El asalto final al bien común

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En el inspirador marco de la mata atlántica, leo en Le Monde Diplomatique un oportunísimo y lúcido artículo de Ugo Mattei1 sobre los bienes comunes. Dice Ugo: cuando un Estado privatiza –sea una ferrovía, un hospital, una universidad, la red telefónica-, está expropiando a la comunidad de una parte de sus bienes. El gobierno está vendiendo algo que no le pertenece, porque pertenece a todos y cada uno de los miembros de la comunidad, y, por cierto, esos bienes difícilmente pueden restituirse después a sus verdaderos dueños, tanto si son las generaciones presentes –que todavía no se han dado cuenta de que votaron a un gobernador deshonesto-, cuanto si son las generaciones futuras, que ni siquiera tomaron parte de la decisión de colocar al mando a esos individuos. Porque, recuerda el autor, ya que parece que se nos ha olvidado, “los poderes públicos deberían estar al servicio del pueblo soberano, y no al contrario”. Y es deber del gobierno ser custodio de los bienes comunes, y no actuar como si éstos fueran de su libre propiedad para costear con ellos sus políticas. Máxime hoy que los gobernantes sufren “el vicio mortal del juego (sus actividades son financiadas antes por el crédito que los impuestos), lo que los hace caer en manos de usureros más poderosos”.

 

Karl Marx identificó en la acumulación de capital el modus operandi que posibilita la propia existencia del sistema. Entiéndase: acumulación supone siempre que el capital esté cada vez en menos manos, lo que, en la práctica, rara vez se puede hacer si no se le roba a alguien antes. El expolio de las riquezas de América fue necesario para esa acumulación de capital que llevó a la revolución industrial; posteriores expolios y colonizaciones serían requeridos después para dar aceite al sistema. Ahora, cuando ya se ha colonizado todo lo colonizable, se ha deslocalizado todo lo deslocalizable y se ha dejado en manos del crédito el poder de consumo que los salarios ya no permiten, van quedando menos posibilidades de acumulación, pero aún quedan pasteles bastante jugosos: como el agua. Como la red europea de educación y sanidad pública.

 

Los pueblos van dándose cuenta de que, si sus gobernantes no cumplen ese papel, ellos mismos deberán defender sus bienes comunes en las calles. Así, la lucha del pueblo boliviano contra la privatización del agua, de los jóvenes chilenos por una universidad pública, de los indígenas brasileños contra las grandes hidroeléctricas en plena selva, y, espero, de los pueblos europeos unidos para defender su red pública de sanidad y educación, construidos a partir del esfuerzo de la clase trabajadora durante décadas. Luchas “no siempre victoriosas, pero siempre emancipatorias”, como dice Mattei.

 

En España y en el resto de Europa, no me cansaré de decirlo, nos la jugamos AHORA. Es la batalla decisiva; el asalto final del neoliberalismo contra el Estado. Nosotros decidimos si vale la pena luchar. ¿Qué nos jugamos? ¿Tanto nos cambia la vida eso de la educación pública de calidad? Entendí hasta qué punto cuando conocí Brasil. Aquí, si naces en el seno de una familia pobre, difícilmente podrán costearte los miles de reales que cuesta una enseñanza primaria y secundaria en un colegio privado, así que será casi imposible que pases el vestibular –la prueba de acceso a la universidad- para acceder a una de las codiciadísimas plazas en las universidades públicas, que son las mejores del país, que se sufragan con los impuestos de todos, pero que –paradojas del libre mercado- quedan reservadas de facto a las elites. En esas estábamos cuando llegó Lula con sus pretensiones igualitarias, y creó el Prouni, un programa estatal para que las clases desfavorecidas, y especialmente los negros, pudieran acceder a la universidad. Como el modelo no se alteró significativamente, y, sobre todo, como no se mejoró la educación pública primaria –que arrastra, entre otros males, una retribución de miseria a su profesorado-, esos jóvenes de clase baja o media-baja (la archifamosa clase C) acabaron en universidades de dudosa calidad académica, como explica otro artículo del Dipló significativamente titulado “De la educación-mercancía a la certificación vacía”2. Percíbase lo perverso del sistema: el Estado otorga subsidios para que los chavales puedan ir a universidades privadas, que han crecido como setas en los últimos tiempos, por cierto. O sea: una “transferencia de dinero público para la iniciativa privada con la finalidad de que ésta última cumpla el papel que el Estado se niega a ejercer”. “En lugar de promover la emancipación humana, se produce lucro para el capital, que sólo percibe a las clases C, D y E cuando se presentan como potencial mercado consumidor”, sostiene la autora. Y así se consolidan “fábricas de diplomas con titulaciones vacías, para una población que, embriagada por la democratización del acceso, todavía no se sabe engañada”. Se puede decir más alto, pero no más claro.

 

1 Ugo Mattei, “Por uma Constitução baseada nos bens comuns”, Le Monde Diplomatique, ed. Brasil, diciembre de 2011.

 

2 Anrea L. Harada Sousa, “Da educação mercadoría à certificação vazia”, Le Monde Diplomatique, ed. Brasil, diciembre de 2011.

Nací en Extremadura, pero soy -también- madrileña. Periodista por vocación y convicción, llegué a América Latina en 2008, a esa ciudad caótica y fascinante que es São Paulo. Después de unos años entre samba y tango, me establecí en Buenos Aires, desde donde trabajo como 'freelance' y colaboro para medios como El Mundo y Le Monde Diplomatique. Aunque, cada vez más, apuesto por los proyectos independientes: la revista Números Rojos, la web Carro de Combate -dedicada al consumo responsable y la denuncia del trabajo esclavo- y, por supuesto, este Fronterad.   Afincada por fin en Buenos Aires, una ciudad que me cautivó desde mucho antes de visitarla, cuando se me mostraba desde las páginas de Julio Cortázar, sigo descubriendo este continente diverso y complejo, este continente con las venas abiertas que, sin embargo -o por eso mismo-, tiene tanto que enseñarle al mundo.