Regate a la democracia

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(Carlos Lesmes preside el pleno del CGPJ. Imagen: Dani Duch)

Dice sabiamente el refranero que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Sin embargo, desde una indolente distancia leía yo que en Polonia el gobierno se proponía adelantar la edad de jubilación de más de un tercio de los jueces y cambiar el sistema para elegir directamente a los presidentes del Supremo. Cómodamente sentada en mi sillón, traducía la combativa serie “Carta desde Europa”, que Bartosz T. Wieliński, el director adjunto del periódico Gazeta Wyborcza, envía regularmente al diario El País. Ya en octubre de 2018 Wieliński denunciaba el rechazo frontal de la UE a este intento de controlar la justicia y al recorte de libertades al colectivo LGBT.

Igualmente escandalizados, pero condescendientes, reaccionaban mis amigos checos y polacos a la embestida del coronavirus en España. Corría el mes de marzo, los polacos decían que el entonces ministro de Sanidad Łukasz Szumowski se había curtido trabajando como voluntario en el hospicio de la Madre Teresa de Calcuta y era la persona idónea para afrontar esta crisis. Por su parte, el país vecino popularizó un vídeo explicando por qué era un oasis sin virus. La clave, supuestamente, no estaba en el menor número de visitantes y viajes, sino en el uso generalizado de la mascarilla que, si bien el gobierno de Chequia no había podido proporcionar en un primer momento, las diligentes mujeres checas habían tejido en sus casas.

Imposible negar la mala gestión de la pandemia en España, pero en la actualidad, la situación en los tres países es muy parecida, estado de alarma o emergencia incluido. Restricciones en el horario de cafeterías y bares y en el aforo del transporte vienen a confirmar que no es en absoluto sencillo gestionar la pandemia.

Por su parte, algunas localidades polacas como Kraśnik se declararon “zonas libres de gays y lesbianas”, algo que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que “no tiene cabida en la UE”. Tras el reñido triunfo de Andrzej Duda en las presidenciales del pasado 12 de julio, muchos homosexuales abandonaron Polonia, entre otros el prestigioso escritor Jacek Dehnel. También ha habido casos de adolescentes homosexuales que se han suicidado por las constantes amenazas y el mobbing al que estaban sometidos.

De hecho, en la cumbre europea del pasado mes de julio, se acordó el principio de “dinero a cambio de Estado de derecho”, a la hora de repartir el Fondo de Recuperación de la pandemia. La reacción del presidente del partido polaco en el poder, Jarosław Kaczyński, ha sido tajante: amenaza con vetar el presupuesto de la Unión para los próximos siete años.

Mientras el coronavirus coloniza las noticias en España, esta semana PSOE y Podemos han llevado al Congreso la proposición de ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. La idea es que sus doce miembros puedan ser elegidos por mayoría absoluta de las cámaras (los 6 correspondientes al Senado y otros 6 al Congreso), sin los tres quintos necesarios hasta el momento. La medida también destierra el consenso que ahora se necesita de los dos partidos mayoritarios, y que ha llevado a un bloqueo de dos años de la renovación el CGPJ por parte del PP, argumento que el gobierno utiliza en su descarga. La independencia de los jueces también se vería mermada, porque la medida prevé que cargos tan importantes como la presidencia de las salas del Supremo o de la Audiencias Provinciales ya no puedan ser designados por el CGPJ.

Investigando la reforma con mis amigos periodistas y abogados, se quejan de que en España, es suficiente con sacar una oposición para ser magistrado. A diferencia de Francia, donde previamente hay que haber ejercido un mínimo de 5 años como abogado. Señalan además, como tres de las cuatro asociaciones de jueces, que la elección de magistrados deberían hacerla sus colegas los jueces, la única forma de garantizar la independencia del poder judicial.

Ya hubo un precedente cuando Pedro Sánchez designó a Dolores Delgado, la antigua Ministra de Justicia, como fiscal general del Estado, el pasado mes de febrero.

En cualquier caso, la iniciativa que ha levantado ampollas en Europa, puesto que Polonia fue sancionada por pretender prácticamente lo mismo. La UE pide reformas en un sentido contrario, reforzar la autonomía del poder judicial, en un momento crucial además para el reparto de fondos. El proyecto español, además, al no ser presentado por el gobierno, sino por los partidos políticos que lo conforman, no necesita siquiera de un informe consultivo del propio CGPJ, complementado por los del Consejo Fiscal y del Consejo del Estado.

Aún recuerdo un airado discurso de Pedro Sánchez pidiendo el voto para el PSOE, con el foco siempre puesto en las medidas sociales, mientras las prioridades de Podemos serían supuestamente controlar RTVE y el poder judicial:

En medio de “la batalla de Madrid” y el ruido mediático para derrocar a la incompetente Isabel Díaz Ayuso, da mucho que pensar este intento de domesticar la justicia. Los anglosajones usan un término muy preciso, “hidden agenda”. ¿Qué oculta esta deriva autoritaria del gobierno de Pedro Sánchez? ¿No ser juzgados por la mala gestión de la pandemia?¿Rebajar la presión sobre la investigación de la financiación de Podemos? ¿O hay un escándalo monumental de corrupción en ciernes, una bomba de relojería similar al Caso Bárcenas, que el PSOE no quiere que le estalle en la cara?

En cualquier caso, en Europa no se deja de hablar de que hay una diferencia entre la deriva autoritaria de la Hungría de Viktor Orbán y la Polonia de Ley y Justicia con España… incluso sin que se mencione el paralelismo. Lo cual nos retrotrae de nuevo a la sabiduría popular, en concreto a aquella máxima romana de “a explicación no pedida, acusación manifiesta”.

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Amelia Serraller Calvo es docente y traductora técnica y literaria del polaco, el inglés y el ruso. Profesora asociada de la Universidad Alfonso X el Sabio y colaboradora del Área de Filología Eslava en la Universidad Complutense, trabajó previamente como profesora en el Departamento de Iberística de la Universidad de Breslavia. En 2015 defendió su tesis doctoral "¿Literatura o periodismo? La recepción de la obra de Ryszard Kapuściński", premiada con el 1er Premio Embajador de Polonia en Humanidades. Es autora del ensayo “Cenizas y fuego: crónicas de Ryszard Kapuściński” (Ediciones Amargord) y de la edición crítica de "Fugaces" de Sofía Casanova (Ed. Torremozas). Medalla Gloria Artis 2018 por su labor como difusora de la literatura polaca, entre sus autores traducidos figuran los rusos Vladímir Sorokin, Aleksandr Pushkin y Nikolái Chernyshevski, así como los polacos Anna Augustyniak, Józef Wittlin, Marcin Kurek y Piotr Bednarski.

4 COMENTARIOS

  1. Interesante el artículo como siempre. Me encantaría que hablaras largo y tendido en la próxima columna de los cambios legislativos sobre el aborto en Polonia, está la cosa que arde.

    • Gracias por el oportuno apunte, Marta: Sin duda, la gran noticia del pasado jueves en Polonia, y yo diría que el mundo eslavo, es declarar inconstitucional el aborto incluso en casos de malformación y enfermedad grave del feto. Comprensiblemente, está generando mucha indignación y respuesta social, con recogida de firmas y manifestaciones en las principales ciudades polacas a pesar de las restricciones por el coronavirus, que también está descontrolado por esas latitudes. Para colmo la policía en Varsovia roció con gas mostaza a algunos manifestantes.

  2. Interesantes reflexiones sobre la situación aquí y allá. Se agradece poder leer palabras lúcidas y además escritas con conocimiento de las diferentes realidades.
    Es cierto que excusatio non petita, accusatio manifesta y siempre se pueden encontrar paralelismos en todas las situaciones. En ese sentido si que pueden servir de ejemplo : en el lado polaco mencionemos a una de las juezas del TK polaco Krystyna Pawłowicz quien ha sido directamente juez y parte, ya que en sus tiempos de diputada del PiS firmó la denuncia que pedía la inconstitucionalidad del supuesto de malformación o enfermedad letal del feto, sobre la que ha dictaminado el Tribunal, sin ella abstenerse ; en el otro lado el juez García Castellón de cuyos muy lucrativos nombramientos por los ministros Angel Acebes y Ruiz-Gallardón se hizo ampliamente eco la prensa y que ahora investiga a los que tanto le favorecieron en el pasado…..
    Sin embargo, el intento de modificar la normativa del CGPJ en España no tiene mucho que ver con el “borrón y cuenta nueva ” que tuvo lugar en la judicatura polaca. En España nadie jubiló masivamente a los jueces, y eso que el CGPJ lleva dos años en funciones ( y a ninguno de sus integrantes se le ha ocurrido simplemente dimitir) y por lo tanto debería haberse abstenido de tomar decisiones importantes como son por ejemplo los nombramientos de jueces del Supremo. Otro tema es si esa bastante partidista propuesta de reforma no es un órdago para que todo el mundo mueva ficha…
    La judicatura española no solo no ha vivido un proceso de transición sino que ha ido perpetuando dinastías enteras de jueces franquistas (tal como lo cuenta el exfiscal anticorrupción C. Jiménez Villarejo en su libro “Jueces pero parciales. la pervivencia del franquismo en el poder judicial”). Ello ente otros, ha llevado a una excesiva judicialización de la vida política y social (recordemos la surrealista condena a Cassandra, quien luego felizmente fue absuelta) y una cierta parcialidad a la hora de juzgar (y condenar) alteraciones del orden público en función de la autoría política, tal como recogen algunos de los informes sobre Derechos Humanos en España. Pero allí ya entramos de lleno las consecuencias de los pactos de la transición, de la ley de Amnistía y eso es otro tema….
    El actual gobierno de España a veces, más que hacer política, parece defenderse como gato panza arriba, repartiendo zarpazos y lanzando bufidos, pero de allí a ser como los gobiernos de Orban y Kaczynski acusados de violaciones de derechos humanos fundamentales, queda un trecho muy grande. Obviamente, ello no significa que si meten la pata, no tengan que rectificar.
    PS El gas mostaza es considerado como arma química. Es letal, no tiene prácticamente antídoto y está prohibido por la convención sobre armas químicas. Se utilizó en la I Guerra Mundial entre otros en la batalla de Ypres (de allí su otro nombre, ipertita). Para actuaciones policiales, se suelen utilizar gases irritantes que pueden afectar las vías respiratorias y causar irritaciones cutáneas y oculares, pero suelen tener un efecto pasajero (felizmente). Recuerdo que en los tiempos del estado de excepción en Polonia, nos protegíamos de esos gases con pañuelos mojados en agua y vinagre 🙂

    • Gracias por tu extensa y autorizada respuesta, Isabel: Es cierto que la policía polaca no utilizó el gas mostaza, sino el spray o gas pimienta, –paralizante, pero no letal y por tanto mucho menos agresivo–, contra los manifestantes: es un lapsus. Como bien dices, el mostaza fue la primera arma química, descubierta por el científico alemán Fritz Haber y su esposa Clara, que estudiaron en la Universidad de Breslavia (actualmente Wrocław). Ella se suicidó al saber que su marido se trasladó al campo de batalla a comprobar personalmente los efectos. En cuanto al paralelismo, sin duda es mucho mayor la merma de derechos y libertades en Polonia y Hungría. No obstante, mi artículo quiere ser una advertencia para España, porque estos recortes de libertades empiezan siendo sutiles y luego van a más: en el caso polaco se observa una escalada gradual del gobierno, que si bien antes atacó ya a la justicia, la prensa y televisión y a los homosexuales, tuvo que renunciar a las reforma de la ley del aborto por la respuesta masiva de la llamada “czarny (negra) protest”, en marzo de 2018 en como sabes, y sin embargo ahora, después de unas reñidas y dudosas elecciones, se siente con la impunidad suficiente como para imponer la casi ilegalización del aborto. Y lo hace en pleno apogeo en Polonia de la pandemia, incluyendo los casos de malformación severa, y sin pasar siquiera por el Parlamento.

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