Financiación pública y provisión privada. La jugada maestra. El Estado paga y el sector privado se lucra.
El negocio está garantizado, porque la clientela es cautiva y el canon, o pago anual, está pactado a 25 años. Negocio redondo.
El sector privado es admirable porque expone sus bienes en una actividad que entraña riesgo y sale adelante (o no) generando beneficios y creando empleo y riqueza.
Pero el sector concertado es temible. Así en educación como en sanidad. Supone de hecho un monopolio, puesto que la administración le concede la explotación de un servicio de todos. ¿Quién controla la calidad, especialmente futura, de un provisor que es dueño de la finca, de los bienes y que proporciona los servicios con personal contratado directamente por él? ¿Puede sesgarse sutilmente la admisión, para crear a la postre un sector público sobrecargado con patología compleja (costosa) y ancianos?
Los servicios públicos deben ser proporcionados mayoritariamente por provisores públicos en forma de empresas públicas, con personal contratado de forma indefinida.
Los servant, servidores de lo público, o funcionarios, no son vagos que se lucran en su ocio cotidiano sino personas trabajadoras, con la titulación exigida, que han preparado y superado una dura oposición. Son, por definición, los mejores de su clase, los que mejor saben hacerlo.
Otra cosa es que rígidas estructuras decapiten la creatividad y las ganas de hacer cosas de los funcionarios, pero ellos son sin duda buenos profesionales.
Los hospitales privados, por ahorrar, por ejemplo, reducen el número de enfermeras y aumentan el de auxiliares de enfermería, para realizar las mismas tareas.
Empobrecer los servicios públicos para provocar la necesidad percibida de buenos servicios privados que los sustituyan es una vieja tarea demagógica cuyo paradigma fue la administración conservadora de Margaret Thatcher.
