¿Quién pagará esta ronda?

0
766

La desigualdad empezó a preocupar economistas, sociólogos y comentaristas desde que la salida de la crisis del 2008 coincidió con un aumento de la brecha de ingresos y de fortuna entre diferentes capas de la sociedad. Los factores son múltiples y complejos de analizar. La velocidad de propagación de las innovaciones tecnológicas permitió que creadores de fórmulas novedosas de intercambio de información y de servicios hayan podido beneficiarse de manera extraordinaria. La propia crisis afectó de manera distinta a las clases medias/bajas, sin opción para aprovechar la mejora financiera global, y las más pudientes que vieron su patrimonio recuperarse con los años y lograron rendimientos acumulativos de sus inversiones. Esta evolución se iba apreciando desde los años 80, como se puede observar en el reciente libro del economista francés Thomas Piketty, “Capital et Idéologie” que hace un exhaustivo análisis de este fenómeno.

Se estableció por lo tanto un debate económico/filosófico/político sobre esta cuestión, en el cual se suele criticar el sistema liberal capitalista y la ultra-liberalización de los flujos financieros que acompaña la globalización. Piketty, en cambio, aporta una nueva visión: Según él, las desigualdades siempre han existido bajo los distintos regímenes políticos del mundo, no solo occidental, y las sociedades han apelado a distintos sistemas de justificaciones para convivir con ellas en relativa armonía.

No cabe duda de que tanto en la Edad Media, como en las monarquías absolutistas europeas, y en la época colonial, diferentes estadios de desigualdades se sucedieron. La reducción de estas desigualdades que se observó en el periodo que va desde la segunda guerra mundial hasta los años 80 parece más bien una excepción. Sin embargo, este debate se reduce ahora, aparte del veredicto negativo sobre esta situación, en una polémica acerca de cuales son los remedios que se pueden aportar, entre ellos un retorno hacía el “statu quo ante”, verbigracia la des-globalización.

La desigualdad no es nada nuevo. Ha sido más bien la norma a lo largo de los siglos.

Cuando Rastignac, en la novela de Zola Le Père Goriot, llega a Paris como joven abogado de provincia, se convence rápidamente de que la única posibilidad de llegar a una situación económica y social realmente confortable es desposar una rica heredera, que tendrá que ser fea, porque las guapas ya están comprometidas.

Cuando los terratenientes belgas, franceses, ingleses, alemanes poseían contingentes de esclavos en ultramar trabajando para su enriquecimiento, no se les preguntaba por si era justo. Cuando se abolió la esclavitud, se les facilitó una compensación económica muy sustancial, prueba de que cualquier expropiación debía reconocer y compensar el derecho a la propiedad privada.

Bajo el Antiguo Régimen, los privilegios de que gozaban el clero y la nobleza incluían la tenencia de propiedades que se negaba al tercer estado, y el sistema de concesiones a largo plazo a los cultivadores propicio un mercado de rentas garantizadas para los terratenientes.

La pregunta por lo tanto no es si son lícitas las desigualdades, sino cuál es el esquema mental y social que hace que sean aceptadas por los menos afortunados. En este sentido, la tesis de Piketty es que toda sociedad necesita un conjunto de axiomas y creencias, incluidas las religiosas, para hacer aceptable y soportable este estado de cosas. En el Antiguo Régimen, tan importante como la supuesta resignación ante el destino divino, lo fue el pacto entre el pueblo llano y los privilegiados según el cuál la élite aseguraba seguridad y estabilidad a los de abajo. A cambio de su trabajo dedicado y eficaz, el agricultor o ganadero recibía la garantía de una existencia protegida. Por su parte, la nobleza debía asegurar un trato justo a la gente del pueblo. La relativa armonía conseguida durante este periodo, a pesar de revueltas puntuales y rápidamente reprimidas, propicio el auge económico y poblacional desde la Edad media hasta la revolución francesa, que significo el agotamiento de este modelo.

Las sociedades del siglo XVIII y XIX, hasta entrando en el siglo XX, dieron paso a otra forma de consenso social, según el cuál la propiedad privada, accesible ya a todos según sus capacidades, se convirtió en el valor supremo, y que cualquier ataque a ella suponía una amenaza contra todos, porque todos deseaban acceder a ella. La extrema acumulación de riqueza entre pocas manos, y la distribución polarizada de la fortuna que alcanzó su punto más alto a principios del siglo XX (la “Belle Époque”) fue aceptada como el precio a pagar para que cada uno pueda apelar al éxito personal. A partir del momento en que las diferencias de renta entre los pudientes y los trabadores de a pie se hicieron más extremas, y que la transmisión por herencia de los patrimonios fue creando una barrera insalvable entre los que tenían y los que no, también este consenso empezó a derrumbarse, y dio lugar al advenimiento del marxismo y del comunismo.

La novedad con que nos encontramos ahora es que con el establecimiento de las democracias modernas, en las cuales el ciudadano está apelado a participar en la vida pública y a elegir con su voto sus dirigentes, cada uno se ve investido de la posibilidad de influir sobre el curso de las cosas. Ya no se conforma con el relato imperante.

Las catástrofes de las dos guerras mundiales, con la destrucción del tejido económico, de las infraestructuras, y las pérdidas humanas, provocaron una ruptura del equilibrio anterior y obligaron a los Estados a buscar fórmulas para reconstruir las economías. No hay espacio aquí para analizar el periodo de entre guerras, a parte de que la gran depresión de 1930 – 1933 indica un cierto fracaso en el empeño. Lo notable es que al salir de la segunda, la recuperación fue lograda o por lo menos acompañada de políticas fiscales y financieras que tuvieron efectos adversos para los tenedores de patrimonio y los receptores de altas remuneraciones. Los tipos impositivos sobre ingresos y sobre sucesiones alcanzaron niveles jamás vistos antes, tanto en Estados Unidos como en Europa[1]. La inflación redujo drásticamente el patrimonio de los tenedores de deuda pública, considerada hasta entonces como la inversión más segura y rentable. A raíz de estas medidas se produjo una transferencia masiva de recursos hacía el sistema estatal de fomento de la actividad industrial, y la progresivo edificación del Estado de Bienestar que conocemos, acompañada de una reducción drástica de las desigualdades de renta y de fortuna. Es interesante observar que esta elevada carga fiscal no impidió un crecimiento económico importante desde 1950 hasta 1980, periodo llamado en Francia “les Trente Glorieuses”. Esto da argumento a los que defienden (como el propio Piketty) que una fiscalidad elevada no es obstáculo para una economía vigorosa, o incluso que el aumento de ingresos del Estado se traduce en una mejor distribución de los recursos y una mayor vitalidad de la actividad económica.

Sin embargo, también es posible que la dinámica de recuperación de la actividad y del crecimiento sostenido que le sucedió se debió más bien al impulso dado a la inversión productiva para atender a la demanda acumulada a lo largo de muchos años de guerra. El mundo y en particular Europa se enfrentó a una crisis de la oferta, con escasez de alimentos, de bienes de primera necesidad y duraderos, y el estímulo económico público provocó altas tasas de inflación al haber más dinero que él que se podía gastar.

Todavía no se había consolidado el modelo actual donde el Estado controla prácticamente la mitad de la actividad nacional, y donde las regulaciones de todo tipo tienden a restringir la libertad de actuación de los agentes económicos. En España, el estado de las autonomías añade un eslabón más en la cadena de entes reguladores que puede influir sobre el desenvolvimiento de la iniciativa empresarial.

Sin embargo, este sistema es él que nos hemos dado, gracias en parte al éxito de las políticas socialdemócratas del periodo anterior. Nadie contempla seriamente una vuelta atrás, y la advertencia ante supuestas amenazas neoliberales o, en España, centralizadoras, no se corresponden con la realidad. El papel del Estado se ha consolidado, y el desafío ahora es cómo orientar su acción de la forma más eficaz pero también más justa posible.

Volviendo a la cuestión, y asumiendo este papel central del Estado, se plantea ahora el dilema de cómo hacer frente a catástrofes como las de la crisis financiera del 2008/2009, o la actual del coronavirus. ¿Cómo serán afectadas las distintas capas de la sociedad? ¿Tendrá la respuesta a la crisis el efecto de incrementar las desigualdades que se denuncian ahora, o puede ser una oportunidad para reducirlas, como fue el caso después de la segunda guerra mundial? El debate debe ser: enfrentados a una crisis global que no tiene culpables, ¿quién designamos como los responsables de sacarnos del atolladero? ¿Quién pagará los platos rotos? ¿O dejaremos que los chalecos amarillos, cual Nibelungen surgidos de sus cuevas, donde forjan el oro del señor, sigan bloqueando las rotondas los fines de semana?

Existe la oportunidad de definir el mandamiento de solidaridad como lo que es en su sentido más literal y fundamental: Los que más tienen son los que más deben aportar.

La palabra “Solidaridad” contiene la raíz “sólido”. De lo que se trata es de aportar solidez a lo que es frágil. Hoy en día somos frágiles todos, pero algunos más que otros. ¿Queremos vivir en un mundo donde los más sólidos han dejado solos a los más frágiles? No se trata solo de una cuestión moral como podrán invocar los ideólogos, los creyentes o los soñadores, sino también de una cuestión práctica: El consumo y la inversión privados son el sustento principal de la economía, y es ilusorio pensar que la prosperidad general se va a lograr sin que las clases medias y bajas participen y se beneficien. Las subidas impositivas que se impusieron después de la segunda guerra no se hicieron por compasión, sino por afán de supervivencia del Estado, aunque fueron dirigidas en parte a financiar programas estatales a favor de estas clases. Por lo tanto, los ingresos fiscales deben ir aplicados a políticas que favorezcan la iniciativa privada, no a detraerle capacidad de inversión. La cuestión pues se convierte en hacer que las clases pudientes apoyen el esfuerzo de recuperación, también en su propio beneficio, volviendo al paradigma de otras épocas cuando el patrón cuidaba del bienestar de los trabajadores, porque le salía a cuenta. Hay que desmontar la falacia según la cual el empresario desea el mal para sus empleados, y debe ser castigado por ello. Los cantos de sirena de la izquierda radical equivocan el objetivo. Lo público debe ser defendido y fortalecido, pero orientado a promover la prosperidad general, no a entorpecer la actividad. El espectáculo de tantas empresas pequeñas paradas o mermadas en su capacidad de supervivencia son la imagen de un drama colectivo. Allí reside el potencial de generación de riqueza que sustenta el país y debe ser preservado: solo el Estado tiene la capacidad de hacerlo.

Las ayudas financieras, vengan de donde vengan, se tendrán que devolver. Los Estados no pueden y no deben quebrar, como se descubrió hace algún tiempo, y para ello tendrán que apelar a su población, que con su trabajo produce riqueza. La cuestión es como se repartirá el esfuerzo. La cohesión moral de la sociedad, en un tiempo donde las antiguas justificaciones de la desigualdad ya no logran el consenso, necesita que los más pudientes asumen su carga más que proporcional en el empeño. Apelo al orgullo de los afortunados por saber que habrán contribuido a levantar su propia sociedad más cerca de donde todos quieren estar.

[1] Entre 1932 y 1980, el tipo impositivo marginal sobre los altos ingresos en Estados Unidos fue de media el 81%, y el 89% en el Reino Unido. Sobre altas sucesiones, del 75% y del 72% respectivamente. Cf Thomas Piketty, “Capital et Idéologie” Seuil 2019 p.525

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor, deja tu comentario!
Por favor, introduce tu nombre aquí