África tiene mucho que enseñar a Europa. Desde el sentido de comunidad y el respeto por las experimentadas y casi siempre sabias personas mayores a la determinación. Por no hablar del tesón y la determinación que hacen falta para alcanzar una vida mejor. Son 27 los países que forman la Unión Europea. Concebida en la Declaración de Schuman (1950), fueron apenas un puñado de naciones las que fundaron la CEE: Comunidad Económica Europea. Ocho años después, el Tratado de Roma le dio carta de naturaleza, fue su bautismo político. De las ruinas de la Segunda Guerra Mundial surgía un gran proyecto en un suelo fértil bañado en sangre. Pero hicieron falta más de tres décadas de maduración para otro hito, el Tratado de Maastricht, y que se pariera el Acuerdo de Schengen. Se suprimieron los controles interiores entre los países signatarios. A partir de 1995 pasaron a compartir fronteras exteriores. Quienes desde entonces entran legalmente en ese espacio puedan circular con total libertad. Ese celebrado espacio Schengen empezó a quedar en entredicho el 30 de julio pasado con la crisis migratoria de Ceuta. La violación de derechos básicos y la deshumanización en muchos casos de quienes solo pretenden sobrevivir puso a la Unión ante un espejo roto. La ciudad autónoma española en suelo africano se ha convertido a su pesar en el laboratorio migratorio de la Unión Europea.
“Pasamos el día con una rutina básica, dormimos mucho para que las horas pasen rápido. Pero yo me despierto temprano, acudo a las duchas comunitarias al final de la playa del Trampolín para asearme, cargo el móvil en la caravana después de hacer la cola, luego regreso caminando hasta mi tienda, la ordeno un poco y espero a que llegue la hora del reparto de la comida de Cruz Roja”. Son palabras de Ahmed, un joven tangerino de menos de 30 años. Entre resignado y cansado, nos muestra una pulsera de papel plastificado color naranja que le han dado tras facilitar sus datos y así recibir a cambio una ración diaria de comida.
Por toda Ceuta las personas migrantes se dividen entre los que han decidido aguantar sin registrarse (para no acabar siendo expulsados), los que han optado por esconderse en casas de familiares o amigos (dispuestos a mantener un perfil bajo durante dos años y así llegar a disfrutar de su regularización mediante la Ley de Extranjería), y los que llevan una pulsera del color del centro o espacio temporal de acogida al que pertenecen. En el peor de los casos pasan los días en condiciones inhumanas bajo telas y plásticos sostenidos por cañas.
De Lesbos a Ceuta
Han pasado once años desde la crisis europea de migración que se vivió en la isla griega de Lesbos. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a Lesbos llegaron el 2015 medio millón de almas a través de mar Egeo en 2015, utilizando endebles embarcaciones de plástico que zarpaban desde Turquía. Tras firmar en marzo de 2016 con Turquía, el número de llegadas bajó drásticamente. La UE se comprometía con Ankara a ejecutar devoluciones a cambio de una ayuda de 6.000 millones de euros y del compromiso “uno por uno”: por cada sirio retornado desde las islas griegas a Turquía, Bruselas aceptaba que se reasentase en su anhelado espacio Schengen a otro que estuviera esperando una vida mejor en el país otomano. La movilización ciudadana como respuesta a la incapacidad de los gobiernos para actuar de forma rápida y eficaz ante la desesperación de miles de refugiados hizo que Lesbos se convirtiera en un símbolo de lo mejor y lo peor de la UE. En cambio, hoy, dos meses después de la entrada en Ceuta de más de 70.000 personas en 48 horas (en un territorio de apenas 18 kilómetros cuadrados), la UE sólo solo parece capaz de mostrar su peor cara.
La linde del Tarajal entre Fnideq/Castillejos, uno de los enclaves españoles en el continente africano, la frontera más al sur de la UE, está muy poco concurrida la mañana que la atravesamos a mediados de septiembre. A primera hora de la mañana es un goteo parsimonioso. Hay quienes comparten un taxi desde Tánger o Tetuán y se dirigen a la ciudad autónoma para visitar a un familiar, trabajar o hacer alguna compra aprovechando que los precios de productos básicos en los supermercados ceutíes son más económicos que los de Marruecos. La revisión de pasaportes es rápida, igual que la de las escasas pertenencias de los transeúntes que apenas permanecerán unas horas en la ciudad.
Destaca la hilera de flotadores rojos, una barrera de 500 metros instalada por el Ministerio del Interior a principios de agosto para, por una parte hacer más difícil atravesar a nado la frontera, y por otra efectuar devoluciones en caliente a los que lo intentan por tierra. Es la evidencia de un sistema de seguridad, inestable y movedizo, que establece como lenguaje unívoco a todo el que quiera cruzar la frontera de forma ilegal: peligro de muerte.
Un autobús de línea azul desde la playa del Tarajal te deja en unos minutos en el centro de Ceuta, pero el recorrido a pie a lo largo de la costa mediterránea permite comprobar que estamos lejos del imprudente y precipitado anuncio del ministro del Interior español. Manuel Marlasca aseguró, pocos días después de la entrada masiva, que se estaba recuperando la normalidad. En las calles, plazas, barrios de la montaña y, por supuesto, en las playas, hay seres humanos que llevan semanas deambulando, sobreviviendo, con una bolsa de plástico con sus únicas pertenencias y que se asean en duchas públicas. Perseveran en un sueño que les lleve a una situación mejor, pero se han convertido en los actores principales de una ciudad en la que la población autóctona ha pasado a segundo plano.
Hay desconfianza entre muchos vecinos. La mayoría lleva semanas ayudando con lo que pueden a los que duermen junto a sus portales. También hay ceutíes de edad que increpan a los que fotografían la realidad. Se sienten en la obligación de hablar por ellos. Porque han establecido una relación impuesta en la que sin duda les entienden mejor que los que apenas dedicamos unas horas, quizás unos días, a esta nueva crisis migratoria europea. De esta manera, vamos recorriendo las calles de una ciudad en la que los menores han regresado a escuelas custodiadas por fuerza de seguridad, en la que los supermercados tienen horarios especiales para que las personas migrantes adquieran productos bajo vigilancia. Las pequeñas tiendas de barrio tienen una cola en el exterior que regula que no haya más de un número limitado de migrantes en el interior. Una ciudad en la que las patrullas son habituales, igual que la presencia de militares que detienen a personas y grupos que deambulan, piden que se identifiquen y les reconducen a los espacios permitidos.
El orden se impone en Ceuta tras el caos. Se intenta que la convivencia obligada entre la desesperación de los que buscan una vida mejor, un trabajo, una oportunidad o libertad, y el hartazgo de los que han comprobado cómo sus espacios públicos y su vida cotidiana dejaba de estar en sus manos. Se trata de que ese equilibrio no se convierta en una lucha sin reglas por un limitado espacio.
Tristeza
Al margen del uso político que todos los partidos están haciendo de la situación y de la ineficaz gestión a todos los niveles, desde el local al mando único que tanto tiempo le costó al Gobierno español poner en marcha, el ritmo de Ceuta en un día lectivo del comienzo del curso escolar parece suspendido en un limbo, una crisis que lo invade todo.
La supuesta normalidad está salpicada por los llamados “recursos migratorios”: esas carpas instaladas en varios puntos de la ciudad que albergan a 8.000 personas migrantes. En las que las plazas se agotan en segundos, dejando a entre 3.000 y 5.000 personas, según fuentes oficiales, “fuera del sistema”, sin techo, durmiendo en calles, playas y asentamientos improvisados, en túneles o en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Además de la lenta reacción gubernamental para atender a quienes entraron en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio y optaron por quedarse en la ciudad autónoma, la incapacidad para contabilizar y gestionar el drama humano se ha prolongado durante semanas. El Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que el 90% de los que cruzaron ilegalmente regresaron a Marruecos, y el de Interior que más de 7.500 fueron retornados y 8.000 regresaron voluntariamente. Dos meses después de aquella jornada llena de perplejidades y preguntas, el Ministerio de Juventud e Infancia calcula que entre 500 y 700 menores siguen estando en situación de calle.
Las asociaciones de vecinos, igual que las organizaciones de apoyo a personas migrantes que llevan décadas ayudando a personas en movimiento, están desbordadas. Han pasado de la emergencia por el número de personas que llegaron a ocupar la ciudad a la desesperación por la falta de recursos, para terminar en la autogestión en la que al menos controlan la eficacia de sus acciones y en el trato directo con las personas en situación de vulnerabilidad a las que van atendiendo, tratando de aliviar su sufrimiento.
Pacto fracasado
El 12 de junio de 2026 entró en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE para la gestión de los flujos migratorios de los 27 países. Es una reforma integral del control fronterizo que incluye modificaciones respecto a los trámites y que, según organizaciones de defensa de derechos humanos, pone en peligro la protección internacional de las personas que atraviesan ilegalmente las fronteras.
El Pacto se centra en cuatro puntos: el control de las fronteras exteriores (que incluye la identidad, salud y seguridad –permanecer siete días en fronteras de la UE mientras se resuelve el caso– y registro biométrico obligatorio); los procedimientos acelerados para las solicitudes de asilo con baja probabilidad de éxito con un plazo máximo de 12 semanas en zonas fronterizas y facilitando los retornos rápidos; la solidaridad “obligatoria, pero flexible”, que permite a los países ricos pagar 20.000 euros como compensación económica para no acoger a una persona migrante que acabará en los países con menos recursos de la UE; y la restricción de movimientos secundarios que cuestiona el significado original del Acuerdo Schengen, haciendo que los solicitantes no puedan desplazarse libremente por los Estados miembros hasta que no se resuelva su expediente.
Las principales críticas de organizaciones como Human Rights Watch, Oxfam o Humanium se centran en que es un ataque al derecho de asilo. Cierra la puerta a quienes necesitan protección y no garantiza una respuesta justa a sus solicitudes. Estas instituciones no gubernamentales denuncian que se normaliza la detención o privación de libertad de familias con niños en las fronteras, y se desprotege también a los menores que viajan solos.
Activistas y organizaciones a ambos lados de la valla coronada con alambre de concertina apuntan que Ceuta se ha convertido en “un laboratorio” para comprobar las dificultades de ejecución y los plazos teóricos del Pacto. La situación de indefensión de adultos y menores en la ciudad autónoma pone de relieve las limitaciones y falta de operatividad de las medidas adoptadas por el Parlamento Europeo. El proceso que deben seguir quienes han dejado atrás su país no se analiza de forma adecuada. Personas migrantes y organizaciones locales que les asisten han denunciado que en las últimas semanas demandantes de asilo que huyen de los espantos de la guerra en Sudán han sido devueltos a Marruecos. Según el relato de 23 sudaneses, firmaron un documento en el que se les dio a elegir “de forma engañosa” entre asilo o cruce, sin especificar que el cruce no era a la Península para continuar su proceso de solicitud de asilo político, sino a la frontera con Marruecos, por la que entraron de forma ilegal.
Miedo a Marruecos
Durante las últimas semanas el debate sobre la relación bilateral que el Gobierno español debe cuidar y revisar con las autoridades marroquíes se ha intensificado. La palabra “respeto” ha sido la más repetida, sin hacer el suficiente hincapié en que se trata de dos sistemas políticos muy diferentes, casi opuestos. Mientras España no quiere entrometerse en la cuestión de los derechos humanos o la falta de libertad del reino alauí, en Marruecos parecen decididos a aprovechar la oportunidad de imponer sus reglas del juego.
“Si Marruecos se pone de lado, hay 400 millones de jóvenes en África que podrían plantearse la necesidad de migrar a Europa para tener una vida mejor, digna, lejos de los conflictos y la violencia. Esa es una realidad que no se debe olvidar”, explica desde una café de Tánger un reconocido militante de izquierdas, antiguo opositor al régimen de Hassán II. Este viejo disidente recomienda a España que no se enfrente nunca a Marruecos en el corto plazo, sino que establezca una estrategia a medio o largo, que permita ganar posiciones y consolidar sus planteamientos: para que no dependa todo de que se abra o cierre el grifo de la migración clandestina.
A pesar de los al menos 150 muertos que dejó en el mar la crisis migratoria de Ceuta, la mayoría marroquíes y enterrados en silencio, en Marruecos sólo se habla del tema para referirse a esos jóvenes que han dejado trabajos mal pagados pensando que en España se les permitiría mejorar sus condiciones de vida, o los que, engañados por los grupos de Facebook y otras redes sociales, llegaron a pensar que les esperaban ayudas para no tener ni siquiera que trabajar para ganarse el pan.
Las calles de ciudades y pueblos marroquíes estaban esos días llenas de recuadros con números y el símbolo de los partidos que se presentaban a las elecciones legislativas del 23 de septiembre. El resultado real ha sido que apenas el 38% de los electores acudió a las urnas, según el Ministerio del Interior de Rabat: seis de los 15,8 millones de personas inscritas en el censo. Volvió a registarse una abstención récord de los jóvenes que dan la espalda al sistema.
En cambio, lo que desde los círculos de poder del régimen marroquí se filtró a la prensa internacional es que una mujer ha sido nombrada por el rey Mohamed VI como la primera jefa del Gobierno de Marruecos. Fátima Zahra Al Mansuri, ex alcaldesa de Marrakech, coordinadora general del partido Autenticidad y Modernidad (PAM), vencedor sin mayoría de los comicios y la formación considerada más cercana al Palacio Real, es la candidata. Al Mansuri es además una de las encargadas de reorganizar las ciudades marroquíes de cara al Mundial de Fútbol de 2030 y no dudó, ante la entrada masiva en Ceuta, de hacer una urgente petición a España: “el regreso de nuestros hijos a su país, con sus padres”. La flamante primera ministra ha obviado que Marruecos no ha respondido a las 600 solicitudes de reagrupación familiar gestionadas desde finales de julio por el Gobierno español. El régimen sigue combinando sus bazas en el juego político y diplomático del momento, apurando sus cartas. Algo que conviene tener siempre en mente.
