Mediante acciones de gran impacto en los medios masivos de comunicación, el gobierno mexicano simula tener controlado el problema del narcotráfico. Y acude a un uso simbólico de su autoridad, al final convergente con los rituales del crimen.
Los fantasmas irreductibles. En días pasados, fue noticia mundial la cacería y aniquilación del jefe de uno de los grupos criminales de tercer orden en México: Arturo Beltrán Leyva, desafecto del Cártel de Sinaloa. El presidente de la República declaró que los hechos eran un “triunfo del Estado mexicano”.
Con la connivencia de la armada, cuyo grupo de élite realizó la tarea exterminadora, el gobierno de México exhibió el cadáver de dicho sujeto, semidesnudo y cubierto con billetes bancarios húmedos de sangre. La prensa difundió estas imágenes como parte de su responsabilidad informativa: algunos quieren inculparla ahora. En vida, Beltrán Leyva se quejó varias veces en mensajes públicos que el gobierno protege a los grandes cárteles, mientras ataca a otros grupos.
Aquella acción del Gobierno de México hay que leerla a la luz de la idea que ya incomodaba a Joseph de Maestre en el siglo XVIII: “todas las naciones creyeron lo que creían los druidas, según cuenta César: que el suplicio de los culpables era muy agradable para la Divinidad. Los antiguos creían que todo crimen capital cometido en el Estado ligaba o ataba a la nación, y que el culpable era consagrado o dedicado a los dioses hasta que, mediante la efusión de su sangre, se hubiera des-ligado o des-atado a él mismo y a la nación” (Tratado sobre los sacrificios, Sexto Piso, 2009). Éste es el fundamento irracional -y esquizofrénico- de los gobernantes mexicanos frente al crimen organizado.
El mayor traficante de drogas de México, jefe del Cártel de Sinaloa y cuya influencia llega a Estados Unidos, América Latina y Europa, es Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Opera en forma tan libre en el país que apareció este año al lado del también mexicano Carlos Slim en la lista de los hombres más ricos del planeta de la revista Forbes.
Los sicarios del narcotráfico inscriben leyendas vengativas en los cuerpos de sus víctimas. Realizan rituales de cariz satanista u otros provenientes de la santería afro-antillana, o bien adoran a la Santa Muerte, deidad negativa que ha prosperado en el crimen organizado en México durante los últimos años, y le ofrecen la sangre de los enemigos.
Siete de cada diez jefe de la policía mexicana, ya sea federal, estatal o municipal, son adeptos a este culto. Por ejemplo, se ha divulgado que el secretario de Seguridad Pública de la nación, Genaro García Luna, es creyente de la Santa Muerte, algo nada raro en un país donde la brujería es consustancial a la clase política (cf. José Gil Olmos, Los brujos del poder, volumen 2, De bolsillo, 2009; Sergio González Rodríguez, El hombre sin cabeza, Anagrama, 2009; y De sangre y de sol, Sexto Piso, 2008).
La imagen de las fuerzas armadas, los colores nacionales, los emblemas patrios, las arengas cívicas, el paseo internacional o de ornato del presidente de la República y el uso de rituales violentos contra los criminales se han vuelto instrumentos privilegiados del gobierno mexicano.
Al mismo tiempo que crecía su deseo de alcanzar un orden democrático, la República mexicana ha visto crecer una erosión institucional desde mediados de la década anterior. El resultado de estas tendencias opuestas expone un país desgarrado por la violencia y la inseguridad, la falta de un estado de derecho y una impunidad absoluta de los delitos, con un dominio eficiente y flexible de territorios, fronteras y litorales por parte de los cárteles de la droga, cuyo impacto corruptor ha estragado la integridad tanto de las policías como del ejercito.
De acuerdo con informaciones de un experto en seguridad nacional de México, la aniquilación de Beltrán Leyva fue ordenada y coordinada por la DEA, la agencia contra narcóticos de Estados Unidos, y el brazo operativo fue el grupo de élite de la Secretaría de Marina mexicana.
El mando en México provino de Wilfredo Robledo y José Luis Figueroa, antiguos miembros de la armada incorporados a tareas de inteligencia de Estado desde años atrás, y que han sido funcionarios policiacos a nivel estatal y federal. Vicealmirante en la Marina, Robledo fue también director de seguridad del grupo empresarial (CARSO), que preside Carlos Slim. En días pasados, se anunció su nombramiento como director de la Policía Federal Ministerial.
El mismo Robledo, afirma el experto cuyo nombre ha solicitado se mantenga en reserva, mantiene una interlocución con los cárteles de la droga de México, al grado que se atribuye a su poder de convocatoria el intento de un pacto de repartición territorial y respeto en 2007 entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, y el grupo de sicarios de éste llamados Los Zetas.
En aquella reunión estuvo el extinto Arturo Beltrán Leyva, que murió rodeado de imágenes religiosas y fetiches de santería. Y dejó un rastro de sangre y venganza que lo trasciende: un grupo de sicarios atacó a la familia de un marino que falleció en el enfrentamiento con el narcotraficante. La madre, una tía y una hermana menor del marino fueron asesinadas a tiros mientras dormían.
El negocio del narcotráfico en México es tan grande que el gobierno se niega a vulnerar aquello que sostiene la violencia con la que actúa: su estructura financiera. Leonardo Sciascia escribe en Negro sobre Negro (Bruguera, 1984): en los periódicos se encuentra toda la realidad. Hay que saber leerla detrás del velo de las noticias.
