En agosto de 2005, LifeCell Corporation, un proveedor de injertos para quemaduras, cirugía estética y cintas uretrales, entre otros procedimientos, invitó a Michael Mastromarino –cirujano dental de Nueva York que se había vuelto negociante de cuerpos- a su sede en Nueva Jersey. Le dijo que podía pagar cerca de 10.000 dólares por cuerpo si podía proveer la piel de al menos 400 donantes al año. Esto podría equivaler a millones de dólares al año para Mastromarino. Dos semanas después de hacer su oferta, LifeCell recibió una carta del fiscal de distrito de Brooklyn. La policía de Nueva York había estado investigando la cadena de robos de cuerpos de Mastromarino durante meses, después de descubrir formularios de consentimiento falsificados en una funeraria de Brooklyn. Segunda parte del reportaje elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el lucrativo negocio de los tejidos y huesos de cadáveres

En abril de 2003, Robert Ambrosino asesinó a su ex novia –una aspirante a actriz de 22 años—disparándole en la cara con una pistola calibre 45.

 

Luego, dio vuelta el arma y se mató.

 

Poco después, el cadáver de Ambrosino entró en el vasto sistema de donación de tejido humano de Estados Unido –su piel, sus huesos y otras partes del cuerpo, destinadas a ser utilizadas en la manufactura de productos médicos de última generación–.

 

Pero antes de que entraran en el sistema, Michael Mastromarino, propietario de una compañía de recuperación de tejido con sede en Nueva Jersey, necesitaba resolver un par de problemas.

 

No quería verse obligado a informar de que Ambrosino había perecido en un asesinato-suicidio. Y no quería que nadie supiera que la familia Ambrosino no había dado permiso para que su cuerpo fuera utilizado para donar tejido.

 

Mastromarino resolvió ambos problemas del mismo modo: mintió.

 

Afirmó que Ambrosino había muerto en un accidente de de tráfico. Y afirmó que la familia de Ambrosino había aceptado donar sus tejidos antes de que sus demás restos fueran cremados.

 

Mastromarino era el líder de la ahora tristemente célebre red de tráfico de tejido humano que alimentaba el comercio internacional de partes del cuerpo. Además de los tejidos del cadáver de Ambrosino, robó partes de abuelas, ingenieros eléctricos y obreros, así como del famoso periodista Alistair Cooke.

 

El malhadado cirujano dental de Brooklyn proporcionaba la materia prima para productos utilizados por una multitud de operaciones quirúrgicas –de reparación de rodilla a cirugía plástica e implantes cosméticos–. Se hallaba en la base de una industria que gana dinero cosechando tejidos humanos sobre todo en Estados Unidos, pero también en Eslovaquia, Estonia, México y otros países. Uno de los principales compradores de Mastromarino era RTI Biologics, con sede en Florida, un procesador de partes humanas norteamericanas, canadienses y ucranianas que figuraba entre las compañías de alta tecnología en el mercado de valores NASDAQ.

 

Años después de que Mastromarino fuera enviado a prisión y se aquietara la el ruido mediático que desencadenó su caso, su historia volvió a la vida gracias a una demanda presentada ante un tribunal de Staten Island. El juez de la Corte Suprema de Nueva York Joseph J. Maltese ha dado luz verde para que RTI se enfrente el próximo 22 de octubre a un juicio en un caso civil en el que se tratará de averigura qué sabía –o debería haber sabido– la compañía sobre el robo de cuerpos de Mastromarino.

 

Las evidencias ya presentadas ante la corte plantea dudas sobre si RTI era sólo una víctima del fraude de Mastromarino o si dejó de lado el sentido común en favor de propios intereses. Una investigación del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) muestra que las pruebas del caso –y de otros escándalos de robo de cuerpos en diferentes partes del mundo —también plantea interrogantes más importantes sobre el comportamiento de una industria que recicla más de 30.000 cadáveres cada año.

 

La policía de Hungría y Ucrania, y de Carolina del Norte y Alabama en Estados Unidos, ha alegado que los proveedores de tejidos robaron, cometieron fraude y falsificación o cobraron comisiones. Esos casos sugieren que Michael Mastromarino no era el único recolector de cuerpos que vulneró o sorteó las leyes con el afán de surtir a la industria de carne y huesos humanos.

 

 

Un producto fantástico

 

Mastromarino, hoy de 49 años, cumple su sentencia de 58 años en una prisión de máxima seguridad a las afueras de Buffalo, estado de Nueva York. Se describe a sí mismo más como un negociante de tejidos humano que como un ladrón de cuerpos.

 

“Esta es una industria. Es una mercancía. Como la harina en el mercado. No es diferente”, dijo. “Yo tomé atajos. Pero sabía dónde podía hacerlo. Proorcionábamos un producto fantástico”.

 

Durante más de tres años, hasta que sus crímenes salieron a la luz a fines del año 2005, la compañía de Mastromarino facilió huesos y otros tejidos a una empresa subsidiaria sin ánimo de lucro de RTI, RTI Donor Services (Servicios del Donante RTI), y a otras cuatro compañías norteamericanas.

 

Mastromarino estaba familiarizado con las operaciones de RTI por su carrera previa como uno de los más solicitados cirujanos dentales de Manhattan. Utilizaba regularmente productos derivados de hueso cadavérico en sus pacientes y, en esa condición, había firmado un acuerdo de consultoría con la compañía en el año 2000 para ayudarla a refinar sus productos.

 

Pero la vida personal de Mastromarino se estaba cayendo a pedazos. Comenzó a inyectarse analgésicos con receta para aliviar una vieja herida que se hizo juando al fútbol, se conviertió en un adicto y fue arrestado por posesión de drogas. Intentó la rehabilitación tres veces antes de renunciar a su licencia médica.

 

Familiarizado con la industria y experto con el escalpelo, Mastromarino abrió su propia compañía de recuperación de tejido humano. La bautizó Biomedical Tissue Services.

 

El proceso era fácil. Mastromarino llenaba un formulario descargado del website de la Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Drogas), la agencia que regula este sector en Estados Unidos.

 

No quería tener que esperar a que la FDA inspeccionara sus instalaciones. Comenzó a proporcionar partes humanas de inmediato –con algo más que una pequeña ayuda, dijo, de un líder de la industria, RTI Donor Services.

 

 “RTI me puso en marcha”, dijo Mastromarino a ICIJ. “Dijeron: ‘Oye, podemos meternos en tu negocio, podemos hacerte arrancar, podemos abrirte tu propio negocio’”.

 

 

La lista de chicos malos de Santa Claus

 

Las partes firmaron un contrato de provisión en marzo de 2002.

 

No mucho después, el lenguaje gráfico y la impaciencia del carácter de Mastromarino provocaron quejas por parte del personal de RTI. También había rumores acerca de sus detenciones por sus problemas con las drogas y sus supuestos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con el testimonio de Caroline Hartill, vicepresidente de control de calidad de RTI Donor Services.

 

Los documentos presentados ante el tribunal indican que los ejecutivos de RTI estaban suficientemente preocupados como para contratar a un abogado para que investigara los antecedentes de su nuevo socio.

 

“El buen doctor ha estado en la lista de chicos malos de Santa [Claus] durante algún tiempo”, escribió el abogado, Jerome Hoffman, en diciembre de 2002. “Yo los exhortaría claramente a no hacer negocios con alguien que tiene esa clase de currículo”.

 

Pocas semanas más tarde, Hoffman urgió a RTI a dar a Mastromarino “los 60 días de aviso previo, bajo las estipulaciones del contrato vigente, y no firmar un nuevo contrato”.

 

RTI no siguió los consejos del abogado.

 

En su lugar, el 11 de febrero de 2003, Caroline Hartill firmó un contrato corregido con la compañía de Mastromarino.

 

En el nuevo contrato su nombre fue remplazado por el de un médico que contaba con una flamante licencia, que vivía en otro estado y con quien Hartill jamás había hablado. Era el director médico de la compañía de Mastromarino –según se lee en el documento firmado, al menos–.

 

Hartill testificó en el caso civil todavía abierto que el contrato corregido fue simplemente una parte rutinaria de la acreditación ante la American Association of Tissue Banks, un organismo de la industria que supervisa algunos de los más importantes bancos de tejidos que operan en Estados Unidos. Dijo que su compañía quería que el director médico ocupara el lugar de Mastromarino en el contrato porque RTI determinó que “le gustaría tener una interacción más directa con algunos de los otros socios principales”. 

 

RTI descartó las preocupaciones del bufete de abogados, dijo, porque si Mastromarino “había dado una vuelta a su vida, ¿quién era yo para juzgarlo?”.

 

Mastromarino recuerda los hechos de un modo diferente. Testificó que Hartill y otros ejecutivos de RTI lo llamaron para hablar de forma confidencial. Estaban preocupados de que los competidores descubrieran sus antecedentes y los utilizaran contra la compañía, dijeron. Y es por eso, afirmó Mastromarino, se decidió que su nombre desapareciera del contrato.

 

“OK, lo que ustedes quieran para que sea fácil”, les dijo Mastromarino, según una deposición que hizo en el caso civil todavía abierto.

 

La compañía rechazó las peticiones de entrevista que les hizo llegar el ICIJ y no respondió a las detalladas preguntas que se le hicieron llegar un mes antes de que se publicara este reportaje.

 

 

Honorarios razonables

 

RTI recurrió a los recolectores de cuerpos por una simple razón: necesitaba cadáveres para obtener ganancias.

 

“No podemos estar seguros de que la provisión de tejido humano continuará estando disponible en los actuales niveles o que será suficiente para satisfacer nuestras necesidades”, advirtió RTI a los accionistas en sus presentaciones. “Esperamos que nuestros ingresos se reduzcan en proporción con cualquier descenso en la provisión de tejido”.

 

Y no está sola.

 

Más de 2.500 compañías registradas ante el gobierno de Estados Unidos se basan, en grado diverso, en los honorarios que cobran por elaborar implantes hechos a partir de tejidos humanos.

 

El banco más grande de tejidos humanos, Musculoskeletal Transplant Foundation (MTF), obtuvo casi 400 millones de dólares en ingresos en el año 2010.

 

MTF está montada como una organización sin ánimo de lucro exenta de impuestos, como muchas de las que recuperan tejidos de donantes a través de hospitales, funerarias y depósitos de cadáveres. La mayoría de las entidades sirve a compañías procesadoras como RTI, que limpia las piezas y las transforma en implantes utilizables. Las compañías procesadoras, a su vez, los distribuyen directamente a hospitales o utilizan un vendedor externo tal como el gigante de artefactos médicos Zimmer para despacharlos a todo el mundo.

 

Los competidores pugnan por el acceso exclusivo a los donantes norteamericanos. Por ejemplo, la compañía de artefactos médicos Bacterin anunció el año pasado que “se aseguró con éxito derechos a primer rechazo de tejido humano ante mútiples agencias de recuperación”.

 

La competencia ha engendrado amargas batallas legales. MTF demandó a Bacterin el año pasado por contratar a ex empleados que, según alega la demanda, utilizaron los conocimientos que habían adquirido en su anterior empresa para lanzar un producto elaborado a partir de huesos que competía con el de los clientes de MTF. “Los cimientos mismos del negocio de MTF están bajo un ataque directo”, argumentó MTF en su escrito.

 

NuVasive, una empresa que cotiza en bolsa, demandó a MTF y a su socia Orthofix (una empresa deslocalizada), acusándola de infringir el derecho de patente de implantes de hueso enlazado con células madre. Y la organización sin ánimo de lucro LifeNet Health demandó a Zimmer por pago de honorarios por procesar tapones de hueso.

 

RTI obtiene tejidos humanos directamente a través de su subsidiaria RTI Donor Services, otra compañía sin fines lucrativos, y también de otros bancos de tejidos sin ánimo de lucro en 23 estados norteamericanos.

 

El Alabama Organ Center es uno de los proveedores de RTI. Fue recientemente involucrado en un escándalo. La segunda persona al mando de este organismo, Richard Alan Hicks, se declaró culpable de aceptar sobornos de una funeraria a cambio de contratos para la recuperación de tejidos.

 

“Hay demasiados huecos. Hay demasiadas tentaciones. Hay demasiado dinero allí afuera”, declaró en junio de este año a ICIJ Richar Jaffe, abogado de Hicks. “Esta industria está fuera de control”.

 

El Centro de Ciencia de Salud de la Universidad de Texas (University of Texas Health Science Center) en San Antonio también ha recuperado tejido para RTI. Su contrato incluye una carta de honorarios que asigna diferentes precios al mismo tejido sobre la base de la edad del donante. RTI transfiere al banco de recuperación 1.755 dólares por un fémur de 20 años, pero solo 553 dólares por el mismo hueso de una persona de 80 años.

 

En 1984, el Congreso norteamericano aprobó la Ley Nacional de Trasplante de Órganos (National Organ Transplant Act), que declaró ilegal comprar y vender órganos y otros tejidos humanos. Pero permitió cobrar honorarios “razonables” por recuperar, limpiar y distribuir esas partes.

 

El tejido más joven es más resistente y potencialmente más lucrativo para los procesadores de tejidos porque puede ser utilizado en injertos de más alto valor. Ni RTI ni la Universidad de Texas respondieron a repetidas peticiones que se le hicieron llegar para que aclararan por qué los mismos tejidos acarrean honorarios tan diferentes.

 

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación recurrió a Christina Strong, abogada de una organización de obtención de órganos (OPO) y bancos de tejidos que incluían a la gigante MTF. ICIJ preguntó si podría haber otra razón diferente a la calidad del tejido mismo para que un banco pagase más por tejido joven.

 

“No he encontrado una respuesta satisfactoria que haga que esto me agrade”, dijo, señalando el contrato. “No me gusta. Le diría a mi OPO No lo firmen”.

 

 

Estrictamente confidencial

 

Con tanta competencia por los cadáveres estadounidenses, algunas compañías buscan materia prima en el extranjero. Esto ha creado un mercado fértil en Europa del Este para negociantes de cuerpos y otros intermediarios que ayudan a abastecer al mercado de tejidos humanos.

 

Uno de esos intermediarios era Igor Aleshenko, un forense ruso que trabajaba en Ucrania. En coordinación con el ministro de Salud de Ucrania lanzó BioImplant, un centro estatal de obtención de tejido para abastecer a Tutogen, una compañía alemana de productos médicos.

 

Bioimplant proporcionó tejido a Tutogen. A cambio, iba a recibir una porción de ese tejido procesado para utilizar en hospitales ucranianos.

 

Pero los ejecutivos de Tutogen plantearon preguntas internas, ya en 2001, sobre la posibilidad de salir de Ucrania, según un memorándum interno marcado “¡¡¡¡Estrictamente Confidencial!!!!”.

 

Aleshenko estaba pidiendo más y más dinero para jugar el papel de intermediario entre los depósitos de cadáveres regionales satélite en Ucrania y Tutogen en Alemania.

 

“La ruta del dinero es difícil de rastrear”, rezaba el memorándum. “Es imposible un control directo sobre nuestros recursos”.

 

Permanecer en Ucrania acarrearía un alto riesgo, aseguraban los autores.

 

“No podemos controlar las actividades de los intermediarios y los compromisos no están siendo respetados”, se leía en el memorándum.

 

Pero la relación no se interrumpió.

 

Con el tiempo, otros 25 depósitos de cadáveres ucranianas se registraron ante la FDA, cada una anotando el teléfono alemán de Tutogen en sus formularios. Desde 2002, BioImplant y Tutogen han exportado colectivamente a Estados Unidos 1.307 embarques de tejido –en su mayoría hueso, piel y fascia enviados desde Alemania.

 

Familias de Kiev comenzaron a denunciar ante la policía en el año 2005 que una morgue que estaba supliendo las necesidades de Tutogen recogía tejidos sin consentimiento adecuado. El caso criminal fue cerrado después de una investigación inicial. Los fiscales determinaron que, bajo la ley ucraniana, no podían probar que un crimen había sido cometido si no podían probar que el tejido había sido trasplantado a alguien, según muestran los documentos judiciales.

 

Tres años más tarde, la policía ucraniana investigó a otro proveedor de Tutogen –esta vez en Krivoy Rog, en la región central del país–. Los cargos fueron desestimados después de que el director del depósito de cadáveres muriera mientras el jurado se encontraba deliberando. Luego, en febrero de este año, la policía allanó la morgue de Nikolaev, en el sur de Ucrania.

 

Algunas familias afirmaron que habían sido engañadas, presionadas o amenazadas para dar su consentimiento. La policía dijo que en algunos casos las firmas habían sido falsificadas.

 

Según algunas informes Aleshenko abandonó Ucrania y regresó a su Rusia natal. La policía no respondió a las preguntas que se le hicieron acerca de su paradero y el Ministerio de Salud ha declinado revelar quién ha ocupado su puesto.

 

Roman Hitchev, fundador de un importante banco de tejido búlgaro y hoy presidente electo de la Asociación Europea de Bancos de Tejido Humano, dijo que fue invitado a Ucrania hace pocos años a petición del gobierno regional de Odessa. Unos funcionarios querían crear un banco similar al de los proveedores de Tutogen en Kiev. Hitchev dijo que regresó a su país con muchas dudas.

 

“No tenían infraestructura legal. Las regulaciones eran insuficientes”, dijo. “Había demasiada vaguedad, demasiada incertidumbre respecto a quién era responsable en términos de control y posibilidades de rastreo. No me gustó lo que vi y me marché”.

 

 

Inspecciones limpias

 

El mercado de cadáveres frescos de las ex repúblicas soviéticas era suficientemente atractivo para que incluso Michael Mastromarino –el cirujano dental de Nueva York que se había vuelto negociante de cuerpos—trataran de sacar tajada.

 

Tenía conexiones en Kirguistán. Voló allí para encontrarse con un alto funcionario de prisiones. El funcionario bebió y cenó con él, dijo Mastromarino, y prometió venderle cuerpos de prisioneros ejecutados.

 

Mastromarino volvió a casa entusiasmado ante la perspectiva de una nueva provisión y nuevos ingresos. Preguntó a la FDA sobre la importación de tejido humano desde ese país.

 

La FDA estaba preocupada por el riesgo de que los tejidos cosechados en Kirguistán pudieran portar la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, un mal neurológico fatal similar a la enfermedad de las vacas locas.

 

Le dieron a Mastromarino la respuesta que no quería escuchar: “No”.

 

Así que tuvo que contentarse con sus fuentes domésticas de cuerpos. Durante un tiempo, estuvo bien. El negocio era bueno y lograba evitar un escrutinio excesivo tanto por parte de sus compradores como de los reguladores.

 

Durante las auditorías de la compañía de Mastromarino realizadas por la FDA y RTI nadie intentó verificar si los consentimientos de las familias de los donantes eran legítimos. A menudo, las autorizaciones estaban marcadas como obtenidas por teléfono. La ley norteamericana exige que los consentimientos telefónicos sean grabados, pero nadie confirmó si estaban en efecto grabándolos –o siquiera consiguiéndolos–.

 

Un gran jurado de Pennsylvania condenó más tarde todo el sistema de inspección. “Si las mentiras en los registros decían cumplir con las regulaciones, eso, aparentemente, era suficiente”, rezan sus hallazgos de 2007.

 

Aun cuando la compañía de Mastromarino estaba pasando las inspecciones y registrando ganancias, observadores externos hicieron notar sus inquietudes por su manea de hacer negocios. Maryann Carroll, directora de la asociación de Nueva Jersey de directores de funerales, se quejó a la RTI de que Mastromarino se acercaba a las empresas de pompas fúnebrres utilizando el papel de cartas de RTI.

 

“Maryann siente que ese rembolso es excesivo y da la impresión de que estuviera comprando donantes”, escribió un empleado de RTI a los ejecutivos, según correspondencia sin fecha detallada en los informes judiciales. “Afirma que si la prensa se entera de la historia y critica la donación, RTI será arrastrada al asunto y su asociación afirmará que es la segunda vez que recibieron notificaciones al respecto y no hicimos nada”.

 

La organización sin ánimo de lucro de RTI, la unidad Donor Services, firmó un nuevo contrato con Mastromarino en junio de 2005.

 

RTI no sabía, en el momento en que firmó el nuevo contrato, según señalaría la compañía a posteriori, que investigadores penales habían comenzado a examinar las operaciones de Mastromarino.

 

 

Pizzería

 

RTI no era la única gran compañía que quería hacer negocios con Mastromarino.

 

En agosto de 2005, LifeCell Corporation, un proveedor de injertos para quemaduras, cirugía estética y cintas uretrales, entre otros procedimientos, invitó a Mastromarino a su sede en Nueva Jersey. Le dijo que podía pagar cerca de 10.000 dólares por cuerpo si podía proveer la piel de al menos 400 donantes al año, de acuerdo con una copia de la presentación. Esto podría equivaler a millones de dólares al año para Mastromarino.

 

Dos semanas después de hacer su oferta, LifeCell recibió una carta del fiscal de distrito de Brooklyn. La policía de Nueva York había estado investigando la cadena de robos de cuerpos de Mastromarino durante meses, después de descubrir formularios de consentimiento falsificados en una funeraria de Brooklyn. El fiscal pidió a LifeCell que le hiciera llegar cualquier información relacionada con la compañía de Mastromarino.

 

El 28 de septiembre –tres semanas después de que los fiscales pidieron los registros de LifeCell–, el doctor Michael Bauer estaba revisando las cartillas de donantes para LifeCell. Siempre había manejado a los donantes facilitados por la compañía de Mastromarino. Pero nunca había intentado verificar la información por su cuenta. No estaba enterado, dijo más tarde, de la investigación policial en marcha, pero esa noche algo lo hizo hacer lo que nunca antes había hecho. Intentó llamar al número de uno de los médicos que figuraban en la lista de un archivo de donantes.

 

Lo atendieron en una pizzería.

 

En el escándalo que se desencadenó, LifeCell, RTI, Tutogen, Lost Mountain Tissue Bank y Central Texas Blood and Tissue retiraron un total de 25.000 productos –2.000 de los cuales habían sido vendidos a Australia, Corea del Sur, Turquía, Suiza y otros países–.

 

 

Vive de prisa, muere pronto

 

El caso de Mastromarino descargó un torrente de mala publicidad sobre la industria. Esta no bienenida atención se repitió en agosto de 2006, cuando un caso similar estalló en Carolina del Norte.

 

Phillip Guyett había estado trabajando en la industria de los tejidos humanos durante más de una década, empezando en California y extendiéndose luego a Nevada y, eventualmente, a Carolina del Norte.

 

En el camino, Guyett descubrió que la mejor manera de encontrar cuerpos jóvenes y sanos era ir a la pesca a depósitos de cadáveres de condados y funerarias en sitios de bajos ingresos con altos índices de criminalidad, o concentrándose en ciudades como Las Vegas, donde la gente joven actúa estúpidamente y muere pronto.

 

Como Mastromarino, Guyett facilitó el proceso de vender partes del cuerpo con una contabilidad creativa. Fraguó información de los archivos de donantes, en un caso vendiendo tejido infectado de hepatitis con una muestra de sangre limpia de un cadáver diferente.

 

“Es ridículo. Yo nunca debería haber estado en condiciones de montar una empresa de recuperación (de tejido humano)”, dijo a ICIJ en una reciente entrevista celebrada en prisión. “Envié el formulario online y en tres días ya era un banco de recuperación de tejido oficial, registrado ante la FDA. Es más difícil vender un hot dog en la calle que recuperar tejido para trasplante”.

 

Guyett se declaró culpable de tres cargos de fraude y está cumpliendo ocho años en una prisión federal.

 

Los casos de Mastromarino y Guyett llevaron al senador Charles Schumer, demócrata por el estado de Nueva York, a impulsar legislación para ayudar a frenar a la industria de procesamiento de tejidos humanos. La propuesta exigiría a los nuevos bancos de tejidos unos parámetros mínimos y pasar por inspecciones regulares de la FDA. También habría exigido al gobierno federal definir los honorarios “razonables” –un cambio que, según compañías como Integra LifeSciences dijeron a los accionistas, podría poner en peligro sus ingresos futuros–.

 

Su proyecto se desinfló por un duro lobby de la industria, dijo Schumer. “Dijeron que no era necesario. Dijeron que ‘todo está bajo control’, pero yo tenía serias dudas”, recordó. “El fondo de la cuestión es: lo que vimos en la funeraria de Brooklyn bien podría estar pasando en muchos otros lugares aquí y en el extranjero, y no hay protección real”.

 

Mastromarino está de acuerdo. “Nada va a cambiar”, dijo. “Hay demasiada gente haciendo demasiado dinero”.

 

 

Apuntando con el dedo

 

Después de declararse culpable para evitar una posible sentencia en juicio a 8.673 años de prisión, Mastromarino declaró a los fiscales que sus compradores –RTI, Tutogen y LifeCell– no eran simples víctimas de sus crímenes. “Sólo miren cómo funciona”, les dijo.

 

Los fiscales dijeron que no encontraron pruebas que corroboraran sus afirmaciones. Pero las familias de los muertos profanados están impulsando demandas civiles en las que acusan a RTI de negligencia –“no tanto por lo que exactamente sabían, sino por lo que deberían haber sabido”, explicó un abogado de los demandantes al juez durante la batalla previa al juicio–.

 

Si el caso llega a juicio, como está previsto, en octubre próximo, se espera que la versión de Mastromarino sea una pieza central de las acusaciones de los demandantes.

 

Lo suficientemente importante para el caso de los demandantes, de hecho, como para que los abogados de RTI Biologics lucharan para que su testimonio fuera descartado. Mastromarino ya se había declarado culpable de haber defraudado a RTI y Tutogen, observó la abogada Nancy Ledy-Gurren al juez Maltese. No podía dar la vuelta ahora y apuntarlos con el dedo, dijo.

 

El juez Maltese no estuvo de acuerdo.

 

“Ustedes quieren, básicamente, amordazar a Mastromarino para que no diga algo que incluya lo que sus clientes le dijeron –ese diálogo que despierta el fantasma de ‘¿Qué sabían y cuándo lo supieron?’”, dijo el juez a los abogados de la compañía durante las audiencia celebradas la primavera pasada–.

 

Para el juez, el solo hecho de que el fiscal de distrito no acusara a los ejecutivos de las compañías más grandes no significa, necesariamente, que no “participaran en la iniciativa”.

 

Al menos, dijo el juez, las familias de las víctimas tienen el derecho de argumentar: “Deberían haber sabido. Quiero decir, ¿cómo podían ser tan ingenuos?”.

 

 

 

Los autores de este artículo pertenecen al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una red global independiente de reporteros que colaboran en historias de investigación internacionales. Para ver vídeos, gráficos y más historias de esta serie ir a www.icij.com/tissue. 

 

Colaboraron en este artículo: Thomas Maier, Sandra Bartlett y Mar Cabra

 

 

Traducción al español: revista el puercoespín 

 

 

La primera parte de este reportaje se publicó la semana pasada en FronteraD: Tráfico de restos de cadáveres para un negocio internacional cada vez más lucrativo. El ICIJ también ha publicado en esta revista Pescadores, piratas y subvenciones, Empresas pesqueras españolas diezman la merluza de Namibia y El último pez: la depredación del Pacífico Sur

Autor: Kate Willson, Vlad Lavrov, Martina Keller y Michael Hudson