En estos días, y a causa de la propaganda oficial, me han preguntado acerca de la situación en México. Y, de entrada, menciono que una de las creencias más dañinas, divulgadas no sólo por políticos y funcionarios, sino por intelectuales y académicos, es aquella acerca de los dos bandos: por una parte, estarían las instituciones; por otra, la delincuencia organizada.
Esto quiere decir que, fenómenos como el tráfico de drogas y las industrias del crimen conexas, son algo aparte de las instituciones del País.El daño de tal credo proviene de su mentira y la hipocresía que la rodea. Como si la delincuencia organizada fuera una fatalidad y su crecimiento un mal incontenible que estraga a la sociedad por su propia inercia, sin considerar que su auge proviene de la sinergia que estas actividades informales y subterráneas pudieron lograr con la complicidad del poder económico y político de México.
El narcotráfico ha sido consustancial al sistema político y el capital mexicanos.
Debo aclarar que eso no sólo es un fenómeno de corrupción, de partes, personas u organismos maleados, sin algo más grave: la prevaricación del Estado de Derecho que ha creado un Estado a-legal, contra y fuera de la ley al mismo tiempo, que simula una cultura de la legalidad.
La apertura de los mercados, la desregulación intensa que fortaleció la criminalidad planetaria son el reverso de la globalización, del modelo ultra-liberal y sus dogmas. Dicho modelo, al favorecer las soluciones formalistas o procedimentales, colaboraron a crear la política-ficción que ahora se vive en muchas partes del mundo. En México, ésta se expresa por la mentira en torno de un Estado de Derecho, en sí inexistente, a pesar de la propaganda oficial y sus voceros.
La detención del jefe del Cártel de Sinaloa/Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se dio por exigencia de EE.UU. y mediante un operativo dirigido por ellos y realizado por marinos mexicanos. Guzmán es el emblema de un conglomerado de intereses económicos, políticos y geopolíticos que le sobreviven, e incluye la participación documentada de agencias de inteligencia estadounidenses. Todo esto debe llevar a reflexionar acerca de sus graves connotaciones.
Por ejemplo, es revelador el silencio público en torno a las recientes declaraciones del ex director del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, Phil Jordan, sobre los nexos económico-políticos de aquel jefe del narcotráfico y el gobierno mexicano. Esto ha sucedido desde más de una década atrás, e implica a políticos de distintos partidos.
En el medio de la inteligencia oficial, se saben de dos posibilidades.
La primera posibilidad consiste en que El Chapo Guzmán fue delatado por Ismael Mario El Mayo Zambada a causa de un arreglo de éste con la agencia anti-drogas estadounidense (DEA) en una circunstancia especial: colaborar a que el gobierno de EE.UU. diera un trato más benévolo al hijo de aquel, Vicente Zambada, en el juicio que se le sigue por narcotráfico allá, y el cual dicho gobierno quiere cancelar ahora para proteger sus operaciones: Vicente Zambada hizo públicas las complicidades de agencias de EE.UU. (CIA y DEA) con narcotraficantes mexicanos.
La consultora Stratfor ha divulgado que se espera una baño de sangre producto de la caída del Chapo Guzmán y los consecuentes reacomodos al interior de su grupo criminal. Está por verse si esto se cumple.
Si no fuera así, entra la segunda posibilidad: habrá que asumir que el apresamiento de Guzmán fue, además de la delación citada, un arreglo también entre la cúpula del Cártel de Sinaloa/Pacífico ante un cambio generacional y por la actualización en EE.UU. de su política de manipular a través de operaciones encubiertas a los grandes grupos criminales de México. Hay que recordar que Guzmán es una pieza, ya desechada, de una maquinaria de gran tamaño.
En estos días también cayó abatido Nazario El Chayo Moreno González, uno de los jefes de Los Templarios, grupo criminal asentado en Michoacán, y a quien el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa dio por muerto en 2010 en un “combate”, muerte que avaló la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
El plan de rescate para Michoacán del gobierno recupera el endurecimiento del Estado al tomar medidas de “excepción” que pasan por encima de la constitucionalidad de Michoacán y el pacto federal, y comienza a ser rebasado por la pugna local de cacicazgos, intereses del narcotráfico y paramilitares (las llamadas “autodefensas” cuyos principales jefes tienen nexos con cárteles de la droga y antecedentes penales en México o EE.UU.).
Con todo lo anterior, el gobierno de Peña Nieto está preocupado porque, a pesar de efectuar detenciones y golpes espectaculares como los referidos, su índice de aprobación pública se sitúa sólo en un 50 por ciento. Es el ocaso de la estrategia propagandística en torno del “Tigre Azteca”, del “salvador de México”, del “titán de las reformas profundas”. Ya no todos se la creen.
