Las «explicaciones políticas» del terror

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«El terrorismo ha causado dolor, pero también tiene explicaciones políticas»Retomo el titular de prensa porque me parece que no distorsiona ni el contenido ni la intención del discurso de Pablo Iglesias. Creo, de hecho, que lo sintetiza a la perfección.

 

Va de suyo decir que «el terrorismo ha causado dolor». Ahora bien, ¿dolor en abstracto? ¿Dolor a quién? Ya se sabe, me temo: la clandestinidad del héroe, la madre del etarra preso, el etarra muerto matando… todo equiparado con la muerte del ciudadano asesinado por no oponerse a la democracia en nombre del pueblo vasco y al dolor de su familia. Demos gracias a Médem de nuevo por abrir nuestra conciencia a la equidistancia. También pudiera ser que con esta frase Pablo Iglesias no pretendiera apropiarse de las categorías de Batasuna, que desvergonzadamente equipara violencias (la del terrorismo y la del Estado, cuya violencia se presupone legítima) y dolores (los de los asesinos y los de sus víctimas). Quizás se referiría sólo al dolor de las víctimas… Pero, ay, los antecedentes

 

Sin entrar en todo lo que conlleva ya esa dichosa adversativa, pasemos a la siguiente oración de la frase. Decir que el terrorismo tiene «explicaciones políticas» suele ser algo más controvertido. Demasiada gente prefiere llamarlos asesinos y punto… Así, sin más, la patología vasca. Un Rh que lo mismo sirve para lanzar piedras, ascender con orgullo por la línea genealógica hasta aburrirse, cocinar kokotxas o pegar un tiro. Hombre, seamos serios y no les hagamos el juego… ¡Claro que ETA tiene causas políticas! Por cierto, como casi todo en esta vida nuestra, irremediablemente humana mientras nos atrape nuestra piel. ¿O acaso no hay causas políticas detrás de la marginación, de la ignorancia, de la miseria, de las desigualdades materiales y, por tanto, de oportunidades… ? ¿O acaso se cree alguien que las cárceles son una muestra representativa de los estratos sociales? Delinque más el excluido social, obvio. Y, a papeletas, lógicamente acaba socialmente excluido el pobre. La sociedad que no se atreva a enfrentarse a esto de verdad, y no con palabrería huera, no sólo es cobarde e hipócrita… sino que estará abocada al fracaso.

 

Pero mejor centrémonos. Es evidente que la desigualdad y la exclusión no pueden ser alegadas por quienes ostentan una renta per cápita un 32% superior a la media nacional. ¿Cuál es pues la explicación política de ETA? Pues habrá que indagar en los fines políticos sobre los que han apuntalado la justificación de cada uno de sus asesinatos. Parece que la explicacion política de ETA está más cerca de lo historicista, organicista y predemocrático que de cualquier reivindicación de justicia; es decir, los etarras para nada buscan la igualdad político-social, único criterio desde el que podríamos, hoy, criticar nuestra marchita democracia. No, ellos no buscan la justicia social; buscan la «felicidad» de su «pueblo» (dos términos incompatibles con la política democrática, donde se habla de justicia, derechos, ciudadanía y sociedad) a costa de la sangre de todos aquellos que, de facto o en potencia, hubieran osado hacerles entrar en razón. Historicista es querer introducir con calzador unos privilegios forales en lugar de avernirse a pactar las leyes con tus conciudadanos. Organicista es considerar que son los pueblos (cuya definición es harto dificil; imposible) y no las personas las unidades morales y jurídico-políticas que luchan por sus derechos y de cuyo bienestar (con el fin de que cada uno pueda buscar la felicidad por su cuenta) la sociedad habría de velar. Y predemocrático son una cosa y la otra; y más predemocrático aún es torpedear la única comunidad política (la que nace con la modernidad; en España allá por 1812) que, sujetándose a sí misma al Estado de Derecho, ha tratado, con mejor o peor fortuna, de garantizar la pervivencia de sus propios cimientos democráticos: la igualdad política de todos los ciudadanos.

 

Y ahora, al pan. «El terrorismo ha causado dolor, pero también tiene explicaciones políticas». Bien: sintáctica y semánticamente, redondo. Estoy hasta de acuerdo. Pero, ¿y si nos damos un paseo por la dimensión pragmática de este aserto? En otras palabras, ¿qué es lo que realmente ha querido decir con esto Pablo Iglesias?  Lo que hace, más o menos veladamente, es proyectar la categoría de «preso político» sobre los etarras y disparar ese veneno ruin contra la conciencia social española. Da así oxígeno a Batasuna que es quien lleva haciendo esto explícitamente toda su vida: estiran y subsumen como «presos políticos» a los etarras para dotarles de un halo de romanticismo y legitimidad. Pero éstos, obviamente, no son presos de conciencia ni activistas demócratas o revolucionarios que luchen o que se organicen política y clandestinamente contra un régimen tirano, que  son ‒éstos sí‒ elementos que caracterizarían a los «presos políticos».

 

Por eso, para encarar ese discurso manipulador, que subrepticiamente nos quiere colar el líder de Podemos, no basta con deslegitimar los medios violentos. Entiéndaseme: en democracia basta con asesinar para ser un asesino y dar, con toda razón, con los huesos en prisión. Pero a la salud de nuestro sistema democrático y de nuestra autocomprensión política, no le puede bastar nunca con deslegitimar sólo los medios del terrorismo. Habrá que explicar más cosas, que luego pasa lo que pasa. Pues no toda acción violenta es igual de reprobable en según qué circunstancias. Se diría que el terrorista, como el ejército de liberación o el revolucionario, busca, por definición, ejercer una violencia discriminada contra determinadas víctimas, reales o potenciales, para tratar de hacer viable su proyecto político. Sin embargo, las diferencias entre los primeros y los segundos, hasta donde me alcanza, se diría que estriban en la desproporción brutal de los medios violentos usados y en la injusticia de los fines.

 

En nuestro caso, el terrorismo se caracteriza por florecer en un Estado democrático de derecho (al menos por perpetuarse una vez apuntalado éste) y por buscar derrocarlo. Así pues, la desproporción de los medios va de suyo en una democracia al uso cuando, pudiendo presentar un partido a las elecciones para ganarlas, tomar el poder y llevar a cabo los fines políticos plasmados en el programa de turno, se prefiere matar a 853 personas absolutamente indefensas y se extorsiona y amenaza hasta tal punto a la sociedad que se fuerza a 200.000 otras al exilio. Mientras que un revolucionario se nos aparece en el imaginario como aquél que defiende los intereses generales de un pueblo (siendo súbditos aún no son ni ciudadanos) oprimido y desprotegido frente al poder marcial de un tirano, el etarra ha aprovechado la libertad que le ofrecía el Estado de Derecho (a pesar de la vergüenza del GAL, que fue convenientemente denunciado por la prensa y perseguido por la justicia) para asesinar discriminadamente a quienes se oponían a su proyecto político: políticos, policías, profesores, periodistas, jueces, etc. son objetivos perfectamente seleccionados de acuerdo con un criterio claro. El orden constitucional era su objetivo, pues es lo que se interponía entre «la libertad» del pueblo que habitaba su imaginario y ellos. Pero junto con el orden constitucional, que los amenazados y extorsionados defendían, tocaba apuntar también a la conciencia de cuantos vascos y navarros no tuvieran intención de claudicar ante la violencia. Y de ahí los coches bomba: metralla indiscriminada con la intención evidente de atemorizar a la población para que desistiera y abrazara, por hastío o miedo, la causa secesionista.

 

¿Y qué hay de la injusticia de los fines? En primer lugar, resulta obvio que, si el Estado democrático de Derecho es el procedimiento menos malo que conocemos para arrojar decisiones justas (entre otras cosas porque salvaguarda los derechos de las minorías), cuando se ejerce la violencia explícita para torcer la voluntad democrática de los ciudadanos se está cometiendo una injusticia. Ésa es, sin duda, la inherente ilegitimidad (de fines) de un grupo terrorista que actúa en democracia: su fin es siempre injusto porque quiebra el procedimiento que tenemos por justo. La inmensa injusticia de ese fin justifica por sí misma que nunca llamemos a los aterras asesinos sin más… son asesinos políticos, son terroristas. No vulneran  sólo un bien jurídico (la vida de la víctima) vulneran, además, el orden establecido; buscan quebrar, y en buena medida lo consiguen, el normal proceso democrático. Secuestrando, extorsionando y asesinando no sólo quitaban la libertad o la vida de una persona, además buscaban amedrentarnos a todos para chantajear al Estado en aras de lograr su objetivo político. Buscaban, por tanto, acabar con el Estado de Derecho que es la condición de posiblidad de todas y cada una de nuestras libertades, de nuestros derechos.

 

¿Pero nos vamos a quedar ahí? Desde luego que para tirar por tierra la ruindad de Pablo Iglesias bastaría. Pero si seguimos amasando aceptaremos pronto que difícilmente en Eukadi hay más proporción de locos, perturbados o asesinos… no parece ser esto, como decíamos, cosa del Rh. Tampoco por las venas de los alemanes corría en los años treinta del pasado siglo una sangre muy diferente a la que corre hoy por las pacíficas venas de sus descendientes. Resulta que el proyecto político nacionalista, el etnicismo, la apelación al pueblo y a la historia (elementos que pregnaban hace décadas en Alemania, que han pregnado y pregnan en Euskadi y con los que también hoy el establishment catalán se llena peligrosamente la boca) chocan abiertamente con el supremo principio democrático de la igualdad política de los ciudadanos. El pueblo entierra la autonomía de la persona y la libertad del sujeto jurídico-político. El etnicismo encorseta a unos y excluye a otros. Parece que quien cree que el pueblo es un todo homogéneo con una historia propia tiene dificultades para concebir a sus gentes como ciudadanos individuados que buscan convivir políticamente para alcanzar un mínimo bienestar (para lo cual sólo sirve una sociedad justa, no una arcadia) que les permita encontrar su propio camino a la felicidad, si es que tal cosa existe. En suma, el nacionalismo étnico y el imaginario que éste impone a los suyos chocan de tal modo con el pluralismo democrático que caracteriza a la modernidad que no nos debería extrañar ver a los nacionalistas recurriendo a castigos vergonzantes, a listas negras, a la exclusión social vía leyes que discriminen a los ciudadanos en función de algún rasgo diacrítico que distinga a los elegidos, al despojo de la condición ciudadana, al destierro o incluso el asesinato selectivo. Aquí lo hemos vivido. Y ETA ni se ha disuelto ni ha dejado las armas.

 

Por lo demás, mientras que el liberalismo político y el republicanismo, o el socialismo y el liberalismo económico, dibujan proyectos que buscan sinceramente arrastrar al conjunto de ciudadanos para ordenar a la sociedad y alcanzar por diferentes vías el interés general, el nacionalismo, en general, se limita a poner en cuestión el sujeto político que viene dado. En plena modernidad, un partido nacionalista decide que el interés general de la comunidad política no importa y que sólo importa el interés de los que él mismo decide que conforman un pueblo. Aquellas personas que, tras trazar el nacionalismo la línea divisoria, ya no son de los nuestros ‒los otros‒ deben ser excluidos. Por eso, en el mejor y más pacífico de los casos, el nacionalismo siempre acabará abocando, por más terceras vías que les ofrezcamos, por más que cortemos un pelo en mil pedazos, a la secesión. El nacionalismo es por antonomasia insaciable, pues su principio rector dice que «a cada nación le corresponde un Estado».

 

Aunque en una democracia no militante un partido así pueda legalmente presentarse a la contienda electoral, no hay nada de democrático en la apelación a la historia, al pueblo, a la etnia, a los míos y a la secesión para la erección de un nuevo Estado. No, no hay derecho a la secesión; a menos, claro, que haya justa causa: persistentes y graves violaciones de los derechos humanos individuales; una injusta apropiación de territorios no reparada; una redistribución discriminatoria (colonialismo interno, explotación regional). Fuera de estos supuestos, que obviamente no apuntan a nuestro sistema político, la democracia conduce, como aclara la siguiente cita de Robert Dahl, a todo lo contrario:

 

«Si un sistema es tanto más democrático cuanta mayor es la fuerza con la que proporciona a sus ciudadanos la posibilidad de autogobernarse en aquellos asuntos que a ellos les resultan importantes, entonces un sistema grande sería en muchos casos más democrático que uno pequeño, puesto que su capacidad de solventar determinadas tareas –piénsese en la defensa del país o en la contaminación del medio ambiente‒ sería más grande».

 

En definitiva, y por ir cerrando, no debemos ignorar las causas políticas del terrorismo etarra. Éste es en sí mismo un acto político. Condenable, claro, por usar medios violentos dentro de un marco jurídico democrático. Es más condenable (y está más condenado) que el asesinato, porque además de atentar contra la vida de la víctima, atenta contra el Estado de Derecho y porque busca torcer la voluntad democrática. Y si busca hacer eso es porque no hay muchas otras formas reales de acercarse a su proyecto político etnicista; y porque en buena medida lo avala una conciencia social que anhela ese pueblo imaginario y que ansía conseguirlo, creyendo, al parecer, que le reportará la felicidad. Por eso combatir a ETA es también combatir su proyecto político. Pero sin trampas. No es que, en esencia, cualquier proyecto político que se trate de conseguir con violencia sea necesariamente malo (quizás, por ejemplo, no se pueda conseguir una paz justa a nivel mundial ‒donde, por cierto, no hay Estado de derecho que se precie‒ sin violencia). Lo que sucede es que los proyectos políticos que en esencia son antidemocráticos (los que no buscan en serio el interés general ni garantizar unos mínimos de dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos) difícilmente pueden triunfar sin alguna dosis de violencia; a veces una violencia tan brutal como la terrorista y a veces una violencia más o menos sútil, infligida a costa de que los poderes fácticos y los media violenten la comunicación y fomenten la exclusión, la invisibilidad pública de una parte de la ciudadanía.

 

No grabar a fuego la perversión del nacionalismo en la conciencia de nuestra ciudadanía, al tiempo que la policía combatía a ETA, ha sido nuestro gran pecado. En lugar de ello se decía alegremente que «sin violencia todo proyecto político es legítimo». No oíamos «legal», o «tolerable democráticamente»… sino «legítimo». Algunos incluso decían «democrático», confundiendo el culo con las témporas. Democracia (que no «democrático») referirá al siempre imperfecto sistema politico que pretende garantizar la igualdad ciudadana en los procesos públicos de decisión; procuremos, pues, no repartir lábeles de lo democrático sin ton ni son. No pisoteemos un concepto que siempre debe darnos la medida de la justicia social y que, en ese sentido, es un concepto condenado a dejarnos insatisfechos desde hace más de dos mil años. Lo «democrático» está abocado a ser más crítico que propositivo. Ante todo por una cuestión de definición. Lo democrático es un ideal al que nos acercamos cuando garantizamos la igualdad política y del que nos alejan, sin duda, proyectos como el nacionalismo (sobre todo el étnico) y la secesión.

 

¿Se refería Pablo Iglesias a todo esto cuando hablaba de las explicaciones políticas de ETA? Evidentemente no. Él cree que el tiempo del terrorismo ha pasado y ahora toca reducir penas; liberarles incluso. Se imaginan: según su lógica podríamos matar a 100 personas y decirnos de repente que nos hemos cansado, que no nos autorrealiza la carnicería, que lo dejamos, que estamos en otros tiempos… y que, por supuesto, ya no toca que nos persigan y nos encierren… A la calle. Yo me lo guiso y yo me lo como. Así de barato. Ningún sentido. Claro, quizás lo que Pablo quería decir es que, puesto que todo nacía de un problema político, acabado el problema político ya no hay razón para temer que se siga matando. Aquí las respuestas que debemos dar son dos. Por una parte, y con eso bastaría jurídicamente, habrá que contestar que quienes han segado 853 vidas y han buscando durante décadas derrocar la voluntad democrática y chantajear al Estado no pueden más que cumplir sus penas. Se me ocurren pocos delitos peores; sin embargo, lo que no se me ocurre es lo que pueda tener Pablo Iglesias en la cabeza. Pero, por otra parte, y de cara a atajar nuestro particular problema político y para tratar de acabar con el caldo de cultivo terrorista (que casi siempre es la ignorancia, el fanatismo), convendría definir cuál es el problema político que, según Podemos, ha remitido. Si con esto se quiere decir que ha remitido el nacionalismo étnico, que es lo que les condujo a matar, deberían explicarnos entonces por qué Batasuna está más fuerte que nunca; por qué la conciencia social étnicista que sostuvo la violencia y que no lloró ni arropó a ninguna víctima, ni se quiere reconciliar con los exiliados, no ha cejado sino todo lo contrario. Que el problema politico persiste es verdad y él lo sabe muy bien, pues es el primero en avalar ese discurso y en otorgar a Euskadi (y a Cataluña) el estatus de «pueblo» avalado por la historia (o sea, un sujeto jurídico que él se saca de la manga), para que decidan si se quieren independizar. Lo que sucede, lo que nos distancia radicalmente, es que, para él, el malo es el Estado; lo malo es la voluntad democrática de la mayoría de españoles que no piensa liberar a los etarras ni abandonar el patriotismo constitucional por un nacionalismo retrógrado. Lo malo, según él, es el Estado de Derecho, que no sería más que represión. Y por eso viene a decirnos que los etarras son «presos políticos». Todo aquello por lo que los etarras han matado y por lo que las víctimas han muerto, Pablo Iglesias lo concede de un plumazo. En lugar de enfrentarse a la ilegitimidad del proyecto étnico y secesionista, se apoyará en su legitimación. En otras palabras, en lugar de señalar la injusticia de los fines terroristas, se contenta con advertirnos del respaldo que reciben. Como si lo mayoritario fuera ya democrático; como si Hitler, ya se sabe, fuera un demócrata. Pues miren, lo diremos una y mil veces: por más vascos que apoyen a ETA, ni ETA ni el abertzalismo (ni Hitler y sus SS ni ninguno de sus votantes y afiliados voluntarios al nacionalsocialismo) son demócratas. Son sólo ciudadanos; a pesar de sus deméritos, a pesar de su proyecto político excluyente, y gracias a nuestra Constitución. El problema político subsiste mientras una gran parte de los vascos vote a partidos etnicistas, entre ellos, la marca política del terrorismo. La persistencia de esos votos no justifica la excarcelación o el indulto sino todo lo contrario.

 

Sí, Pablo, el terrorismo tuvo, tiene y tendrá explicaciones políticas. Pero tú, lejos de hacer algo por combatirlas, avivas las ascuas del terror y echas vinagre en la herida de las víctimas.