Así como los destinos turísticos del trópico confían en sus tres s del inglés –sun, sand & sea (sol, arena y mar)– para seducir a clientes de todo el mundo, la oferta irresistible de los llamados paraísos fiscales también es triple: bajas o ninguna tasa de impuesto, secreto e impunidad frente a una jurisdicción internacional que no les alcanza.

 

A ellos acuden, por lo tanto, personas y empresas de todo el mundo que buscan evitar el pago de unos impuestos que, de otra manera, disminuirían su rentabilidad, y ocultar flujos de dinero de cuya procedencia –o mera existencia– no quieren que se tenga la menor noticia.

 

Esos deseos y su consiguiente ejecución constituyen –según la normativa del país del que provengan tanto fondos como titulares de cuentas– o delitos de fraude fiscal o un propósito comprensible de rentabilidad reñido con consideraciones éticas.

 

Durante la reciente campaña presidencial de Estados Unidos, un flanco débil de la candidatura del republicano Mitt Romney fue su vínculo con fondos de inversión fuertemente enraizados en paraísos fiscales. La reciente confesión, por parte del ya exministro de Presupuestos francés Jerome Cahuzac, de que mantiene depósitos en una cuenta en Suiza, parece a punto de precipitar una crisis del gobierno que encabeza François Hollande.

 

Se dice que dos tercios del capital mundial descansan en los llamados paraísos fiscales. Se calcula que los estados de todo el planeta se privan de recaudar al menos 250.000 millones de dólares al año en impuestos, que es lo que generarían los depósitos puestos a buen resguardo en cajas negras de las Islas Vírgenes Británicas, Andorra o Hong Kong, entre otros destinos. Cientos de miles de millones de dólares que necesitan como agua de mayo los países en vías de desarrollo y que sus élites económicas o sus políticos corruptos mantienen alejados en cuentas furtivas.

 

Las cifras son descomunales, aunque no nuevas. Pero ahora, en medio de una crisis económica internacional que está llevando a la pobreza a millones de personas, adquieren un significado nuevo.

 

Crecen las presiones para que esos reductos se vuelvan transparentes. No en balde, al periodismo le cabe la responsabilidad de poner de relieve un asunto que parece inextricable, pero que constituye uno de los grandes tabús heredados de épocas anteriores y que dificultan, sobre todo, el escrutinio público de la conducta (y reputación) de sus funcionarios.

 

Por eso y muchas otras razones, cuando al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) llegó un paquete de información filtrada sobre esta cuestión, se vislumbró una oportunidad histórica para el periodismo.

 

La filtración fue una consecuencia del trabajo del reportero australiano Gerard Ryle, director del ICIJ. A su poder llegó una formidable colección de datos. Para hacerse una idea de su escala, habría que decir que contenía 2,5 millones de documentos en diferentes formatos, equivalentes a 260 gigabytes de información. Una comparación: representa 160 veces la cantidad de información obtenida por WikiLeaks a raíz de la filtración de los cables del Departamento de Estado norteamericano.

 

El paquete comprendía datos relativos a diez paraísos fiscales: las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook, Samoa, Hong Kong, Singapur, las Islas Caimán, Mauricio, Labuan, Malasia y las Seychelles, y abarcaba además 122.000 entidades offshore (compañías o trusts), alrededor de 12.000 intermediarios (agentes) y cerca de 130.000 registros de personas relacionadas con estas compañías, amén de clientes, en 140 países alrededor del mundo.

 

Se trataba de un trabajo mastodóntico, que claramente rebasaba la capacidad individual de un periodista, pero que representaba a la vez una oportunidad única para radiografiar cómo funcionan las oscuras finanzas offshore.

 

Así fue cómo el ICIJ (una red de periodistas independientes en más de 60 países que trabaja en investigaciones transnacionales de forma coordinada) organizó una Fuerza de Tareas para el Proyecto Offshore, que durante 15 meses llegó a servirse de 86 periodistas en 46 países y empleó novedosos recursos de data mining (minería de datos, o minería digital) para analizar todo el yacimiento. El pasado 4 de abril, el ICIJ, los medios y periodistas asociados de todo el mundo publicaron de manera simultánea las piezas compartidas del proyecto y sus propias primicias.

 

Desde muy temprano en el proceso se hizo evidente que, entre los nacionales de América Latina, los venezolanos destacaban como depositantes o representantes de empresas con sede en paraísos fiscales: al menos 192 personas y 114 empresas figuraban en jurisdicciones offshore. De los datos filtrados se obtuvieron también correos electrónicos y documentos de registro asociados a este grupo que tuvo acceso a los paraísos fiscales –principalmente a las Islas Vírgenes Británicas en el caso venezolano– a través de las firmas Commonwealth Trust Limited y Portcullis Trustnet.

 

Para elegir y relatar las historias venezolanas que podrían conectarse con esas cuentas y empresas, el ICIJ confió en Arman-do.info y la periodista Emilia Díaz-Struck (una de las dos reporteras que firman este reportaje), que desde julio de 2012 se empeñó en esta tarea.

 

Por sí sola, la información filtrada no contaba las historias de los venezolanos, sus empresas y los secretos que esconde el mundo offshore. Para esto, como parte de la investigación periodística, se buscaron y revisaron documentos en distintos países y se consultaron fuentes vivas vinculadas con los trabajos que se presentan como parte de esta serie [que FronteraD publica de una tacada].

 

Para identificar dentro de la documentación los casos de nombres e historias a seguir se emplearon criterios periodísticos correspondientes al interés social y al interés público. Los trabajos que se presentan recogen a personajes conocidos dentro de la sociedad venezolana, bien como funcionarios públicos, bien como emprendedores privados. Que se hayan escogido algunos casos para relatar no presupone la comisión de delito alguno por parte de ellos.

 

Durante la cobertura se intentó contactar a los distintos personajes relacionados con las historias presentadas. En algunos casos prefirieron no responder; en otros, la persona ya había fallecido, y en otras ocasiones los números e información de contacto suministrada por ellos mismos en documentos públicos no eran los actuales o estaban inactivos. Por eso, sólo se presentaron en esta serie aquellas historias con las que se contó con documentación suficiente y que pudieron ser verificadas durante la elaboración de los reportajes.

 

Para las historias venezolanas se contó con la colaboración de siete periodistas en cinco países, y se buscaron y analizaron documentos oficiales relacionados con cada tema que se encontraban en registros de empresas, tribunales judiciales, registros electorales y registros públicos en general de los distintos países a los que se tuvo acceso. Se revisaron igualmente otras fuentes documentales como estudios especializados sobre el tema y también fueron consultadas fuentes vivas en Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá y Perú.

 

 

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¿Offshore? Dame dos: políticos, empresarios, funcionarios

 

 

 

Venezuela ha sido señalado como uno de los países de América Latina que más dinero ha enviado a paraísos fiscales: de 1970 a 2010 se calcula que los venezolanos exportaron a esos cotos el equivalente a cuatro años de ingresos petroleros actuales. Tras el halo de misterio que ronda el tema de territorios utilizados para esconder nombres y fortunas, así como para obtener mejores beneficios en los negocios a través de una reducción en el pago de impuestos. Algunos de los nombres e historias que emergen de estos lugares han salido a la luz.

 

El paraíso fiscal a la venezolana arroja relatos de grandes estafas así como el uso de estos territorios para el mundo de los negocios y de ciudadanos de manera independiente.

 

Muchos de estos casos están centrados en estructuras diseñadas para ocultar a los verdaderos dueños de las empresas y el control de los bienes colocados en el exterior.

 

Los accionistas de estas empresas tienen perfiles diversos que van desde empresarios, políticos y militares, hasta artistas y ciudadanos sin ninguna actividad económica detallada. Entre los inversionistas del mundo empresarial, al menos 56 tienen también empresas registradas en Venezuela, entre ellas 36 que figuran en el Registro Nacional de Contratistas, como contratistas del estado venezolano, lo que significa que en algún momento trabajaron en algún proyecto con el Estado.

 

En los listados de organizaciones que promueven la transparencia y que han seguido el tema de los paraísos fiscales alrededor del mundo como la Red de Justicia Fiscal y Global Finance Integrity, Venezuela es uno de los países de América Latina que más actividad ha tenido en los últimos años en territorios offshore.

 

Por ejemplo, la organización no gubernamental Global Finance Integrity indicó en un informe que entre 2001 y 2010 desde Venezuela se habían fugado 3.791 millones de dólares de manera ilícita y que el país ocupaba el puesto número 19 en el escalafón mundial de países con mayor fuga ilícita de dinero.

 

“En América Latina y El Caribe, los FFI (flujos financieros ilícitos) hacia los paraísos fiscales entre 1970 y 2010 se estiman en unos 2 billones de dólares. La lista de países que sufren este saqueo está encabezada por Brasil (520.000 millones de dólares); México (417.000 millones); Venezuela (406.000 millones); y Argentina (399.000 millones)”, según la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe manifestó en una nota.

 

Por su parte, la Red de Justicia Fiscal, con sede en el Reino Unido, documenta que ya en los años noventa el mundo de la banca había hecho inversiones en paraísos fiscales. “Los banqueros venezolanos usaron alrededor de 3.500 corporaciones offshore en Aruba, Curazao y otros lugares para saquear los bancos en Venezuela, resultando en el colapso de la mitad de los bancos en ese país y en un desastre mayor para las personas, sus ahorros, inversiones y pensiones”, relata la organización en un informe sobre la historia y la práctica de la evasión de impuestos.

 

Sin embargo, el control cambiario en Venezuela desde el año 2003 y la existencia de un mercado permuta entre los años 2003 y 2010 para acceder a los dólares propiciaron, según indican expertos, un incremento en la creación de empresas offshore por parte de los venezolanos para lograr el acceso a las divisas. Ya en una entrevista que le realizaron en 2008 a Luis Rivases, entonces vicepresidente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de la casa de bolsa Econoinvest, se explicaba este fenómeno.

 

“La permuta está desarrollada entre dos actores: una casa de bolsa y un shell bank. Este es el problema, que están involucrados shell banks o compañías de offshore de puro papel”, indicaba Rivases. Esas compañías podían pertenecer a las mismas casas de bolsa venezolanas, que habían creado esas empresas en paraísos fiscales.

 

A las firmas encargadas de facilitar la constitución y registro de compañías a venezolanos también les ha suscitado inquietud el contexto del país, además de la participación del narcotráfico en este mercado. En un documento de marzo de 2007 elaborado por Portcullis Trustnet sobre asuntos a tener en cuenta por la junta directiva de la compañía se hacía referencia directa a estas preocupaciones.

 

Portcullis Trustnet se define como el grupo independiente de compañías trust más grande de Asia para la administración de la riqueza global. “Con oficinas y/o contactos en todas las principales jurisdicciones offshore y centros financieros clave el grupo TrustNetGroup es un servicio de una parada que es seguro, rentable, confidencial e internacionalmente compatible”, promete la firma en su página web.

 

La compañía dio cuenta ese año de un incremento de solicitudes de venezolanos para registrar compañías en paraísos fiscales, al tiempo que expresó su preocupación por el formato de los pasaportes venezolanos –muchos escritos a mano en ese momento–, el idioma en el que se presentaba la documentación original (el español), así como también el flujo de dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hacia los Estados Unidos, que podía utilizar a Venezuela como estación intermedia.

 

“Comprendo la situación política en Venezuela y el posible éxodo de capitalistas, pero creo que el país es un alto riesgo… Idealmente me gustaría rechazar o aceptar algún pasaporte venezolano, pero creo que al menos garantizar que está impreso y tiene un MRZ (pasaportes que puedan ser leídos por una máquina) ayudaría”, se señalaba en el informe.

 

Más adelante abordaba los resquemores relacionados con los vínculos entre las FARC y Venezuela, considerando el asunto “caliente” y recomendando a la junta directiva de Portcullis Trustnet tener en cuenta las consecuencias adversas de aceptar la inscripción de compañías del país:

 

“Las ganancias del tráfico de narcóticos obtenidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como FARC-EP, siguen entrando al sistema financiero de Estados Unidos a través de Venezuela como dólares y siendo depositadas en los bancos de Estados Unidos a través de una red de testaferros. Los bancos que cooperan en Venezuela, algunos de ellos propiedad o controlados por poderosas personas políticamente expuestas (PEPs), son instrumentales al aceptar y facilitar el flujo de este dinero sucio”.

 

Aparte de la inquietud expresada por Portcullis Trustnet, en procesos judiciales de casos de estafa han aparecido nombres de venezolanos vinculados a empresas radicadas en paraísos fiscales. En el proceso que lleva la justicia de Estados Unidos contra el venezolano Francisco Illarramendi por el caso del esquema Ponzi o de pirámide aplicado, que terminó afectando entre otros a los pensionados de Petróleos de Venezuela, figuran varias compañías creadas en estos territorios que facilitaron el flujo de dinero que produjo la estafa.

 

Otro nombre asociado con una estafa venezolana y que viene acompañado de la creación de una firma offshore es el del ya fallecido Samuel Maya. Él fue uno de los brokers o corredores imputados por el caso La Vuelta, en el que, bajo un esquema de pirámide, se vieron afectados más de 500 inversionistas en Maracaibo, estado de Zulia.

 

Entre los venezolanos que también se han servido del mecanismo de registro de empresas offshore como parte de sus negocios, según los documentos examinados, se encuentran algunos vinculados al caso del Maletín incautado en Argentina en 2007 a Guido Antonini Wilson, como Moisés Maionica, Franklin Durán y Carlos Kauffmann.

 

Para llegar a registrar las empresas que les interesan, ciudadanos venezolanos han acudido a abogados o intermediarios para hacer el trámite en el que contactan con compañías como la ya mencionada Portcullis Trustnet o Commonwealth Trust Limited (CTL), que terminan realizando el registro de la firma en el paraíso fiscal.

 

CTL, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, fue investigada por la Comisión de Servicios Financieros del lugar entre 2003 y 2008. La comisión descubrió que la compañía había violado repetidamente las leyes contra el lavado de dinero de las Islas Vírgenes y, después de una inspección realizada en 2006, concluyó que CTL le había dado información “falsa y engañosa” en informes de progreso. Entre su lista de clientes se encontraban personajes como Arcadi Gaydamak, un ruso israelí señalado por tráfico de armas, evasión de impuestos y blanqueo de dinero.

 

En 2009, CTL pasó a manos de Equity Trust, una compañía holandesa, que a través de un comunicado de prensa indicó a ICIJ que desde que se hicieron cargo han trabajado para reestructurar las operaciones de CTL, que en ese momento arrastraba incumplimientos de carácter regulatorio, para así alcanzar los más altos estándares de cumplimiento y gobierno interno. Esto implicó, según la firma, cambiar al equipo directivo y desechar aproximadamente al 50% de sus clientes.

 

En el caso del proceso de intermediación de abogados para facilitar el acceso a grupos como CTL y Portcullis Trustnet, una dirección de referencia que se repite con frecuencia en los registros de las compañías de muchos inversionistas venezolanos termina llevando a una oficina en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) de Chuao, Caracas. La oficina no exhibe identificación alguna y una puerta negra impide la visión al interior. El espacio pertenece a un abogado de libre ejercicio, según dejaba ver una calcomanía de inspección del Sumat (oficina municipal de impuestos) colocada junto a la puerta de acceso en el momento de la visita que se hizo a ese lugar en 2012.

Así como esta dirección en Caracas, aparecen también nombres de venezolanos que han trabajado como gestores para realizar estas operaciones de registro y ayudar a otros a crear sus empresas en paraísos fiscales. Gloria Araujo, que tuvo oficinas en el estado norteamericano de Florida, es una de esas personas. Los datos de contacto que figuran en los documentos revisados ya no corresponden sin embargo a la ciudadana venezolana. Al llamar al número de teléfono con código de área de Miami (305) asociado a su nombre una operadora indica que el número o código es incorrecto.

 

Araujo tenía sus propias firmas en paraísos fiscales y había apoyado al menos a 50 compañías relacionadas con venezolanos –de la información obtenida por ICIJ– para conseguir una inscripción de empresas en territorios offshore. En Venezuela su nombre figura ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como directora principal y presidenta del Everest Financial Group, Asesores de Inversión, C. A., el mismo nombre que dio de referencia en 2007 para sus oficinas en Florida. Actualmente la firma en Venezuela tiene el estatus de suspendida ante la CNV y la página web suministrada ante la Comisión en el momento de su inscripción en 2006 está inactiva.

 

Además de ocultar fortunas en el caso de políticos, las motivaciones para registrar empresas en paraísos fiscales en el caso de empresarios tienen que ver con la obtención de mayores ganancias para los negocios.

 

“No me imagino la existencia de grandes grupos económicos, radicados en Estados Unidos u otro país y cotizados en Nueva York, Londres o Frankfurt, que no hagan gran parte de sus negocios offshore”, escribió al ICIJ el empresario Moris Beracha.

 

Así pasa también con los socios internacionales de compañías venezolanas como PDVSA. Según información del Registro Mercantil, firmas como CNPC Venezuela B. C. (China) y Eni Venezuela B. V. (Italia), con las que se crearon empresas mixtas como Petrozumano y Petrolera Güiria, con la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) como contraparte, utilizaron el nombre de compañías registradas en los Países Bajos como representantes de sus acciones.

 

 

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Dineros fugitivos: si los vi, no me acuerdo

 

 

Las inversiones de residentes en Venezuela en paraísos fiscales están sujetas a la legislación tributaria del país. Según indican especialistas en este campo, la Ley de Impuestos sobre la Renta y el Código Orgánico Tributario las incluyen como parte de la declaración fiscal. Aunque el no cumplimiento de esta norma está penado por la ley, algunos coinciden en que se trata de una materia pendiente: el desarrollo de una estructura judicial que haga el seguimiento de casos de comportamientos ilícitos mediante el uso de paraísos fiscales.

 

La abogada especialista en derecho tributario Elvira Dupouy explica que es legal para los venezolanos tener empresas y cuentas en distintas jurisdicciones, incluidas las de baja imposición fiscal, por lo general conocidas como paraísos fiscales, y que las mismas deben ser declaradas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) como inversiones extraterritoriales de acuerdo con el régimen de transparencia fiscal internacional presente en la legislación vigente. Termina siendo un delito cuando no son declaradas ante el fisco.

 

“Según el Código Orgánico Tributario, es una de las presunciones de defraudación fiscal el no informar sobre las inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Esto lo establece el numeral 15 del artículo 117. Es uno de los pocos delitos tributarios sancionados con penas restrictivas de libertad. Es el famoso delito por el que a Al Capone por fin lo pusieron preso”, aclara Dupouy.

 

Existe una lista de paraísos fiscales elaborada por el Seniat –conocida también como la lista negra– para efectos de la declaración tributaria. El artículo 1 de la providencia administrativa que aborda este tema indica que para Venezuela “se califican como jurisdicciones de baja imposición fiscal, aquellas donde la tributación que grave a la totalidad de la renta, la totalidad del patrimonio, o cualquier parte de los mismos, sea nula o hasta una alícuota igual o inferior al 20% por este concepto”.

 

El listado de territorios que para Venezuela cumplen con esta clasificación es de 83 jurisdicciones e incluye lugares como Aruba, Islas Caimán, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, entre otros.

 

Sin embargo, Dupouy comenta que no ha visto procedimientos llevados a cabo en Venezuela relacionados con el delito de fraude fiscal por no declarar inversiones en paraísos fiscales. “Al final, se depende de la buena fe y transparencia del contribuyente”.

 

El abogado Ramón Medina, especialista en Derecho asociado con legitimación de capitales, cuenta que en el país no hay tradición de investigar delitos cometidos por ciudadanos venezolanos a través de paraísos fiscales. “No hay una verdadera supervisión de estos temas, pues la estructura judicial venezolana no está capacitada para investigarlos”. Explica que se trata de temas que demandarían tiempo y que son complejos de seguir.

 

Mientras no exista la declaración de la inversión offshore, para el país es inexistente y sólo se podría investigar si se llega a conocer y puede guardar relación con alguna actuación ilícita, como podrían ser la corrupción o enriquecimiento ilegítimo. Sin embargo, “en Venezuela no existe la infraestructura para detectar esas situaciones”, añade el abogado.

 

También para Medina esto responde a un asunto cultural, pues cuando un caso lleva más de dos meses bajo investigación se convierte en los llamados cangrejos, que tienden a ser engavetados (archivados), pues, a su juicio, en Venezuela la justicia busca respuestas rápidas. Por eso, casos asociados con paraísos fiscales –que llevaría más tiempo investigar y son más complicados de probar– no se encuentran en la lista de prioridades. Para Medina, se trata de una deuda pendiente de la justicia venezolana.

 

 

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El esquema Ponzi de Francisco Illarramendi, o la punta de la pirámide

 

 

Francisco Illarramendi llamaba con frecuencia a Moris Beracha cuando necesitaba algún insumo de dinero.

 

Illarramendi, de nacionalidad venezolana, era gerente de una firma de asesoramiento a inversionistas con sede en Connecticut, Estados Unidos. Beracha, por su parte, era un empresario venezolano cercano al gobierno de Hugo Chávez que, según indica una demanda presentada contra él en Estados Unidos, era capaz de producir –por el precio adecuado– avances multimillonarios de dinero en dólares con relativa facilidad.

 

El 2 de noviembre de 2007, Beracha envió un correo electrónico a Illarramendi con instrucciones de depositar más de 10 millones de dólares –correspondientes a la parte de Beracha de las ganancias en una transacción– a tres cuentas en el banco HSBC en Suiza, a través de una cuenta HSBC en Nueva York.

 

“Chamo soy tu mejor productor jajajajaja” [sic], escribió Beracha antes de enviar el mensaje a Illarramendi.

 

Un par de demandas en la corte federal de Estados Unidos indican que los dos hombres fueron el centro de un esquema Ponzi o pirámide de 500 millones de dólares, por el que se intercambiaban el dinero de los inversionistas a través de un laberinto de empresas offshore, fondos de inversión y cuentas bancarias que abarcaba desde las Islas Caimán hasta Suiza y Panamá, una vez despejado el camino mediante pagos de sobornos a funcionarios en Venezuela.

 

El esquema se desplomó en 2011 y ocasionó pérdidas de cientos de millones de dólares a inversionistas, incluyendo a un miembro connotado de una de las familias más ricas de América Latina, la venezolana Cisneros. De acuerdo con documentos de la corte, el esquema Ponzi también se comió parte del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

 

Algunas de las compañías utilizadas en este esquema aparecen mencionadas en un grupo de 2,5 millones de archivos secretos de offshores obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

 

Illarramendi se declaró culpable de los cargos criminales en 2011, mientras que Beracha todavía afirma que él no fue parte de la estafa, sino una de las víctimas de Illarramendi. Pero John J. Carney, el administrador nombrado por un juez de Estados Unidos para limpiar el lío de la estafa, lo acusó en una demanda legal de proveer “el dinero o acceso al dinero que mantuvo el esquema de Illarramendi a flote”. No se han presentado cargos criminales contra Beracha en Estados Unidos.

 

Para este trabajo se consultó un legajo de 1.590 páginas sobre el caso que se encuentra en la corte de justicia.

 

El administrador también acusó a un funcionario del Estado venezolano –Juan S. Montes, un gerente de inversiones senior de PDVSA, apodado Black (negro)– de recibir más de 30 millones de dólares en sobornos a cambio de aprobar complejas transacciones de permuta (bond-swap) entre el fondo de pensiones de PDVSA –la empresa petrolera estatal– y los fondos de inversión de Illarramendi. Desde que se inició el control cambiario en el año 2003, y hasta el año 2010, en Venezuela se emplearon las agencias de bolsa y las operaciones de permuta como un mecanismo para tener acceso alternativo a divisas extranjeras, principalmente dólares.

 

Carney, el administrador, dice que fue Beracha, con su red de contactos entre los ricos y poderosos de Venezuela, quien ayudó a Illarramendi a mantener el fraude. Alega en la demanda que Beracha, a sabiendas del esquema, pudo inyectarle dinero fresco a cambio de “tarifas exorbitantes o comisiones”. Illarramendi y Beracha, según Carney, hicieron más de 170 millones de dólares en transferencias fraudulentas a través de una red de compañías offshore.

 

Beracha, dueño de una agencia de bolsa y de una compañía telefónica que opera a través de América Latina, niega enérgicamente las irregularidades y dice que él tiene derecho a recibir 140 millones de dólares de retorno por sus operaciones. “Yo nunca supe que Illarramendi estaba defraudando a alguien hasta que se hizo público”, escribió Beracha al ICIJ.

 

En 2008, Beracha fue asesor de Rafael Isea, entonces ministro de Finanzas de Venezuela y uno de los funcionarios más cercanos a Chávez antes de que este alcanzara la presidencia. Isea también fue gobernador del estado Aragua, en el centro del país.

 

El administrador dice que Beracha controlaba cuatro compañías en las Islas Vírgenes Británicas utilizadas en el esquema: Bradleyville Ltd., Northwestern International Ltd., Brave Spirit Ltd. y Rowberrow Trading Corp. Las cuatro fueron incorporadas a través de Commonwealth Trust Limited, una firma de servicios offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue acusada por los reguladores financieros de la isla de hacer la vista gorda ante clientes dudosos de distintas partes del mundo.

 

El secreto y el anonimato que proporcionan los intermediarios offshore crean un ambiente perfecto para el fraude y, especialmente, esquemas Ponzi. Este tipo de estafas se caracterizan por ofrecer grandes beneficios a los inversores y busca que los nuevos paguen los intereses de los antiguos, hasta que el sistema se colapsa y ya no se puede seguir cumpliendo con los inversionistas.

 

Especialistas en fraude dicen que los grandes esquemas Ponzi incluyen elementos offshore, cuentas bancarias y compañías en escondites en el extranjero, que permiten a criminales financieros oscurecer los orígenes y destinos de grandes sumas de dinero necesarias para mantener los esquemas funcionando.

 

“Muy rara vez se tiene alguno que no incluya compañías o cuentas en paraísos fiscales”, dice Michael I. Goldberg, de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, un abogado que con frecuencia testifica como experto en casos de esquemas Ponzi. “Si no, es usualmente un tipo de Ponzi muy parroquial. Pero los más sofisticados, casi siempre lo hacen”.

 

El fraude millonario de siete mil millones de dólares de Allen Stanford, por ejemplo, se realizó a través de un banco que él controló en Antigua. Bernard Maddoff usó también una serie de “fondos de inversión subordinados” offshore para alimentar el crecimiento de su esquema de 65.000 millones de dólares.

 

En el caso del Ponzi de Illarramendi, tres fondos de inversión que presuntamente fueron parte del corazón del fraude tenían su sede en las Islas Caimán.

 

Además, Carney alega que las compañías de las Islas Vírgenes Británicas controladas por Beracha recibieron millones de dólares en pagos por “ningún trabajo, servicio o valor”.

 

En una declaración escrita enviada a la corte, Beracha reclama que él había renunciado a cualquier participación mayoritaria en las firmas mucho antes que los crímenes de Illarramendi salieran a la luz.

 

Pero Carney dice que Beracha usó las compañías para canalizar el dinero de las tarifas e intereses –tasas de hasta el 80 por ciento anual por los préstamos no eran extrañas– que él cargó a Illarramendi a cambio de suministrarle el dinero a sus fondos de inversión, que soportaban pérdidas. Los sobornos para pagar al gerente del fondo de pensiones de PDVSA también fueron canalizados a través de las compañías offshore de Beracha, de acuerdo a los registros de Carney en la corte.

 

El 22 de marzo de 2007, cerca de 12 millones de dólares para el pago de sobornos fueron transferidos a una de las entidades de las Islas Vírgenes, Northwestern Ltd., así como a otras dos compañías controladas por Beracha, de acuerdo a la denuncia del administrador. En un intercambio de correos electrónicos que se produjo más tarde ese año, Beracha e Illarramendi discutieron el pago de más de siete millones de dólares para Black. Beracha escribió entonces: “ya te dare instrucciones cta nueva q les estoy abriendo en hsbc” [sic], según un documento suministrado por el administrador a la corte.

 

Beracha dijo que los alegatos de Carney sobre los sobornos son “falsos”.

 

Un abogado de Montes, Elliot Greenfield, no respondió a los mensajes de correo electrónico y llamadas del ICIJ buscando un comentario sobre los alegatos contra su cliente.

 

En 2008, otra de las entidades de las Islas Vírgenes de Beracha, Brave Spirit, recibió más de 3,6 millones de dólares de uno de los fondos de Illarramendi “a cambio de absolutamente nada”, alega el administrador. Registros internos de Commonwealth Trust Limited (CTL), agente registrador de Brave Spirit (que aparece entre las firmas del grupo de documentos secretos sobre offshores obtenido por el ICIJ), revelan que Moris Beracha y otras cuatro personas que comparten el apellido Beracha eran accionistas de Brave Spirit en ese momento, pero Moris Beracha detentaba el 50 por ciento de participación en la firma y era su único director.

 

“Yo no soy propietario ni tengo la mayoría o el control accionario, de ninguna de esas empresas que el Sr. Carney me atribuye, salvo Northwestern International Ltd.”, escribió Beracha al ICIJ.

 

Beracha le dijo en una ocasión en un correo electrónico a Illarramendi que ellos eran un equipo. Pero en el calor del intercambio de grandes cantidades de dinero alrededor del mundo, las cosas se pusieron algunas veces tensas entre ellos. Por ejemplo, cuando las transferencias se retrasaban.

 

“Chamo me tienes cagado. Demasiada responsabilidad para mí. De verdad mandalas como me dices pero dispara. Es mucho real papa” [sic], le escribió Beracha a Illarramendi en un mensaje de correo electrónico el 4 de diciembre de 2007.

 

“Ya sabemos que ejecutar esto toma tiempo y que no nos gusta mandar múltiples transferencias el mismo día”, respondió Illarramendi. “No podemos volvernos locos porque se cortan las vías, pana”.

 

En 2010 la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos (ente de supervisión del mercado bursátil) comenzó a explorar las prácticas financieras de Illarramendi. Los investigadores de la SEC encontraron transacciones financieras intrincadas y prácticamente sin ningún libro de cuentas. Ellos rastrearon el Ponzi a partir de una pérdida de cinco millones de dólares que Illarramendi sufrió en 2005. Desde ese momento el agujero continuó creciendo, mientras Illarramendi, un antiguo banquero de Credit Suisse, “jugó un juego de operaciones fantasma” con los fondos de los inversionistas para intentar pagar deudas y ocultar las pérdidas, de acuerdo con los archivos de la corte.

 

Los documentos en manos del tribunal también muestran que uno de los primeros inversores en los fondos offshore de Illarramendi fue el millonario Oswaldo Cisneros, que es dueño de una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del país. Su primo, Gustavo Cisneros, junto con otros miembros de la familia, tiene una fortuna que la revista Forbes evalúa en 4.200 millones de dólares, incluyendo participación en estaciones de televisión, una cervecería y un equipo de béisbol.

 

Documentos presentados en la corte por los abogados y asociados de Oswaldo Cisneros muestran que el empresario venezolano invirtió alrededor de 117 millones de dólares en los fondos de inversión offshore de Illarramendi.

 

En 2004, una compañía vinculada con Oswaldo Cisneros cogestionó uno de estos fondos de inversión offshore, que luego fue usado en el esquema, Highview Point Offshore Fund, creado por Illarramendi y dos socios en las Islas Caimán. Una declaración jurada entregada por el administrador indica que Cisneros realizó esto por “razones de impuestos” y que Illarramendi y los otros tenían autoridad exclusiva para ejecutar los negocios.

 

Un abogado de Cisneros, Laurence Curran, dijo que su cliente no puede ofrecer comentarios porque los procedimientos judiciales están en curso.

 

En marzo de 2011, Illarramendi se declaró culpable de cuatro cargos: transferencias fraudulentas, fraude a la seguridad, fraude de asesorías financieras y conspiración para obstruir a la justicia. Dos meses más tarde la SEC anunció que había recuperado 230 millones de dólares de los inversionistas de una cuenta bancaria en los Países Bajos.

 

Los inversores se alinearon rápidamente para reclamar su dinero del administrador, que aún está buscando parte de los fondos que se desvanecieron en el esquema.

 

Con frecuencia parece el juego del gato y el ratón. Cuando los abogados del administrador trataron de notificar la demanda contra las compañías de Beracha en las Islas Vírgenes Británicas se encontraron con que aparentemente las firmas habían dejado de existir o habían sido transferidas a otras jurisdicciones en paraísos fiscales. CTL, el agente registrador de las Islas Vírgenes Británicas, le dijo al administrador que no podía aceptar papeles judiciales de una compañía que ya no representaba.

 

Jonathan New, un abogado de Nueva York y antiguo fiscal federal que está trabajando en nombre del administrador, dice que frecuentemente hay muchas capas de intermediarios entre una compañía y sus dueños beneficiarios. “Terminas casi en una situación como de una muñeca rusa, tratando de dilucidar dónde termina esto”, dice.

 

El ICIJ contactó al intermediario en Panamá que ayudó a Beracha a incorporar sus compañías a través de CTL en las Islas Vírgenes Británicas. Dani Kuzniecky, un abogado con buenas conexiones y antiguo interventor general de Panamá, se negó a ofrecer comentarios alegando confidencialidad y asuntos legales.

 

Mientras tanto, los abogados de Beracha están peleando el caso en los tribunales de Estados Unidos, presionando para que el caso sea trasladado a la jurisdicción venezolana, donde una investigación de la comisión de intervención de la Asamblea Nacional declaró inocentes a todos los funcionarios del gobierno vinculados con el caso Illarramendi.

 

Beracha vive ahora en la República Dominicana. Dice que ha sido extorsionado en Venezuela.

 

“Yo soy una víctima del fraude de Illarramendi”, escribió en un correo electrónico. En respuestas escritas que luego envió a través de una firma de relaciones públicas, dijo en lugar de eso que él era una víctima del juicio contra Illarramendi en el que había sido “implicado sin ninguna base legal”. Él acusa a Carney de tener un conflicto de interés, porque el administrador contrató a su propia firma de abogados, Baker&Hostetler, para representarlo en las demandas.

 

El abogado Jonathan New indicó que ese alegato ya fue rechazado por la corte. “El señor Beracha está únicamente sacando ahora estos alegatos sin fundamento en un claro intento de ganar ventaja en un litigio en el que el administrador está intentando recuperar más de 170 millones de dólares que Illarramendi transfirió de manera fraudulenta al señor Beracha y a entidades bajo el control de Beracha”, agregó.

 

Después de que el caso de Illarramendi fuera descubierto, el gobierno de Hugo Chávez dijo que cubriría las pérdidas de los 25.000 pensionados de PDVSA. El presidente de la Asociación de Jubilados (AJIP), César Delgado, le dijo al ICIJ que los jubilados han continuado recibiendo sus pensiones con normalidad pero que, desde el año 2002 –después del paro petrolero– no le ha sido entregado a AJIP copia de los informes financieros auditados del fondo de pensiones, donde hubiesen podido tener conocimiento de las inversiones.

 

Al mismo tiempo, sin embargo, un grupo de pensionistas envió una carta a la oficina del fiscal de Distrito en Connecticut, Estados Unidos, en octubre de 2012, diciendo que ellos habían sufrido daños financieros del esquema de Illarramendi y que no han podido “obtener una compensación” de PDVSA.

 

El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, no respondió a la solicitud de declaraciones enviada por escrito a sus oficinas en el mes de enero de este año.

 

Illarramendi tampoco respondió a las llamadas y correos electrónicos enviados para conseguir sus opiniones. Su padre, Ramón Illarramendi, quien durante el segundo gobierno del presidente Rafael Caldera fuera ministro de la Familia, dijo en un mensaje de correo electrónico que su hijo está obligado a mantener silencio como parte de un acuerdo de confidencialidad alcanzado con las SEC durante un proceso de negociaciones. Sin embargo, agregó que “tanto la oficina del fiscal de Estados Unidos como la SEC han ignorado descaradamente este acuerdo, creando una nube de desinformación repetitiva y autorreferencial”.

 

“Mi hijo nunca se declaró culpable de llevar un esquema Ponzi –el término no está siquiera mencionado en su declaración de culpabilidad ni en la transcripción de la audiencia–. Sus abogados han demostrado que no hubo tal cosa y todavía eso aparece en cada titular por lo que lo han estado llamando los últimos dos años”.

 

En un archivo de la corte, Francisco Illarramendi dijo que él había sido extorsionado en múltiples ocasiones y obligado a pagar millones a oficiales del gobierno venezolano, que resultaron en pérdidas financieras para los fondos de inversión que él administraba. “Mi vida y la vida de mi familia fueron amenazadas con daños físicos si ciertos pagos no se hacían a oficiales venezolanos o a sus intermediarios”, escribió Illarramendi.

 

Illarramendi ha estado en una prisión en Rhode Island, Estados Unidos, desde finales de enero esperando sentencia.

 

En el caso de Cisneros, el magnate venezolano, está envuelto en un duro pleito en la corte para recuperar su dinero. Su nombre está profundamente enterrado en archivos judiciales de Estados Unidos. Como muchos otros personajes de esta historia, Cisneros se esconde tras misteriosas entidades offshore, incluyendo una compañía panameña que está reclamando 20 millones de dólares al administrador.

 

 

Lea aquí una serie de respuestas de Moris Beracha enviadas por escrito al ICIJ

 

 

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La fundación del maletín

 

El 4 de agosto de 2007 un maletín decomisado a un venezolano en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, fue el punto de partida de una trama en la que 800.000 dólares terminaron por desencadenar una serie de investigaciones, que abarcaron Venezuela, Argentina y Estados Unidos. El encargo, presuntamente destinado a la campaña presidencial de la actual presidenta argentina, Cristina Kirchner, fue encontrado en manos de Guido Antonini Wilson por una funcionaria de aduanas. Él era un pasajero más de un vuelo privado en el que también viajaron empleados de la petrolera estatal PDVSA, así como funcionarios argentinos.

 

En las investigaciones y el juicio llevado a cabo en Estados Unidos por este caso, varios personajes y nombres salieron a la luz. Algunos de ellos, sentenciados por la justicia estadounidense, habían creado compañías en paraísos fiscales mucho antes de esta historia. Es el caso de los empresarios Franklin Durán y Carlos Kauffmann –socios de Antonini en la época que se encontró el maletín–, quienes también manejaron una fundación en Curazao, creada después del cierre de sus cuentas bancarias en Suiza, a raíz de los procesos judiciales en su contra. La firma sirvió para entregar referencias a otros venezolanos en el momento de crear empresas en el mundo offshore.

 

Franklin Durán y Carlos Kauffmann fueron condenados por la justicia de Estados Unidos por haber actuado como agentes del Gobierno de Venezuela, sin registrarse, para encubrir el origen y destino de los 800.000 dólares, que se encontraban en el maletín decomisado en Argentina.

 

Eran socios de varias empresas, entre ellas la firma Atlantis International Group creada el 20 de agosto del año 2003 en las Islas Vírgenes Británicas, según muestran los documentos relacionados con esta compañía provenientes de la serie de 2,5 millones de archivos secretos de offshores filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y Worden Trading, creada el 26 de julio de 2002 en Panamá con un capital social de un millón de dólares, como muestra el Registro Público de este país.

 

Entre sus negocios más conocidos –aunque no correspondieran al ámbito de las corporaciones offshore– estaban varias empresas ligadas al mundo petrolero, de las que eran dueños o participaban como accionistas, tales como Perforaciones Albornoz C. A. (Perfoalca) –contratada por PDVSA para actividades relacionadas con la extracción de gas y petróleo–, Venoco, Llano Petrol, Inversora Comercializadora 2516 y Klim Petro Inversiones.

 

Además, después del cierre de sus cuentas en Suiza, se aliaron para crear otra firma en un paraíso fiscal. En esa ocasión, en una de las Antillas Holandesas, en Curazao, al norte de Venezuela. Bajo el nombre Klim Fund o Klim Foundation Fides, lograron colocar 12 millones de dólares como garantía de sus tarjetas de crédito American Express, retirar otros 88 millones de dólares de Suiza y, con el apoyo de un abogado de Antonini Wilson, borrar sus nombres de la lista de las PEP –personas políticamente expuestas–.

 

Klim Fund también les sirvió para otros asuntos. Por ejemplo, un documento del 27 de agosto de 2009 muestra que en esa fecha la firma –como corporación de las Antillas Holandesas– hizo un préstamo superior a los 18 millones de dólares a una empresa también a nombre de Franklin Durán y Carlos Kauffmann: Inversora Petroklim, inscrita el 8 de diciembre de 2004 en el Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Miranda.

 

Por otra parte, documentos asociados con los registros de las empresas que provienen de los datos obtenidos por el ICIJ, muestran que la fundación también otorgaba cartas de referencias a venezolanos para recomendarlos y ayudarlos en el proceso de registro de compañías en las Islas Vírgenes Británicas.

 

Una de las cartas con fecha 5 de octubre de 2004 aclaraba en su contenido que Klim Fund es una subsidiaria de la firma Klim Foundation de Curazao y que su papel era “proveer servicios de asesoría financiera y manejar estrategias de inversión” para clientes venezolanos. En otra, con fecha de 16 de septiembre de 2003, detallaba: “nuestros clientes son dueños de bonos de Venezuela (…) y usan nuestra experiencia en gerenciar estos instrumentos”.

 

El personaje que firmaba la carta dependía del beneficiario de la recomendación. En el caso de socios y allegados es posible encontrar la rúbrica de Franklin Durán o de Carlos Kauffmann como directores gerentes. Así sucedió con Pedro Durán, hermano de Franklin Durán y socio de él en algunos negocios. Fue Kauffmann quien le otorgó la referencia dirigida a Trust Net Chambers en las Islas Vírgenes Británicas, donde indicaba que desde el primero de enero de 1980 sostenía una relación satisfactoria con Klim Fund, aunque varios documentos indican que Klim Fund fue registrada en la Cámara de Comercio de Curazao el 29 de noviembre de 2002, mucho después que supuestamente inició la relación con la organización.

 

Cuando no era así, el también aliado de Durán y Kauffmann, Daniel Morotti, firmaba las recomendaciones como gerente de la oficina. Además Morotti aparece como tesorero en la compañía creada en Panamá (Worden Trading). Entre los referidos por él se encuentra otro personaje vinculado al dúo de empresarios, Eduardo Cartaya, a quien involucraron también en la firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

 

La papelería utilizada para las cartas de recomendación con el sello Klim Fund y Klim Foundation incluía direcciones de la citada anteriormente oficina en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Chuao, una urbanización de Caracas. Lo que variaba, dependiendo de la compañía que otorgaba la referencia, era la localización exacta. En unos casos, se indicaba un número de oficina y, en otros, un número de suite de la primera etapa del centro comercial.

 

El CCCT también era usado como dirección de referencia para empresas constituidas en territorio venezolano, como Ruibal & Durán y Mil Importaciones 1997, ambas sociedades de los hermanos Durán, inscritas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Sus respectivos estatus actuales ante el RNC son de suspendidas.  

 

Ruibal & Durán tuvo en 2001 un contrato con la gobernación del estado Cojedes para la “demolición y construcción de aceras y brocales en El Amparo”. Sin embargo, entre 2002 y 2007 varios diarios venezolanos mostraron otra cara de esta relación al informar sobre denuncias que involucraban a la firma y a la gobernación del estado, entonces a cargo de Jhonny Yánez Rangel, con el comercio de armas. Una de las denuncias la hizo en 2002 el diputado Pedro Castillo.

 

Otro de los personajes de la historia del maletín que también se ha desenvuelto en el mundo offshore es el abogado Moisés Maiónica, quien se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de tratar de encubrir el origen de los 800.000 dólares. Con ese propósito fue contactado por el entonces jefe de la Disip –ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)–, Henry Rangel Silva, para servir como intermediario entre el Gobierno y Antonini. Después de haberse desempeñado como comandante del Ejército y ministro de Defensa, ahora el general Rangel Silva es gobernador del estado Trujillo, en los Andes de Venezuela.

 

Maiónica registró –según los documentos obtenidos por el ICIJ– al menos cinco empresas en las Islas Vírgenes Británicas, una de ellas junto a su esposa Gitsel Coromoto Jelambi-García.

 

 

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Las buenas secretarias saben guardar secretos

 

 

Maritza Bastidas es una venezolana de 52 años de edad y, al parecer, con buen conocimiento acerca de aspectos sofisticados de las finanzas como la inversión en paraísos fiscales. En 2007 registró dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas. Todo ello a pesar de que, hasta entonces, se había desempeñado como una simple funcionaria de la gobernación del estado Zulia, o no tan simple, pues según versiones de oponentes políticos, era la secretaria del gobernador regional y candidato presidencial en 2006, Manuel Rosales, quien ahora vive en el exilio (oficialmente Perú, aunque según fuentes su brújula, sobre todo desde que Ollanta Humala asumió el gobierno en Lima, apunta hacia otro destino fuera de Venezuela, presumiblemente en América Central).

 

El nombre de Maritza Bastidas ya salió a relucir durante las sesiones de la Comisión de Intervención de la Asamblea Nacional en 2008. Entonces, en medio del fuego cruzado de la política venezolana, se investigaban diversos señalamientos de corrupción contra Rosales como gobernador del Zulia, la rica provincia petrolera y agropecuaria al occidente del país. La Asamblea Nacional estaba controlada por el oficialismo y lo que probablemente le motivó a investigar a Rosales era el deseo de cobrarle al dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) su enfrentamiento electoral contra el presidente Chávez. En cualquier caso, Rosales acudió al llamamiento a declarar ante la comisión parlamentaria. Esta nota da a conocer por primera vez algunos pasajes del interrogatorio que, de acuerdo a su transcripción, alcanzó por momentos una gran tensión debida, sobre todo, a la presión ejercida por el diputado chavista Mario Isea, también zuliano y promotor de las denuncias.

 

“Lo primero que tengo que decir es que yo no soy hipócrita, desde que tenía 15 años voy para Estados Unidos y me gustan muchísimo Orlando y Mickey Mouse y todas esas cosas”, dijo Rosales el 28 de noviembre de 2008 frente a la Comisión de Intervención de la Asamblea Nacional, cuando era consultado por sus vínculos con Maritza Bastidas. Entonces los parlamentarios sólo parecían manejar el dato de una serie de viviendas adquiridas por Bastidas en el estado de Florida, Estados Unidos, operaciones que habían puesto toda la atención de los investigadores en esa empleada de la gobernación. En la sospecha generalizada flotaba la convicción de que Bastidas había servido de tapadera para inversiones de Rosales.

 

Rosales, de 60 años, un avezado político procedente de las filas del anteriormente hegemónico partido socialdemócrata Acción Democrática, como exitoso alcalde de Maracaibo en dos períodos (1996-2000 y 2008-2009) y gobernador desde 2000 a 2008, hizo del Zulia un verdadero baluarte electoral. El Zulia es la principal región del país por su número de votantes y, a la postre, en 2006, bajo el paraguas de su propio partido, Rosales consiguió representar a la oposición en las elecciones nacionales que en diciembre de 2006 ganó Chávez, quien entonces buscaba su reelección. Apoyado por una endeble coalición de 43 partidos y movimientos, Rosales obtuvo el respaldo de casi el 37% del electorado.

 

Esta hoja de éxitos, sin embargo, no le protegió en el ocaso. En 2009, antes de comprobar si recibiría una sanción por las acusaciones de las que era objeto y también antes de averiguar qué tipo de revancha sufriría, Rosales se marchó a Perú, donde solicitó y obtuvo asilo. Su esposa, Eveling Trejo de Rosales, permaneció en Venezuela y es la actual alcaldesa de Maracaibo.

 

Bastidas siguió en el norte (según algunas informaciones, en Orlando, Florida). Allá compró dos propiedades que, juntas, representarían una transacción de más de un millón de dólares. Bastidas también fue socia de una empresa de un hijo de Rosales, residente en Estados Unidos.

 

De todo eso tenían información los parlamentarios que en 2008 cercaban a Rosales con sus preguntas, recogidas en un documento al que se tuvo acceso para este reportaje. La novedad –gracias a los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación– estriba en el conocimiento de la apertura por parte de Bastidas de dos compañías offshore en 2007.

 

El 23 de febrero del año 2007 fue incorporada al registro de las Islas Vírgenes Británicas la firma Inversiones 2000 Universal Ltd. en la que Maritza Bastidas figuraba entonces como accionista y directora. Para el registro colocó como dirección de oficina una residencia en Maracaibo, estado de Zulia.

 

En esa misma fecha, fue registrada también a su nombre la compañía Moritz Investments Worldwide Inc. Para este proceso presentó su pasaporte, una referencia bancaria y la misma dirección. Ambas compañías se encuentran inactivas en la actualidad.

 

El camino a las Islas Vírgenes, que le permitió completar el proceso de inscripción en el que es preciso suministrar una serie de documentos que pasan por un proceso de verificación, lo logró recorrer gracias al apoyo desde Miami de otra venezolana, la ubicua Gloria Araujo, quien hizo las veces de intermediaria.

 

Araujo contactó a la firma Portcullis Trustnet y así gestionó la creación de ambas compañías en el paraíso fiscal. En intercambios de correos con Trustnet para lograr el registro, se indicaba que una vez completado el proceso, los documentos del kit de la compañía debían ser enviados a Araujo a la dirección de Everest Group, su empresa de entonces en Florida. En ambos casos con la siguiente especificación: “No enviar una factura”.

 

Los números telefónicos asociados en esa fecha con Araujo tanto en Venezuela como en Estados Unidos ya no funcionan o corresponden a otras compañías.

 

Un año después de la creación de las compañías en las Islas Vírgenes Británicas, Bastidas realizó grandes inversiones en Estados Unidos. Según registros públicos del estado de Florida, el 30 de abril del año 2008 Maritza Bastidas compró por 799.000 dólares una propiedad en Atherton, Orlando, Florida, vivienda que en la actualidad se mantiene a su nombre. Ese mismo año, en el que también culminaba el segundo período de Rosales como gobernador del Zulia, el 14 de febrero –día de San Valentín–, Bastidas había comprado otra casa en Miami, Florida, por una suma de 306.000 dólares. O lo que es lo mismo: en menos de un año desembolsó 1.105.000 dólares para la compra de las dos residencias.

 

La casa de Miami no la conservó mucho tiempo. Un año después de que comenzaran las denuncias en contra de Manuel Rosales y su propio nombre salió a la luz, en noviembre de 2009, la vendió por 140.000 dólares, menos de la mitad del monto por la que la había comprado (la crisis financiera ya afectaba el mercado inmobiliario de la península).

 

“En cuanto a eso de las propiedades, yo no sé si es que está prohibido que alguien compre algo, lo que tienen es que investigar por qué lo compraron, y cómo lo compraron y yo qué tengo que ver con eso”, se zafó Manuel Rosales de las acusaciones en la comparecencia que hizo el año 2008 ante los diputados. La línea argumental de su defensa se limitó a sostener que él sólo daba cuenta de sus propiedades y no de las de sus allegados, en referencia a Bastidas: “Entonces, si se van miles y miles de personas de Zulia que tienen propiedades en Estados Unidos, ¿yo tengo que ver con eso? No, yo respondo por Manuel Rosales, cédula de identidad 4.328.767”.

 

En Florida, Maritza Bastidas, la funcionaria de la gobernación del Zulia, también tuvo participación en una compañía con uno de los hijos de Manuel Rosales.

En septiembre de 2007 –siete meses después de la creación de las compañías en las Islas Vírgenes Británicas– fue registrada ante la División de Corporaciones del Estado de Florida la compañía Agropecuaria La Milagrosa Inc. Los documentos de registro muestran que como presidente, vicepresidente y director figuraba entonces Manuel Rosales, y como directores aparecían también Maritza Bastidas y Fernando Tata, este último, según Rosales, un agente de registro.

 

“Uno se pregunta cuál es el salario de esta funcionaria en la gobernación del Estado”, ironizó durante la audiencia el diputado por el estado de Zulia, Mario Isea, del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

 

Impertérrito, Rosales se aferró a su postura: “Maritza tendrá su actividad, pero yo no tengo por qué explicar ni responder por la actividad, por lo que haga Maritza Bastidas, quien es amiga de los hijos míos, de algunos de ellos, entre ellos Manuel Alejandro y entre otras cosas hicieron esa sociedad financiera que se registró con 100 dólares”.

 

En efecto, en 2008, los nombres de Maritza Bastidas y Fernando Tata fueron eliminados del directorio y, según el documento de registro, sustituidos por el de Manuel Alejandro Rosales, hijo del político zuliano. La empresa actualmente se encuentra inactiva.

 

“Así es que esas tales sociedades financieras, como las he explicado, como las he detallado, son sociedades que no tienen propiedades y que este señor, Fernando Tata, aparece ahí porque es propio de su actividad, y Maritza Bastidas que es funcionaria y amiga de mi hijo, (…) Manuel Alejandro tiene algún tiempo en Estados Unidos, en Florida, Miami”, insistió Rosales.

 

Curiosamente, Maritza Bastidas aparece cotizando todavía en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como funcionaria de la gobernación del estado de Zulia. Sin embargo, al llamar a las oficinas de la entidad quienes hoy trabajan ahí dicen no conocerla y quienes la recuerdan dicen que ella no es parte de la plantilla actual de empleados de la gobernación, ahora a cargo de Francisco Arias Cárdenas.

 

Aparte de las propiedades de Bastidas, a Rosales lo vincularon también con otras propiedades y empresas a nombre de terceros. “Yo me dediqué a preguntarle a algunas de ellas por esta denuncia que están haciendo, bueno, a propósito de la actividad que cada quien desarrolla tienen créditos bancarios en Estados Unidos y cada quien demostrará su crédito y cómo adquirió eso, si es que lo ha adquirido, porque lo que dieron fue la cuota inicial, entiendo yo”. También indicó en ese momento que todas sus propiedades se encontraban en Venezuela.

 

La Interventora General de la República en Venezuela, a cargo entonces del fallecido Clodosbaldo Russián, llegó a inhabilitar por un año a Manuel Rosales en 2010 para ejercer cualquier cargo público. El veredicto aducía el incumplimiento por parte de Rosales de la normativa de las declaraciones juradas de patrimonio obligatorias para los funcionarios públicos por la Ley Contra la Corrupción. En la resolución, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de mayo de 2010, se indicaba que Rosales no había entregado las declaraciones del cese de sus funciones como gobernador del estado de Zulia y de ingreso y cese en el ejercicio de su cargo como alcalde del municipio de Maracaibo.

 

“Igualmente, la Interventora General de la República, mediante decisión de fecha 27-07-07, contenida en el expediente de verificación patrimonial N° 08-02-2005-4.328.767, determinó: un incremento patrimonial desproporcionado; fondos aplicados no justificados; y omisión de información en su declaración jurada de patrimonio consignada el 2 de julio de 2003, por lo que se declaró la no veracidad de la declaración jurada de patrimonio en cuestión, y en consecuencia, su no admisión”, reportaba.

 

Además fue imputado en diciembre de 2008 por el delito de enriquecimiento ilícito y en 2009 le fue dictada medida privativa de libertad a solicitud del Ministerio Público. Para Rosales todo se trató de un juicio político.

 

 

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La Vuelta llegaba hasta las Islas Vírgenes

 

 

El 23 de junio de 2005 el Ministerio Público inició investigaciones por el caso de una de las estafas más famosas dentro de la historia venezolana. Desde el estado de Zulia, a través de una compañía de nombre Auto Leasing, se captaban fondos en dólares sin la autorización de la Superintendencia de Bancos y se ofrecía a los clientes al menos entre 10 por ciento y 20 por ciento de intereses al mes. La pirámide, esquema financiero aplicado para la estafa, se desplomó y se vieron afectados más de 500 inversores.

 

Una de las personas señaladas por este caso, popularmente llamado La Vuelta, como uno de los posibles intermediarios –brokers, de un grupo de 17)– que facilitó el fraude iniciado en 2003, abrió en el año 2004 una compañía en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal.

 

Samuel Maya Mayzel, empresario zuliano y parte del grupo de los 17, registró en las Islas Vírgenes Británicas junto a tres socios más la firma Polaris Consulting Management en diciembre de 2004, momento en el que la estafa estaba en pleno curso. La compañía en el paraíso fiscal ya no se encuentra activa. La información, proveniente de una serie de 2.5 millones de archivos secretos de offshores obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), muestra que el proceso de incorporación de la firma se dio a través de la venezolana Gloria Araujo, quien a su vez hizo las gestiones con Portcullis Trustnet.

 

Como se ha mencionado antes, Portcullis Trustnet es un operador offshore asiático con clientes en más de 140 países –incluyendo figuras políticas, mercenarios y magnates–, que facilita los registros de compañías en paraísos fiscales.

 

Los socios de Maya Mayzel también registraron empresas de forma independiente en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

 

Juntos, Marco Villasmil, Joan Manuel Fereira y Neptali Morillo –accionistas junto a Maya Mayzel de la firma en las Islas Vírgenes Británicas–, inscribieron en el año 2004 la compañía Lumarcoval Corporation en Panamá, según datos del Registro Público de Panamá, con un capital social de “500 acciones sin valor nominal –0– que podrán ser nominativas o al portador”. Además, Villasmil y Fereira están vinculados con el mundo de la construcción y tienen participación en firmas que han sido contratistas del Estado venezolano, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas.

 

Marco Villasmil, por ejemplo, fue socio de la compañía Proyectos Kit Casas, que participó en construcciones con el Ministerio de Infraestructura entre los años 2001 y 2003 como el Comando Aeropuerto Nueva Esparta y Las Josefinas en San Félix.

 

Por su parte, Joan Manuel Fereira aparece como Director Gerente de la firma Deconferca S. A., que además de tener registro en Venezuela, fue inscrita en Panamá bajo el nombre Deconferca Panamá en el año 2009 y está enfocada en el desarrollo de proyectos de construcción tanto civiles como industriales.

 

Un documento del Tribunal Supremo de Justicia también asoció a Fereira con el caso de La Vuelta. En el año 2006 la juez Irasema Vilchez de Quintero, como presidenta de la Corte de Apelaciones, se inhibió en la causa llevada contra Freddy Manzano Tiniacos por la presunta comisión de los delitos de intermediación financiera, captación indebida de recursos y estafa, a raíz de sus vínculos familiares con Fereira.

 

“Por cuanto si bien es cierto el supuesto que se recurre no es precisamente en contra del ciudadano Joan Manuel Fereira Rosillo, el mismo aparece en la causa como querellado y como quiera que las decisiones no sólo deben convencernos a nosotros mismos sino que también deben convencer al colectivo, es por ello que me inhibo del conocimiento de la presente causa”, argumentó Vilchez.

 

El artículo 430 de la Ley General de Bancos establece una pena de ocho a diez años de prisión a quienes sin estar autorizados “practiquen la intermediación financiera, crediticia a la actividad cambiaria (…) y capten recursos del público de manera habitual”, por el delito de captación indebida.

 

Por la estafa de La Vuelta, que inició en el año 2003 después del paro petrolero de 2002, a través de la compañía Auto Leasing que ofrecía servicios de alquiler de vehículos a la compañía Petróleos de Venezuela y que terminó captando fondos en dólares de inversores con la promesa de altos porcentajes de retorno al mes para sostener su negocio, fueron señaladas más de 20 personas, entre ellas los dueños de la empresa implicada en el caso, como Nelson Navarro. La Dirección de Criminalística Financiera había determinado entonces que los montos recaudados por Auto Leasing llegaron a los 112.962.680 dólares, según reseñas de esa época.

 

Samuel Maya Mayzel figura como elector venezolano aún después de fallecido. Su deceso trajo el pronunciamiento de quien fuese amigo de la familia y primer alcalde del municipio San Francisco en el Zulia, Saady Bijani: “Samuel sostenía ayudas importantes a instituciones educativas y eran como sus propios hijos muchos niños y jóvenes becados. Ayudaba con recetas médicas y alimento a familias necesitadas. Era un hombre exitoso y emprendedor y por eso daba sin mezquindad”.

 

Su fortuna quedó en manos de su esposa y sus hijos, según indica una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que los declara como sus únicos y universales herederos después del deceso ocurrido el seis de diciembre del año 2010.

 

Samuel Maya, quien en la actualidad tendría 52 años, todavía figuraba como votante activo en el registro de electores del Consejo Nacional electoral actualizado para los comicios del 7 de octubre de 2012, en la Unidad Educativa Nacional Privada Natalicio del Libertador del municipio San Francisco en el estado de Zulia. También los tribunales consideraron llamarlo a comparecer en 2012, dos años después de su fallecimiento, a raíz del cobro en bolívares a una empresa suya por parte del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, antes conocido como Fogade.

 

 

 

Este trabajo es fruto de una colaboración entre Arman-do.info en Venezuela y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) con sede en Washington. El ICIJ es una red independiente de periodistas que trabajan de forma conjunta en investigaciones transnacionales.

 

 

¿Offshore? Dame dos: Políticos, empresarios, funcionarios, por Emilia Díaz-Struck, con informaciones del ICIJ.

 

Dineros fugitivos: si los vi, no me acuerdo, por E. Díaz-Struck.

 

El esquema Ponzi de Francisco Illarramendi, o la punta de la pirámide, por Marina Walker Guevara y E. Díaz-Struck, con la colaboración de Francisca Skoknic y Mike Hudson.

 

La fundación del maletín, por E. Díaz-Struck, con la colaboración de Hugo Alconada Mon.

 

Las buenas secretarias saben guardar secretos, por E. Díaz-Struck, con la colaboración de Katherine Pennacchio y Óscar Libón.

 

La Vuelta llegaba hasta las Islas Vírgenes, por E. Díaz-Struck.

 

 

 

Emilia Díaz-Struck y Marina Walker Guevara son periodistas

 

 

 

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