“Quédate en México”. Los migrantes tratados como mercancía, o Biden sigue la estela de Trump

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Ilustración: ELG

Antes de partir de Ciudad Juárez a Puerto Escondido, donde actualmente resido, cuatro periodistas con quienes había coincidido en Ayotzinapa me preguntaron sobre el fenómeno migratorio que hoy vive esa frontera. En particular los reporteros querían saber acerca de la aplicación del polémico programa Remain in Mexico, conocido como MPP, por sus siglas en inglés. Lo periodistas de varios medios llegaron a Ciudad Juárez con la expectativa de atestiguar el inicio del final de ese tratado semanas después de que Joe Biden anunciara su cierre paulatino. Apenas el 1 de junio último, Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad norteamericano, anunció la cancelación definitiva del programa a través de un memorándum de siente cuartillas generado por la oficina a su cargo.

A partir enero de 2019, los Protocolos de Protección de Migrantes permitieron que solicitantes de asilo en Estados Unidos fueran devueltos a territorio mexicano para que esperaran aquí la resolución de sus casos en las cortes migratorias. En su nombre el convenio llevaba el pecado. ¿Contra qué más se podía proteger a un migrante si de entrada se le había negado el derecho de tramitar su refugio en el país que él había elegido? A los periodistas les dije que la firma del protocolo evidenciaba el desequilibrio que existía en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Con el acuerdo, México y su nueva administración, encabezada por un gobierno que se decía de izquierda, reafirmaba la sumisión de nuestro país y la cesión de soberanía con relación a su vecino del norte. Al consentir su firma, Andrés López Obrador contradecía, además, la rica tradición de asilo que había caracterizado la política exterior mexicana desde el gobierno de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a lo expresado en la conversación con los reporteros del sur, dos mexicanos, un argentino y un venezolano, el argumento central contra la puesta en marcha del protocolo era su carácter arbitrario e ilegal que violaba las reglas más preciadas del derecho internacional en materia de refugio. Pero de fondo había algo más grave. Con la entrada en vigor del convenio, Estados Unidos y México daban trato de mercancía a los seres humanos que migraban del sur debido a la violencia generada por el modelo de desarrollo desigual implantado en sus países de origen.

Considerados como moneda de cambio, los migrantes se convirtieron en pieza clave en la mesa en que Estados Unidos doblaba el brazo al gobierno de López Obrador. Se trataba que éste cooperara no sólo con el uso de la fuerza sino con políticas de buena voluntad que permitieran mantener a los migrantes, la mayor parte ellos centroamericanos, lo mas lejos posible de la valla fronteriza.

Entre los meses de enero y junio de 2019, México se enfrentó a una serie de presiones por parte del Departamento de Estado norteamericano. En ese lapso, Donald Trump amenazó con un incremento del 5% en los aranceles a las exportaciones de México a Estados Unidos si no se reducían los cruces irregulares en su frontera sur. Frente a tamaño chantaje, el gobierno mexicano desplegó a más de seis mil agentes de la Guardia Nacional en Tapachula y regiones aledañas y quince mil en la frontera norte. En tan sólo seis meses, se incrementó un 353% el número de detenciones de personas migrantes, según datos del propio Instituto Nacional de Migración. En ese marco, México volvió a ceder y aceptó el retorno de más de sesenta mil personas centroamericanas y de otros países solicitantes de asilo bajo el esquema MPP.

Como corolario de este tipo de negociaciones, apenas en marzo de este año, Estados Unidos ofreció entregar a México 2,5 millones de vacunas de AstraZeneca a cambio de que nuestro país endureciera su política antimigrante. Durante ese mismo mes, agentes del Instituto Nacional de Migración habrían deportado a más de cien mil centroamericanos por la frontera de Guatemala, la mayor cifra estimada en un año. En este caso la política se repetía como en la era de Barack Obama. Desde su toma de posesión, Biden no ha alterado sus objetivos de contención migratoria con relación a los de Trump. Mas allá de la suspensión del muro en la frontera y su discurso conciliatorio, las proyecciones siguen siendo las mismas. La única diferencia estriba en que los negociadores de Biden son menos beligerantes y usan los incentivos en vez de las amenazas en la expansión de su política e influencia en la región.

En los meses posteriores a la firma de los MPP, la emergencia sanitaria favoreció la estrategia de Trump frente al equipo negociador mexicano encabezado por gente de Marcelo Ebrad, un desangelado canciller con fuertes aspiraciones presidenciales. El fenómeno había escalado en momentos en que la espiral de la pandemia ascendía vertiginosamente y los países desarrollados aplicaban leyes y normas extremas para contener la avalancha migratoria.

Trump recurrió de inmediato a la aplicación del Título 42, una ley de suyo racista usada en tiempos de guerra y máxima alerta. Estados Unidos la invocaba para legalizar la expulsión de migrantes con casos activos en las cortes estadunidenses. Se aplicaba de manera cínica y vergonzante bajo el pretexto de contener la propagación del Covid-19 y proteger a los estadunidenses de su contagio. En ese contexto, diversas organizaciones no gubernamentales, algunas vinculadas a la Iglesia de este lado del bordo, priorizaron la ayuda emergente. Fieles a su tradición, nunca cuestionaron el fondo del Remain in Mexico y cuando lo hicieron jugaron al gatopardismo. Se avinieron a los dólares ofrecidos por el Departamento de Seguridad Interior norteamericano y otros donantes con el objetivo de mantener a cientos de migrantes en albergues y domicilios particulares rentados en este lado del río Bravo.

La aparición de los intermediarios de la sociedad civil se intensificó a mediados de febrero de 2020. Su labor cobró relieve con la crisis de la pandemia. Si bien es cierto que su trabajo mitigó el dolor de la espera entre miles de migrantes, su injerencia por otra parte relevó de responsabilidad al gobierno mexicano quien, junto a su par estadunidense, debió haberse hecho cargo con personal propio y capacitado del sostenimiento económico de los migrantes estacionados en la frontera.

Estaba claro que México contaba con los recursos y la infraestructura necesaria para encarar y resolver la emergencia que con su firma en el acuerdo había provocado. En diversas reuniones, sus representantes se decían rebasados. Pero esa fue otra de las grandes pifias con la que jugaron ambas administraciones. Las finanzas en el gobierno mexicano se mantenían sanas y su relación con Trump, pese a las presiones, era inmejorable. Era evidente, además, que la administración lopezobradorista contaba con los márgenes necesarios para exigir a su contraparte los fondos suficientes para sacar adelante la parte material del arreglo Lo que cedía México no era poca cosa. Se ponía en entredicho su liderazgo en la región y se debilitaban los contrapesos a la hora de futuras negociaciones entre América Latina y el poderoso del norte.

Su inoperancia y racismo en el tema migratorio superó institucionalmente al gobierno. Funcionarios recién nombrados y sin experiencia dejaron en manos de otros actores la conducción de la crisis de este lado de la frontera. Con gran interés, la Iglesia y otras organizaciones entraron al quite, sobre todo aquellas reconocidas como “expertas en el tema”. Rubén García, un premiado defensor de los migrantes, gestionó desde El Paso, Texas una parte de los recursos entregados por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, mientras organismos de la autodenominada sociedad civil hacían lo propio ante otras instancias internacionales. Finalmente eran los mismos activistas de siempre cuyo modus operandi nadie se atrevía a cuestionar pese a que se sabía jugaban en dos canchas al mismo tiempo. En público criticaban la aberrante política migratoria de Donald Trump y en privado contaban sus dólares.

Los emisarios de las ONG que negociaron con el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos los términos del trato en el ámbito económico sabían bien, como también lo sabían sus interlocutores en el gobierno de ambos lados de la frontera, que sostener la vida de un migrante en Mexico resultaba 50 por ciento más barato que hacerlo en territorio estadounidense. Era obvio que Estados Unidos jugaba a ganar. En la mesa nadie levantaba la voz, salvo algunos activistas que peleaban por más recursos olvidándose del impacto socioeconómico que generaría el obús llamado MPP que se había lanzado desde la cúspide poder.

Por su parte, los medios nunca informaron los detalles de las negociaciones. Era difícil saber qué había atrás y cómo se habían cocinado las líneas más finas del controvertido acuerdo. Algo olía mal, si no por qué tanto hermetismo. El gobierno mexicano cuidaba su imagen y su política social, mientras las ONG defendían sus prebendas. El argumento de que la mafia amenazaba las vidas de los migrantes y de quienes los protegían en una frontera peligrosa era una tesis verosímil e irrebatible que sirvió para galvanizar la vida de los refugiados con el mundo exterior a la vez que restringió los canales de información.

Con los enviados especiales de la prensa a la frontera construimos una analogía geopolítica para explicarnos uno de los significados claves de los MPP. Imaginamos que el gobierno de Canadá obligaba a Estados Unidos a detener a los migrantes que viajaban a Vancouver y Toronto. En el juego, Canadá presionaba a Estados Unidos con los recursos con que financiaba su economía mediante la venta de aluminio a precios preferenciales. Con el objetivo de quitarse a los migrantes de encima, el gobierno de Justin Trudeau entregaba sumas importantes de dinero a varias organizaciones humanitarias quienes debían mantener a los refugiados en asilos ubicados en los estados de Maine, Minnesota y Nueva York. La pregunta que nos hacíamos era si Estados Unidos estaría dispuesto a jugar el papel de gendarme de su vecino del norte. Esa era la verdadera dimensión con que se debía traducir la locura del Remain in México. Otra vez se imponía la ley del mas fuerte, mientras los migrantes eran usados como carne de cañón en una negociación en la que la opinión pública quedaba relegada.

Ante los colegas, con cierta ironía me referí a Los migrantes que no importan, un excelente libro de crónicas escrito por el periodista salvadoreño Óscar Martínez. Dije que este libro debía llamarse Los migrantes sí importan. Sin migrantes y sin pobres el negocio de politiqueros y activistas acabaría. ¿Acaso no está claro que el dinero con que se patrocinan proyectos dirigidos a los desvalidos proviene de las elites económicas responsables de su desgracia? Pero esta paradoja extrañamente pasa inadvertida entre los que el zapatismo llama “coyotes de la lucha”. Su objetivo es obtener recursos y reconocimiento mientras se indulta y oxigena a los que hacen posible la debacle en el mundo.

En muchos sentidos, el Remain in Mexico develó el espejo. Retrató la desgracia de miles de migrantes atrapados entre la pinza de la pandemia y la aridez de una tierra sórdida y lejana. Muchos de ellos, varados en las fronteras mexicanas, no tuvieron otra alternativa que aceptar las bondades que la caridad les ofrecía. Su penuria los convirtió en seres vulnerables, callados y voluntariosos. Sin embargo, la tensión en los albergues muchas veces creció por la lucha interracial y la disputa en su interior por ocupar mejores espacios. Hubo escasez y las condiciones insalubres generaron alerta médica. Algunos migrantes enfermaron de coronavirus y se les atendió en condiciones extremas. Al ser parte de un programa como los MPP, tan incierto como su futuro, los migrantes ignoraban que eran piezas de una perversa maquinaria puesta en marcha desde antes de que fueran expulsados de sus países. El poder que los había expulsado era el mismo que ahora les cerraba el paso en la frontera, mientras ofrecía pingues dólares para su sustento en México. Ahora, otra cara de ese mismo poder es el que los selecciona en las cortes de justicia. Seguramente serán los más fuertes y los mas jóvenes los elegidos.

Por lo pronto la moneda sigue en el aire. En los próximos meses veremos si Biden es capaz de brindar asilo político a la mayoría de los solicitantes, sin que medie exclusión y discriminación alguna. Después del affaire MPP, Estados Unidos deberá aprender que el asilo es un derecho inalienable de cualquier ser humano cuando su vida corre peligro. Si eso sucede en la práctica, la nueva administración estadunidense estaría enviando las primeras señales en favor de una reforma migratoria real y efectiva.

Biden y Kamala Harris saben que el drástico cambio climático y las sucesivas crisis económicas que esperan al mundo a la vuelta de la esquina mantienen ya a la humanidad al borde del colapso. Las oleadas de migrantes serán imparables si no se redirecciona el orden económico. Para que el viraje cumpla su cometido, es imprescindible que Estados Unidos y los gobernantes en América Latina vislumbren un plan que desarticule las injusticias y acabe con la iniquidad y desigual reparto de la riqueza en el área.

Para que nunca más se repitan programas degradantes como los MPP, Biden y sus cabilderos deberán convencer a los organismos multilaterales de crédito a ceder buena parte de sus bonos de deuda entre los más necesitados del continente.

También deberá cesar el apetito voraz de las trasnacionales y el mercado sobre los bienes y recursos naturales de esos países. Pero no se trata sólo de despresurizar la macroeconomía. Se requiere que en San Pedro Sula, sólo por citar una de las capitales más depauperadas de Centroamérica, haya paz mediante la creación de empleos bien pagados que permitan a sus habitantes el acceso a una vida digna.

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