Días atrás estuvo en México el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, acompañado por su equipo de alto nivel en asuntos geopolíticos. En tres horas, Biden impuso prioridades. La agenda a tratar con los funcionarios mexicanos incluyó tres temas estratégicos: seguridad en la frontera compartida (mayor blindaje contra el terrorismo, el crimen organizado y la migración); asuntos económico-comerciales (reforzar acuerdos existentes) e innovación (focalizar apoyo educativo a mano de obra calificada en alta tecnología).
Al mismo tiempo que Estados Unidos ha consumado su revolución energética a partir de la extracción profunda de petróleo y de gas shale (y se dispone a re-industrializar su economía al repatriar plantas que ensamblaban en otros países por razones de sus costos más bajos, por ejemplo en China y México), ha puesto en marcha la nueva fase de absorción/integración de México a través de Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN).
En el medio de la inteligencia del gobierno mexicano, algunos especialistas han expresado su inquietud por el endurecimiento de Estados Unidos, que no sólo se ha negado a disculparse por sus abusos recientes en el espionaje cibernético al Estado y el gobierno mexicanos, sino que continúa en territorio mexicano con sus operaciones geopolíticas abiertas o encubiertas (covert action), algunas de ellas ya encaminadas a otro concepto más sofisticado: “Covert United States foreign regime change actions”. La intromisión creciente en la soberanía de México con el fin de manipular la situación sociopolítica.
Desde la Oficina Binacional de Inteligencia de Estados Unidos en México, que en realidad es un enclave anti-constitucional de un gobierno extranjero que permitió por mandato ejecutivo Felipe Calderón, los intereses estadounidenses se desplazan hacia el usufructo de las tensiones comunitarias en ciertas localidades y regiones que ofrecen dificultad debido a tres factores: crimen organizado, efervescencia social y amagos de insurrección.
La red de agentes, informantes y espías del gobierno estadounidense en México, cuyo diálogo quiso reducir el gobierno de Enrique Peña Nieto a la solución de “una sola ventanilla” binacional (la Secretaría de Gobernación), al mismo tiempo que dicha red se ha expandido ajena a un control eficaz, está constituida por decenas de ex funcionarios, ex militares, ex policías mexicanos y ex oficiales de otros países de lengua hispana, por ejemplo, guatemaltecos o cubanos.
Como se sabe, tal red trabaja bajo la dirección de las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos, que desde décadas atrás manejan y controlan el desarrollo de los principales grupos criminales en México bajo un imperativo de su gobierno: la gestión del mercado de consumo de drogas más grande del mundo en su propio territorio, y que incluye una multiplicidad de industria criminales conexas y efectos geopolíticos de alto impacto mundial, como la industria de las armas.
Entre los expertos de seguridad en México, se alerta ahora acerca de un movimiento geopolítico que implica un riesgo inmediato de gobernabilidad por el peso de los actores convergentes: el Fondo Liberty (vinculado al Consejo de Relaciones Exteriores, CFR) de Estados Unidos decidió invertir en una empresa mexicana de comunicación que, de acuerdo con datos de inteligencia, se presume vinculada al crimen organizado. Lo que parece una simple operación empresarial, reproduce un modelo de “Covert United States foreign regime change actions”, como las que ha patrocinado el CFR de Estados Unidos en otras partes del mundo en los últimos años a través de sus grandes corporaciones comunicativas.
Trascendió también que dicha sinergia geopolítica tiene un objetivo mayor: competir por el establecimiento en México de una tercera gran cadena de televisión cuya posibilidad forma parte de la reciente reforma del sector de telecomunicaciones.
Estados Unidos tiene en su territorio a más de 10 millones de mexicanos y sus familias que migraron allá como fuerza de trabajo, previa destrucción del agro y la planta industrial mexicana por el TLC desde 25 años atrás con el apoyo de la oligarquía mexicana, sus élites burocráticas, universitarias y comunicativas. Esta fuerza laboral se ha vuelto imprescindible para consumar la actual re-industrialización estadounidense enfocada al eje económico Asia-Pacífico. La frontera norte se ha cerrado ya a nuevos migrantes mexicanos. Con la reforma energética en México, Estados Unidos espera profundizar su revolución al respecto mediante la venta de alta tecnología y expolio de recursos naturales bajo el pretexto de modernizar y/o privatizar la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Todo lo anterior se da en medio de un crisis económica severa, a la que colabora una propuesta errática de reforma fiscal por parte del gobierno de Peña Nieto.
La inestabilidad y el caos en México son inseparables de la cartografía emergente, sobre todo, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, la frontera norte, la frontera con Centroamérica y el litoral del Golfo de México, aparte de sus extensiones que ya llegan a la capital del país.
Gobiernos endebles son negociadores débiles.
Allí se hallan las piezas del tablero geopolítico en América del Norte al cierre de 2013.
