Cronología del golpe catalán. Una cocción a fuego lento

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Sin duda los jueces deben juzgar hechos concretos: si se dieran efectivamente unos hechos o acciones para las que el legislador ha previsto la atribución de una sanción, quienes las hubieran cometido deberán ser consecuentemente sancionados. Hasta aquí la cosa parece impepinable.

 

No obstante, puede que no sea fácil demostrar la concurrencia de unos hechos (o al menos atribuirlos penalmente a alguien) cuando resultan de que un gran número de personas ha concertado sus acciones de forma más o menos intencionada hasta lograr que, todas juntas, como miembros de una organización (en este caso política), conformen una acción (casi cabría decir orgánica) perfectamente identificable con los hechos que llevan aparejada la sanción de turno. Pues algo así ha sucedido en Cataluña. Además, aunque se pudiera probar en tanto “acción orgánica”, atribuir hechos a organizaciones y no a personas, salvo en casos tasados, suele casar mal con un Derecho como el penal. Pero puede que la distancia se recorte cuando los individuos ostentan cargos representativos, se suceden en lo más alto de la jerarquía de un mismo partido y asumen, por su puesto, responsabilidad por las acciones de otros muchos sujetos.

 

Muchos de los hechos recogidos a continuación (que, sin exhaustividad y sin vocación alguna de jurista, quizás sirvan a un lego para hacerse idea de cómo las élites catalanistas pergeñaron el golpe) vulneran abiertamente el ordenamiento jurídico español. Seguramente sean incluso suficientes para atribuir delito de rebelión a los acusados. Pero lo que más me interesa es mostrar cómo, todos juntos, buscaban lograr algo que en buena medida consiguieron: atentar contra el reconocimiento social del ordenamiento jurídico en Cataluña.

 

No hay derecho válido/legítimo que valga si no es eficaz, es decir, si la gente no lo acata. Por eso podemos decir sin miedo a equivocarnos que el proceso más corrosivo que ha sufrido Cataluña no es, ni remotamente, el de un Parlamento que desatiende a sus letrados y aprueba dos leyes que derogan la Constitución en Cataluña. Eso sólo es la punta del iceberg. Lo grave es que la mayoría del Parlamento catalán fuera elegida para hacer eso, que la administración y la policía autonómica les ayudaran, que el Consell de garantías estatutarias no se inmutara, que la sociedad catalana no rodeara ese Parlamento pidiendo libertad contra el secuestro al que le acababa de condenar el nacionalismo, que internacionalmente los golpistas tuvieran algún apoyo, que la televisión pública catalana nos lo contara todo, minuto a minuto, atribuyendo a los delincuentes el papel de  héroes románticos, etc. Que todo se hiciera con nuestro dinero y ante nuestro silencio, durante décadas. Que el Rey tardara días en salir, incluso después del 1-O, porque el Gobierno seguía prefiriendo contemporizar.

 

En fin, el atentado contra nuestra Constitución, el golpe de Estado en Cataluña, ha sido un proceso que empezó hace más de 30 años y que perdura hoy. Por eso considero que conviene ampliar el foco sobre los hechos juzgados. Si acaso no pudiera hacerlo un tribunal (y creo que es un error porque entonces se pierde de vista la sustancia del golpe: atentar, mediante un plan minucioso, contra los fundamentos de legitimación del ordenamiento jurídico y, por tanto, de la democracia, es decir, contra lo que Kelsen denominó “norma fundamental” –Grundnorm-), deberían hacerlo al menos los ciudadanos si de verdad queremos juzgar políticamente qué está pasando en Cataluña.

 

Pues lo dicho, sin exhaustividad (justo ahora podemos leer un resumen más prolijo gracias a las conclusiones de la fiscalía), aquí la concatenación de hechos que, ampliando algo el foco, dan lugar al golpe. Quien busque soluciones de verdad, que no cuente solamente con hacer cumplir la ley. El Estado, su administración, deberá desembarcar definitivamente en Cataluña. Mejor que se escandalicen antes que después. Al fin y al cabo, llevamos demasiados años en el ‘después’ y nunca han dejado de escandalizarse.

 

I. Antecedentes (1990-2010): la construcción nacional iliberal que sirvió para no rendir cuentas por la crisis y para tapar una corrupción sistémica

 

En 2012, CIU, el partido que más años ha gobernado Cataluña, casi ininterrumpidamente desde que recuperamos la democracia, empezó a ser asediado por diversas investigaciones en una vasta trama de corrupción (cobraba comisiones de 3 y 4% a cambio de concesiones públicas)[1]. Esto le llevó a cambiar su nombre en 2016 (PDeCAT) y en 2018 (la Crida). Resulta que fue condenado. Y si la corrupción no fue juzgada mucho antes es porque las élites nacionalistas no dudaron, desde el principio, en envolverse en la bandera y levantar a sus votantes contra el sistema que los investigaba: España era la mala y Cataluña (con la que se identifican, aunque sólo debían representarla), la buena. Así ocurrió en 1984, cuando Pujol, para defenderse del escándalo de Banca Catalana, exclamó desde el balcón institucional que “el Gobierno de Madrid, el Gobierno central concretamente, ha cometido una jugada indigna. Y a partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, no ellos”. Y añadió: “somos una nación, somos un pueblo, y con un pueblo no se juega”[2].

 

Esa moralización de la política, basada en el supremacismo o racismo catalanista, siempre estuvo presente en su discurso político.

 

Basta ver alguna de las escandalosas citas del ex Presidente Jordi Pujol (el “pal de paller”, una metáfora –palo del pajar- que viene a hablarnos del padre de la patria):

 

“Hemos de vigilar (el mestizaje), porque hay gente en Cataluña que lo quiere, y ello será el final de Cataluña”. [Raclama por ello las competencias sobre inmigración] “que es un tema muy serio para mucha gente, para Cataluña es además una cuestión de ser o no ser”. “Podría llegar un momento en que podríamos no estar en condiciones de [convivir con los inmigrantes], que se nos rompiera el país”. “A un vaso se le tira sal y la disuelve; se le tira un poco más, y también la disuelve”, pero llega un momento en que “no la disuelve” (Conferencia en la Universitat Catalana d’Estiu, 23 de agosto de 2004) [3].

 

 

“El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido […], es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes: es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir su falta de mentalidad”[4].

 

 

La sociedad española siempre tuvo miedo a enfrentarse al nacionalismo catalán porque el nacionalismo siempre acusó de franquista a quien criticara sus políticas iliberales de construcción nacional.

 

Así, el gobierno nacionalista de Cataluña se ha pasado 30 años construyendo nación catalana, como muestra un documento interno de CIU, que la prensa filtró en 1990[5]. En ese documento se sostenía que Cataluña es una “nación europea emergente”, una “nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico”. Además:

 

Se afirmaba que la búsqueda de la soberanía hace imprescindible la “sensibilización ciudadana hacia el reforzamiento del alma social”: “solo avanzan los pueblos jóvenes. Es necesario concienciar a nuestro pueblo de la necesidad de tener más hijos para garantizar nuestra personalidad colectiva”. Se abogaba por una sociedad en la que se fomenten las “fiestas populares, tradiciones, costumbres y trasfondo mítico”.

 

Se proponía controlar a los educadores para que cumplieran lo estipulado en la doctrina nacionalista: “vigilar la composición de los tribunales de oposición” para todo el profesorado; “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza”; “incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas”; estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores de la universidad, etc.

 

Abogaba por introducir a gente nacionalista de elevada profesionalidad en todos los lugares claves de los medios de comunicación: hay que “introducir gente nacionalista (…) en todos los puestos claves de los medios de comunicación”; “incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana”.

 

Fomentó la catalanización de la Administración y de la sociedad: “incidir sobre la administración de justicia y orden público con criterios nacionales”, y revisar los mecanismos de acceso y promoción del funcionariado.

 

Dejada así constancia de que el caldo de cultivo viene preparándolo el nacionalismo desde mucho antes (la inmersión lingüística expulsó en los años 80 a miles de profesores que no se sometieron al “reciclaje forzado”, como se detalla paso a paso en este hilo[6]), nos ceñiremos ya a actos de violación del Estado de derecho que van desde 2012 hasta hoy. Fue entonces cuando el nacional-populismo mostró más claramente su peor rostro.

 

II. 2010-2014. De las mentiras para desviar la atención de la crisis y la corrupción al referéndum del 9N: el primer gran ataque contra la democracia española.

 

Comencemos aclarando que el PIB per cápita de Cataluña en 2015 fue de 27.663€ mientras que el de España era de 23.200€. Difícilmente habrá una variable donde Cataluña no sea una de las Comunidades mejor situadas. En el Índice de Competitividad Europeo de 2016, que analizaba la competitividad de 263 regiones europeas con variables como infraestructuras, con 4 factores (acceso a autopistas, acceso a ferrocarriles, número de vuelos de pasajeros e intensidad de ferrocarriles de alta velocidad), Cataluña tiene mejores infraestructuras que la media española y europea[7].

 

Conviene dejar claro que España puede presumir de ser una de las 19 democracias plenas del mundo según el índice de democracia anual de The Economist Intelligence Unit (EIU). Si acaso, hay regiones donde los derechos democráticos se han visto afectados por ataques externos al sistema democrático. El ejemplo más claro ha sido la falta de democracia efectiva en Navarra y País Vasco por culpa del terrorismo de ETA, que dificultó muchísimo el ejercicio de los derechos políticos debido al miedo. En grado menor, en Cataluña se habían dejado de cumplir las sentencias del TC (STC 31/2010) y la del Tribunal Supremo, de 12 de junio de 2012. Esta última reinterpreta el decreto que ordena el segundo ciclo de enseñanza infantil en Cataluña, aclarando que, para ser constitucional, debe reconocer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano, sin condicionarlo “a que se solicite por quien lo posea a título individual”. “O lo que es lo mismo, la norma reglamentaria, último producto normativo, debe explícitamente asumir esa doctrina constitucional y declarar el carácter docente y vehicular del castellano, junto con el catalán, de modo que si esa es la lengua habitual del alumno ese derecho se le ha de reconocer sin necesidad de que se inste”[8].

 

La Generalitat lleva décadas de adoctrinamiento en las aulas a base de abandonar inconstitucionalmente la lectoescritura en castellano y de ocultar cualquier referencia a España, sus símbolos y sus instituciones en los libros de texto (claramente manipulados según informes de sindicatos de profesores e incluso uno reciente solicitado por el Gobierno a la Alta Inspección del Estado[9]). El PE debería tomar cartas, como tomó, por ejemplo, el pasado 28 de noviembre en la Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance transfronterizo (2018/2856(RSP)). Por ejemplo, con el § 12: “[El PE] está firmemente convencido de que, en los casos de visitas supervisadas de los progenitores, las autoridades alemanas deben permitir todas las lenguas de los progenitores durante las conversaciones entre estos y sus hijos; pide que se establezcan mecanismos para garantizar que los progenitores no alemanes y sus hijos puedan comunicarse en su lengua común, ya que el uso de esta lengua desempeña un papel crucial en el mantenimiento de unos vínculos emocionales sólidos entre los progenitores y sus hijos y garantiza una protección eficaz del patrimonio y del bienestar culturales de los niños”.

 

Ante el silencio de las instancias políticas superiores, nacionales y comunitarias, el Gobierno catalán de CIU se vio fuerte para cerrar en 2012 con ERC un “acuerdo de transición nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria del Govern de Catalunya[10].

 

Se pusieron las bases para iniciar una brutal campaña de deslegitimación institucional de España. Para ello usarían las instituciones y recursos autonómicos a su disposición, sobre todo una red de asociaciones (destacan sobre todo dos: ANC y Omnium) que haría de tentáculos civiles del poder institucional que las ha financiado[11] y con el cual han mantenido hasta hoy estrechos lazos y puertas giratorias (destaca la Presidenta de la ANC, Carme Forcadell, que acabó de Presidenta del Parlament).

 

Con esta operación lograron desarticular un movimiento social y espontáneo de protesta por la crisis económica y por la corrupción gubernamental, que llevó a los jueces a imputar al ex Presidente de CIU (Jordi Pujol), a su mujer y a sus 7 hijos[12]; y lo encauzaron mediante un movimiento soberanista que permitía culpar de todos los males que ocurrieran en Cataluña a Madrid. El delfín de Pujol, Artur Mas, dijo entonces desde el Gobierno catalán que la investigación judicial era “un ataque del Estado contra Cataluña”. “No lo consentiremos. El presidente Pujol es un símbolo con el que mucha gente se ha identificado y lo quieren desgastar. Buscan introducir dudas sobre este símbolo y eso resquebraja la sociedad catalana[13]. Pusieron en marcha todos sus recursos.

 

Una de sus tretas más efectivas fue intentar convencer a la opinión pública española e internacional de que todo el “Procés” comenzó en realidad dos años antes (en 2010), cuando el TC reinterpretó una serie de artículos del Estatut de Autonomía catalán que el Parlament y las Cortes habían aprobado pero que no tenían encaje constitucional. Esto fue un relato construido posteriormente. Y la prueba es que en 2003, tres años antes de que comenzara la reforma del Estatut (2006), sólo el 4% de los catalanes estaban interesados en él. Según una encuesta del CIS de 2010, el autogobierno preocupaba “bastante” sólo al 2,9% de los catalanes y la financiación autonómica al 3,4%[14]. Y, lo que es más claro, una vez redactado el Estatut, el 70% de los catalanes aceptaba cambios por parte de la Cortes[15].

 

No es cierto que los catalanes saltasen a la calle por los recortes que el TC aplicó al Estatut. Más cierto es que usaron la sentencia del Estatut, nuevamente, para ocultarse tras la bandera catalana y desviar la atención de su gestión. Usaron su gran poder clientelar, ya desde noviembre de 2009, para preparar el camino: lograron que toda la prensa catalana firmase un editorial conjunto criticando que el TC recortara los artículos inconstitucionales (por rebasar su ámbito competencial, sobre todo en materia de justicia, o en materia tributaria) del Estatut[16]. Años después, el informe de Societat Civil Catalana “Déficits de calidad democrática en Cataluña: la vulneración de los derechos fundamentales (2015-2017)” (pp. 133-162) demuestra con solvencia la falta de pluralismo en los medios de comunicación catalanes.

 

Esta estrategia nacional-populista, al contar con muchos medios afines pudo lanzar a su vez muchas estrategias subsidiarias plagadas de mentiras o ‘fake news’. Si la Liga Norte puso de moda el eslogan “Roma ladrona”, desde Cataluña se empezó a decir que “España nos roba”. Así, una campaña que afirmaba que Cataluña tenía un déficit anual de 16.000 millones mintió impúdicamente, puesto que el déficit apenas alcanza los 2.400 millones[17].