La presencia operativa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del resto de las agencias de seguridad en México es un hecho tan incontrovertible como la defección del gobierno mexicano ante la defensa de la soberanía nacional.

Al llegar a la presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa se vio rebasado por la obligación de cumplir con el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN) que firmó su antecesor Vicente Fox Quesada en 2005.

La consecuencia sustancial de tal Acuerdo se materializó en la Iniciativa Mérida de 2008, que culminó en 2010 y cuya prolongación ya se negocia en el Congreso de Estados Unidos, e implicaría 250 millones de pesos para cada uno de los siguientes cuatro años, aplicables a la reforma penal y de seguridad en México y al mejoramiento de las policías federales, estatales y municipales.

La degradación institucional en México incluyó la de su sistema de inteligencia de Estado, que desde años atrás fue desarticulado y reducido a un organismo burocrático y sujeto a la corrupción, mientras grupos de espionaje al servicio de diversos políticos realizaban investigaciones ilegales (Juan Veledíaz, ‘Una historia de amor y espionaje’, Proceso, 21 de febrero de 2010 , núm., 1738).

Con el pretexto de instalar una oficina que le diera seguimiento a la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense se hizo cargo de las tareas de inteligencia operativa en México por encima de las propias fuerzas armadas del país en la “guerra contra el narco” bajo los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Como se ha divulgado, las agencias de seguridad de Estados Unidos que operan en México no sólo vigilan que se cumplan las metas y los objetivos de la Iniciativa Mérida, sino que, como en otros casos históricos (Vietnam, Nicaragua, Afganistán), se ocupan de manipular a los narcotraficantes mexicanos bajo sus intereses geopolíticos. Así ha sucedido con la Drug Enforcement Administration  (DEA) y, se sabe ahora, con la CIA en México / Multiverso.

La acción conjunta de las agencias respecto de los cárteles y grupos de narcotraficantes mexicanos ha seguido tres  fases: 1) debilitar o atacar a unos (Los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo) conforme inducen el fortalecimiento de otros (Cártel de Sinaloa/Pacífico y Los Zetas); 2) asimismo, han desarticulado (o eliminado) los contactos estratégicos y acciones de antiguos operadores e informantes (ex Cártel de Juárez, ex Federación) cercanos a la DEA y a la CIA, por ejemplo, Ignacio Coronel, Javier García Morales, Vicente Mayo Zambada, José Luis Esparragoza, Mario Acosta Chaparro; 3) han concentrado la transición de antiguos operadores de cárteles en el establecimiento de nuevas congregaciones criminales asentadas en polos urbanos, cuyo control de plazas, trayectos y territorios se fundan en la corrupción de policías y funcionarios (por ejemplo, en Acapulco, en el Pacífico mexicano).

La estrategia de por medio indica que sin fuerza contra-institucional sería imposible consolidar la re-estructuración de las fuerzas armadas en México y homologar su funcionamiento hasta aproximarse a los estándares militares de las directivas del Comando Norte de Estados Unidos (NORTHCOM), al que México fue integrado con Estados Unidos y Canadá en 2002. El complemento de esta política integracionista en términos geopolíticos reside en la implantación de la reforma penal, cuyo núcleo es el proceso penal adversarial, más conocido como “juicios orales”, en el sistema judicial mexicano.

De acuerdo con ex funcionarios de seguridad de México, la CIA suele incorporar como informantes y/o agentes a diplomáticos y funcionarios consulares, así como a los agregados militares de México y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía nacional, en la Embajada de México de Estados Unidos y en otros países. Lo mismo acontece con funcionarios de inteligencia y miembros de las fuerzas armadas. En los últimos tiempos, y a partir de la instalación de la oficina de inteligencia de EEUU en torno la Iniciativa Mérida, se sabe que decenas de ex policías y funcionarios trabajan bajo las órdenes de distintas agencias de Estados Unidos (Gustavo Castillo García, ‘Trabajan para agencias estadounidenses’, La Jornada, 18 de diciembre de 2011).

La lección de estos hechos y procesos de grave trascendencia para México y la subregión del Caribe y Centroamérica significa no sólo la pérdida de la soberanía nacional por la gestión de políticos que pasan por alto los principios constitucionales con el argumento de la integración y la cooperación, sino que, por lo mismo, se asumen simples empleados de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. La destrucción de su país nada les importa: son la servidumbre del traspatio estadounidense.