsibles efectos nocivos de esos proyectos y alertadas las autoridades por diversos medios, lo justo y razonable, por el momento, sería establecer una moratoria para proceder a una ordenación del territorio y una planificación seria, que desterrara o modificara unos proyectos auténticamente salvajes y desproporcionados, con unos efectos perniciosos para la población, la agricultura, el patrimonio natural, cultural e histórico y el medio ambiente.

El acaparamiento de tierras agrícolas por parte de las promotoras fotovoltaicas está elevando el precio de la tierra, eliminando puestos de trabajo agrícola, y dejando sin perspectivas y sin posibilidades a los pequeños agricultores, que ven multiplicarse el precio del alquiler de las tierras necesarias para su trabajo. Un precio que se incorpora como inversión en el presupuesto del proyecto de la promotora fotovoltaica en cuestión y que, al final, pagaremos todos los ciudadanos mediante su repercusión en la factura eléctrica.

Los alcaldes y ayuntamientos deberían informar y proteger –en lugar de ocultar y ponerse de perfil– a los colectivos de agricultores –en particular a los pequeños– frente a las prácticas de los conseguidores de tierras enviados por las promotoras fotovoltaicas, cuyos métodos de persuasión (contacto individualizado y solitario a cada propietario, oferta de precios disparatados, contratos dudosos, etcétera) dejan mucho que desear.

Frente a la actual invasión y acaparamiento de tierras agrícolas, debiera ponerse en marcha, como alternativa necesaria, la obligatoriedad de que todas las nuevas construcciones de viviendas y edificios en las ciudades de toda España contasen, desde el principio, con instalaciones fotovoltaicas, cuando menos para su propio autoconsumo; así como también un ambicioso plan de ayudas –tanto de tipo técnico como de financiación– para fomentar de forma decidida la instalación de esa tecnología en el parque de viviendas y edificios ya existente, asunto éste en el que España va muy retrasada en relación con otros países europeos. Y dar prioridad a los pequeños proyectos distribuidos y al autoconsumo en instalaciones agropecuarias (invernaderos, granjas, secaderos, etcétera). Esto permitiría el autoconsumo de la población, la incorporación a la red de la energía sobrante, mayor eficiencia energética y un considerable ahorro en transporte de energía y en la factura eléctrica de las familias.

Tal como ya se ha pedido en sede parlamentaria (Teruel Existe),el Estado no debería permitir la expropiación forzosa –por razón de utilidad pública– a petición de una empresa privada, generando una suerte de nueva desamortización agraria.

En la medida de lo posible, debiera procederse inmediatamente a una moratoria y una paralización de los proyectos en marcha, para evaluar lo ya acometido, tomar en consideración los problemas que han surgido, incluyendo los rechazos y protestas aquí comentados, para darse tiempo a la reflexión y a una ordenación del territorio más racional. Y, en su caso, reemprender los proyectos que se estimen necesarios sobre la base de esa nueva valoración. Habría que intentarlo de alguna manera, para evitar mayores o peores batacazos en el futuro. El Estado tiene herramientas para hacerlo. En lugar de devastar el campo con los macroparques fotovoltaicos, debería darse un mayor impulso a la agricultura, el empleo agrario y la reforestación, con los consiguientes beneficios para el medio ambiente y la fijación de población rural, a la par que impulsar el autoconsumo y un modelo más distribuido de generación renovable.

Como señala el reciente alegato de un nutrido y representativo grupo de científicos españoles: “La necesaria y deseada transición energética en España no puede ser el resultado de un proceso acumulativo de proyectos fraccionados, ni debe generar cambios irreparables en nuestro territorio. El futuro PNIEC debe incluir la exigencia de una planificación energética estratégica a escala nacional, garantizar la integración de políticas sectoriales e incluir la consideración de un medio ambiente bien conservado de forma transversal. Los pasos dados en este sentido son insuficientes, porque muchas de las grandes transformaciones se están desarrollando a día de hoy. Hay más elementos críticos en esta transición que, en nuestra opinión, deberían tener sus pilares en la eficiencia y el ahorro energético, tal y como marcan las directrices europeas. En esta línea, la política energética debería ir dirigida a una gestión de la producción ajustada a la demanda, y no a hipotéticos mercados futuros que dan soporte a la especulación. Además, los centros de generación deberían estar situados cerca de los de consumo, promoviendo al máximo la ocupación de suelos y techos industriales y urbanos, y reduciendo así el impacto ambiental de las líneas de transporte de la energía generada. (…) Aunque ya vamos tarde, estamos a tiempo de corregir el rumbo y no sacrificar valores naturales únicos que tenemos la obligación de preservar. Más renovables sí, las que hagan falta, pero con cabeza”.

Resulta muy ilustrativa la práctica similitud de las posiciones de los diferentes sindicatos agrarios respecto a estos macro-parques solares fotovoltaicos, como constatación de la existencia de un problema real que causa preocupación y rechazo entre la población más directa e inmediatamente afectada. A nosotros mismos nos ha sorprendido la coincidencia de nuestra preocupación con una posición casi idéntica de las organizaciones sindicales.

Es hora de que los sindicatos, en particular las organizaciones agrarias –y, deseablemente, también los partidos políticos sensibles con la agricultura, la naturaleza y la despoblación–aúnen las protestas de la población sin voz y lideren la lucha por una transición energética distribuida y justa. Hay que pasar a la acción, de forma coordinada y decidida. El fin (poner coto a las emisiones de CO2) no puede justificar los medios (invadir y expropiar tierras agrícolas, destruir empleo, destrozar el entorno de muchos pueblos, el paisaje y la biodiversidad, entre otras consecuencias nefastas). La Naturaleza es un patrimonio común, y no solo de quien vende o alquila sus parcelas, ni de las empresas que las compran o alquilan para obtener beneficios a cualquier precio.

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